Martín Calvillo Martínez

Expediente 101/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 6 de abril de 2016.

Datos del expediente

Expediente
101/2016
Año
2016
Actuaciones
6
Última actuación
06/04/2016

Partes del expediente

  • Martín Calvillo Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, seis de abril de dos mil dieciséis. Visto el estado que guardan los autos en el presente juicio de amparo y toda vez que de constancias que obran en autos se advierte que la autoridad oficiante fue debidamente notificada del auto de ocho de marzo del año en curso, en el que se puntualizó que dentro del plazo otorgado a las autoridades deberían realizar todos los actos necesarios para cumplir con la ejecutoria; sin embargo, a la fecha las autoridades responsables y superiores jerárquicos del Tesorero del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, no han dado cumplimiento a la sentencia de amparo, ni han demostrado encontrarse en vías de cumplimiento. Por lo anterior, este juzgado procede en términos del artículo 193, primer párrafo de la Ley de Amparo y el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), señalada en el auto de DOS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECISÉIS y OCHO DE MARZO DE DOS MIL DIECISÉIS; y se advierte que en el caso, existe incumplimiento por parte de la autoridad responsable María Concepción Cárdenas Fuan, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, así como al superior jerárquico de ésta, para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues no obstante estar notificadas del acuerdo por el que se le ordenó cumplir con ella, no han demostrado haber realizado, ni un solo acto, por lo menos en parte, para advertir que ha tratado de cumplir con la devolución de las cantidades de dinero, para restituir al quejoso en el goce del derecho violado, por lo que no acreditan estar en vías de cumplir con la ejecutoria de amparo ni las circunstancias que justifiquen la causa del retraso. En consecuencia, al haber transcurrido el término otorgado mediante auto de ocho de marzo de dos mil dieciséis, se hace efectivo el apercibimiento en el decretado, y con fundamento en la fracción I, del artículo 258 de la Ley de Amparo, se impone a María Concepción Cárdenas Fuan, quien funge como Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos y a José Fernando Aguilar Palma, quien funge como Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, una multa por la cantidad de cien Unidades de Medida y Actualización, que equivale a la cantidad de $7,304.00 (siete mil trescientos cuatro pesos 00/100 moneda nacional); por tanto, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, Morelos, para que dentro del término de veinticuatro horas que será computado legalmente, informe las medidas adoptadas para el cobro de las multas, apercibido que de no hacerlo así, con fundamento en la fracción I, del artículo 237 [1] de la Ley de Amparo, se le impondrá multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación. En el entendido de que pueden ser localizadas en el domicilio ubicado en Plaza 10 de Abril sin número, colonia Centro, Emiliano Zapata, Morelos. Sirve de apoyo a la anterior determinación, la tesis P./J. 58/2014 (10a.), Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 12, Noviembre de 2014, Tomo I, página 11, con número de registro 2007914, que a su rubro y letra dice: "CUMPLIMIENTO DE SENTENCIAS DE AMPARO. SUPUESTOS EN LOS CUALES SE ACTUALIZA UN RETRASO CON MOTIVO DE LAS EVASIVAS O PROCEDIMIENTOS ILEGALES DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE Y/O VINCULADA AL CUMPLIMIENTO, QUE JUSTIFICA IMPONER A ÉSTAS UNA MULTA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 193 DE LA LEY DE AMPARO (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). En términos del citado precepto legal, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En atención a lo anterior, en los casos en que las autoridades pretendan acreditar el cumplimiento de la sentencia de amparo -pero no cuando han sido omisas al respecto-, el Juez de Distrito o el Tribunal Colegiado de Circuito, según sea el caso, deberá considerar si la actuación de la autoridad responsable o vinculada al cumplimiento implica un actuar evasivo respecto del incumplimiento de la sentencia de amparo o si se han efectuado procedimientos ilegales que retarden su cumplimiento, cuyo objetivo consista en no cumplir con el mandato federal, pues sólo en esos supuestos deberá imponerse la multa correspondiente y continuar con el procedimiento de inejecución, mediante el envío de los autos al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda, para que en el momento procesal oportuno, en caso de que proceda, se determine la destitución del cargo y, posteriormente, la consignación de las autoridades contumaces. Así, el incumplimiento por medio de evasivas se actualizará cuando las autoridades responsables o vinculadas lleven a cabo actos intrascendentes respecto del cumplimiento del fallo, lo que, en todo momento, deberá analizarse en función tanto de los efectos plasmados en la sentencia de amparo, como, y especialmente, del requerimiento de su cumplimiento, pues en la medida en que éstos se encuentren claramente determinados, podrán imponerse las sanciones aplicables por el incumplimiento del fallo protector. Debe entenderse que se retrasa el cumplimiento de la sentencia de amparo por medio de procedimientos ilegales, cuando se lleven a cabo, so pretexto de generar una condición de determinación de los deberes impuestos en la sentencia de amparo, procedimientos innecesarios para el cumplimiento de la sentencia constitucional en la medida en que no son condiciones exigibles por el fallo. En términos de lo anterior, debe considerarse que si una autoridad responsable o vinculada, según sea el caso, propone el cumplimiento