Martín García Avilés

Expediente 1403/2022 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 5 actuaciones registradas, la última del 28 de abril de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1403/2022
Año
2022
Actuaciones
5
Última actuación
28/04/2023

Partes del expediente

  • Martín García Avilés

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y toda vez que de la certificación secretarial que antecede se desprende que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra el auto de nueve de febrero de dos mil veintitrés, mediante el cual se desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que lo hiciera, mismo que transcurrió del dieciséis al veintidós de febrero de dos mil veintitrés; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Por otra parte, vistos los autos del presente asunto y tomando en consideración que se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental. Finalmente, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Notifíquese.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, nueve de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio SECNO/CT/71/2023, signado electrónicamente por la Magistrada adscrita a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, del Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual informa que este órgano jurisdiccional es el que debe conocer de la demanda amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, que hizo consistir en: ".LA INICIACIÓN Y CONCLUCIÓN (sic) DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE INHABILITACIÓN INTERPUESTA POR EL SUBSECRETARIO DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, DE FECHA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL 2021.". En tales condiciones, en atención al contenido de los artículos 251, 252, 253 y 260 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación y que entró en vigor el día siete de noviembre de dos mil veintidós, hágase saber a las partes, que este órgano jurisdiccional a partir del día de hoy tramitará e integrara el presente asunto a través de los medios tecnológicos y soluciones digitales; para ello, se procurará que el contenido de las promociones, los acuerdos, resoluciones o sentencias y los correspondientes registros administrativos, se generen de manera electrónica; por lo que, se imprimirá únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del presente asunto. Ahora bien, del análisis integral de la demanda, se advierte que resulta notoriamente improcedente pues en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, pues se estima que la parte quejosa ejerció su acción constitucional de manera extemporánea. Se explica. El aludido precepto de la legislación de la materia establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. [.]". Conforme a dicha disposición, la acción Constitucional resulta inviable cuando se promueve contra normas generales o actos consentidos tácitamente, es decir, en el supuesto de que la parte quejosa omite solicitar la protección de la justicia federal dentro de los plazos previstos en la ley de la materia. Sobre el tema, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en el siguiente criterio, los requisitos para estimar cuando el justiciable aceptó tácitamente la actuación de la autoridad. "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." En ese sentido, se tiene que se trata de una actuación consentida tácitamente, cuando: 1) El acto reclamado existe y la parte quejosa lo conoce. 2) Causa un agravio al justiciable, pues de lo contrario, aunque dicho impetrante se haya conformado con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo; y, 3) El peticionario haya omitido instar el juicio Constitucional, dentro del plazo legal previsto. Luego, para efectos de aclarar el último punto señalado, es menester observar lo establecido en las siguientes disposiciones de la Ley de Amparo: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". De la interpretación armónica de los preceptos legales transcritos, se obtiene que, por regla general, la demanda de amparo debe promoverse en un plazo de quince días, los cuales se computan a partir de tres momentos, a saber: a) Cuando la notificación del acto reclamado surta efectos, conforme a la ley aplicable; b) De que el quejoso haya tenido conocimiento del acto o de su ejecución; o, c) El promovente se haya ostentado sabedor del acto. Por lo que, si la demanda en modo alguno se presenta en ese lapso, el acto reclamado se estimará consentido. Empero, la regla general de ninguna manera aplica cuando se reclama la constitucionalidad de una ley autoaplicativa o el procedimiento de extradición; sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal donde se imponga pena de prisión; actos encaminados a privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva la propiedad, posesión, disfrute de derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal. Tampoco cuando se trata de actos que pongan en peligro la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación, expulsión, proscripción, destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución General de la República ni la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea Nacionales. En el caso concreto, se advierte la reunión de las exigencias necesarias para estimar la configuración de un consentimiento tácito de los actos reclamados, en razón que se actualiza el supuesto previsto en el inciso c), antes citado. Lo anterior, toda vez que la parte quejosa reclama, en esencia: El inciso y conclusión de la sanción administrativa de inhabilitación por resolución de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, dictada por el Subsecretario de Evaluación, Auditoria Gubernamental y Participación Social, así como encargado de despacho de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, por medio de la cual inhabilitó al aquí quejoso por el término de nueve meses para el ejercicio de empleo, cargo o comisión en el servicio público del Estado. Sin embargo, del capítulo relativo a los antecedentes del acto reclamado, la parte quejosa, manifiesta bajo protesta de decir verdad: "(.) Segundo. EI cinco 05 de marzo del año dos mil veintiuno 2021, el Titular