Martín Arzola Ortega
Expediente 203/2017 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 5 actuaciones registradas, la última del 11 de mayo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 203/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 11/05/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Martín Arzola Ortega
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Mesa III-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, once de mayo de dos mil diecisiete. En atención al estado procesal de los autos y desprendiéndose de los mismos, concretamente de la certificación que antecede, que ya transcurrió el plazo para que el quejoso hiciera valer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada en este asunto, en la que se sobreseyó en el juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. Con apoyo en el artículo décimo primero, párrafo segundo del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, y de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido. En cumplimiento a lo ordenado en el artículo décimo primero, párrafo segundo del mencionado Acuerdo General se declara que el presente expediente es susceptible de destrucción; de igual forma, se indica que, conforme a la certificación que antecede, en este expediente no existen documentos considerados originales en términos del punto segundo fracción XVIII, del citado acuerdo. Hágase del conocimiento de las partes que conforme al punto décimo, fracción I, del mismo acuerdo, el expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido ese plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que después de transcurrido el plazo de cinco años contados a partir de que se ordenó su archivo, se proceda a su destrucción. Realícense las anotaciones correspondientes en la carátula de este expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese...
- Principal
Mesa III-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte que mediante resolución dictada el veintisiete de marzo del año en curso, se sobreseyó en este juicio de amparo con motivo del traslado del quejoso **********, a diverso Centro Federal de Readaptación Social en Mérida Yucatán; por lo que no existe domicilio señalado en autos para oír y recibir notificaciones, tal y como lo hace constar el actuario judicial adscrito, en la razón asentada el veintiocho de marzo del año en curso. En consideración a lo anterior, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo; notifíquese a la parte quejosa la citada resolución y los subsecuentes autos por lista de acuerdos que se fija en los estrados de este juzgado. Notifíquese al quejoso por lista de acuerdos. ========== INSERCIÓN ======== S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 203/2017, promovido por Martín Arzola Ortega, contra la falta de atención médica y rehabilitación en su pie izquierdo, así como de una alimentación adecuada, debido a los padecimientos de gastritis y estreñimiento, actos de los que se duele en su carácter de recluso dentro del Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. I. ANTECEDENTES Según consta en autos, a juicio de Martín Arzola Ortega, el Director General y el encargado de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no le han proporcionado la atención médica y rehabilitación de su pie izquierdo, con motivo de la fractura que sufrió en la tibia y peroné, así como de la alimentación adecuada rica en fibra, ya que dice padecer gastritis y estreñimiento, a raíz de una operación en sus intestinos. II. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO Martín Arzola Ortega promovió el presente juicio de amparo mediante escrito presentado el diecisiete de febrero de dos mil diecisiete, en la Oficina de Correspondencia necia Común de los Juzgados de Distrito con sede en el Estado de México; empero, el titular del Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, mediante oficio 934/2017, declinó competencia por razón de territorio, cuyo conocimiento correspondió por razón de turno a este órgano jurisdiccional. Señaló como autoridades responsables al Director General y encargado de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca; y, como acto reclamado la falta de atención médica y rehabilitación en su pie izquierdo, así como de una alimentación adecuada, debido a los padecimientos de gastritis y estreñimiento. El quejoso precisó que se violó en su perjuicio el derecho consagrado en los artículos 1°, 4° y 18 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La demanda fue remitida a este Juzgado de Distrito por razón de turno, donde quedó registrada con el número 203/2017 y fue admitida el veintidós de enero de dos mil diecisiete. III. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque se trata de un juicio de amparo indirecto en el que se reclaman diversos actos al Director General y encargado de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, quienes tienen su residencia dentro del lugar donde este juzgado ejerce jurisdicción. IV. FIJACIÓN DEL ACTO RECLAMADO Al haber sido analizada en su integridad la demanda de amparo, se precisa que, conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el acto reclamado a las autoridades responsables consiste en la falta de atención médica y rehabilitación en su pie izquierdo, así como de una alimentación adecuada, debido a los padecimientos de gastritis y estreñimiento. V. CERTEZA DEL ACTO RECLAMADO. Al rendir sus informes justificados las autoridades responsables directora jurídica, en representación del Director General y la médico penitenciario "C", en representación del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, fueron coincidentes en manifestar que se encuentran imposibilitadas para rendir su informe justificado, toda vez que el quejoso egresó de ese centro federal, con base a la autorización de traslado contenida en el oficio SEGOB/CNS/OADPRS/3095/2017, de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, firmado por