de la sentencia de amparo y ello no satisface al órgano jurisdiccional -pero éste no advierte una actitud evasiva o la práctica de procedimientos ilegales que generen retraso en el cumplimiento de la sentencia-, se deberá requerir de nueva cuenta el cumplimiento de la sentencia de amparo especificando qué debe realizar la autoridad responsable y/o vinculada al cumplimiento y las razones por las que el acto con el que la autoridad pretendía cumplir no satisfacen esta condición, sin que ello dé lugar a la imposición de una multa o al envío de los autos al órgano jurisdiccional competente (Tribunal Colegiado de Circuito o Suprema Corte de Justicia de la Nación, según corresponda) para continuar el trámite respectivo, pues esto último sólo ocurrirá cuando se advierta que se actualiza alguna o ambas de las condiciones apuntadas -actos evasivos o la práctica de procedimientos ilegales- que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo, tal y como se establece en el artículo 196 de la ley de la materia. De igual manera, cuando las autoridades judiciales de amparo adviertan que existe exceso o defecto en el cumplimiento de la sentencia de amparo y que por ello no puede tenerse como cumplida tal y como lo ordena el artículo 196 de la Ley de Amparo, ello tampoco da lugar a que se continúe con el trámite de inejecución que eventualmente puede concluir con la aplicación de las sanciones (pecuniaria, separación del cargo y consignación ante un Juez penal), sino que se deberá requerir a la autoridad para que subsane dicha deficiencia (exceso y defecto) y exprese con claridad la razón por la que se considera que existe un cumplimiento excesivo o defectuoso." En esas condiciones, se procede a proveer lo siguiente: II. REQUERIMIENTO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con independencia de lo anterior, conforme a los establecido en el punto IV derivado de la jurisprudencia P./J.54/2014(10a.), indicada en los párrafos que anteceden, que señala que una vez transcurrido el término concedido para el cumplimiento, el Juez deberá multar a las autoridades en los términos indicados en la Ley de Amparo y esperar un plazo razonable e improrrogable para que la autoridad cumpla con la sentencia de amparo antes de iniciar el procedimiento de inejecución ante el Tribunal Colegiado de Circuito. Ahora bien, se procede a realizar la actualización, por concepto de cobro del impuesto de adquisición de bienes inmuebles y su adicional, dicha actualización se realizara de acuerdo a la fecha del pago (23 de mayo de 2003) y a la fecha del presente requerimiento (6 de abril de 2016), de conformidad con el artículo 31, párrafo primero, del Código Fiscal del Estado de Morelos, realizando las operaciones siguientes para determinar la cantidad total debidamente actualizada: MES MAS RECIENTE (TOMANDO EN CUENTA LA PRESENTE FECHA) FEBRERO 2016 ENTRE MES ANTERIOR DE ACUERDO A FECHA DE PAGO ABRIL-2003 IGUAL FACTOR DE ACTUALIZACIÓN 119.505 / 72.020439546799 = 1.659320614425651 CANTIDAD COBRADA POR FACTOR DE ACTUALIZACIÓN IGUAL CANTIDAD TOTAL ACTUALIZADA $288.00 X 1.659320614425651 = $ 477.88 Por consiguiente, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, este juzgador requiere a la Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (MARÍA CONCEPCIÓN CÁRDENAS FUAN), para que dentro del término de diez días, siguientes a las que reciba el oficio en el que se les transcribe el presente acuerdo, informe a este juzgado sobre el cumplimiento que haya dado a la ejecutoria de amparo, esto es, reintegre a la parte quejosa la cantidad de $477.88 (cuatrocientos setenta y siete pesos 88/100 M.N.), cantidad que se encuentra debidamente actualizada. Por tanto, la autoridad deberá remitir las constancias que acrediten que ha tomado las medidas necesarias y reales encaminadas al cumplimiento de la sentencia, pues no se justifica su incumplimiento con la sola petición de prórrogas para su ejecución, argumentado que la carga de trabajo es excesiva debido a que se están dando cumplimiento a diversos juicios en los cuales fueron condenados, y que la elaboración y expedición de cheques lleva una secuencia de requisitos y etapas, sino que debe demostrar todos los medios que ha realizado para acatar la ejecutoria de amparo, pero sin imponer procedimientos dilatorios o ilegales que provoquen el incumplimiento de la sentencia. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. III. REQUERIMIENTO AL SUPERIOR JERÁRQUICO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al superior jerárquico de la autoridad responsable, para que le ordenen cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. Bajo ese panorama, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, José Fernando Aguilar Palma, en su carácter de superior jerárquico de la autoridad responsable, Tesorero Municipal de Emiliano Zapata; para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir del momento en que estén notificados de este acuerdo, acredite la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia. Finalmente, se tiene por recibido y se ordena agregar a los autos, el oficio que signan el Presidente y Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, mediante el cual solicitan, se les informe la cantidad exacta a devolver a la parte quejosa, por lo que deberán estar a lo acordado en líneas que anteceden. NOTIFÍQUESE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el secretario Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo 101/2016-I, promovido por MARTÍN CALVILLO MARTÍNEZ, por su propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Mediante escrito presentado el veinticinco de enero de octubre de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, y turnado a este juzgado ese mismo día, MARTÍN CALVILLO MARTÍNEZ, por su propio derecho solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS DIVERSOS B Y C; que hizo consistir en la violación al artículo 1o. párrafos primero, segundo y tercero, y 20, apartado C, fracciones I, II y III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por auto de veintiséis de enero de dos mil dieciséis, este juzgado ordenó registrar la demanda de amparo en el libro de gobierno con el expediente 101/2016-I, y previno al quejoso para que aclarara el acto reclamado y la autoridad responsable. TERCERO. Una vez que por escrito, el quejoso señaló que el acto reclamado era la privación de su libertad y se la reclamaba a Elizabeth Morales Ibarra, agente del Ministerio Público Investigador adscrita a la Fiscalía Regional Oriente, en Cuautla, Morelos como autoridad responsable, este juzgador admitió a trámite la demanda, por lo que se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, que se inició en los términos del acta que antecede, y CONSIDERANDO: PRIMERO. COMPETENCIA: Este Juzgado Segundo de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto en los numerales 103, fracción I, y 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, fracción I, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1°, fracción V, 48, 49 y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, del que en su numeral cuarto, fracción XVIII, se advierte que, en lo conducente, dispone que el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción en el territorio que comprende dicha entidad federativa donde radican las autoridades responsables. SEGUNDO. CERTEZA DE LOS ACTOS RECLAMADOS: No son ciertos los actos reclamados a la autoridad responsable AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO TITULAR DE LA UNIDAD DE INVESTIGACIÓN EN DELITOS DIVERSOS B Y C (denominación correcta de la autoridad señaladas por el quejoso, como responsable), ya que así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que el impetrante haya desvirtuado dicha negativa con prueba alguna. En virtud de que ninguna de las pruebas que ofreció el quejoso junto con su demanda de amparo, tiende a demostrar la existencia del acto reclamado, pues las documentales son relativas a actuaciones de la Subdirectora del Área de Psicología de la Delegación de la Procuraduría de la Defensa del Menor, en Yecapixtla, Morelos, así como a las declaraciones del quejoso y de la menor de edad Ximena Danahe Calvillo García, ambas en la carpeta de investigación YX-UIDD-01/377/2014, sin embargo, ninguna de ellas contiene algún mandamiento privativo de libertad contra el impetrante; mientras que del disco compacto digital, únicamente se escucha una conversación de una persona con voz masculina y otra persona con voz, al parecer, de una niña, pero que no tienen relación alguna con el acto reclamado. Así las cosas, al no haberse demostrado la existencia del acto privativo de la libertad en contra de MARTÍN CALVILLO MARTÍNEZ, lo procedente es que se sobresea en el presente juicio de garantías, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. En mérito de lo anteriormente expuesto, y fundado, además, en lo establecido por los numerales 103, fracción I, 107, fracción XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º fracción I, 2º, 63, fracción IV, 74, 107, fracción II y 124 de la Ley de Amparo y, 1º, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se RESUELVE: ÚNICO. SE SOBRESEE EN EL JUICIO DE AMPARO 101/2016-I, promovido por MARTÍN CALVILLO MARTÍNEZ, contra los actos reclamados a las autoridades precisadas en el considerando segundo de este fallo. NOTIFÍQUESE. En cumplimiento el Acuerdo General 29/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que entró en vigor el uno de noviembre de dos mil siete, abrogando los diversos 87/3003, 3/2005 y 15/2005, determinado el uso obligatorio del módulo de captura del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los tribunales de Circuito y juzgados de Distrito, remítase la información de esta sentencia al referido Sistema Integral guardando el protocolo para la elaboración de versiones públicas, respecto del nombre y datos personales de las partes; recabándose la constancia de captura de la misma para ser agregada a los autos y, en su oportunidad, archívese el expediente como asunto concluido. Así lo resolvió y firma el maestro en derecho CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Francisco René Marmolejo Vázquez, que da fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los cuales se advierte que la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, recibió el expediente laboral 01/559/12-JE1, el cual fue turnado a la misma para su proyecto de resolución en forma de laudo. Por lo tanto, es procedente requerir a la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, para que en el término de cinco días siguientes a la notificación del presente acuerdo, informe si en los diversos juicios laborales 01/769/08-JE1 y 01/304/10-JE1, se declaró el cierre de instrucción, y si fueron turnados para su proyecto de resolución en forma de laudo, y de ser así, proceda en los términos establecidos en la presente ejecutoria de amparo, remitiendo copia certificada de las constancias que acrediten lo anterior. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, se le impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización, conforme al artículo Tercero Transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 258 de la ley de la materia y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito, para seguir el trámite de inejecución, el que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación, en términos del artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Visto el acuse de recibo que antecede, agréguese a los autos para que obre como legalmente corresponda y surta sus efectos conducentes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