del Órgano Interno en el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán (CECYTEM), en cuanto representante de la autoridad investigadora, presentó ante el director de Normatividad y Responsabilidades de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, informe de presunta responsabilidad administrativa en mi contra, por lo cual se me emplazo a deducir mis derechos al procedimiento administrativo. Tercero. Posteriormente con fecha dieciséis 16 de abril de dos mil veintiuno 2021, tuvo verificativo la audiencia de Juicio a la cual comparecí, me identifique y en uso de la voz, nombre defensor, SEÑALE DOMICILIO PARA OIR Y RECIBIR NOTIFICACIONES y ofrecí pruebas. Cuarto. Ahora bien, el día veintiséis 26 de octubre de dos mil veintiuno 2021, el Subsecretario de Evaluación, Auditoria Gubernamental y Partición Social, así como encargado de despacho de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, dictaron resolución administrativa en el procedimiento en mi contra, en la que determinó inhabilitarme por el termino de nueve meses, para el ejercicio de empleo, cargo o comisión en el servicio público del Estado. (.) Sexto. No soy omiso en mencionar que fue hasta el catorce de julio dé dos mil veintidós, el titular del órgano Interno de Control "J" de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, ordenó la ejecución de la sanción administrativa derivada de la resolución dictada el veintiséis 26 de octubre de dos mil veintiuno 2021, dentro del procedimiento de responsabilidad de origen, es decir, nueve meses después de haber quedado firme la resolución. De esta manera, respecto a la existencia del conocimiento de los actos reprochados por parte de la parte quejosa, se tiene satisfecho, ya que bajo protesta de decir verdad señaló que con fecha cinco de marzo de dos mil veintiuno, fue emplazado al juicio administrativo, asimismo, en audiencia de juicio celebrada el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, compareció, nombró defensor, señaló domicilio para oír y recibir notificaciones; y, finalmente, manifestó que el quince de julio de dos mil veintidós, el titular del órgano Interno de Control "J" de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, ordenó la ejecución de la sanción administrativa. Sirve de apoyo a ello, por las razones que informa la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Volumen 217-228, Tercera Parte, página 80, registro digital 237114, que dice: "DEMANDA DE AMPARO, PRESENTACION EXTEMPORANEA DE LA. CASOS EN QUE SE PUEDE DECRETAR EL SOBRESEIMIENTO AUN CUANDO NO ESTE PROBADA LA NOTIFICACION FORMAL DEL ACTO RECLAMADO AL QUEJOSO. Si bien es cierto que sólo se puede sobreseer en el juicio de amparo cuando la causal de improcedencia en que se apoya el sobreseimiento se encuentra plenamente acreditada, también lo es que para que se actualice la prevista en la fracción XII del artículo 73 de la Ley de Amparo no es necesario exigir que esté probada la notificación formal del acto reclamado al quejoso, sino que basta la prueba plena de que éste tuvo conocimiento de su existencia para que, a partir del día siguiente a la fecha de tal conocimiento, se inicie el cómputo de los quince días a que se refiere el artículo 21 del ordenamiento legal en cita." De igual manera, por las razones que informa la Tesis IV.2o.A.29 K, Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Cuarto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXII, Octubre de 2005, página 2336, registro digital 177026, que establece: "DEMANDA DE AMPARO. EL CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA SU PRESENTACIÓN SE INICIA A PARTIR DE QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO DEL ACTO, AUN CUANDO ÉSTE SEA DE TRACTO SUCESIVO. El artículo 21 de la Ley de Amparo establece como regla general para la interposición de la demanda de garantías el plazo de quince días; sin embargo, existen algunas excepciones, previstas en los numerales 22, 217 y 218 del mismo ordenamiento, para casos especiales, como son, asuntos en materia penal, agraria, de inconstitucionalidad de leyes autoaplicativas y cuando se reclama el ilegal emplazamiento, y el quejoso no tiene su residencia en el lugar en el que se verifica el juicio. Asimismo, el propio artículo 21, señala a partir de qué momento debe iniciarse el cómputo correspondiente a los quince días, a saber: a) desde el día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) desde el día siguiente al en que haya tenido conocimiento de la resolución o acuerdo que reclame o de su ejecución; y, c) desde el día siguiente al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Por otro lado, del capítulo III, título segundo, de la invocada ley, se advierte que es importante precisar la naturaleza del acto reclamado para poder decidir si existe algún efecto susceptible de suspenderse. Así tratándose del acto reclamado consistente, por ejemplo, en la suspensión de actividades relacionadas con la construcción, debe considerarse que se trata de un acto de tracto sucesivo, toda vez que la autoridad debe actuar constantemente, ejerciendo presión fáctica sobre la empresa quejosa, a efecto de impedir que ésta continúe con las actividades relacionadas con la construcción. Sin embargo, la circunstancia de que ese acto reclamado sea de tracto sucesivo, no implica que la quejosa pueda promover la demanda de amparo en cualquier tiempo, mientras que permanezca la suspensión de actividades reclamada, puesto que si bien es cierto que conforme al artículo 141 de la Ley de Amparo es factible obtener la suspensión en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria, también lo es que para efectos de la presentación de la demanda de amparo, el cómputo debe hacerse a partir de los momentos que señala el artículo 21 de la Ley de Amparo, puesto que es desde que el quejoso tiene conocimiento de los actos reclamados, cuando está en posibilidad de impugnarlos, y si no lo hace, deben considerarse consentidos tácitamente, puesto que así lo dispone el artículo 73 fracción XII, de la referida ley." De esta manera, al confrontar la temporalidad en que la parte quejosa conoció del acto reclamado en la presente instancia constitucional (catorce de julio de dos mil