Martín Corona Mundo
Expediente 1770/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 6 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1770/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 17/02/2023
Partes del expediente
- Martín Corona Mundo
- Martín Corona Mundo y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Incidental
EN VEINTE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN CUMPLIMIENTO A LO ORDENADO EN PROVEÍDO DE DIECISIETE DEL MES Y AÑO EN CURSO, SE NOTIFICA A LA QUEJOSA EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, EL ACUERDO TRECE DE FEBRERO DEL AÑO EN CURSO POR EL QUE SE NOTIFICA LO RESUELTO POR EL CUARTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA ADMINISTRATIVA DEL TERCER CIRCUITO, QUE A LA LETRA DICE: "Ciudad de México, trece de febrero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio remitido por el secretario del Juzgado Segundo de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, por medio del cual comunica el auto de tres de febrero de este año y remite diversa promoción dirigida a este expediente, en ese sentido se provee: Vista la resolución dictada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, correspondiente a la sesión ordinaria virtual de uno de diciembre de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión 26/2017 de su índice. Hágase del conocimiento de las partes que el referido tribunal determinó lo siguiente: ". PRIMERO. Se dejan intocados los resolutivos primero y segundo del fallo recurrido, regidos por sus considerandos tercero y séptimo. SEGUNDO. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida. TERCERO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a "**********", "**********" y "***********", sociedades anónimas de capital variable, contra los actos reclamados y autoridades precisadas en el resultando primero de esta ejecutoria, por los motivos expuestos en su considerando último. CUARTO. Es infundada la revisión adhesiva. Notifíquese;." De lo anterior, se toma conocimiento para los efectos legales conducentes y realícense las anotaciones respectivas. Ahora bien, del análisis de la ejecutoria dictada por el Tribunal de Alzada, se advierte que dejó intocados los resolutivos primero y segundo del fallo recurrido, regidos por sus considerandos tercero y séptimo, este último en el que se determinó la concesión del amparo y protección de la justicia Federal para los efectos siguientes: "En Consecuencia, con fundamento en el artículo 78 de la Ley de Amparo, lo procedente es conceder a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado, para el efecto de que se desincorpore de su esfera jurídica la regla 2.8.1.6. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de diciembre de dos mil quince, el artículo 28, fracción IV -en relación con el diverso Segundo Transitorio, fracción III- del Código Fiscal de la Federación, vigente a partir del uno de enero de dos mil catorce; es decir, para que no se le apliquen, ni en el presente ni en el futuro, las referidas disposiciones fiscales. (.) Declaratoria de inconstitucionalidad que también trae consigo los efectos siguientes: Que no se apliquen en el presente ni en lo futuro los artículos 42, fracción IX y 53-B, del Código Fiscal de la Federación, al ser dichos preceptos fiscales los que establecen la facultad de la autoridad fiscal para realizar revisiones electrónicas con base en la información y documentación que obre en su poder y el procedimiento aplicable para ello, en el entendido de que para tales efectos resulta necesario que los contribuyentes cumplan con su deber de poner a disposición de dicha autoridad, de manera electrónica, su información contable de conformidad con lo previsto en la fracción IV del artículo 28 del ordenamiento legal en mención, lo que pone de manifiesto el estrecho vínculo existente entre las disposiciones fiscales de las que se trata, al guardar una íntima relación entre sí, casi indisociable en cuanto a la materia, tema, objeto, causa, principio y fuente; consecuentemente, al haberse declarado la inconstitucionalidad del artículo 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación, tal declaratoria implica necesariamente la de los diversos 42, fracción IX y 53-B del mencionado ordenamiento legal. Que no se aplique en el presente ni en lo futuro el Anexo 24 de la Resolución de Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, ello en razón de que prevé el mismo supuesto normativo, con idéntico sentido de afectación, contenido en la regla 2.8.1.6. de la Resolución antes citada. Que no se apliquen en el presente ni en lo futuro la regla 2.8.1.