Martín González Castellanos

Expediente 971/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 4 actuaciones registradas, la última del 13 de septiembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
971/2019
Año
2019
Actuaciones
4
Última actuación
13/09/2019

Partes del expediente

  • Martín González Castellanos

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, trece de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como la parte quejosa no recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en este juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo que se sobreseyó fuera de audiencia y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal y el cuaderno original del incidente de suspensión, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devuélvase a la autoridad responsable Juez Primero Penal de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa Chiapas, con residencia en esta ciudad, las constancias que anexó a su informe justificado, consistentes en copia certificada de la causa penal ************ (cinco tomos); en virtud de que este juicio se encuentra concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE VEINTIUNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE :...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; veintiuno de agosto de dos mil diecinueve. Agréguese en el juicio de amparo en que se actúa, el informe justificado rendido por la autoridad responsable Juez Primero Penal de Delitos Graves, residente en Cintalapa de Figueroa Chiapas; por el que remite copia certificada del progresivo penal **** en cinco tomos, de su índice. En términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se le concede valor probatorio pleno a la documental anexada por la autoridad responsable. Dado lo voluminoso del expediente remitido por la autoridad judicial responsable (cinco tomos), se dejan a disposición de las partes en la secretaria de este Juzgado, para que puedan enterarse de su contenido, respetando folios, rubricas y entresellos. Ahora, del escrito de demanda y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa señaló como acto reclamado la negativa de acordar el escrito de once de junio de dos mil diecinueve, en que la parte quejosa solicito el cierre de instrucción dentro del juicio de origen. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, que dice literalmente lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos.;". De conformidad con el artículo transcrito, el juicio de amparo es improcedente contra actos consentidos tácitamente, entendiéndose como tales: aquéllos contra los que no se promueva la demanda dentro de los términos legalmente establecidos. A fin de corroborar lo anterior, se hace necesario precisar, en lo que interesa, el contenido del artículo 17 de la Ley de Amparo vigente, que establece lo siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." Conforme a la disposición legal transcrita, la impugnación mediante el juicio de amparo de un acto que se considere inconstitucional, puede hacerse dentro de diversos plazos, a saber: a) Primer párrafo: Quince días, por regla general; b) Fracción I. Treinta días, cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición: c) Fracción II. Ocho años, cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión; d) Fracción III. Siete años, cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. e) Fracción IV: En cualquier tiempo, cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. De lo expuesto en párrafos precedentes, se concluye que cuando no se actualice alguno de los supuestos especificados por el legislador federal en las diversas fracciones del artículo 17 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda será de quince días, previsto como regla general en el propio precepto. Plazo que se computará, acorde con lo dispuesto en el diverso numeral 18 de la Ley de Amparo, a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación a la parte quejosa del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el caso, el acto reclamado es la negativa de acordar el escrito de once de junio del actual, en el que se solicitó el cierre de instrucción en el juicio de origen. Sin embargo de las constancias que remite la responsable se advierte que el catorce de junio del actual, le dieron contestación al referido escrito. Por tanto, si el escrito que constituye el acto reclamado fue contestado el catorce de junio del actual, y notificado al quejoso el diecisiete de junio siguiente, el término de quince días para promover el juicio de amparo, empezó a correr desde el día siguiente al en que se hizo la notificación, esto es, a partir del dieciocho de junio de dos mil diecinueve, por lo que transcurrió del dieciocho de junio al ocho de julio del año en curso (fojas 113 y 114 del tomo V de pruebas). Por consiguiente, si la parte quejosa promovió la demanda de amparo hasta el quince de julio de dos mil diecinueve, según se advierte del sello impuesto por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, residente en esta ciudad, es inconcuso que lo hizo con posterioridad a la fecha en que había concluido el término para instar el juicio de amparo. Es así, pues desde el día siguiente en que se hizo la notificación del escrito reclamado (dieciocho de junio de dos mil diecinueve) hasta la fecha en que se presentó la demanda de amparo (quince de julio del año en curso), transcurrieron más de quince días hábiles. Lo anterior, implica que la parte quejosa consintió de manera tácita el acto reclamado, en virtud de que contaba con el plazo de quince días hábiles para promover el juicio de amparo, sin que lo haya hecho; y en ese sentido, la misma resulta extemporánea. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece en la página 652, Primera Parte, precedentes, del Apéndice en consulta, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. TÉRMINO PARA PROMOVERLA CUANDO EXISTE MANIFESTACIÓN EXPRESA DE LA FECHA EN QUE SE TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales dispone que el término para la interposición de la demanda de garantías será de quince días que se computará desde el día siguiente al en que se haya notificado al quejoso la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiere ostentado sabedor de los mismos. Así pues, si los quejosos en la demanda de garantías expresamente manifiestan que tuvieron conocimiento pleno del acto reclamado determinado día, como esa confesión hace plena prueba de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, de ello se sigue que si el Juez de Distrito con base en dicha manifestación realiza el cómputo del término de la presentación de la demanda y concluye que el amparo resulta improcedente, tal determinación es correcta, sin que sea necesario que exista constancia de la notificación personal del acto reclamado para efectuar el cómputo del término respectivo, debido precisamente a la citada confesión de la parte quejosa respecto a la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado". Máxime, que la autoridad si dio contestación al escrito y con ello, se toma en cuenta el contenido de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:(.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;(.)". El numeral transcrito prevé la improcedencia del juicio de amparo cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Esta causa de improcedencia sobreviene cuando existe una imposibilidad de conceder la protección constitucional, respecto de un acto que ya no afecta a la peticionaria de amparo, debido a que la autoridad responsable destruyó sus efectos en forma total e incondicional, como si se hubiere otorgado el amparo; es decir, con la finalidad de hacer que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Por otro lado, resulta indispensable acudir al contenido del artículo 77 de la Ley Reglamentaria de los diversos 103 y 107 de la Constitución General de la República, que a la letra señala: "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija". Del precepto transcrito se obtiene que los efectos que genera la concesión del amparo y protección de la Justicia de la Unión, tratándose de actos de carácter omisivo, es obligar a la autoridad responsable a respetar la prerrogativa de que se trate y exigir de la misma su cumplimiento. Esto es, tratándose de actos omisivos de autoridades responsables, se entiende que han dejado de surtir sus efectos una vez que la autoridad lleva a cabo el acto que destruye la violación al derecho reconocido por la Constitución General. En la especie, el quejoso se duele de la negativa de acordar el escrito de once de junio de dos mil diecinueve, en que la parte quejosa solicito el cierre de instrucción dentro del juicio de origen. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, se advierte que el catorce de junio del año en curso, se le dio contestación a su escrito; es decir, en fecha posterior a la presentación de la demanda, las autoridades responsables subsanaron la dilación procesal que se les reclamaba. En ese sentido, deviene inconcuso que los efectos del acto reclamado consistente en la negativa de acordar el escrito de once de junio de dos mil diecinueve, en que la parte quejosa solicito el cierre de instrucción dentro del juicio de origen, ha cesado en sus efectos, quedado insubsistente en forma total e incondicional el citado acto tildado de inconstitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella. Cobra aplicación, por identidad jurídica, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación , de rubro y texto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad". Luego, al haberse acreditado de manera manifiesta e indudable las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV y XXI, de la Ley de Amparo, que por su aplicación relacionada con el numeral 17 y 63 fracción V del mismo ordenamiento, procede SOBRESEER ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. No pasa desapercibido, el hecho de que con esta fecha se esté agregando el informe justificado remitido por la autoridad responsable y por ende, no transcurra el plazo de ocho días para que las partes se enteren del contenido de los mismos, en la medida que, el término que se les concede para tal efecto, es sólo para desvirtuar con pruebas suficientes el contenido referido y, en el caso, ninguna prueba podría desvirtuar la actualización de la causal de improcedencia que se invoca. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las nueve horas del nueve de septiembre de dos mil diecinueve Notifíquese personalmente a la parte quejosa, agente del ministerio público de la federación adscrita; y por oficio a la autoridad responsable.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; trece de agosto de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos y tomando en consideración que aún no transcurre el término de quince días concedido a la autoridad responsable Juez Primero del Ramo Penal, residente en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, en proveído de dieciocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 13-14), para que rinda su informe justificado, dado que de autos se desprende que dicha autoridad fue notificada del citado auto el veintinueve de julio el actual (foja 19). En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fija como nueva fecha para su celebración las NUEVE HORAS DEL NUEVE DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Notifíquese.

