Martin Arias Montes

Expediente 1011/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 7 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
1011/2019
Año
2019
Actuaciones
7
Última actuación
09/12/2019

Partes del expediente

  • Martin Arias Montes

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Ciudad de México, nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, en la que se hace constar que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 en relación con el diverso 81, fracción I, inciso e), ambos de la Ley de Amparo, sin que a la fecha la parte quejosa hubiera interpuesto recurso de revisión contra la sentencia dictada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en lo establecido en los numerales 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la citada ley de conformidad con lo dispuesto en su artículo 2, se declara que dicha sentencia en la que se sobreseyó en el juicio de amparo en que se actúa ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico. ARCHIVO DEL ASUNTO COMO TOTAL Y DEFINITIVAMENTE CONCLUIDO Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno electrónico y toda vez que el expediente en que se actúa se encuentra debidamente integrado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido, previa verificación de la correcta integración electrónica con la totalidad de las constancias que integran el expediente judicial, consideradas como tales únicamente las promociones y actuaciones judiciales. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis I. 1o.A.E.6 K (10a.), sustentada por el Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, localizable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 6, mayo 2014, Tomo III, página 1994, cuyo rubro y texto son: "EXPEDIENTE JUDICIAL. CONSTANCIAS QUE LO INTEGRAN. De la interpretación correlacionada de los artículos 63 y 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles; punto segundo, fracción XX, del Acuerdo General Conjunto Número 2/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Tribunales Colegiados de Circuito, y artículo 12, incisos d) y e), del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de los órganos mencionados y del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, el expediente judicial es el conjunto ordenado o recopilación de documentos en los que constan los actos procesales, es el legajo donde deben coleccionarse o compilarse promociones, documentos adjuntos -específicamente, los base de la acción-, tales como poderes y, de manera especial, acuerdos, actuaciones y resoluciones, en la medida que acreditan lo actuado por las partes y el tribunal, cuyo contenido se guarda como memoria o testimonio en el propio órgano. En otras palabras, es el registro histórico del proceso. Por otra parte, existen evidencias o pruebas que se presentan por las partes ante tribunales para apoyar o dar crédito a sus manifestaciones, elementos que temporalmente se relacionan o asocian con el expediente judicial y deben estar disponibles para consulta de juzgadores, secretarios, partes y auxiliares, como son los peritos o testigos, durante la secuela judicial. Algunas de las evidencias presentadas en autos, si es que resultan relevantes y esenciales para probar la decisión, pueden ser citadas o incluso guardarse testimonio de ellas, lo que acontece con ciertas copias, fotografías, esquemas u otros supuestos generados mediante alguna otra tecnología, que razonablemente puedan ser agregadas al expediente. Sin embargo, concluida la instancia y recursos, se devuelven a las partes o autoridades responsables las pruebas exhibidas, por lo que nunca llegan a convertirse en parte del expediente judicial. En este orden de ideas, las constancias que integran el expediente judicial son exclusivamente las promociones y actuaciones judiciales." DESTINO DEL JUICIO DE AMPARO Por otra parte, conforme al Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que establece los lineamientos relativos a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de diciembre de dos mil doce, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se ubica en la hipótesis establecida en el punto Vigésimo Primero, fracción I, del mencionado Acuerdo General Conjunto, pues se trata de un expediente en el que se decretó el sobreseimiento, y a juicio del suscrito, carece de relevancia documental para su conservación, ya que no se ubica en alguna de las hipótesis previstas en el último párrafo del punto y Acuerdo General Conjunto invocados; en consecuencia, procédase a su cumplimiento, una vez que haya trascurrido el plazo de cinco años a que se refiere el punto Vigésimo Primero, párrafo primero, del referido Acuerdo. CUADERNO INCIDENTAL En relación con el cuaderno relativo al incidente de suspensión, manténgase por separado en términos de lo señalado por el Manual referido en el párrafo que antecede; por lo que hace al duplicado, con fundamento en la fracción III del punto Vigésimo del aludido acuerdo, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere dicha disposición, procédase a su destrucción, toda vez que existe el original. Por lo que respecta al cuaderno original del incidente de suspensión, con fundamento en el punto Vigésimo Primero, fracción III, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto en cita, se determina que es susceptible de depuración, dado que se concedió la medida cautelar solicitada. Asimismo, atento lo ordenado en el segundo párrafo del punto Décimo Primero del referido Acuerdo, háganse las anotaciones respectivas en la carátula del expediente en que se actúa. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo a que este expediente corresponde. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días previsto en el artículo 117, segundo párrafo de la Ley de Amparo respecto de la vista que se ordenó dar a las partes en proveído de tres de octubre del año en curso, con el informe justificado rendido por la autoridad responsable Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; en consecuencia, de conformidad con lo dispuesto en el precepto antes invocado, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se fijan para que tenga verificativo las ONCE HORAS DEL TREINTA Y UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE. Este plazo se estima suficiente para que transcurra en su totalidad el plazo de ocho días a que se refiere el precepto citado, en términos de la jurisprudencia 2ª./J. 21/2008 (registro 170081), de rubro: "INFORME JUSTIFICADO PRESENTADO EN FORMA EXTEMPORÁNEA. EL PLAZO DE 8 DÍAS A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 149 DE LA LEY DE AMPARO, DEBE TRANSCURRIR, EN SU INTEGRIDAD, ENTRE LA FECHA EN QUE SE DIFIERE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Y LA NUEVA SEÑALADA POR ESE MOTIVO". Notifíquese; y, por oficio a las autoridades responsables.