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, el resolutivo Tercero de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce en relación con los diversos Cuarto y Décimo, segundo párrafo, de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, así como los artículos 61 y 62 del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, al ser éstas, disposiciones de observancia general de carácter secundario que pormenorizan y/o desarrollan lo previsto en los artículos 28, fracción IV -en relación con el diverso Segundo Transitorio, fracción III- así como en el numeral 42, fracción IX y 53-B, todos del Código Fiscal de la Federación, por lo que al haberse declarado inconstitucional la normatividad principal a la que se encuentran subordinadas, deben seguir la misma suerte. Que no se aplique en el presente ni en el futuro la parte conducente de la regla 2.8.1.11. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis, el resolutivo Cuarto de la Séptima Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil catorce, así como con los diversos Cuarto y Décimo, primer párrafo, de la Primera Resolución de Modificaciones a la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil quince, que establecen el supuesto en el que los contribuyentes deberán enviar su información contable relativa a las pólizas de registro y los auxiliares de cuenta de nivel mayor y/o subcuenta de primer nivel, cuando le sean solicitadas por la autoridad hacendaria en ejercicio de su facultad de comprobación prevista en el artículo 42, fracción IX, del Código Fiscal de la Federación, al haber sido declarada inconstitucional la práctica de verificaciones fiscales por medios electrónicos. Que no se aplique en el presente ni en el futuro el artículo 22, fracción IV, de la Ley de Ingresos de la Federación para el ejercicio fiscal de dos mil quince, al prever el mismo supuesto normativo, con idéntico sentido de afectación, contenido en el diverso 28, fracción IV, del Código Fiscal de la Federación. Que no se obligue a utilizar en el presente ni en el futuro el sistema de comunicación electrónico denominado "buzón tributario" regulado en el artículo 17-K del Código Fiscal de la Federación y en la regla 2.2.7. de la Resolución Miscelánea Fiscal para dos mil dieciséis; así como tampoco se le efectúen en el presente ni en el futuro las notificaciones electrónicas reguladas de conformidad con las fracciones I y III del artículo 134 del referido Código; lo anterior, siempre y cuando los citados instrumentos electrónicos de comunicación se encuentren relacionados con la fiscalización electrónica de la contabilidad de la parte quejosa regulada en los artículos declarados contrarios al orden constitucional en la presente sentencia; es decir, que para efectos de diversos procedimientos fiscales al que aquí se estudió, dichas disposiciones de observancia general podrán ser exigidas y/o aplicadas a la parte quejosa sin perjudicar el alcance del amparo concedido en esta instancia constitucional." Se requiere cumplimiento de sentencia de amparo. Así, en cumplimiento a lo ordenado por la Superioridad en la ejecutoria en cita, se provee lo siguiente: En principio, no ha lugar a requerirles el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a las Cámaras de Senadores y de Diputados ambas del Congreso de la Unión y Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos en relación con los actos que en el ámbito de su competencia legislativa se les atribuyeron en el juicio, y respecto de los cuales se concedió el amparo y protección de la justicia federal, debido a que el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligarlas a derogar o dejar sin efectos dichos actos. Al respecto, tiene aplicación la tesis 2° CXV/97 (número de registro digital 197512), de la Segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, octubre de 1997, página 414, de rubro y texto siguientes: "INEJECUCIÓN DE SENTENCIA. NO PUEDEN INCURRIR EN ELLA LAS AUTORIDADES QUE SOLAMENTE EJERCIERON FACULTADES LEGISLATIVA O REGLAMENTARIAS. En atención a que en nuestro régimen constitucional la creación de normas jurídicas puede provenir principalmente del Congreso de la Unión y la reglamentaria del Presidente de la República las normas y principios rectores del juicio de amparo son igualmente aplicables en ambos casos, independientemente de la denominación que se les dé, tales como acuerdos o decretos, si cumplen el requisito de ser de carácter general y reúnen los demás atributos materiales configuradores de la ley, tales como la abstracción e impersonalidad. En tal virtud, en aplicación del principio de relatividad de las sentencias de amparo contenido en el artículo 107, fracción II, de la Constitución Federal, que señala que los efectos de las mismas sólo pueden comprender a individuos particulares, limitándose a ampararlos y protegerlos en el caso especial sobre el que verse la queja, sin hacer una declaración general respecto de la ley que motivó el juicio, resulta ocioso pretender el