Martín Gómez Vázquez

Expediente 2536/2016 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 7 actuaciones registradas, la última del 26 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
2536/2016
Año
2016
Actuaciones
7
Última actuación
26/11/2019

Partes del expediente

  • Martín Gómez Vázquez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de noviembre de dos mil diecinueve. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el ocurso signado por el quejoso *** mediante el cual solicita la devolución de los documentos que exhibió en este juicio. De conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la Ley de Amparo, hágase la devolución de los documentos a que hace alusión el promovente en el escrito de cuenta, haciéndose de su conocimiento que para tales efectos deberá acudir a este Juzgado en día hábil, preferentemente dentro del horario comprendido entre las diez y trece horas, previa identificación y razón de recibo que se deje en autos. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, veintiséis de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos y la certificación secretarial que antecede, con fundamento en los artículos 86, de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición del numeral 2 de la citada Ley, se acuerda: Como ninguna de las partes recurrió dentro del término legal el auto que decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio, se declara que ha causado estado para los efectos legales procedentes. Atento al dispositivo 214 de la Ley de Amparo vigente, archívese el presente como asunto concluido. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se reitera, se trata de un asunto que se sobreseyó fuera de audiencia; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Como lo disponen los puntos Décimo fracción I, Décimo Primero segundo párrafo, y Décimo tercero todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto del Capítulo Quinto del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR LISTAA LA PARTE QUEJOSA, LA RESOLUCIÓN DE TREINTA DE MARZO DEL AÑO EN CURSO, QUE EN LO MEDULAR SEÑALA: ...Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; treinta de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que ase advierte que mediante auto de diecinueve de enero del año en curso, se tuvo por recibido el informe justificado de la autoridad responsable Delegado Federal en Chiapas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recurso Naturales, con sede en esta ciudad, del cual se advierte las copias certificadas, relativas al expediente con bitácora ****, de la cual emanan los actos reclamados. Documental a la que se le concede valor probatorio pleno, en términos de lo que establecen los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2. Ahora, del escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa señaló como acto el siguiente: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: La ilegal resolución con número de oficio **** fechada el 09 nueve de diciembre de 2016 dos mil dieciséis, notificada el 14 catorce de diciembre de 2016, con la cual no se otorgaron 53 cincuenta y tres reembarques forestales de los 60 sesenta solicitados, con la solicitud de Reembarques forestales para acreditar la legal procedencia de materias primas forestales modalidad B: Trámites subsecuentes registrada con la bitácora número ****, ya que únicamente se otorgaron 7 siete, aun cuando el suscrito satisfizo los requisitos de información y documentación que para tal efecto establece el artículo 101 del Reglamento de la Ley General de Desarrollo Forestal Sustentable." (Foja 04) En ese contexto, se toma en cuenta el contenido de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo vigente: Lo anterior en razón de que la parte quejosa no observó el principio de definitividad antes de acudir al juicio de garantías, hipótesis que se acreditará en párrafos subsecuentes Ahora bien, la norma legal a estudio regula el principio de definitividad respecto de actos materialmente administrativos previstos en el artículo 107, fracción IV, Constitucional, en tanto prevé que contra tales actos procede el amparo siempre y cuando no fueran reparables mediante algún recurso, juicio o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso; no siendo necesario agotarlos cuando la ley que los establezca exija, para otorgar la suspensión, mayores requisitos que los que Ley de Amparo requiera como condición para conceder esa medida cautelar. Ese principio responde a la naturaleza jurídica del juicio de amparo como medio extraordinario de defensa y a la necesidad de evitar el abuso de dicha acción, de modo tal que el control constitucional encomendado a los tribunales integrantes del Poder Judicial de la Federación sólo acontezca cuando la conducta de autoridad que se impugna posea el carácter de definitiva según la ley que la regula. De esta manera, el principio de definitividad del juicio de amparo, impone a la parte quejosa la carga procesal de agotar previamente a su interposición, los recursos ordinarios o medios de defensa legales que la ley que rige el acto reclamado establece