Martín Alejandro Salinas
Expediente 1026/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 1 actuación registrada, la última del 18 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1026/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 1
- Última actuación
- 18/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Martín Alejandro Salinas
Actuaciones
- Principal
Visto el escrito de demanda signado por ***, por propio derecho, y en representación de sus menores hijas de identidad reservada e iniciales S.A.S.M. y M.E.S.M., contra actos que reclama del Juez Primero Civil y Familiar del Distrito Judicial de Tizayuca, Hidalgo y otra autoridad. REGISTRO DEL EXPEDIENTE Fórmese expediente y regístrese con el número 1026/2021-6, del índice de este Juzgado Federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente -S.I.S.E-. DESECHAMIENTO Ahora bien, por ser preferente su estudio, se analiza primero la procedencia del juicio de derechos, pues las causales previstas en el artículo 61, en relación con el 62, ambos de la Ley de Amparo, son de examen preferente y deben analizarse aún de oficio, lo aleguen o no las partes, por lo que, de actualizarse alguna de ellas deberá desecharse de plano la demanda en cuestión. Asimismo, de conformidad con el artículo 113, de la ley en cita, es obligatorio examinar el escrito de demanda y de encontrarse motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se debe desechar de plano. Lo anterior es así, si se toma en cuenta como punto de partida que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiere la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, situación que en el caso a estudio acontecen. El artículo 113 de la Ley de Amparo, establece: Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. Dicho precepto autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de derechos, cuando al examinarla encontrare motivo manifieste e indudable de improcedencia. Apoya la anterior consideración la tesis de jurisprudencia I.1o.A. J/4, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." Ahora bien, de la lectura íntegra que se realiza a la demanda de amparo que nos ocupa, se advierte que el acto reclamado en la presente instancia constitucional, es: La privación de la guarda y custodia, y de la patria potestad de sus hijas S.A.S.M. y M.E.S.M., sin haber sido oído y vencido en juicio. De lo anterior, se aprecia que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º, fracción I y 6º, que a la letra disponen: "Artículo 5º. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. [.] Artículo 6°. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de una de aplicación posterior a su vigencia;" Para dilucidar lo anterior, de la lectura íntegra del escrito de demanda, se advierte que a la fecha de la presentación de la misma, no se aprecia un acto de autoridad materialmente concreto, por lo que es claro que el perjuicio al amparista, ocurrirá cuando un juez Familiar emita un auto, resolución o sentencia, que pudiendo desde luego no ocurrir o no existir, por lo que su dolencia constituye un acto futuro de realización incierta, en razón de que, no existe la certeza de lo reclamado. Ello es así, toda vez que el amparo es procedente contra actos que, aun cuando no se han realizado, existe plena certeza que se llevarán a cabo, es decir, que tienen el carácter de inminentes, pero tratándose de aquellos respecto de los cuales no existe la seguridad de que se producirán actos futuros probables o remotos, el amparo es improcedente pues dada su inexistencia material no producen agravios en la esfera jurídica del promovente, cuestión que se actualiza en el presente asunto, pues el acto reclamado está condicionado a que se concrete materialmente. Esto es así, ya que el accionante de amparo sostiene que personal del Juzgado Civil y Familiar de Tizayuca, desde el cuatro de agosto de dos mil veintiuno, han preguntado por su persona, pero que teme ser requerido para entregar a sus hijas. Sin embargo, no existe la certeza de que efectivamente se lleve a cabo ese menoscabo, puesto que es de amplio conocimiento que previo a que se ejecute cualquier orden de entrega de sus hijas, debe ser emplazado al juicio a efecto de defender sus derechos y la de sus hijas, haciendo valer los medios de impugnación que para tal efecto existan; por tanto, se trata de un acto futuro e incierto, pues el quejoso no tiene la certeza del motivo por el cual personal de un juzgado familiar lo busca. Tiene aplicación tesis XX.308 K, del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo XV-1, febrero de 1995, página 138, del rubro siguiente: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACION INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO CONTRA LOS." Sin que pase desapercibido que del contenido del escrito de demanda, el quejoso narró bajo protesta de decir verdad que el nueve de agosto de este año, solicitó del Juez Primero Civil y Familiar de Tizayuca, Hidalgo, la guarda y custodia provisional de sus hijas, sin que a la presentación de esta demanda haya radicado dicho juicio; pues de ello se evidencia que los derechos de sus hijos se encuentran a salvo con la tramitación de dicho juicio. Así, como se precisó, el acto que reclama no irroga a la parte quejosa un agravio personal y directo en forma real y actual, en términos de los ordinales 5°, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que la legitime para solicitar la protección constitucional, pues la supuesta afectación está sujeta a la