Martín Barrios Oviedo
Expediente 1610/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1610/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 12/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Martín Barrios Oviedo
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y en específico la certificación que antecede, se advierte que no se recurrió la determinación dictada por acuerdo de catorce de diciembre de dos mil veintiuno, dentro del término de cinco días a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicados supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO ESTADO, la determinación por la cual se desechó de plano la demanda de amparo promovida por ********************, para todos los efectos legales correspondientes. Ahora bien, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. Asimismo, en términos de los artículos 12, 14 y 21, inciso d) del indicado Acuerdo General, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, al tratarse de un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de derechos. Por tanto, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto totalmente concluido. Por ende, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así como en la carátula del mismo. Finalmente, hágase la devolución del toca penal ******************** y testimonio de apelación ******************** a la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese
- Principal
Pachuca de Soto, Hidalgo, a catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes el oficio firmado por el Secretario del Tercero Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, residente en esta ciudad de Pachuca de Soto, mediante el cual remitió el juicio de amparo directo 842/2021, que contiene el escrito de demanda firmada por Martín Barrios Oviedo y diversas actuaciones, así también remite el toca 276/2021 y testimonio de apelación del expediente 87/2021, en cumplimiento al auto de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, para que se acuerdo lo que en derecho proceda, porque la presidencia del órgano colegiado declaró la legal incompetencia para conocer del mencionado escrito de demanda. Consecuentemente, este Juzgado de Distrito se avoca al conocimiento de la indicada demanda de derechos. Acúsese recibo de estilo. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Visto el escrito firmado por Martín Barrios Oviedo, por propio derecho, por el que solicita el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos de la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, consistente en la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 276/2021. Fórmese expediente y regístrese con el número 1610/2021-5, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. Del mismo modo, a fin de cumplir con el artículo 3º de la Ley de Amparo, y con el objeto de facilitar a los justiciables el acceso a los expedientes mediante el empleo de los medios electrónicos fórmese el expediente electrónico relativo. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, el acto reclamado que hace valer el quejoso en su escrito inicial de demanda consiste en: Es decir, que reclama la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 276/2021, que confirmó el auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el juicio ordinario civil 87/2021, en el que se tuvo a la demandada Xitlalic Medina Alarcón, sustituyendo el testimonio de María Vega Barrios, por el testimonio de Isaú Medina Alarcón, efectuándose la audiencia de desahogo de pruebas. Expuesto lo anterior, este órgano jurisdiccional advierte que la acción constitucional ejercitada deviene indudable y notoriamente improcedente por actualizarse la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracciones V y VI, interpretado en sentido contrario y 172, fracción III, todos de la Ley de Amparo. Los artículos en cita, prevén: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...); XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.); V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; VI. Contra actos dentro o fuera de juicio que afecten a personas extrañas; (...)". Artículo 172. En los juicios tramitados ante los tribunales administrativos, civiles, agrarios o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso, trascendiendo al resultado del fallo, cuando: (.) III. Se desechen las pruebas legalmente ofrecidas o se desahoguen en forma contraria a la ley; (.)" Ahora bien, conforme a lo estipulado en las fracciones V y VI del artículo 107 de la Ley de Amparo, cuando el amparo se pida ante el Juez de Distrito y se reclamen actos intraprocesales, el juicio de garantías sólo procederá en dos supuestos, a saber: 1) cuando esos actos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación; o, 2) que se trate de personas extrañas a juicio. En el caso concreto, el quejoso no tiene el carácter de persona extraña al juicio de donde proviene el acto reclamado, puesto que es parte demandada en el juicio de origen, y por tanto, en la única hipótesis en que podría quedar comprendido el acto reclamado para que la demanda de derechos resultara procedente, sería en la contenida en la fracción V del referido artículo 107 de la Ley de Amparo. Sin embargo en el presente caso no procede el juicio de derechos sobre la base de la disposición legal invocada pues en la especie no se trata de actos que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación. Los actos en juicio que admiten