Martin Camaño Alatorre

Expediente 102/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2019.

Datos del expediente

Expediente
102/2019
Año
2019
Actuaciones
5
Última actuación
30/04/2019

Partes del expediente

  • Martin Camaño Alatorre

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, treinta de abril de dos mil diecinueve. Visto el estado de los autos en el juicio de amparo 102/2019-V, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido la sentencia dictada en el juicio de amparo el cinco de abril de dos mil diecinueve, en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 22 y 31 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia cuyo único punto resolutivo determinó sobreseer en el presente juicio de amparo, ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En mérito de lo anterior, y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Asimismo, se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción, ya que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción II, del Acuerdo General referido en el párrafo anterior. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Vistos los autos del juicio de amparo 102/2019-V-B, promovido por MARTÍN CAMAÑO ALATORRE, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Demanda. Por escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnada y recibida ese día en este órgano jurisdiccional, MARTÍN CAMAÑO ALATORRE, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que reclama del Ayuntamiento de Axochiapan Morelos. SEGUNDO. Admisión y trámite. Previo desahogo de prevención, por auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve (fojas 13 a 15), se admitió la demanda de garantías, quedando registrada bajo el número de expediente 102/2019-V-B; se solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación, se dio la intervención legal correspondiente al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción, y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, que dio inicio en los términos del acta que antecede; y, CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, ejercerán jurisdicción en el Circuito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa; además, por reclamarse las conductas omisivas de autoridades que ejercen sus funciones dentro de la circunscripción territorial de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa el acto reclamado. Así, el acto reclamado consiste en: La omisión del Ayuntamiento de Axochiapan Morelos, en dar contestación al escrito presentado por el quejoso el diecisiete de julio de dos mil dieciocho. TERCERO. Certeza del acto reclamado. Es inexistente el acto reclamado, ello, toda vez que a efecto de determinar la inexistencia del acto reclamado conviene precisar que la parte quejosa lo hace consistir en la omisión de la responsable, a dar contestación a su escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil dieciocho. Lo anterior se afirma ya que la parte quejosa es quien tiene la carga de aportar al juicio de amparo los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto reclamado y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal. Atento a ello, la parte quejosa no acreditó haber elevado pretensión alguna a la autoridad señalada como responsable, en la que haya cumplido las exigencias mínimas a que se refiere el artículo 8 Constitucional (por escrito, de manera pacífica y respetuosa). Máxime que el Ayuntamiento de Axochiapan Morelos, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante que fue notificada del auto por el que se le requirió (foja 18). Sin embargo, como se precisó en las líneas que preceden, el impetrante del amparo omitió probar tales asertos, virtud a que de conformidad con el principio general del derecho que dice: el que afirma siempre está obligado a probar, mismo que se encuentra contenido en los artículos 81 y 82 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; es decir, que la parte quejosa estaba constreñida a demostrar sus aseveraciones. Ciertamente, el artículo 82, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, establece: "Artículo 82.- El que niega sólo está obligado a probar: I.- Cuando la negación envuelva la afirmación expresa de un hecho.; [.]". Del precepto transcrito deriva una de las reglas procesales en cuanto a la carga de la prueba que rigen al juicio de amparo, que consiste en que, cuando una de las partes niega un hecho, y dentro de esa negativa se encierra una afirmación expresa de un hecho, la parte que lo negó se encuentra obligada a probar. Sin embargo, la parte quejosa no aportó ningún medio de convicción que corroborara su afirmación, pues bastaba con presentar el acuse del escrito presentado el diecisiete de julio de dos mil dieciocho para corroborarlo; en ese sentido, este juzgador no se encuentra en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, toda vez que por los motivos expuestos queda a cargo del quejoso aportar al presente juicio de amparo, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del mismo. Sirve de apoyo, la tesis número 4, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la página novecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XV, febrero de dos mil dos, Novena Época, con el rubro siguiente: "PRUEBA, CARGA DELA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO." Lo anterior es así, puesto que de las constancias que obran en autos, no se advierte algún documento que pudiera acreditar, de forma indiciaria a este Juzgado de Distrito que la responsable ha sido omisa a dar contestación al escrito presentado por la parte quejosa; en consecuencia, no se encuentra desvirtuada la negativa del acto atribuido a la responsable. En ese sentido, se repite, estamos ante la inexistencia del acto reclamado. Por ende, lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo, en relación con el acto reclamado aquí analizado, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis número IV.3o.72.K, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible a página 254, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIII, de Enero de dos mil novecientos noventa y cuatro, Materia Común: "JUICIO DE AMPARO. IMPROCEDENCIA DEL. POR INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. Es improcedente el juicio de amparo cuando a la fecha de presentación de la demanda no existía el acto reclamado, por lo que es correcto el sobreseimiento decretado con fundamento en la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo, toda vez que la existencia del acto reclamado debe analizarse con relación a la fecha de la presentación de la demanda, y no por hechos posteriores a ésta, ya que de lo contrario la sentencia tendrá que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron origen al juicio de garantías." Por otra parte, es de mencionar que no procede ocuparse del análisis de los conceptos de violación planteados por la parte quejosa en cuanto al acto de autoridad que reclama, en razón de que estos aspectos corresponden al estudio de fondo, lo que no es dable verificar, si se resuelve sobreseer en el presente juicio de amparo, como en la especie sucedió, porque con ello se impide juzgar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de tal acto. Por lo expuesto y fundado, se; RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee el juicio de amparo promovido por MARTÍN CAMAÑO ALATORRE, contra el acto reclamado precisado en el considerando segundo de esta sentencia y por las razones indicadas en el considerando tercero. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe hasta hoy cinco de abril de dos mil diecinueve, en que las labores del juzgado lo permitieron.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de marzo de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad señalada como responsable, por auto de ocho de febrero de dos mil diecinueve, para rendir su informe justificado; por lo tanto, para dar tiempo a la llegada de los mismos, resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijando en su lugar las DIEZ HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL DIECINUEVE, para que tenga verificativo. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, ocho de febrero de dos mil diecinueve. Se tiene por recibido el escrito signado por MARTÍN CAMAÑO ALATORRE, mediante cual en cumplimiento al auto de veintinueve de enero del año en curso, subsana la prevención realizada por este Juzgado Federal; atento a lo anterior, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta los efectos legales a los que haya lugar; en tal circunstancia, se provee: ADMISIÓN DE DEMANDA. Visto el escrito de demanda presentado por MARTÍN CAMAÑO ALATORRE por su propio derecho contra actos del Ayuntamiento Municipal de Axochiapan, Morelos; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción I, VII y XV de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 37, 107, 108, 116 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente, se admite la demanda de amparo. DETERMINACIÓN SOBRE EL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en el artículo 125, de la Ley de Amparo, no se ordena la apertura del incidente de suspensión, en razón de que no fue solicitado. SOLICITUD DE INFORME A LA AUTORIDAD RESPONSABLE. Requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, el que de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, deberá rendir dentro del término de quince días hábiles contados desde el día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación que se le practique de este acuerdo, conforme al artículo 31, fracción I, de la Ley de Amparo, en el que tendrá que expresar si es cierto o no el acto reclamado y exponer las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia del juicio, con la obligación de remitir copia certificada legible de la totalidad de las constancias en que lo apoyen, con el apercibimiento que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. Infórmese a la autoridad responsable que en caso de que la documentación a que se refiere el párrafo anterior contenga información clasificada como confidencial o reservada deberá hacerlo del conocimiento de este Juzgado, previo análisis, valoración y, en dado caso, aplicación de la prueba de daño, para que, de así proceder, la remita en versión pública, por corresponder al ámbito de su competencia, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 6º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 108, 113, 114 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. FIJACIÓN DE FECHA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del ocho de marzo de dos mil diecinueve, para la celebración de la audiencia constitucional. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado, la intervención que legalmente corresponde ya que es parte en el presente juicio, conforme al artículo 5, fracción IV, de la ley de la materia. OBLIGACIÓN DE LAS PARTES. Se precisa que la parte quejosa y autoridades responsables, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este tribunal de amparo, en cuanto tengan conocimiento de la existencia de alguna causa de sobreseimiento y, de ser posible, acompañar las constancias que la acrediten, en términos de lo dispuesto por el artículo 64 de la Ley de Amparo; apercibidas que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 de la Ley de Amparo, se les impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización. OBLIGACIONES DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Se indica que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha y la autoridad será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES. El artículo 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del día siguiente de su publicación, ordena hacer públicas las sentencias que causen estado o ejecutoria; por tanto, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, de conformidad con el artículo 8, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase saber a las partes que con independencia que se opongan o no la publicación de sus datos personales, debe privilegiarse el derecho a su protección, por lo que deberán suprimirse de las versiones públicas, de las resoluciones y sentencias que, en su caso, se llegase a dictar, sus nombres, datos personales e información reservada, lo anterior de conformidad con el párrafo último del artículo 2 transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ conforme a los pasos que ahí se precisan. NOTIFICACIÓN DEL AUTO ADMISORIO. Sin que haya lugar a notificar personalmente a la parte quejosa el presente auto, en virtud de que es obligación del promovente de amparo cerciorarse del auto de admisión; aunado a ello, el numeral 26, de la Ley de Amparo, no establece la obligación de notificar personalmente al quejoso el acuerdo de admisión de su demanda, habida cuenta que este tipo de notificación se hace en el emplazamiento del tercero interesado -siempre que exista- y de la primera notificación que deba hacerse a personas distintas de las partes en el juicio, no así al impetrante de amparo. En otro orden de ideas, se instruye al Actuario judicial para que los subsecuentes acuerdos que se lleguen a presentar cuya trascendencia no amerite notificar personalmente, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este Juzgado, incluidas las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en la fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el Juez está obligado a comunicar por esa vía las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, a manera enunciativa, los diferimientos de la audiencia constitucional no fueron precisados como un caso de excepción, de ahí que resulta suficiente que ese tipo de acuerdos se notifique por medio de lista en términos del artículo 29, de la legislación federal en consulta, al actualizarle el supuesto previsto por el diverso numeral 26, fracción III. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, aunado que a través de ella se les informa en su residencia oficial o en el domicilio señalado para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores, de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que deba ajustarse a las directrices precisadas por el legislador invocadas por el numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. La anterior determinación encuentra sustento en la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) sustentada por la Segunda Sala visible en la página 1253 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Libro XVI, enero de dos mil trece, Tomo 2, correspondiente a la Décima Época, del rubro "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS.". NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

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