cumplimiento de la sentencia por parte de las autoridades que participaron en el proceso de creación de la ley, reglamento o decreto, hasta su entrada en vigor (refrendo y publicación), porque el juicio de amparo carece de fuerza vinculatoria para obligar a dichas autoridades a derogar o dejar sin efectos sus actos, aun parcialmente, sino que el efecto de la ejecutoria es que las normas declaradas inconstitucionales no se apliquen en perjuicio del quejoso, con la salvedad de que las autoridades que hubieran realizado actos materiales de aplicación de la norma, en acatamiento del amparo, tendrán que dejar insubsistentes sus actos, lo que hace evidente que la sentencia que declare la inconstitucionalidad de esa ley no resulte inocua, en la inteligencia de que todo nuevo acto de aplicación de la norma general declarada inconstitucional, que afecte a dicho quejoso, constituirá la repetición del reclamado, susceptible de ser impugnada conforme al diverso 108 de la Ley de Amparo". Se requiere cumplimiento de sentencia al jefe del Servicio de Administración Tributaria. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de tres días, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, cumpla la ejecutoria en los términos precisados con antelación. Lo anterior, en el entendido de que: La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, por causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se le impondrá, una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. b) Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. c) Se remitirán los autos al tribunal colegiado en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente, por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrán ser consignados en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese, y personalmente a las quejosas por conducto de su representante común". NOTIFÍQUESE
- Incidental
Ciudad de México, diez de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado de autos y la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha las partes hayan interpuesto recurso de revisión en contra de la sentencia, en consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro correspondiente. Ahora bien, cabe precisar que en la sentencia de cinco de enero de dos mil veintitrés se concedió el amparo y protección de la justicia Federal en los siguientes términos: A la quejosa ***************, la concesión respecto del artículo 53-B, fracción IV, párrafo segundo, del Código Fiscal de la Federación es para el efecto siguiente: "(.) DÉCIMO. Efecto de la concesión del amparo. El amparo y protección de la Justicia Federal señalada en supralíneas, se concede para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica a la quejosa durante la vigencia del referido numeral y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previsto para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente. Lo anterior, sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente, en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, se determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho de la quejosa para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación para desvirtuar esos hechos u omisiones, o en su caso, el monto de las contribuciones omitidas. (.) Cabe destacar que el amparo concedido respecto del artículo 53-B, del Código Fiscal de la Federación no se hace extensivo a los artículos 61 y 62 de su reglamento, ya que en estos numerales se pormenoriza lo atinente a la solicitud de información a terceros durante el desarrollo del procedimiento de fiscalización y el desahogo de las periciales que se ofrezcan en el mismo, aspectos que no guardan estrecha relación con lo que fue materia de la concesión del amparo. (.)" REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Atendiendo a los efectos de la sentencia dictada en el juicio de amparo en que se actúa, con fundamento en los artículos 192, párrafo segundo, 193 y 194 de la Ley de Amparo, se requiere al jefe del Servicio de Administración Tributaria, para que en el plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo y dado que no se advierte ninguna complejidad o dificultad en el cumplimiento, ni se trata de caso urgente, realice lo siguiente: a) Informe si a la quejosa Inmobiliaria Visión, sociedad anónima de capital variable, le fue instaurado el procedimiento de revisión electrónica a que se refiere el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo, del Código Fiscal de la Federación. b) En su caso, si dicho procedimiento se efectuó durante la vigencia de la norma contra la cual se concedió el amparo, es decir, hasta antes del treinta y uno de diciembre de dos mil quince. c) De haber instaurado el procedimiento de revisión electrónica, especifique si dicho procedimiento culminó con la ejecución del