veintidós), con la fecha de promoción del juicio de amparo (dieciséis de diciembre de dos mil veintidós), se advierte que transcurrieron aproximadamente más de cinco meses. Máxime, que bajo protesta de decir verdad, manifiesta que desde el dieciséis de abril de dos mil veintiuno, compareció a la audiencia de juicio del inicio de la sanción administrativa reclamada. Situación que revela un transcurso excesivo del término general de quince días previsto en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, lo cual se traduce en un consentimiento tácito de los actos reclamados, es decir, en la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XIV, del precepto 61, de ese ordenamiento jurídico. Sin que pase inadvertido, que la parte quejosa reclame que se vulneraron los principios de legalidad, seguridad jurídica y debido proceso consagrados en los artículos 14 y 16 Constitucional, al considerar que se le violentaron dichos derechos. Sin embargo, ello no es suficiente para justificar la interposición extemporánea de la demanda de amparo, por las razones que informa la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo III, Segunda Parte-1, Enero-Junio de 1989, página 255, registro digital 228280, que dice: "DEMANDA DE AMPARO EXTEMPORANEA, CASO EN QUE AUNQUE EL QUEJOSO DESCONOZCA LA FUNDAMENTACION DEL ACTO RECLAMADO, PROCEDE ESTIMAR LA. Si bien es verdad que en el citado capítulo de antecedentes, el quejoso no manifestó conocer las consideraciones jurídicas que sustentaron el acto reclamado, ese desconocimiento, en realidad, no justifica la extemporaneidad en la interposición de la demanda de amparo, pues, en los conceptos de violación sólo se denunciaron infracciones a las garantías que consagran los artículos 14 y 16 constitucionales, en virtud de que, sostuvo aquél, la perforación del pozo acuífero, se llevó a cabo, sin existir previo juicio y sin que se hubiese fundado y motivado la causa legal del procedimiento; luego entonces, no puede argumentarse, como sugiere el recurrente, que la ignorancia de la fundamentación del acto reclamado, fuese lo que ocasionó la tardanza en la incoación del amparo, si contra esa fundamentación, no se expresó motivo de queja alguno y sólo se denunció, la inexistencia de un juicio previo y de un mandato de autoridad constitucionalmente fundado y motivado que legitimara la ejecución del acto reclamado. La verdad es que, como pudo apreciarse, el quejoso sí estuvo en aptitud de impugnar oportunamente a través del amparo, la ejecución del pozo referido, sin que para ello, fuese necesario conocer las consideraciones jurídicas que sustentaron a la orden de dicha ejecución." Asimismo, por las razones que informa la jurisprudencia 1a./J. 10/2014 (10a.), de la Primera Sala del Máximo Tribunal, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, página 487, registro digital 2005717, que establece: "PRINCIPIO PRO PERSONA Y RECURSO EFECTIVO. EL GOBERNADO NO ESTÁ EXIMIDO DE RESPETAR LOS REQUISITOS DE PROCEDENCIA PREVISTOS EN LAS LEYES PARA INTERPONER UN MEDIO DE DEFENSA. Si bien la reforma al artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de 10 de junio de 2011, implicó la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el órgano jurisdiccional deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en las leyes nacionales para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente." Y la diversa tesis, visible en la página 92, Segunda Parte-1, correspondiente de Julio a Diciembre de 1988, de la Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación que dice: "AMPARO, TERMINO PARA LA INTERPOSICION DEL. CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso manifiesta en su demanda de garantías en qué fecha tuvo conocimiento del acto reclamado, tal manifestación constituye una confesión que hace prueba plena de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en el juicio de amparo, por lo que a partir de esa fecha debe hacerse el cómputo del término que señala el artículo 21 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Federal." Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia citada, resulta improcedente la demanda de derechos fundamentales y, por ende, procede DESECHARLA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha veintiséis de diciembre de dos mil veintidós, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintiséis de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese el oficio 20304, signado por el Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, al cual adjunta el juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, acúsese de recibo, mediante el cual informa que, en proveído de veintidós de diciembre de dos mil veintidós, rechazó la competencia por razón de turno declinada a su favor para conocer la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad por las siguientes razones que expone: "...con amplio respeto para el titular del órgano jurisdiccional oficiante, quien esto provee, hasta este momento procesal no comparte el criterio y por lo tanto no se avoca al conocimiento del juicio de amparo número ********************, del índice del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad, por las razones legales que a continuación se exponen. En efecto, el artículo 46, en su fracción II, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las direccione generales de gestión judicial y de Estadística Judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, aprobado en sesión ordinaria de dieciséis de febrero de dos mil veintidós, establece que: "Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional Pi que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos". De la porción normativa citada, se colige que las demandas o recurso que se refieran al mismo acto de autoridad, se turnarán al órgano jurisdiccional que tenga el antecedente que haga procedente la vinculación. En ese contexto, en el caso que nos ocupa, quien esto suscribe y hasta este momento no advierte claramente la aseveración que sostiene el similar en su determinación de diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, por cuanto a que en ambos asuntos los actos reclamados derivan del mismo expediente de origen. Del juicio