su impugnación en vía indirecta son únicamente aquellos que tienen sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, atento a lo dispuesto por la fracción V del artículo 107 de la ley de la materia. Los actos con ejecución de imposible reparación a que se refiere la disposición legal invocada, son solamente aquellos que afectan en forma directa e inmediata los derechos fundamentales del gobernado, asegurados en la Constitución, tales como la vida, la libertad en todas sus modalidades, integridad personal, propiedad etcétera. La afectación que producen los actos de que se trata o sus efectos, no pueden destruirse aun cuando quien los sufra se vea favorecido con el contenido de la sentencia definitiva que se llegare a dictar en el procedimiento correspondiente. Por el contrario, no existe ejecución irreparable si el acto reclamado se extingue en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica. Siguiendo los lineamientos de los conceptos expuestos en párrafos procedentes, se concluye que el acto reclamado en la demanda de derechos que ahora se invoca no tiene una ejecución cuyos efectos sean de imposible reparación, toda vez que la consecuencia lógica, jurídica y necesaria de la resolución que constituye el acto reclamado es que confirmó el auto emitido por el Juez de origen en el que se tuvo a la demandada Xitlalic Medina Alarcón, sustituyendo el testimonio de María Vega Barrios, por el testimonio de Isaú Medina Alarcón, efectuándose la audiencia de desahogo de pruebas; de modo que esa determinación no lleva a una ejecución material que cause un perjuicio actual o inminente, que produzca de manera directa e inmediata una afectación a los derechos sustantivos del promovente, pues constituye en todo caso, una violación procesal que únicamente afecta derechos adjetivos y que puede quedar sin efecto en la sentencia definitiva que al efecto se dicte; la cual pudiera resultarle favorable. Pues tal y como se puede apreciar del escrito de demanda, el juicio de origen se encuentra en etapa de trámite ya que no se ha dictado sentencia definitiva en el mismo, ya que por el momento y atendiendo al acto que se reclama, apenas está en el periodo de desahogo de prueba. La jurisprudencia ha establecido esencialmente, que los actos tienen una ejecución de imposible reparación cuando afectan de una manera directa e inmediata un derecho sustantivo tutelado en las garantías individuales. De modo que un acto es de ejecución irreparable si produce una lesión directa e inmediata en los derechos personales, reales o del estado civil, cuyos efectos ya no se puedan reparar en el curso del procedimiento del que se derivan tales actos como sería por ejemplo el embargo trabado en bienes del quejoso, la imposición de una multa, el decreto de alimentos provisionales o definitivos. Ello, en razón de los daños y perjuicios que puedan resentir los particulares con esa clase de actos no se les podrán resarcir en ninguna actuación posterior dentro del procedimiento de que se trate, puesto que la privación o afectación a esos derechos ya no se puede reparar posteriormente, lo que impide la posibilidad de que las violaciones cometidas en el procedimiento queden reparadas en la resolución definitiva que llegue a pronunciarse. En tales condiciones, como el acto que se impugna es de naturaleza intraprocesal y no viola derechos sustantivos del promovente de forma inmediata; por tanto, debe concluirse que no es de aquellos que contempla la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, porque no causan un gravamen de imposible reparación, requisito indispensable para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Es aplicable al caso la Jurisprudencia IV.3o. J/9, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible en la página 333, Tomo II, Octubre de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, de rubro y texto siguientes: AMPARO INDIRECTO. PROCEDENCIA DEL. ACTOS DE NATURALEZA IRREPARABLE. Cuando el juicio de amparo es el único medio para combatir un acto de autoridad, no por ello debe estimarse la procedencia de aquél, porque, en principio, debe atenderse a si los actos de autoridad reclamados son de naturaleza irreparable, esto es, si revisten la característica de que la afectación que producen dentro del procedimiento judicial en el que fue emitido trasciende a los derechos fundamentales tutelados por las garantías indviduales (entre los que se encuentran la propiedad, la libertad, la vida, la integridad personal, etcétera), y no que solamente tenga una consecuencia simplemente procesal, para de ahí determinar la ejecución de imposible reparación a que se refiere el artículo 114, fracción IV de la Ley de Amparo. Por lo tanto, no basta que un determinado proveído y la posible violación que con él se cometa en juicio, ya no sea materia de la sentencia que en dicho procedimiento se dicte, sino es necesario además que tal cuestión afecte inmediata y directamente los derechos fundamentales, que la Constitución General tutela en favor de los gobernados para que sea susceptible de impugnación mediante el juicio de amparo indirecto. Asimismo, la jurisprudencia P./J. 24/92, publicada en la página 11, Agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación 56, Octava Época, que textualmente establece: EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen ejecución irreparable los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afecten derechos