crédito fiscal a través del procedimiento administrativo de ejecución, derivado del supuesto específico de que las contribuyentes fueron omisas en aportar pruebas o realizar manifestaciones para desvirtuar los hechos y omisiones contenidos en la resolución provisional y el oficio de preliquidación, adjuntando las constancias respectivas. Cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que los efectos del amparo contra el segundo párrafo de la fracción IV del artículo 53-B del Código Fiscal de la Federación se circunscriben a las revisiones electrónicas efectuadas por la autoridad administrativa durante la vigencia de la citada norma, lo que se advierte de la jurisprudencia 2a./J. 161/2016 (10ª), la cual establece: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015. La concesión del amparo contra la referida norma debe ser para el efecto de que, en caso de haberse instaurado un procedimiento de revisión electrónica al quejoso durante su vigencia y éste no hubiera ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con ese propósito debe declararse insubsistente. Lo anterior sin perjuicio de que la autoridad hacendaria, en ejercicio de sus facultades de comprobación, emita la resolución definitiva correspondiente en la que, previa calificación de los hechos u omisiones advertidos, determine en cantidad líquida el monto de las contribuciones omitidas, dejando a salvo el derecho del quejoso para ofrecer las pruebas que estime conducentes en el recurso de revocación a efecto de desvirtuar esos hechos u omisiones o, en su caso, el monto de las contribuciones omitidas." Infórmese a la autoridad responsable el Registro Federal de Contribuyentes de la quejosa, a fin de que pueda dar cumplimiento al requerimiento formulado en este apartado. JUICIO DE AMPARO QUEJOSO RFC 1903/2014 ****************** Todo lo anterior, en el entendido de que: La autoridad responsable debe cumplir la totalidad de lo requerido en la ejecutoria de amparo en el plazo fijado, pues en términos del artículo 195 de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 60/2014 (10a.) el cumplimiento extemporáneo injustificado no las exime de responsabilidad. Se considerará incumplimiento: a) el retraso por medio de evasivas, lo cual se actualizará cuando las autoridades lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo; b) los procedimientos ilegales de las autoridades responsables o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo, entendidos por éstos cuando se lleven a cabo, -so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo-, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. Lo anterior tiene fundamento en el artículo 193, párrafo segundo, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia P./J. 58/2014 (10a.). Apercibimientos por incumplir la sentencia de amparo. En caso de no cumplir con la sentencia de amparo, por causa injustificada, se realizará lo siguiente: Se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la unidad de medida de actualización, de conformidad con lo previsto en los artículos 192, párrafo segundo y tercero, y 193, en relación con los diversos 238 y 258 de la Ley de Amparo. Se emitirá el pronunciamiento en el que se determinará por qué a juicio de esta juzgadora la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero del artículo 193 de la Ley de Amparo. Se remitirán los autos al tribunal colegiado de circuito en materia administrativa, en turno, para seguir con el trámite de inejecución a que se refiere la fracción XVI del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los que en su caso, podría culminar en la separación inmediata del cargo por contumacia y su consignación penal ante el juez de Distrito correspondiente, por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo. Lo anterior, con fundamento en los artículos 192, párrafos segundo y tercero, 193, párrafos primero, quinto y sexto, así como último párrafo del numeral 196 de la Ley de Amparo. Con independencia de lo anterior, se le hace del conocimiento que aun cuando deje su respectivo puesto seguirá siendo responsable del desacato al fallo constitucional durante el tiempo que duró su encargo y, por tal razón, podrá ser consignada en términos de la fracción XVI del precepto 107 constitucional y 198 de la mencionada ley. Notifíquese y por lista a la quejosa en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil veintidós.
- Principal
Ciudad de México, diez de febrero de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que por acuerdo de veintinueve de diciembre de dos mil veintidós, se ordenó que una vez que se contara con las constancias de notificación de ese auto, se turnara al área correspondiente para el dictado de la sentencia, y toda vez que ya obran en el expediente, túrnese al área de proyecto para ese efecto. Notifíquese.