  4. Principal

    Ciudad de México, veinte de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y la certificación de cuenta en la que se hace constar que feneció el plazo de cinco días concedido al promovente de la demanda de amparo en el acuerdo de seis de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se le requirió a efecto de que precisara si a su interés legal convenía llamar a esta instancia constitucional al Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos y, en su caso, atribuirle como acto reclamado la promulgación del Decreto por el que se expide la Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos, Reglamentaria de los artículos 75 y 127 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se adiciona el Código Penal Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de noviembre de dos mil dieciocho, sin que hubiere presentado escrito alguno con el que desahogara dicho requerimiento; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, por lo que, se tienen como autoridades responsables únicamente a aquellas que señaló en el capítulo correspondiente de su escrito inicial de demanda. DESECHAMIENTO PARCIAL DEL ESCRITO DE LA DEMANDA DE AMPARO Por otra parte, en el caso, se considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción III, de la Ley de Amparo, en atención a lo siguiente: A efecto de analizar la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III, de la Ley de Amparo, debe acudirse a su contenido, el cual señala: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: III. Contra actos del Consejo de la Judicatura Federal;" Dicho precepto establece la improcedencia del juicio de amparo contra actos del Consejo de la Judicatura Federal. En efecto, el Consejo de la Judicatura Federal, es un órgano del Poder Judicial de la Federación con independencia técnica y de gestión para emitir sus resoluciones; es el encargado de la administración, vigilancia y disciplina de los órganos jurisdiccionales, con excepción de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Asimismo, de conformidad con el artículo 100, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las decisiones del Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de sus atribuciones constitucionalmente encomendadas, conforme al diverso 94 constitucional, a saber, las de administración, vigilancia y disciplina del Poder Judicial de la Federación, así como las vinculadas con los conflictos de trabajo suscitados entre éste y sus trabajadores, son definitivas e inatacables; sin embargo, excepcionalmente, el juicio de amparo procede contra las decisiones que pueda afectar derechos de terceros que no forman parte de las estructuras del Poder Judicial de la Federación; por tanto, en congruencia con los principios de interpretación más favorable a la persona de interpretación conforme, la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III de la Ley de Amparo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido que sólo se actualiza tratándose de los actos que hubieren sido emitidos por dicha autoridad en el ejercicio de sus atribuciones constitucionales en lo que se refiere a su régimen interno, como lo es en este caso. Ahora bien, acorde a lo señalado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contra actos del Consejo de la Judicatura Federal, ha establecido que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, son terceros o personas ajenas al Poder Judicial de la Federación: 1) no sean parte de un conflicto entre el Poder Judicial de la Federación y sus trabajadores (segundo párrafo de la fracción XII del apartado B del artículo 123 de la Constitución Federal); 2) estén fuera del ámbito del encargo del Consejo de la Judicatura Federal (artículo 94 constitucional); 3) no tengan relación con la designación, adscripción, ratificación y remoción de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito (artículo 100, párrafo noveno, de la Ley Suprema); 4) no tengan que ver con la expedición de acuerdos generales para el adecuado ejercicio de las funciones del citado Consejo (artículo 10, párrafo octavo, constitucional). En resumen, se consideran terceros o personas ajenas al Poder Judicial de la Federación quienes no tengan injerencia en las funciones para las que el Consejo de la Judicatura Federal fue expresamente creado ni existía vínculo laboral con