para modificarlo, revocarlo o nulificarlo; pues el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa, lo que significa que sólo procede en casos excepcionales, como son, entre otros, aquellos que ya no son susceptibles de ser revisados a través de los citados recursos o medios de defensa ordinarios. Por lo tanto, si existiera la posibilidad jurídica de entablar simultánea o potestativamente un recurso o medio de defensa legal y el juicio de amparo para impugnar un acto de autoridad; es inconcuso que se desnaturalizaría el segundo, al considerarlo como un medio común de defensa; esto es así, ya que si el juicio de amparo es el instrumento jurídico supremo de que dispone el particular para proteger sus derechos fundamentales contra la actuación inconstitucional e ilegal de las autoridades y, su ejercicio provoca la realización de las más altas funciones jurisdiccionales desplegadas por los Tribunales Federales, es lógico que, antes de intentarlo, la parte quejosa esté obligada a agotar los recursos, juicios y medios de defensa legales que al efecto establezca la ley que rija el acto. De lo anterior, se concluye que el agotar los medios de defensa que establezcan las leyes que regulan el acto, constituye una obligación y no algo optativo para el solicitante de amparo. Por otra parte, no debe soslayarse que una de las finalidades del principio de definitividad, es la de evitar los abusos en la promoción del juicio de amparo y, con ello, impedir que se utilice para retardar la administración de justicia, por ese motivo, el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto a las resoluciones administrativas después de agotado el recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Además, el principio de definitividad no pugna con la irreparabilidad del acto; dado que, la citada causa de improcedencia descansa sobre la posibilidad de que el acto reclamado pueda ser impugnado eficazmente, en virtud del recurso o medio de defensa ordinario a través del cual el gobernado pueda lograr que el acto de autoridad deje de provocarle perjuicio, de manera que el juicio de amparo quede reservado -se itera- como un medio extraordinario de defensa, a fin de evitar que contra cualquier acto de autoridad, sin condición alguna, se active la tutela constitucional reservada para los órganos judiciales de la Federación. En ese sentido, debe puntualizarse que para que opere la causal de improcedencia por inobservancia al principio de definitividad que rige el juicio de amparo, en términos de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, basta con que en alguna ley, formal y material, se prevenga, de manera directa e inmediata, la procedencia de algún recurso, juicio o medio de defensa que posibilite la modificación, revocación o nulidad del acto reclamado. Asimismo, que con la tramitación del recurso o medio de defensa sea susceptible de suspender los efectos del acto combatido, sin exigir mayores requisitos que los consagrados en la Ley de Amparo, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con la ley de la materia. Ahora, el establecimiento de los medios de impugnación no está restringido solamente al ordenamiento del cual emane formalmente o en que encuentre su fundamento el acto de autoridad, ya que en la Ley de Amparo no existe disposición expresa sobre ello. Además, el legislador secundario cuenta con plena libertad para instituir los recursos o medios ordinarios de defensa que estime pertinentes, sin quedar constreñido a algún ordenamiento en particular; por tanto, será suficiente que los citados medios de defensa o recursos estén previstos en alguno de los ordenamientos legales que regulen el acto reclamado, siempre y cuando se trate de una ley en sentido formal y material. Luego, si la parte quejosa acude al juicio de garantías sin haber agotado los recursos o medios de defensa ordinarios previstos en la ley, es evidente que, atendiendo al principio de definitividad que rige la materia, el juicio se tornaría improcedente. En la especie, el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, relacionado con el diverso 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, establece que el citado tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos dictados por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente. Además, porque al establecerse en el artículo 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, la posibilidad de suspender la ejecución del acto impugnado a través de dicho medio de impugnación, no se imponen mayores requisitos para otorgar la suspensión que los previstos en la Ley de Amparo. Luego, si la parte quejosa señaló como acto reclamado -como ya se dijo- el *****, de nueve de diciembre de dos mil dieciséis, suscrito por el Delegado Federal en Chiapas de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, residente en esta ciudad, por el que no se le otorgaron cincuenta y tresreembarques forestales de los sesenta solicitados; es inconcuso que en términos del artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con los numerales 83 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo y 28 de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, el acto constituye una resolución definitiva para efectos de la procedencia del juicio contencioso administrativo federal, toda vez que contiene una decisión determinante en relación con la aprobación de la solicitud que realizó el aquí quejoso; por tanto, estaba obligado a agotar previamente a intentar el juicio de amparo, el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa; medio de impugnación con el cual puede modificarse, revocarse o nulificarse el acto que pretende combatir, para cumplir con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo. Finalmente, es preciso puntualizar que en el presente asunto no se actualiza el caso de excepción previsto en el segundo párrafo de la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone que no existe obligación de agotar los recursos o medios de defensa que procedan, si el acto reclamado carece de fundamentación, esto es, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto; lo anterior es así, dado que del contenido del acto reclamado dictado por la autoridad responsable, se advierte que expresó las normas legales aplicables, que sin prejuzgar sobre su legalidad, permiten concluir que el acto no carece de fundamentación; y por ende, no se actualiza la excepción de que se trata. Tampoco se advierte que en la demanda de amparo, se aleguen únicamente violaciones directas a la Constitución, ni que el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia, se itera, una ley de carácter formal y material, como es la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Ley Federal de Procedimiento Administrativo y Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, prevé un medio de defensa en virtud del cual puede ser modificado, revocado o nulificado el acto combatido. En las narradas consideraciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo, con apoyo en el ordinal 63, fracción V, de dicha legislación, obliga a SOBRESEER EN ESTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA. Por las razones asentadas en líneas precedentes, se deja sin efecto la celebración de la audiencia constitucional señalada para las diez horas con diez minutos del cuatro de abril de dos mil dieciséis. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de marzo de dos mil diecisiete. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y, tomando en consideración que se le otorgó licencia academia al titular de este juzgado de distrito, para dejar de asistir a las labores ordinarias, y que el suscrito secretario encargado del despacho no se encuentra facultado para fallar en definitiva en este juicio de amparo, por virtud de que se requiere autorización del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, solo permite practicar las diligencias y providencias de mero trámite, así como resoluciones de carácter urgente, lo que en el caso no acontece; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CUATRO DE ABRIL DE DOS MIL DIECISIETE. Apoyo a lo anterior, la tesis I.2o.P.10 K, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo XXIII, Marzo de 2006, página 2112, que reza: "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO EN AUSENCIA DEL JUZGADOR DE AMPARO. REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA CELEBRAR AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y DICTAR SENTENCIA EN CASOS NO URGENTES. De conformidad con lo previsto en el artículo 43, primer párrafo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, cuando un Juez de Distrito se ausente menos de quince días, el secretario respectivo practicará diligencias y dictará providencias de trámite, así como resoluciones de carácter urgente, y si la ausencia es mayor, sólo podrá resolver en definitiva si está autorizado por el Consejo de la Judicatura Federal; consecuentemente, en ausencia de un juzgador de amparo, ya sea por lapso inferior o mayor a quince días, para celebrar audiencia constitucional y resolver en definitiva requerirá la aludida autorización, a menos que en el primer supuesto se trate de caso urgente. Lo anterior, porque las jurisprudencias P./J. 26/2003 del Pleno y 1a./J. 88/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubros "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DURANTE EL PERIODO VACACIONAL DEL JUEZ DE DISTRITO. NO REQUIERE AUTORIZACIÓN DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL PARA RESOLVER LOS JUICIOS DE AMPARO EN LOS CASOS DEL SEGUNDO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 161 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, PUES LA PROPIA LEY LO FACULTA EXPRESAMENTE PARA HACERLO." y "SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO CON MOTIVO DE LAS VACACIONES DEL TITULAR. NO PUEDE DICTAR SENTENCIA SI LA AUDIENCIA NO FUE PRESIDIDA POR ÉL, SINO POR EL JUEZ A QUIEN SUSTITUYE.", se refieren a la ausencia del titular con motivo de sus vacaciones y no a los casos que prevé el párrafo primero del numeral 43 de la invocada ley orgánica." (Lo subrayado y resaltado es de este juzgado). NOTIFÍQUESE.

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