- Principal
Ciudad de México, veinticuatro de enero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos y el oficio número SEADS/693/2022, de veintiséis de octubre de dos mil veintidós, firmado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción de la Secretaría Ejecutiva de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, por el cual se comunica la decisión del propio Pleno del Consejo de la Judicatura, en la que se determinó la adscripción de la jueza Jacqueline Betancourt Silva, a este Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintidós, en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes dicha determinación para los efectos legales conducentes. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 104/2010, definida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXII, Julio de 2010, foja 312, de rubro y contenido siguientes: "SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO. EL CAMBIO DE TITULAR DEL ÓRGANO QUE LA DICTARÁ DEBE NOTIFICARSE A LAS PARTES, PUES DE LO CONTRARIO SE ACTUALIZA UNA VIOLACIÓN PROCESAL QUE AMERITA REPONER EL PROCEDIMIENTO, SIEMPRE QUE SE HAGA VALER EN LOS AGRAVIOS DEL RECURSO DE REVISIÓN EL ARGUMENTO REFERENTE AL IMPEDIMENTO DEL JUEZ A QUO PARA CONOCER DEL ASUNTO. Del primer párrafo del artículo 66 de la Ley de Amparo se advierte que los juzgadores federales no son recusables; sin embargo, están obligados a manifestar su impedimento para conocer del juicio de actualizarse alguna de las causas previstas en las diversas fracciones del propio precepto. Por su parte, el primer párrafo del artículo 70 del indicado ordenamiento establece que las partes podrán alegar el impedimento de los juzgadores federales, por lo que para formularlo deben conocer quién es el titular del órgano jurisdiccional que dictará la sentencia o resolución correspondiente, para lo cual en caso de cambio de titular, debe notificarse, por regla general, mediante lista al quejoso y al tercero perjudicado, y por oficio a las autoridades responsables, en términos del artículo 28, fracciones I y III, de la Ley, salvo que el Juez del conocimiento, con fundamento en el artículo 30 de la referida legislación, ordene que se haga personalmente. Ahora bien, la violación procesal consistente en la falta de notificación a las partes del cambio de titular trasciende al resultado del fallo y, por ende, con fundamento en el artículo 91, fracción IV, de la Ley de Amparo, debe reponerse el procedimiento; lo anterior siempre que la recurrente haga valer en los agravios el argumento referente al impedimento del Juez, pues de no hacerlo así, aun cuando exista dicha violación al procedimiento, no trasciende al resultado del fallo, siendo innecesario ordenar la reposición del procedimiento, pues ello a nada práctico lleva y, por el contrario, dilataría la impartición de justicia en contravención del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Po otra parte, téngase por recibido el oficio signado por el secretario de acuerdos adscrito al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida, Yucatán, mediante el cual remite el testimonio de la ejecutoria dictada en el amparo en revisión A.R. 358/2017 de su índice, así como los autos del juicio de amparo citado al rubro. Acúsese el recibo vía interconexión en términos de lo establecido en los artículos 3, 4, 6 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los Servicios de Interconexión Tecnológica entre los Órganos Jurisdiccionales con diversas Instituciones Públicas. Hágase del conocimiento de las partes que el tribunal colegiado oficiante, en sesión de cinco de enero de dos mil veintitrés, resolvió: "Por lo expuesto y fundado y con apoyo en además en los artículos 81, fracción I, inciso e), 84, 92 y 93 de la Ley de Amparo, se resuelve: PRIMERO.- Se REVOCA la sentencia impugnada. SEGUNDO.- SE ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO en el juicio de amparo que "********** promovió en contra de los actos que reclamó de las Cámaras de Diputados y de Senadores, ambas del Congreso de la Unión, Presidente de la República, y Jefe del Servicio de Administración Tributaria." Realícense las anotaciones respectivas, estese a lo resuelto por dicho tribunal y hágase del conocimiento a las demás partes, de lo anterior, se toma conocimiento. Por otra parte, glósense únicamente las constancias que en original obran en el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de referencia, al cuaderno principal. Es importante señalar que en el considerando tercero, específicamente en el apartado denominado "Decisión" de la ejecutoria, el tribunal colegiado señaló, entre otros, los efectos para los que determinó reponer el procedimiento: "-Decisión- En las relacionadas consideraciones, procede revocar la resolución recurrida para que, reponiendo el procedimiento, la Juez de Distrito, observando las normas fundamentales que rigen el procedimiento, dicte la sentencia que en derecho corresponda. " En ese contexto, en estricto acatamiento a lo ordenado por el tribunal colegiado, se deja sin efectos la sentencia de tres de noviembre de dos mil dieciséis, y una vez que se cuente con las constancias de notificación de este proveído, realícese el acuerdo respectivo para que se turnen los presentes autos, al área de proyecto a fin de que se dicte la sentencia que en derecho corresponda. Notifíquese y por medio de lista a la quejosa en cumplimiento a lo ordenado en acuerdo de tres de septiembre de dos mil quince.
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