potestad de las autoridades responsables que en su caso la pudiese realizar. Sirve como sustento a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 199-204, Cuarta parte, materia común, página 135, con el rubro y texto siguientes: "AGRAVIO. PARA JUSTIFICAR LA ACCIÓN DE AMPARO DEBE SER ACTUAL. De los artículos 73, fracción "V, y 4o. de la Ley de Amparo, se desprende que el agravio a "su interés jurídico para ejercitar la acción constitucional, debe ser actual, por referirse a una situación que está causando perjuicio a la peticionaria, o que, por estar pronta a suceder, seguramente se le causará." En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XII, en relación con los diversos 5º, fracción I y 6º, de la Ley de Amparo, es procedente se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Martín Alejandro Salinas, por propio derecho, y en representación de sus menores hijas de identidad reservada e iniciales S.A.S.M. y M.E.S.M., conforme a lo dispuesto por el numeral 113 de dicho ordenamiento legal. No pasa inadvertido para este juzgado, que la causa de improcedencia en la que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la audiencia constitucional que resolviera el juicio de derechos; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene como lugar para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta, es decir, los estrados de este Órgano Jurisdiccional; y, como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a los licenciados ***, en virtud de que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Módulo de consulta del Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera, se toma nota del correo electrónico, a efecto de entablar comunicaciones no procesales, conforme a lo dispuesto en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la Contingencia por el virus Covid-19. AUTORIZACIÓN PARA TOMA DE FOTOGRAFÍAS Ahora bien, hágase del conocimiento del promovente que en términos de la circular 12/2009, emitida por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, quedan a la vista los presentes autos, previa cita, a fin de obtener imágenes digitalizadas de los acuerdos, y en general del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita. SE HABILITAN DIAS Y HORAS Igualmente y en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República y tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente juicio de derechos deban realizarse notificaciones personales, incluyendo el emplazamiento, a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el Actuario Judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas, así como para el caso de que una vez que se haya cerciorado el funcionario judicial, que el domicilio en el que se actúa es el señalado en autos como de la persona a notificar, proceda en los términos del artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo, debiendo levantar acta circunstanciada con las razones conducentes. REQUERIMIENTO DE NÚMERO TELEFÓNICO En otro orden, con fundamento en la fracción II del artículo 22 del Acuerdo General, requiérase a las partes a efecto de que proporcionen un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para que se establezcan comunicaciones no procesales. EXHORTACIÓN A TRAMITAR EL ASUNTO "EN LÍNEA" Por otro lado, SE INVITA A LAS PARTES de conformidad con los artículos 22 y 28 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal previamente señalado PARA QUE TRANSITEN AL ESQUEMA DE ACTUACIÓN DESDE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA, o bien propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Por lo que deberán solicitar a este Juzgado de Distrito la consulta de expedientes electrónicos y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, lo cual requiere de la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. DERECHO A OPONERSE A PUBLICACIÓN DE DATOS De conformidad con lo dispuesto en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con lo preceptuado en los artículos 1, 3, 9, 68, 110, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, vigente a partir del veintisiete de enero de dos mil diecisiete, y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivo, indíquese a las partes que el Poder Judicial de la Federación debe hacer públicas las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria; también deberán hacerse públicas las resoluciones intermedias que pongan fin a una instancia o algún incidente de previo y especial pronunciamiento y las que recaigan a un recurso intraprocesal; asimismo, que conforme a lo dispuesto en los numerales 1, 3, 5, 6 y 7 del citado reglamento, toda la información que tienen en resguardo los órganos jurisdiccionales es pública y, por ende, los expedientes en que obren, podrán ser consultados por cualquier persona, tanto aquéllos de asuntos concluidos, como los relativos a las demás resoluciones una vez que se emitan, no obstante no haber causado ejecutoria, con las salvedades a que se refiere tal disposición; es así que las determinaciones que se dicten en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información; además, la información confidencial que proporcionen en el presente asunto no estará sujeta a temporalidad alguna, sólo podrán tener acceso a ella sus titulares, representantes y servidores públicos facultados para ello; y para permitir el acceso a dicha información, se deberá obtener el consentimiento de los particulares titulares de la misma. Notifíquese personalmente.
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