éste y, por otra parte, sean afectadas por sus resoluciones; por tanto, toda vez que el nombramiento que ocupa el quejoso, fue expedido por el Consejo de la Judicatura Federal, resulta evidente que no encuadra en las excepciones de procedencia del juicio de amparo. Lo anterior, encuentra sustento en el criterio que se plasmó en la tesis aislada P. XIII/2015 (10a.), con registro 2009919 y rubro: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, FUNCIONANDO EN PLENO O COMISIONES. EL ARTÍCULO 61, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO ES CONFORME CON EL NUMERAL 100, PÁRRAFO NOVENO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS [ABANDONO DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 12/2013 (10a.)]." Por su parte, en la Segunda Sala de la Corte, siguiendo el criterio del Pleno previamente referido, señaló la procedencia del juicio de amparo contra el Consejo de la Judicatura Federal, por la omisión de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición, toda vez que la finalidad es que el funcionario o servidor público dé respuesta a la petición formulada por escrito de manera pacífica y respetuosa. La Sala aclaró que esa decisión no regiría para aquellas solicitudes elevadas dentro de un procedimiento administrativo seguido ante el Consejo pues no obedecen a la naturaleza de lo que propiamente se conoce como derecho de petición. Tal razonamiento se encuentra en la jurisprudencia 2a./J. 122/2016 (10a.), con registro 2012719 y rubro: "CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. CONTRA LA OMISIÓN DE RESPONDER UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN, PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." En consecuecia, procede desechar de plano la demanda de amparo, respecto de los actos reclamados al Consejo de la Judicatura Federal, al actualizarse de manera notoria y manifiesta la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción III de la Ley de Amparo. ADMISIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO En otro orden de ideas, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, fracción I, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 115, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 4/2019 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se admite a trámite la demanda de amparo promovida por **********, por propio derecho, contra actos de la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión y otras autoridades. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Ahora bien, visto el estado de autos de los que se advierte que la parte quejosa solicitó la suspensión de los actos reclamados en el escrito de la demanda de amparo, por lo que el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante auto de veintiuno de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 11 a 22), ordenó formar por duplicado y separado el cuaderno del incidente de suspensión respectivo; incidencia en que se ha dictado la interlocutoria respectiva y se resolvió lo conducente respecto a la suspensión definitiva de los actos reclamados; por lo que, en auto de veinte de junio del año en curso (foja 90), se ordenó el cambio de caratula al cuaderno incidental de referencia. SEÑALAMIENTO DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se señalan las DIEZ HORAS CON CINCUENTA Y CUATRO MINUTOS DEL DIECISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. REQUERIMIENTO DE INFORMES JUSTIFICADOS En términos de los artículos 115 y 117 de la Ley de Amparo, se requiere a las autoridades responsables sus respectivos informes justificados, las cuales deberán hacerlo dentro del plazo de quince días contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído; señalando las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio de amparo y la constitucionalidad y/o legalidad del acto reclamado, debiendo acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias respectivas. Sin que sea procedente remitirles copia del escrito de la demanda de amparo, en atención a que el juzgado de origen ordenó su remisión a las autoridades responsables a efecto de que estuvieran en aptitud de rendir su informe previo correspondiente en el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo en que se actúa. De igual manera, se solicita a las autoridades responsables que, en caso de que el acto reclamado derive