  4. Principal

    CON ESTA FECHA SE LE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DE DIECISÉIS DE JULIO DEL AÑO EN CURSO, QUE DICE: PREVENCIÓN La parte quejosa señala como acto reclamado textualmente el siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS.A).- DE LA ORDENADORA.- RECLAMO, La negativa a acordar el oficio que presente el día 11 de junio del 2019. En donde pido se cierre de la instrucción y de manera verbal el juez me dijo que no lo iban a acordar no obstante que con fecha 22 de mayo solicite el agotamiento de la averiguación misma que si fue acordada.." Aunado del capítulo de hechos se advierte lo siguiente: 1.- el día 22 de mayo de mayo solicite el agotamiento de la averiguación misma que fue concedida. 2.-por ese motivo el día 11 de junio del 2019 solicite el cierre de la instrucción y el juez se negó a concederla porque manifiesto que todavía hay pendiente de desahogar un careo y no entiendo porque concedió el agotamiento de la averiguación y no concede el cierre de la instrucción. Por lo tanto considero que se está violentado mi garantáis consagra en el los artículos 8, 14, 16 y 17 constitucionales. 3.- Por eso acudo a este órgano tutelador de garantías para obligue al juez del fuero común a aceptar mi solicitud de cerrar la instrucción." Del análisis de la demanda de amparo se advierte que el promovente no cumple con los requisitos que establecen los artículos 108, fracción IV de la Ley de Amparo; por lo tanto, se hace necesaria la prevención en términos del diverso 114, fracciones I, II, y IV de la referida ley, que establecen: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;(.) Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: I. Hubiere alguna irregularidad en el escrito de demanda; II. Se hubiere omitido alguno de los requisitos que establece el artículo 108 de esta Ley; IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado". Es así pues, el artículo 74 de la Ley de Amparo establece que al resolver mediante sentencia, el Juez de Distrito debe hacer una fijación clara y precisa de los actos reclamados, en congruencia con lo cual, el artículo 114 de la legislación en cita, estatuye como causa para aclarar la demanda, la circunstancia de que el acto reclamado no esté precisado de manera clara, ya que ello será indispensable para fijar la litis, pues no es posible que en la sentencia final que se dicte pueda hacerse una fijación clara y precisa de los actos reclamados, si la parte promovente no hace una exposición clara y concreta de lo que verdaderamente está reclamando, ya que es sabido que la litis se forma con el escrito inicial de demanda y el acto reclamado. Por lo anterior, con el objeto de acordar lo que proceda sobre la admisibilidad de la demanda de referencia, con apoyo en el artículo 114, fracciones I, II, y IV de la citada Ley, requiérase a la parte quejosa para que dentro del término de cinco días contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, realice lo siguiente: 1. Precise con claridad si el acto que reclama es la negativa de la responsable de acordar el escrito de once de junio del actual en donde solicito el cierre de instrucción 2. O si se duele de la omisión de acordar su escrito de once de junio del actual en donde solicito el cierre de instrucción. 3. Ahora bien, en el caso de que sea la negativa de la responsable de acordar su escrito, precise la fecha en que tuvo conocimiento del acto. 4. Exhiba cuatro copias del escrito aclaratorio, para cada una de las partes, de conformidad con el artículo 110 de la Ley de Amparo. Se considera lo anterior, a fin de correr traslado y ser distribuidas de la siguiente manera; una para el agente del Ministerio Público adscrito, y una más para la autoridad responsable. De igual forma, el criterio, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL JUEZ DE DISTRITO, AL PREVENIR AL QUEJOSO EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 146 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE EXPRESAR CON CLARIDAD Y PRECISIÓN LAS IRREGULARIDADES O DEFICIENCIAS QUE DEBEN LLENARSE PARA QUE EL QUEJOSO ESTÉ EN APTITUD DE SUBSANARLAS. Si la resolución dictada por un Juez Federal previene al quejoso para que ajuste su demanda a los términos del artículo 116 de la Ley de Amparo, y lo requiere para que exhiba las copias necesarias para emplazar a las partes conforme al artículo 120 de la ley de la materia, es claro que contiene una prevención oscura e imprecisa, porque el artículo 146 del citado cuerpo de leyes, le obliga tácitamente a precisar con claridad cuáles son las irregularidades o deficiencias que deban llenarse, para que el quejoso esté en aptitud de subsanarlas en tiempo pues, de no hacerlo así, dicha autoridad federal viola en perjuicio

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