de amparo ******************** de este juzgado, se desprende que el quejoso ********************, reclama de la Secretaría de Contraloría del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, la falta de emplazamiento y/o notificación al procedimiento administrativo sancionador P********************, instado en su contra por la citada autoridad. En tanto que de la demanda que se anexa al oficio de cuanta y que juntamente con el proveído de diecinueve de diciembre del año en curso, conforman el cuaderno de amparo ********************, no se desprende plenamente que los actos ahí reclamados deriven del mismo procedimiento administrativo, ya que el acto reclamado consiste en la iniciación y conclusión de la sanción administrativa de inhabilitación interpuesta por el Secretario de Evaluación, Auditoría Gubernamental y Participación Social, como encargado del Despacho de la Secretaría de Contraloría del Estado. Sin que de todo el contenido de ese libelo se advierta que el quejoso hizo alusión al referido expediente de origen; de manera que, al no existir plena identidad hasta este momento sobre el expediente de origen y que éste sea el mismo en ambos asuntos, quien suscribe no puede aceptar la competencia planteada bajo el supuesto de antecedente más reciente invocado por el juzgador declinante. Por tanto al no considerar que exista claramente un antecedente que permita la vinculación de ambos asuntos hasta este momento procesal, se considera que no corresponde a este órgano jurisdiccional el conocer del diverso juicio número ******************** del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado, con sede en esta ciudad. De ahí que respetuosamente este órgano jurisdiccional no acepta el planteamiento de Returno de que se trata, por lo que se ordena devolver al Juez Noveno de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, el indicado juicio de control constitucional." Atento a lo anterior, este Órgano Jurisdiccional insiste en no conocer del presente juicio, en razón de que la competencia por turno corresponde para conocer de dicho asunto, es al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, por lo siguiente: Dentro del juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional se reclama: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: LA INICIACIÓN Y CONCLUCIÓN DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE ANHABILITACIÓN INTERPUESTA POR EL SUBSECRETARIO DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, DE FECHA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL 2021". Ahora del juicio de amparo 1023/2021, del registro del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, residente en esta ciudad, se reclamó lo siguiente: "...la falta de emplazamiento y/o notificación al procedimiento administrativo sancionador P********************, instado en su contra por la citada autoridad." De lo anterior, se advierte que los juicios de origen, tienen relación y que el primero fue radicado en el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, y el cual por razón de turno, le tocaba conocer, por tener un conocimiento previo. Esto encuentra sustento en el propio artículo 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma adiciona y deroga el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, específicamente en sus fracciones III, IV y VII, que señalan: Artículo 46 Ter. Las consultas de turno relacionado se formularán por escrito y se remitirán a la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, por medio del Sistema de Gestión Documental, acompañadas de las constancias relevantes digitalizadas. Si las constancias son muy voluminosas, pero están digitalizadas en el correspondiente expediente electrónico, el órgano consultante señalará cuáles son las necesarias para la solución de la consulta. Se someterán a consideración de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos las consultas de turno que entrañen la fijación de un criterio relevante o novedoso, mientras que la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos dará respuesta al resto de las consultas que se formulen. Artículo 46 Quater. El procedimiento que deben seguir los órganos jurisdiccionales para formular una consulta de turno es el siguiente: I. Cuando se turne un asunto al órgano jurisdiccional y éste estime que es a otro al que corresponde conocer del asunto por razón de turno, lo remitirá directamente con sus anexos, al juzgado o tribunal que considere debe conocer; recibido dicho asunto por el órgano requerido éste decidirá si acepta o no el conocimiento del mismo; II. Si el órgano requerido acepta el turno, comunicará su resolución al requirente, previa notificación a las partes y dará aviso a la oficina de correspondencia común a fin de equilibrar las cargas de trabajo; III. De no aceptar el turno, devolverá el asunto al órgano requirente, el que determinará si insiste en no conocer del asunto. En el supuesto de que no insista, se limitará a comunicar su resolución al órgano requerido; IV. Si el órgano requirente insiste en su postura, formulará consulta de turno sin suspender el trámite del asunto y remitirá vía electrónica las constancias que acrediten lo argumentado, así como la propuesta que se plantee; V. El planteamiento de una consulta de turno en ningún caso justifica la suspensión del procedimiento. En el caso de juicios de amparo indirecto, no debe reservarse la fijación de la fecha para la audiencia constitucional o diferirse la ya señalada; VI. La Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos contará con un plazo de hasta diez días hábiles para dar respuesta a las consultas planteadas o para someter el proyecto de solución a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. En el caso de las consultas de turno que involucren a órganos con competencia en la materia penal o de ejecución penal, el plazo será de cinco días hábiles, contados a partir del día siguiente al de la recepción de la consulta; y VII. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos o la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos resolverán de plano la consulta de turno. Artículo 46. Quinquies. Las consultas de turno relacionado son improcedentes: I. Si se formulan en contravención al procedimiento señalado en el artículo 46 Quater; II. Si involucran a órganos jurisdiccionales a los que les prestan servicios distintas oficinas de correspondencia común; III. Tratándose de juicio de amparo indirecto, si ya fue celebrada la audiencia constitucional; IV. En el recurso de apelación, si fue celebrada la audiencia de vista a que se refieren los artículos 373 y 382 del Código Federal de Procedimientos Penales; V. En amparo directo o asuntos que son de conocimiento de los Tribunales Colegiados de Circuito, si el asunto ya fue listado para sesión; VI. Cuando se plantee por segunda ocasión respecto de un mismo asunto, involucrando a los mismos órganos; y VII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de algún criterio determinado por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos." Como se advierte de las aludidas fracciones, los recursos o medios de defensa que se refieran a un mismo expediente o juicio laboral, se remitirán al órgano jurisdiccional que tenga el ultimo antecedente, máxime que, de conformidad con el citado acuerdo general de mérito, no se establece ningún distingo con relación a la resolución del asunto, es decir, si se analizó el fondo del asunto o, en su defecto, se trata de actos omisivos sino únicamente hace alusión a que provenga de un mismo expediente. Por ende, se estima que los actos reclamados en esta instancia constitucional tienen su origen en el mismo procedimiento administrativo sancionador P********************, por lo que se actualiza el conocimiento previo en favor del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad. Lo anterior, porque si bien es verdad, en la demanda de amparo que dio origen al juicio de amparo ********************, del índice de este órgano jurisdiccional, la parte quejosa no señaló expresamente que los actos reclamados derivan del procedimiento administrativo sancionador P********************, como así se señaló dentro del diverso juicio de amparo ********************, del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, no menos lo es también que, como se indicó en el auto de fecha diecinueve de diciembre de dos mil veintidós, pronunciado por este Juzgador en el juicio mencionado en primer término, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), arrojó el dato de que el quejoso ********************, promovió el diverso juicio de amparo ******************** ya referido, del índice del mencionado Juzgado Tercero de Distrito, en donde señaló como autoridad responsable y acto reclamado - según se desprende en la captura de tal expediente- a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, de quien reclamó la falta de notificación o emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador promovido en su contra por dicha dependencia de gobierno, así como la ejecución de la sanción decretada en dicho procedimiento, dictándose sentencia en ese juicio de amparo en fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós, de cuyo contenido se desprenden los antecedentes de los actos reclamados en ese juicio de amparo, los cuales son coincidentes con los mencionados por el solicitante del amparo en su demanda de amparo que dio origen al asunto ******************** de este órgano jurisdiccional, por lo que se concluyó que los actos reclamados en ambos juicios de amparo, derivan del mismo procedimiento administrativo sancionador. Por ende, se insiste en señalar que los actos reclamados en esta instancia constitucional tienen su origen en el mismo procedimiento administrativo sancionador del que derivaron los actos reclamados en el diverso juicio de amparo ********************, por lo que se actualiza el conocimiento previo en favor del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán. Atento a lo anterior, se plantea consulta a la Comisión de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, en términos de lo dispuesto en la circular STCCNO/1553/2010 de veintiséis de abril de dos mil diez, expedida por la Secretaría Técnica de la comisión de Creación de Nuevos órganos del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a las reglas emitidas por dicho Consejo para la atención de las consultas de turno que establece el Acuerdo General 48/2008 del Propio Pleno, por el que se modifica el artículo 9 del diverso acuerdo General 13/2007, Oficinas de Correspondencia Común de los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito del Poder Judicial de la Federación, se estima conducente plantear la consulta respectiva al Secretario Técnico de dicha Comisión, pues con apoyo en las consideraciones previamente expuestas, este Juzgado Considera que el asunto en que se actúa debe ser resuelto por el órgano jurisdiccional que tuvo primer conocimiento, es decir el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, dado que el acto reclamado deriva del mismo procedimiento administrativo sancionador P********************. Por ende, se estima este asunto debió turnarse al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 45, fracción Il y 46, fracción II; del Acuerdo General del Pleno del consejo de la Judicatura Federal que establecen las disposiciones, en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, ya que los actos reclamados en ambos sumarios constitucionales emanan del mismo procedimiento administrativo sancionador. Por tanto, si el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, conoció de un juicio de amparo que fue promovido de manera más reciente al en que se actúa, en el que se reclamaron diversos actos derivados del procedimiento administrativo sancionador P********************, esta potestad federal estima que el referido Juzgado de Distrito es el que debe conocer del presente, asunto al actualizarse el supuesto previsto por los artículos 45 y 46 de Acuerdo General en aplicación; ya que los actos derivan del mismo procedimiento, respecto de la que ya existió un pronunciamiento en torno por parte del juez de mérito. En tal virtud, formúlese la consulta respectiva al Secretario Técnico de la Comisión de Creación de Nuevos Órganos de Consejo de la Judicatura Federal, con sede en la Ciudad de México, a efecto de que resuelva lo conducente; para ello, adjúntese al oficio que para tal efecto se gire, copia certificada de las constancias que integran este sumario, así como de la sentencia emitida por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado, en el juicio de amparo ********************, de su índice, misma que obra en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E), a fin de que cuente con los elementos suficientes para dirimir la presente consulta. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, en vigor a partir del día siguiente, se notifica por lista que se publica en los estrados de este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de fecha , el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, diecinueve de diciembre de dos mil veintidós. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, por propio derecho, contra actos de la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, consistentes en: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: LA INICIACIÓN Y CONCLUCIÓN DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE ANHABILITACIÓN INTERPUESTA POR EL SUBSECRETARIO DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, DE FECHA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL 2021.".**************************************** Se ordena forma y registrar los expedientes impreso y electrónico en el libro de gobierno de este juzgado, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respectivamente, bajo el número 1403/2022. Ahora bien, como se advierte de la certificación de cuenta, el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), arroja el dato de que el quejoso ********************, promovió el diverso juicio de amparo ******************** del índice del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, en donde señaló como autoridad responsable y acto reclamado -según se desprende en la captura de tal expediente- a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, de quien reclamó la falta de notificación o emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador promovido en su contra por dicha dependencia de gobierno, así como la ejecución de la sanción decretada en dicho procedimiento. Por tanto, con fundamento en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su numeral 2°, se tiene como hecho notorio la captura que se obtuvo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), relativa al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, dentro del juicio de amparo número ********************. Sirve de apoyo a lo expuesto la jurisprudencia********************P./J. 16/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017123, cuyo rubro y texto son: "HECHOS NOTORIOS. TIENEN ESE CARÁCTER LAS VERSIONES ELECTRÓNICAS DE LAS SENTENCIAS ALMACENADAS Y CAPTURADAS EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE). Jurídicamente, el concepto de hecho notorio se refiere a cualquier acontecimiento de dominio público conocido por todos o casi todos los miembros de un cierto círculo social en el momento en que va a pronunciarse la decisión judicial, respecto del cual no hay duda ni discusión alguna y, por tanto, conforme al artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los hechos notorios pueden invocarse por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por otro lado, de los artículos 175, 176, 177 y 191 a 196 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de enero de 2015, se obtiene que es obligación de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales de Circuito, capturar la información de los expedientes de su conocimiento y utilizar el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el cual deben capturar las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por ellos, a cuya consulta tienen acceso los restantes órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, lo cual otorga a las versiones electrónicas de las resoluciones emitidas por los Juzgados de Distrito y por los Tribunales de Circuito el carácter de hecho notorio para el órgano jurisdiccional resolutor y, por tanto, pueden invocarse como tales, sin necesidad de glosar al expediente correspondiente la copia certificada de la diversa resolución que constituye un hecho notorio, pues en términos del artículo 88 mencionado, es innecesario probar ese tipo de hechos. Lo anterior, con independencia de que la resolución invocada como hecho notorio haya sido emitida por un órgano jurisdiccional diferente de aquel que resuelve, o que se trate o no de un órgano terminal, pues todos los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito deben capturar en el módulo de sentencias del SISE, la versión electrónica de las resoluciones que emiten, las cuales pueden consultarse por cualquier otro órgano jurisdiccional, lo que genera certeza de lo resuelto en un expediente diferente.". En efecto, como ya se dijo, en el juicio en que se actúa, el ahora quejoso ********************, por propio derecho, señala como autoridad responsable a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, de quien reclama: "IV.- ACTO O ACTOS RECLAMADOS: LA INICIACIÓN Y CONCLUCIÓN DE LA SANCIÓN ADMINISTRATIVA DE INHABILITACIÓN INTERPUESTA POR EL SUBSECRETARIO DE EVALUACIÓN, AUDITORÍA GUBERNAMENTAL Y PARTICIPACIÓN SOCIAL, COMO ENCARGADO DE DESPACHO DE LA SECRETARÍA DE CONTRALORÍA DEL ESTADO DE MICHOACÁN, DE FECHA VEINTISÉIS DE OCTUBRE DEL 2021.".**************************************** De ahí que, del análisis de la demanda de amparo de cuenta, se advierte que, el acto combatido por el quejoso en la misma, deriva del procedimiento administrativo sancionador, respecto del cual aquél reclamó ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, la falta de notificación y emplazamiento a ese asunto, mismo que concluyó con la resolución administrativa de veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, emitida por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, señalada como responsable, en la que se determinó inhabilitar al ahora solicitante del amparo, así como la ejecución de dicha sanción. En consecuencia, este órgano jurisdiccional considera que el presente asunto debió turnarse al juzgado que cuenta con el conocimiento previo, es decir, al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, ya que en la especie se considera que se surte la hipótesis prevista por los artículos 45 y 46, del********************Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones en relación con las atribuciones de las direcciones generales de gestión judicial y de estadística judicial; el sistema de recepción, registro y turno de asuntos; y las consultas de turno, publicado en el Diario Oficial de la Federación el catorce de marzo del presente año, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 45. Los asuntos se turnarán mediante el sistema automatizado de turno que administra la Dirección General de Gestión Judicial de la siguiente manera: I.