  4. Incidental

    Cuernavaca, Morelos, once de febrero de dos mil dieciséis. Visto el estado que actualmente guardan los presentes autos y de los cuales se desprende que por diverso veintiocho de enero de dos mil dieciséis, se le dio vista a la parte quejosa con el oficio signado por la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, para que manifestaran lo que a su derecho correspondiera, en relación al cumplimiento del fallo protector y, debidamente notificados, no desahogaron la vista contenida en el citado acuerdo. Por consiguiente, se hace efectivo el apercibimiento decretado y este Órgano Jurisdiccional procede a resolver, de oficio, si de acuerdo con las constancias que obran en autos el fallo protector se encuentra o no cumplido. Al respecto, debe establecerse lo siguiente: Por sentencia de cinco de marzo de dos mil trece, en su único punto resolutivo determinó conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa Víctor Ricardo Olivier Barrios, contra el acto reclamado a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, entre otras cosas, para que tramitara y concluyera el juicio laboral de origen conforme a los términos legales, dictara con prontitud el laudo dentro del juicio laboral de origen. Ahora bien, mediante uno de abril de dos mil trece, causó ejecutoria el fallo protector del amparo y se requirió a la autoridad responsable el cumplimiento del mismo. En consecuencia, después de diversos requerimientos a la Presidenta de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, remitió diversas constancias con las que acreditaba estar dando cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Finalmente, manifestó haber dado cumplimiento al fallo protector y, para tal efecto, exhibió copia certificada del laudo dictado el veintidós de enero de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral de origen, asimismo, procedió a notificar a las partes de dicho laudo. Documentales a las que se les concede valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa en el artículo 2°. Por consiguiente, al exhibir copia certificada del laudo correspondiente, emitido dentro del juicio laboral de origen y notificarlo a las partes, resulta válido afirmar que la autoridad responsable acató el fallo protector; en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, SE DECLARA CUMPLIDA LA EJECUTORIA DE AMPARO, razón por la cual, en su oportunidad archívese el presente expediente como asunto concluido. Hágase del conocimiento de la parte quejosa este proveído, para los efectos del tercer párrafo del artículo 105 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado CARLOS ANUAR JAIMES TORRES, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante la Secretaria Blanca Fuentes Sánchez, que autoriza y da fe.

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