de un procedimiento jurisdiccional o administrativo seguido en forma de juicio, en su informe justificado señalen el último período vacacional del que gozaron, así como los días inhábiles o aquéllos en los que suspendieron sus labores, desde la emisión de los actos reclamados hasta la fecha de la presentación de la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 260, fracción II, del citado ordenamiento legal, se apercibe a las citadas autoridades que en caso de que omitan rendir su informe justificado, o bien, no remitan las constancias correspondientes, se les impondrá una multa de cien a mil veces el valor de la Unidad de Medida y Actualización. ACTUALIZACIÓN DE CAUSALES DE SOBRESEIMIENTO Conforme al artículo 64 de la Ley de Amparo, se requiere a las partes para que, en el supuesto de que tengan conocimiento de la actualización de alguna causal de sobreseimiento, lo comuniquen de inmediato a este órgano jurisdiccional y, de ser posible, acompañen las constancias que la acrediten; apercibidas que de no hacerlo, se les impondrá una multa equivalente de treinta a trescientas Unidades de Medida y Actualización, en términos del artículo 251 de la Ley de Amparo. NOTIFICACIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO DE LA FEDERACIÓN ADSCRITO (HOY FISCAL EJECUTIVO TITULAR) Conforme al artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese la intervención que corresponde al agente del ministerio público de la federación adscrito (hoy Fiscal Ejecutivo Titular). Al respecto, siendo que en el presente asunto se reclaman normas generales, con fundamento en el artículo 26, fracción II, inciso c), de la Ley de Amparo, notifíquense vía oficio las determinaciones de este expediente a la representación social. ESTADO PROCESAL DE AUTOS Por otro lado, visto el estado procesal de autos del que se advierte que el juzgado de origen reservó acordar lo conducente respecto de las promociones con número de folio 313, 1045, 1139, 1468 y 1612, hasta en tanto el Tribunal de alzada resolviera lo conducente en relación con el Impedimento 6/2019 planteado en autos, resolución de dicho expediente ya obra en autos y en proveído de seis de septiembre del año en curso, se acordó lo conducente. RENDICIÓN DE INFORMES JUSTIFICADOS Agréguese a los autos el oficio registrado con el número de control interno 313 del juzgado de origen, remitido por la autoridad responsable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; atento su contenido, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se tiene por rendido el informe justificado de la autoridad responsable de referencia; con el mismo dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. De conformidad con lo establecido en los artículos 9 y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se tienen por designadas como delegados a las personas que refiere y por señalado como domicilio para oír y recibir notificaciones el que se indica. En atención a que la autoridad responsable Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, no obstante de que no se le ha requerido para que rinda su informe justificado, el mismo ya lo rindió (fojas 30 a 55), por ello, no ha lugar a requerírselo nuevamente, teniendo en cuenta lo acordado en el párrafo precedente a ese respecto. PRUEBAS DOCUMENTALES De conformidad con el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas documentales que se anexaron al escrito inicial de demanda, las cuales se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de hacer relación de ellas en la audiencia constitucional. Finalmente, agréguense únicamente para que obren como corresponda los oficios con número de registro 1045, 1139, 1468 y 1612, signados por el Director General de Recursos Humanos del Consejo de la Judicatura Federal y por la titular de la Dirección General de Asuntos Jurídicos, representante del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que en párrafos precedentes de la presente determinación judicial se desechó parcialmente la demanda respecto de los actos reclamados al Consejo de la Judicatura Federal, por las consideraciones ya precisadas. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa; y, por oficio a las autoridades responsables, así como al Agente del Ministerio Público de la Federación (hoy Fiscal Ejecutivo Titular).

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