****************************************************************************************************Forma aleatoria: Una vez capturados los datos de registro del asunto que no cuente con antecedente alguno en el sistema automatizado de turno, éste lo distribuirá aleatoriamente, y de manera equilibrada entre los órganos jurisdiccionales; y II.******************************************************************************** Forma relacionada: Si al capturar los datos de registro del asunto, el sistema automatizado de turno arroja un antecedente que lo vincule con otro registrado con anterioridad dentro de una temporalidad de cinco años, atendiendo a la fecha de ingreso o recepción en la oficina de correspondencia común, ya sea por disposición expresa de la ley o conforme a un criterio de relación, con base en la información que proporcione el sistema y sin necesidad de consultar otros sistemas de gestión, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Tratándose de concentraciones de procedimientos, exclusiones de turno, turnos a órganos jurisdiccionales de guardia, y todos aquellos que no tengan relación con las fracciones I y II del presente artículo, el turno se realizará de manera automática, a través del sistema, a los órganos jurisdiccionales que corresponda, de conformidad con las disposiciones normativas aplicables o la determinación del órgano competente. Artículo 46. Son criterios generales de relación, en aplicación de los cuales un asunto de nuevo ingreso deberá turnarse a un órgano jurisdiccional determinado, por existir, en el sistema, un antecedente que hace procedente la vinculación, los siguientes: [...] II.******************************************************************************** Los juicios de amparo directo o indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos; III.********************************************************************************Los recursos de revisión, queja y la inconformidad, relacionados con el mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnarán al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado en el sistema, aun si se trata de otro recurso o un amparo directo; con excepción de la queja prevista en el artículo 97, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo; IV.********************************************************************************Cuando se promuevan demandas de amparo o interpongan recursos, que se refieran a una misma carpeta de investigación o causa penal, al que tenga el último antecedente del asunto; V.******************************************************************************** Las demandas de amparo en las que el acto reclamado se emita en cumplimiento de lo ordenado en un diverso juicio de amparo; [.] VII.************************************************************ Los recursos de apelación que deriven del mismo expediente o causa penal, al Tribunal Colegiado de Apelación que tenga el último antecedente registrado; [.] XI.********************************************************************************Los que provengan de una averiguación previa identificada con el mismo número de índice y autoridad, de otra ya asignada; así como, los recursos o medios de impugnación, que se refieran a una misma averiguación previa o acto de autoridad, aunque promuevan diversas partes, se turnarán al órgano jurisdiccional que haya conocido en antecedente registrado; XII.************************************************************ Los casos en los que, por disposición legal aplicable a la materia, se establezca el conocimiento de asuntos diversos a cargo de un solo órgano jurisdiccional; XIII.************************************************************Las demandas de amparo o recursos que se refieran al mismo acto de autoridad, con excepción de aquellos presentados por distintos quejosos en contra de una misma norma general u omisión o cuando se trate de un diverso acto de aplicación de la norma; XIV.********************La denuncia por declaratoria general de inconstitucionalidad se turnará al órgano que tenga el último antecedente registrado si se promueve contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, sin importar que el antecedente sea un juicio de amparo u otra denuncia por declaratoria general de inconstitucionalidad; XV. La ampliación de demanda se turnará al órgano jurisdiccional que la tuvo por no interpuesta o por no presentada, al ser éste el que tiene el último antecedente registrado; y XVI. Los demás que determine la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. Quedan exentas de crear antecedente para la relación con posteriores asuntos las medidas precautorias de arraigo; aseguramiento; embargo; órdenes de cateo; intervención de comunicaciones que resulten indispensables para las averiguaciones previas o integración de carpetas de investigación; los conflictos competenciales, los incidentes de inejecución de sentencia, las quejas urgentes, las demandas que deriven de una separación de juicios, los procesos civiles federales, mercantiles y administrativos así como los concursos mercantiles. No se relacionarán los asuntos que no se encuentren contemplados en el presente artículo, con excepción de las hipótesis previstas en los criterios específicos de relación determinados por la Comisión de Creación de Nuevos Órganos. La Comisión de Creación de Nuevos Órganos es el órgano facultado para regular los aspectos relativos al turno y distribución de los asuntos. Dicha Comisión, a propuesta