adjetivos procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio. En esa tesitura, es evidente que el acto que en esta vía se impugna consistente en la sentencia de veintitrés de septiembre de dos mil veintiuno, dictada en el toca de apelación 276/2021, por la Segunda Sala Civil y Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Hidalgo, que confirmó el auto de cuatro de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Cuarto Civil del Distrito Judicial de esta ciudad de Pachuca de Soto, Hidalgo, en el juicio ordinario civil 87/2021, en el que se tuvo a la demandada Xitlalic Medina Alarcón, sustituyendo el testimonio de María Vega Barrios, por el testimonio de Isaú Medina Alarcón, efectuándose la audiencia de desahogo de pruebas, no tiene una ejecución que sea de imposible reparación, pues no afecta de manera directa e inmediata los derechos fundamentales del impetrante contenidos en la Constitución General de la República, toda vez que solo entraña una posible infracción a sus derechos adjetivos que únicamente produce efectos de carácter formal, es decir, meramente procesales, como es que sólo se confirmó la determinación del Juez de la causa al tenar a la demandada Xitlalic Medina Alarcón, sustituyendo el testimonio de María Vega Barrios, por el testimonio de Isaú Medina Alarcón, efectuándose la audiencia de desahogo de pruebas; por ende, la violación que en un momento dado llegare a cometerse con la actuación de la que se queja el promovente, al constituir únicamente una posible infracción a las leyes del procedimiento, acorde a lo dispuesto en el artículo 172, de la ley de la materia, puede quedar subsanada con posterioridad, si la sentencia que ponga fin a ese juicio, resulta finalmente favorable a sus intereses, y aun cuando ello no sea así, podrá reclamarla en el amparo directo que, en su caso y oportunidad, promueva en contra del referido fallo, en la medida en que trascienda a su resultado. Además, no debe perderse de vista que el desahogo de testimoniales en forma contraria a la normatividad, están catalogadas como violaciones procesales impugnables al través de juicio de amparo directo, en términos del artículo 172, fracción III, de la ley de la materia. Ilustra lo anterior las jurisprudencias tanto del Tribunal Pleno como de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que preceptúan: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS.", cuando se violen derechos sustantivos contenidos en las garantías individuales consagradas en la Constitución y nunca en los casos en que sólo se afecten derechos adjetivos o procesales, caso en el cual la violación respectiva podrá ser reclamada en amparo indirecto". "DOCUMENTO BASE DE LA ACCIÓN. SU DESECHAMIENTO ES IMPUGNABLE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que, por regla general, el desechamiento de pruebas en el juicio civil es reclamable mediante juicio de amparo directo que se promueva contra la sentencia definitiva que se dicte en el juicio respectivo y, que esta regla general sufre una excepción cuando se está ante el supuesto en el que el desechamiento de las pruebas pueda tener una ejecución de imposible reparación, porque en tal caso, se estaría vulnerando una garantía individual que no es susceptible de repararse aunque la sentencia llegare a ser favorable. En ese orden, se debe considerar que la naturaleza jurídica del documento que se exhibe como base de la acción en un juicio, es la de un documento probatorio con el que se pretende demostrar un hecho o acreditar un derecho y, en ese sentido, es dable concluir que su desechamiento no genera de manera inexorable la imposibilidad jurídica de que el Juez resuelva el fondo del asunto sometido a sus consideración, pues la relación jurídica sustantiva existente entre las partes en un juicio civil no sólo es susceptible de ser acreditada con el documento base de la acción, ya que ésta puede quedar demostrada con el demás acervo probatorio; por ende, el acto que desecha el documento base de la acción no reviste la característica de ser un acto de imposible reparación y, siendo así, para su impugnación habrá de seguirse la regla general que estatuye que el desechamiento de las pruebas en el juicio civil constituye una violación reclamable mediante el juicio de amparo directo, sin que se actualice una excepción que haga procedente, de inmediato, el amparo en la vía indirecta". Por tanto, queda plenamente demostrada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con los numerales 107, fracción V, interpretado en sentido contrario y 172, fracción V, todos de la Ley de Amparo, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO QUE SE ESTUDIA, con fundamento en el artículo 113 de la legislación en consulta. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por otra parte, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda; y, como autorizado en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Juan Carlos Cortes Escarcega, toda vez que no cuenta con registro de su cédula profesional ante el Sistema Único de Profesionales de Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero del año dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma la Maestra Minerva Herlinda Mendoza Cruz, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo, ante el licenciado GUADALUPE ALVAREZ SANCHES, Secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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