Martimiana Martínez Vásquez

Expediente 796/2015 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 2 actuaciones registradas, la última del 24 de junio de 2015.

Datos del expediente

Expediente
796/2015
Año
2015
Actuaciones
2
Última actuación
24/06/2015

Partes del expediente

  • Martimiana Martínez Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    MESA III-B * "...Oaxaca de Juárez, Oaxaca, veinticuatro de junio de dos mil quince. Agréguese a los autos para que surta sus efectos legales consiguientes el oficio número 3065, firmado por el juez Sexto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, mediante el cual acusa recibo del diverso oficio 24167/2015, por el que se le remitió la demanda de amparo promovida por Martimiana Martínez Vásquez, y nueve copias de la misma, y comunica que admitió la competencia declinada. En atención a lo anterior y toda vez que no existe actuación pendiente en este asunto al efecto se provee: En cumplimiento a los puntos cuarto, décimo primero, vigésimo, fracción I (cuaderno auxiliar), y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, con fundamento en el artículo 214 de la ley de Amparo, archívese este expediente como asunto concluido y como se trata de un cuaderno de antecedentes, pues la demanda de amparo que le dio origen se remitió por incompetencia legal, por tanto, en términos del punto segundo, fracción XX, del citado, se estima que es susceptible de destrucción. Asimismo, se estima que el presente expediente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo vigésimo primero, párrafo último del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquéllos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, o que por el sentido del acuerdo por el que se declaró que este juzgado carece de competencia legal para conocer de la demanda de garantías origen de este expediente, haya tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económico. Por tanto, transcurridos más de seis meses, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción de este cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Por último, se precisa que conforme a la certificación de cuenta, en el presente expediente no existen documentos considerados originales, en términos de los puntos segundo fracción XVIII, cuarto y vigésimo primero, fracción I del citado Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de distrito, ni billete de depósito ó garantía que devolver ó remitir a la Tesorería de la Federación. NOTIFÍQUESE...

