Martín Barragán Serna
Expediente 830/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de octubre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 830/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 14
- Última actuación
- 31/10/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martín Barragán Serna
Actuaciones
Las 4 más recientes de 14.
- Principal
Morelia, Michoacán, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos y las certificaciones que anteceden de las que se advierte que mediante circular 28/2023, signada por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se declararon como días inhábiles del diecinueve al veinticuatro de octubre de dos mil veintitrés, por lo que se suspenden los plazos y términos en los órganos jurisdiccionales, de igual forma, de manera retroactiva, se declararon como inhábiles el pasado dieciséis, diecisiete y dieciocho de octubre del año en curso, en el entendido que aquellas actuaciones y diligencias que ya se hubieren celebrado subsistiría su validez; y, por aviso de declaración de días inhábiles pero laborables y esquema de atención para asuntos urgentes, de veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, signado por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito en Morelia, Michoacán, se declararon como días inhábiles pero laborables del veinticinco al veintisiete de octubre de dos mil veintitrés, por las razones ahí expuestas. En dicha tesitura, toda vez que la audiencia constitucional del presente asunto se encontraba señalada dentro de dichos días declarados inhábiles, razón por la cual no tuvo verificativo; se señalan las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL TREINTA DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Por otro lado, visto el estado de autos se advierte que en el escrito inicial de demanda, la parte quejosa solicitó a este órgano jurisdiccional que requiriera al Director General de Minas, de la Secretaría de Economía, con residencia en la Ciudad México, copia certificada de la solicitud de la concesión o de asignación minera presentada en formato ********, el doce de septiembre de dos mil veintidós, registrada con el folio de trámite ***********, respecto del lote denominado "**********", ello toda vez que mediante escrito presentado el diecinueve de junio pasado, la parte quejosa formuló la solicitud correspondiente, sin que le hayan sido proporcionada dicha documental, tal como lo acreditó con la acuse de recibo de dicho escrito. Por tanto, con fundamento en el artículo 121 de la Ley de Amparo, requiérase a la Director General de Minas, de la Secretaría de Economía, con residencia en la Ciudad México, para que dentro del término de tres días siguientes, contado a partir del día siguiente a la notificación del presente proveído, remita copia certificada de la solicitud de la concesión o de asignación minera presentada en formato ********, el doce de septiembre de dos mil veintidós, registrada con el folio de trámite *********, respecto del lote denominado "**********", bajo apercibimiento que de no hacerlo así, o bien, de no informar el impedimento legal o materia que tuviera para ello, se le impondrá una multa de cincuenta a mil Unidades de Medida y Actualización, en términos de los numerales 26, Apartado B, párrafos Sexto y Séptimo, y párrafo primero de la fracción VI del apartado A del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transitorios Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la propia Carta Magna, en materia de desindexación del salario mínimo. Apoya lo anterior en lo conducente la jurisprudencia número P./J. 13/2018 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 12, Libro 55, Junio de 2018, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con número de registro 2017129, que dice: "PRUEBA DOCUMENTAL EN EL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 121 DE LA LEY DE AMPARO, EL SERVIDOR PÚBLICO QUE POSEA ALGÚN DOCUMENTO OFRECIDO Y ADMITIDO COMO TAL NO PUEDE REHUSARSE A UN REQUERIMIENTO JUDICIAL, SOBRE LA BASE DE QUE DEBE ESTARSE A LO RESUELTO EN UN PROCEDIMIENTO DE ACCESO A LA INFORMACIÓN. En términos del precepto citado, y conforme a los derechos de audiencia y de plenitud en la impartición de justicia, el órgano jurisdiccional de amparo debe requerir a cualquier servidor público la exhibición de un documento ofrecido y admitido como prueba conforme a derecho, en cuyo caso, el servidor público que lo posea no puede oponerse a ello, argumentando que existe un impedimento jurídico, en virtud de que la información contenida en el documento debe sujetarse a un procedimiento de transparencia, que está sujeto a un procedimiento de esta naturaleza pendiente de resolución, o incluso que fue objeto de una resolución por parte del organismo garante o de alguno de los organismos especializados locales en materia de acceso a la información pública, en la que se determinó que el documento contiene datos clasificados como confidenciales o reservados; lo anterior, pues la exhibición del documento en el juicio de amparo no implica ni permite que esos datos se publiquen o divulguen ya que, en primer término, el público en general sólo tendrá acceso, en su caso, a una versión pública en la que esos datos se supriman y, en segundo lugar, el órgano jurisdiccional únicamente podrá permitir a las partes el acceso a dichos datos, bajo su más estricta responsabilidad: (i) si su valoración es precisamente la prueba idónea respecto de los hechos a demostrar, siempre que el objeto del acto reclamado no sea el acceso a esa información; (ii) si ello es indispensable para que una o algunas de las partes hagan valer sus derechos con la pretensión de que se dicte una resolución apegada a derecho, bajo su responsabilidad en cuanto al uso y destino de dichos datos; y (iii) con las condiciones y medidas que el propio juzgador considere necesarias para la protección de los datos de que se trata." Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diez de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese sin mayor proveído el oficio 110.02.20593.2023 signado por la Directora General de Procedimientos Constitucionales y Legales en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, toda vez que mediante el diverso oficio ************* se tuvo por rendido el informe solicitado, el cual fue acordado mediante proveído de doce de septiembre de dos mil veintitrés. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio ************ signado por la Directora General de Procedimientos Constitucionales y Legales de la Secretaría de Economía en representación del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos; con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, con el cual se ordena dar vista a las partes para su conocimiento a fin de que manifiesten lo que a su interés legal convenga. Asimismo, con apoyo en los numerales 9 y 28, fracción I, de la ley de la materia, téngase a la responsable designando como delegados a las personas que indica, y por señalado el domicilio precisado en su informe de cuenta. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, uno de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte no obra constancia de que la autoridad responsable Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, haya recibido el oficio ********, mediante el cual se autorizó la prórroga solicitada por el término de diez días para remitir el informe de ley. En consecuencia, la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, se difiere para las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese.
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