el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social y del acta administrativa de egreso por traslado número 86/2017 (fojas 25 a 27). En ese sentido, ante la falta de manifestación sobre la certeza o inexistencia de los actos reclamados, procede presumir cierta su certeza, acorde a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo. V. ACTUALIZACIÓN DE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Es importante recordar que el análisis de las causas de improcedencia es de orden público, por lo que deben abordarse aun de oficio, sin importar que las partes las aleguen o no ante el órgano de control constitucional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el presente asunto este juzgador advierte que la causa de improcedencia prevista en la fracción XXII del artículo 61 de la Ley de Amparo se actualiza, pues está probado que el quejoso egresó del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con sede en Miahuatlán, Oaxaca. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo;.". Lo que se corrobora con el contenido del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/3095/2017, de treinta y uno de enero de dos mil diecisiete, firmado por el comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado de Prevención y Readaptación Social, de la que se advierte, se ordenó al Director General del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, el egreso del aquí quejoso Martín Arzola Ortega, para ser internado en el Centro Federal de Readaptación Social número 1 "Altiplano", con sede en el Estado de México. Traslado que tuvo verificativo el mismo treinta y uno de enero de esta anualidad, acorde al acta administrativa de egreso por traslado número 86/2017 (fojas 25 a 27). En relación con esta causa de improcedencia, entre otras tesis que han fijado su alcance, destacan las que llevan por rubro, texto y datos de identificación los siguientes: "SOBRESEIMIENTO POR HABER DEJADO DE EXISTIR LA MATERIA DEL ACTO RECLAMADO. Si se concedió el amparo contra la resolución que declaró heredera a una persona, y ésta, fundándose precisamente en su carácter de heredera, demandó la división de una casa, debe estimarse que los efectos de la concesión de ese amparo se extienden a dejar sin materia el juicio de división mencionado, y por lo mismo, si en el presente amparo se reclama la sentencia dictada en dicho juicio, se surte la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 73 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 Constitucionales, porque aun subsistiendo el acto reclamado, no puede surtir efecto legal alguno, por haber dejado de existir la materia del mismo". (Quinta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Tomo CIV, página 858)". "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO E INSUBSISTENCIA DE SU OBJETO O MATERIA. LA DISTINCIÓN ENTRE ESTAS CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO RADICA EN QUE LA PRIMERA REQUIERE DE LA INTERVENCIÓN DE LA AUTORIDAD. Es factible distinguir la causa de improcedencia del juicio de garantías prevista en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo, consistente en la cesación de los efectos del acto reclamado, de la establecida en la fracción XVII del mismo dispositivo legal, que entraña la insubsistencia del objeto o la materia del acto reclamado. La distinción radica en que la primera requiere de la actividad o participación de la autoridad, que es la única que puede hacer cesar los efectos de un acto autoritario, mientras que la actualización de la segunda, aunque parte de la subsistencia del acto reclamado, necesita que se presente la imposibilidad de que sus efectos se realicen o continúen realizando por haber dejado de existir totalmente el objeto o la materia del acto, lo cual puede suceder por causas ajenas a la voluntad de la autoridad". (Novena Época, Segunda Sala, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, abril de 1998, tesis 2a. XLVIII/98, página 241). Ahora bien, para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente lo resuelto por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos directos en revisión 3044/98, 901/2000, 197/2001, 210/2002 y 737/2002, que dieron lugar a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, de rubro: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS". En esos asuntos, la Segunda Sala explicó que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, acotó la Segunda Sala, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél, porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación, o bien por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de garantías. En ese contexto, de especial relevancia resulta el caso en que el acto reclamado consiste en la falta de atención médica y rehabilitación en su pie izquierdo, así como de una alimentación adecuada, debido a los padecimientos de gastritis y estreñimiento; actos que se presentaron en el interior del Centro Federal de Readaptación Social número 13, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca. En tal hipótesis, si encontrándose pendiente de resolver el juicio de amparo, el quejoso fue trasladado a diverso centro de reclusión y con ello, la autoridad responsable deja de realizar cualquier tipo de conducta en la persona que impetrante del amparo, se impone concluir que aun cuando el acto reclamado subsista, el objeto o materia de ésta habrán dejado de existir. De ahí que al haber egresado del centro de internamiento cuya administración corresponde a la autoridad señalada como responsable en este juicio de amparo, se impone concluir que el objeto material del acto ha dejado de existir, en tanto que éste ya no podrá concretarse en perjuicio del quejoso. Es como cuando un menor de edad promueve un amparo para defender un derecho relacionado con su minoría de edad y durante el juicio deja de tener ese carácter. En ese supuesto, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reconocido que se actualiza la causa de improcedencia relativa que antes estaba prevista