  2. Principal

    Oaxaca de Juárez, Oaxaca, ocho de junio de dos mil quince. Visto el estado de los autos de lo que se advierte que la quejosa señaló como acto reclamado: ".De la Autoridad Ordenadora, reclamo lo siguiente: La resolución dictada con fecha catorce de mayo del dos mil quince, en el toca familiar número 181/2015, formado con motivo del recurso de queja por denegada apelación, interpuesto por MARTIMIANA MARTINEZ VASQUEZ, contra actos del juez Civil de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, realizados en el expediente civil número 875/2010, relativo al incidente de cancelación de pensión alimenticia, que en la vía de controversias del orden familiar promovió en su contra IGNACIO ARANDA REYES. Misma resolución que fue notificada por cédula el dieciocho de mayo del dos mil quince. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA.- Reclamo lo siguiente: El cumplimiento a dicha resolución de segunda instancia." Ahora bien, dado que la competencia constituye un presupuesto procesal que es de orden público, previamente se debe considerar, si en el caso, el juicio de garantías interpuesto por MARTIMIANA MARTÍNEZ VÁSQUEZ, da motivo para que este Juzgado conozca este asunto, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados. De no hacerlo así, es inconcuso que se violarían las reglas fundamentales que norman al juicio de garantías. Este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, estima carecer de competencia por cuestión de territorio para conocer del juicio de garantías de que se trata, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, en relación con el acuerdo 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la Jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgado de Distrito. En efecto, el párrafo primero del artículo 37 de la Ley de Amparo dispone: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. (.)". Tal precepto transcrito, fija la competencia por territorio en materia de amparo, atendiendo a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado, por lo cual, en principio debe calificarse éste, a fin de determinar si requiere de ejecución material o bien, si se trata de un acto meramente declarativo, y posteriormente, se deben analizar las características de la ejecución. El análisis de la ejecución, se debe llevar a cabo considerando las consecuencias directas o inmediatas que con motivo del acto reclamado se generen, pues, su estudio se efectúa tomando en cuenta lo que de manera directa e inmediata se vincula con éste. De acuerdo con el precepto invocado será competente para conocer de la demanda de garantías el juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. Fijadas las bases de la competencia por territorio en materia de amparo, es necesario precisar que el quejoso señaló como autoridades responsables a las siguientes: Como autoridad ordenadora: * Los magistrados integrantes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad. Como autoridad ejecutora: * Juez Primero de lo Civil, residente en Matías Romero, Oaxaca. Señalando como acto reclamado el siguiente: "De la Autoridad Ordenadora, reclamo lo siguiente: La resolución dictada con fecha catorce de mayo del dos mil quince, en el toca familiar número 181/2015, formado con motivo del recurso de queja por denegada apelación, interpuesto por MARTIMIANA MARTINEZ VASQUEZ, contra actos del juez Civil de Matías Romero Avendaño, Oaxaca, realizados en el expediente civil número 875/2010, relativo al incidente de cancelación de pensión alimenticia, que en la vía de controversias del orden familiar promovió en su contra IGNACIO ARANDA REYES. Misma resolución que fue notificada por cédula el dieciocho de mayo del dos mil quince. DE LA AUTORIDAD EJECUTORA.- Reclamo lo siguiente: El cumplimiento a dicha resolución de segunda instancia." Además, se advierte de la misma demanda que la ejecución de la sentencia reclamada se llevará a cabo por el juez Primero de lo Civil, residente en Matías Romero. Es así, porque si bien en la determinación de catorce de mayo de dos mil quince, la sala responsable resolvió declarar infundado por improcedente el recurso de queja, lo cierto es que el juez Primero de lo Civil de Matías Romero Avendaño, es quien continuará con el procedimiento en el incidente de cancelación de pensión alimenticia número 875/2010. Así las cosas es inconcuso que la competencia para conocer de este juicio de garantías, se surte a favor de los jueces de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, ya que en su jurisdicción reside el juez Primero de lo Civil, residente en Matías Romero, que conoce del expediente civil 875/2010, esto es, fuera del territorio en que este juzgado Federal ejerce jurisdicción; luego, corresponderá resolver este asunto, al juez de Distrito en turno, con residencia en Salina Cruz, Oaxaca, conforme al Acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, que en su punto cuarto, establece: "Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en la ciudad del mismo nombre, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, excepto en el distrito judicial en el que ejercen jurisdicción territorial los juzgados de Distrito con residencia en Salina Cruz. Los juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, ejercerán jurisdicción territorial en el distrito judicial conformado por los municipios de: Asunción Ixtaltepec, Ciudad Ixtepec, Chauites, El Barrio de la Soledad, El Espinal, Guevea de Humboldt, Juchitán de Zaragoza, Magdalena Tequisistlán, Magdalena Tlacotepec, Matías Romero, Reforma de Pineda, Salina Cruz, San Blás Atempa, San Dionisio del Mar, San Francisco del Mar, San Francisco Ixhuatán, San Juan Guichicovi, San Mateo del Mar, San Miguel Chimalapa, San Miguel del Puerto, San Miguel Tenango, San Pedro Comitancillo, San Pedro Huamelula, San Pedro Huilotepec, San Pedro Mixtepec, San Pedro Pochutla, San Pedro Tapanatepec, Santa María Colotepec, Santa María Chimalapa, Santa María Guienagati, Santa María Huatulco, Santa María Jalapa del Marqués, Santa María Mixtequilla, Santa María Petapa, Santa María Tonameca, Santa María Totolapilla, Santa María Xadani, Santiago Astata, Santiago Lachiguiri, Santiago Laollaga, Santiago Niltepec, Santo Domingo Chihuitán, Santo Domingo Ingenio, Santo Domingo Petapa, Santo Domingo Tehuantepec, Santo Domingo Zanatepec y Unión Hidalgo. Apoya lo anterior, por identidad de razón, la jurisprudencia registrada bajo el número 147/2005, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página ciento setenta y cuatro, tomo XXIII, Enero de dos mil seis, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el texto siguiente: "COMPETENCIA EN AMPARO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL QUE CONOCE DEL PROCESO PENAL EN PRIMERA INSTANCIA, CUANDO SE IMPUGNE EL FALLO QUE, EN APELACIÓN, CONFIRMA EL AUTO DE FORMAL PRISIÓN. La resolución que en un toca de apelación penal confirma un auto de formal prisión, es un acto que requiere ejecución material, toda vez que entre los efectos de la misma se encuentran el que el procesado permanezca privado de su libertad cautelarmente, a disposición del Juez de primera instancia, ya sea recluido en prisión preventiva o como consecuencia de las obligaciones que conlleva el beneficio de la libertad bajo caución, las cuales se traducen en una afectación a su libertad al consistir, entre otras, en comparecer periódicamente ante el órgano jurisdiccional y no poder hacer uso de su libertad de tránsito sin autorización del juzgador bajo cuya jurisdicción quede sometido. Así, dicho fallo repercute directamente en la libertad personal del inculpado, quien continuará privado o restringido de ella, no sólo en virtud del auto de formal prisión dictado en primera instancia, sino también como consecuencia positiva de su confirmación en segunda instancia. Ahora bien, el artículo 36 de la Ley de Amparo prevé que el Juez competente para conocer de un amparo será el del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; de ahí que al permanecer el procesado a disposición del Juez de primera instancia, la ejecución material del fallo confirmatorio será en el lugar de residencia de éste -que, en caso de que el inculpado esté recluido, coincide con el del centro de reclusión para la prisión preventiva- y, consecuentemente, la competencia para conocer del amparo interpuesto contra la resolución que en segunda instancia confirma un auto de formal prisión, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción resida el juzgado de primera instancia que conoce del proceso penal En las consideraciones apuntadas, en virtud que la incompetencia legal de este juzgado es notoria, conforme al artículo 37 de la Ley de Amparo, se declina la competencia al JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE OAXACA, RESIDENTE EN SALINA CRUZ, EN TURNO, por lo que, remítase este expediente con el escrito original de la demanda de garantías que promueve Martimiana Martínez Vásquez, contra los actos de los magistrados integrantes de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, residente en esta ciudad, y juez Primero de lo Civil, residente en Matías Romero, Oaxaca, y solicítesele de la manera más atenta, tenga a bien informar a este juzgado sobre la aceptación o no de la competencia declinada. Fórmese cuaderno de antecedentes con motivo del envío, con las constancias relativas que revelen la historia procesal del expediente. NOTIFÍQUESE, PERSONALMENTE A LA PARTE PROMOVENTE. Lo proveyó y firma el licenciado José Luis Evaristo Villegas, juez Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en la ciudad de Oaxaca de Juárez, ante el licenciado Juan Martínez Trujillo, secretario que autoriza y da fe.EN TERMINOS DEL ART 27, FRAC I DE LA LEY DE AMPARO

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