de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos, podrá determinar criterios específicos de relación, los cuales deberán comunicarse a las oficinas de correspondencia común por conducto de la Dirección General de Gestión Judicial y publicarse para su conocimiento general, en un listado que se difundirá en los portales de intranet e internet del Consejo. Este listado se elaborará y mantendrá actualizado por la citada Secretaría.". De los preceptos transcritos se advierte que existen dos formas de turnar los asuntos, en forma aleatoria y relacionada, así como los criterios generales de relación. Por su parte, la fracción II del artículo 46 del citado Acuerdo Plenario, establece que tratándose de juicios de amparo indirecto, promovidos contra actos provenientes del mismo expediente jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, originado en una misma secuela procesal, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último juicio de amparo registrado en el sistema en relación con esos asuntos. De la interpretación de dichos preceptos se advierte que sólo los asuntos que no tengan antecedentes, se turnarán en forma aleatoria por la Oficina de Correspondencia Común correspondiente. Fuera de dicha hipótesis, el encargado de la citada oficina verificará si un asunto está relacionado con otro por provenir de un expediente administrativo, jurisdiccional, identificado con el mismo número de índice y autoridad que otro ya asignado, se turnará al órgano jurisdiccional que tenga el último antecedente registrado, sin que para ello sea relevante si se abordó algún análisis del fondo del asunto. Por tanto, si el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, conoció del diverso juicio de amparo ********************, en donde el acto reclamado, según se advierte de los datos que obran en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), era "La falta de notificación o emplazamiento al procedimiento administrativo sancionador promovido por la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán, con número de expediente ., en contra del aquí quejoso, así como la ejecución de la sanción ahí decretada"; en el que, al igual que en este en el que se actúa, también señaló como autoridad responsable a la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán con sede en esta ciudad, juicio constitucional en el que con fecha treinta de noviembre de dos mil veintidós, se dictó la sentencia correspondiente, de cuyo contenido se desprende que los actos reclamados en dicho amparo, derivan del mismo expediente que los ahora combatidos en la demanda de amparo que dio origen al presente juicio de amparo, de ahí que, corresponde al citado órgano jurisdiccional el conocimiento del presente juicio. En tal virtud, en atención al artículo 46, fracción II del citado acuerdo, remítase el presente expediente al Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en esta ciudad, para que tenga a bien determinar si acepta o no el conocimiento del asunto, siendo que dicha determinación la deberá de hacer del conocimiento de este juzgado.******************** Fórmese el cuaderno de antecedentes correspondiente para los efectos legales a que haya lugar. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el ubicado en ********************entre las calles********************y********************en la colonia ********************, en esta ciudad, autorizando para tal efecto a ********************, quien gozará de todas las facultades que confiere el artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al realizar una búsqueda en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, se encontró el dato inherente a la cédula profesional número ********************, que acredita a la referida autorizada como licenciada en derecho, y únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de autos a ********************, quienes no gozarán de todas las facultades conferidas en el artículo 12 de la Ley de Amparo, en atención a que al efectuar una revisión en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, no se advierte dato inherente a las cédulas profesionales que acrediten a los referidos autorizados como licenciados en derecho. Ahora bien, como solicita el acceso al expediente electrónico del presente juicio de amparo, con el nombre de usuario "leones", los cuales se encuentran registrados en el FIREL (Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación), toda vez que cumple con los requisitos que para tal efecto establece el artículo 35 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, se autoriza a los citados autorizados el acceso al expediente electrónico. Hágase del conocimiento del parte promovente , que cuando las partes autorizadas para consultar expedientes electrónicos relativos a uno o más juicios de amparo adviertan una falla en los sistemas del Consejo de la Judicatura Federal, que impida el envío de documentos por vía electrónica o la consulta de las determinaciones judiciales que obran en un expediente electrónico o carpeta digital, dada su relevancia para las notificaciones electrónicas, deberán hacerlo del conocimiento, al titular del Área Técnica del Consejo de la Judicatura Federal, por vía electrónica, a través del subvínculo denominado "Aviso de fallas técnicas", al que podrá accederse mediante el uso de la firma electrónica en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, o de no ser posible por esta vía, a los correos electrónicos destinados para tal efecto en la pantalla principal del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación o desde la cuenta de correo proporcionada para la obtención del Certificado Digital de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en********************el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran.". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal********************de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. De conformidad con el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se autoriza la práctica de notificaciones personales en general, en horas inhábiles, pues ello se estima pertinente para el adecuado despacho de los asuntos. Notifíquese personalmente.

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