en la fracción XVII de la Ley de Amparo abrogada. La misma lógica aplica para este asunto, donde el quejoso intentaba defender ciertos derechos que consideraba tener como interno del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca. Hoy las autoridades señaladas como responsables ya no cuentan con dicho carácter, precisamente porque el quejoso Martín Arzola Ortega ha egresado de ese centro de reclusión, por lo que, a juicio de este juzgador, es innegable que el acto reclamado no puede surtir efecto legal o material alguno, por haber dejado de existir su objeto o materia, por lo que en términos de lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXII, en relación con el 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, debe sobreseerse, en su totalidad, el presente juicio de amparo. En virtud de actualizarse la causal de improcedencia invocada, se decreta el sobreseimiento en este juicio de amparo de conformidad con la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia; sobreseimiento que impide analizar los conceptos de violación vertidos por el quejoso, conforme al criterio sustentado en la jurisprudencia mil veintiocho, localizable en la página setecientos ocho, tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente". Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 1º, fracción I, 73, 74, 75, 77 y 124 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martín Arzola Ortega, contra los actos que reclamó del Director General y el encargado de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social número 13 CPS-Oaxaca, con residencia en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, consistentes en falta de atención médica y rehabilitación en su pie izquierdo, así como de una alimentación adecuada, debido a los padecimientos de gastritis y estreñimiento, en dicho centro penitenciario. Notifíquese personalmente.
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Mesa III-A * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil diecisiete. Visto el oficio 1299/2017, del Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, con residencia en Toluca, recibido vía fax; téngasele informando que en constancia de notificación de dos de marzo pasado, entre otras cosas, el aquí quejoso ***********, solicitó a esa autoridad jurisdiccional que se ordenara a la Directora del Altiplano, al jefe de servicio médico y funcionarios de esa institución, que le proporcionen atención médica, así como su medicamento para el dolor y la infección de su pie izquierdo y su medicamento para dormir; cuya petición le acordó favorable el tres de marzo del año en curso. Asimismo, que mediante misiva 2333/2017, el encargado del despacho de la Dirección de Administración del Centro Federal de Readaptación Social número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México, comunicó que el veinticuatro de febrero pasado, ingresó a ese centro carcelario el referido quejoso **********; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar en este juicio de amparo. Sin que obste que se agregue a los autos el oficio que vía fax remite la autoridad judicial, en virtud que se certificó la fecha y hora en que se recibió, el funcionario que lo remitió y el secretario de este juzgado que lo recibió. Notifíquese...
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Mesa I-B * "...San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiocho de febrero de dos mil diecisiete. Visto el estado de autos, se advierte las responsables director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-OAXACA, consejo técnico interdisciplinario, jefe del departamento de servicio médico, subdirector de seguridad y guarda y subdirector de seguridad y custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-OAXACA, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, no han informado sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; por tanto, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, por última ocasión requiérase a las referidas responsables para que cumplan con la sentencia dictada en este juicio, dentro del plazo improrrogable de veinticuatro horas, en el entendido que deberá remitir copia certificada de todas las constancias donde se advierta que efectivamente se está suministrando el medicamento prescrito al quejoso; apercibiéndolas que de no hacerlo así, sin causa justificada, se les impondrá multa, en términos de los artículos 192, 193, 258 y 267, fracción I, de la Ley de Amparo, al momento en que incurran en la conducta sancionadora, que podrá determinarse desde cien hasta mil unidades de medida y actualización; y de inmediato se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Décimo Tercer Circuito, con sede en esta ciudad, para seguir el trámite de inejecución que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el artículo 193 de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Federal, requiérase al coordinador General de Centros Federales de Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México, para que ordene al director del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-OAXACA, consejo técnico interdisciplinario, jefe del departamento de servicio médico, subdirector de seguridad y guarda y subdirector de seguridad y custodia, todos del Centro Federal de Readaptación Social número Trece CPS-OAXACA, con sede en Miahuatlán de Porfirio Díaz, Oaxaca, que cumplan con la sentencia dictada en este juicio, dentro del plazo de veinticuatro horas, apercibiéndolo que de no hacerlo así, sin causa justificada, se procederá en los términos apuntados con antelación. Se apercibe al aludido superior jerárquico que de no demostrar que dio la orden, con fundamento en el artículo 258 de la citada ley, se le impondrá una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento de incurrir en la conducta sancionada, además que incurrirá en la misma responsabilidad de las autoridades responsables. Notifíquese...
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