Martín Armando Valenzuela Stirk

Expediente 477/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 18 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
477/2021
Año
2021
Actuaciones
18
Última actuación
10/03/2022

Partes del expediente

  • Martín Armando Valenzuela Stirk
  • Magistrada de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos en Ciudad Juárez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 18.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; diez de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio enviado por el Secretario de Acuerdos de la Sala Familiar Regional, residente en esta ciudad, mediante el cual informa que recibió las copias certificadas del toca *******, de su índice, así como el testimonio derivado del expediente *******, del índice del Juzgado Quinto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos; de lo cual queda enterado este Juzgado Federal. Lo anterior con apoyo en lo dispuesto por el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; cuatro de marzo de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, se advierte que mediante auto de veinticuatro de enero del año en curso, se ordenó el archivo del presente asunto, como totalmente concluido; sin embargo, en autos obran constancias originales del índice del índice de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, las cuales fueron remitidas por dicha autoridad en vía de informe justificado. Por lo anterior, al resultar innecesaria la permanencia de tales documentales en el presente sumario, remítanse las mismas a la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, solicitándose el acuse de recibo correspondiente. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 219 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2°. Cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta y toda vez que ha transcurrido el término de diez días que la ley establece para que las partes en el presente juicio interpusieran recurso de revisión, en contra de la sentencia tres de diciembre de dos mil veintiuno, en que por un lado se negó el amparo y protección federal, sin que se haya presentado promoción alguna al respecto; por tanto, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2°, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. Este expediente se considera un asunto concluido ya que no existe actuación alguna que practicar ni promoción pendiente por acordar, por lo que, remítase la pieza de autos en que se actúa al archivo de este juzgado federal para su guarda y custodia durante tres años contados a partir de esta data, donde será resguardado como archivo de trámite, según lo dispuesto en los artículos 8, fracción I, 9 y 35, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Ahora, se establece que, el expediente no tiene valor jurídico, ni valor histórico y carece de relevancia documental, por no encuadrar en alguno de los supuestos del artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Luego, atento a la certificación de cuenta, el presente expediente es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, conforme lo establece el numeral 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, toda vez que en el presente asunto por un lado se sobreseyó en el juicio y por otro se negó el amparo y protección de la Justicia Federal. En atención a la certificación de cuenta, este juzgador califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 43 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el artículo 110 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y las partes no entregaron información con carácter de confidencial de la que se detalla en el numeral 113 de la legislación en comento. Ahora, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General Conjunto en cita, el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración por haberse concedido la suspensión provisional y definitiva. Por su parte, el duplicado del incidente, es susceptible de destrucción, por tanto, transcurridos seis meses destrúyase de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a) del acuerdo en mención. Una vez cumplido el término de seis meses a que se refiere el primer párrafo del citado artículo, este órgano jurisdiccional, dentro de los treinta días siguientes, deberá destruir dicho expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese por lista y cúmplase. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua- tres de diciembre de dos mil veintiuno.Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 477/2021-III, yRESULTANDOPRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. El veintidós de junio de dos mil veintiuno, se recibió en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, la demanda de amparo que dio origen al presente juicio, la cual fue turnada a este Juzgado de Distrito el siguiente día hábil.En el escrito inicial *******, solicitó el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de las autoridades responsables Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y Juez Quinto de lo Familiar por Audiencias de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, ambos con residencia en esta localidad, de las cuales precisó que les reclama:De la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Distrito Judicial Bravos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, con sede en Ciudad Juárez, Chihuahua, la resolución dictada en fecha treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, al resolver el recurso de apelación, dentro del toca *******.De la Jueza Quinto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, la ejecución y cumplimiento que pretenda dar a la sentencia dictada por la autoridad responsable ordenadora.SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señaló como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.TERCERO. Trámite de la demanda. Mediante auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, se registró la demanda de amparo bajo el expediente 477/2021-III, se previno a la quejosa, para lo siguiente:1. Manifieste bajo protesta de decir verdad, el lugar actual, en el que reside la menor de edad de iniciales *******.2. Señale, bajo protesta de decir verdad, la fecha en que celebró el convenio de guarda y custodia con la madre de la menor de edad.3. Exhiba un documento idóneo para acreditar el carácter que ostenta.Una vez cumplida tal prevención, mediante escrito de fecha seis de julio del año en curso, en auto de fecha siete de julio de mismo año, se admitió a trámite la misma, se requirió el informe a la autoridad responsable y se le dio la intervención legal que le compete a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la tercero interesada compareció al presente juicio teniéndose por emplazada al mismo y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional.Seguido el trámite del juicio, por acuerdo de tres de septiembre de dos mil veintiuno, se solicitó un asesor legal para que fungiera como representante especial de la menor de iniciales *******, de conformidad con el artículo 8º de la Ley de Amparo, por lo que en fecha diez del mismo mes y año, el Licenciado *******, quien aceptó y protestó el cargo conferido por la Delegación Chihuahua del Instituto Federal de Defensoría Pública, se señaló fecha para la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se celebró en la fecha señalada.CONSIDERANDOPRIMERO. Competencia legal. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente por razón de materia, grado y territorio, para conocer y fallar el presente juicio de amparo, en virtud que se reclaman actos en materia familiar provenientes de una autoridad judicial con residencia en esta localidad y cuya ejecución entre otros sitios tiene lugar en el territorio donde ejerce jurisdicción este órgano. Tal competencia tiene su fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos- 37, 38 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo- y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana- y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito.SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, la sentencia de amparo debe contener la fijación clara y precisa del acto reclamado.Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 40/2000, estableció que la demanda de amparo debe ser interpretada en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente, y de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados.Asimismo, el Pleno del Alto Tribunal ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a sus calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad.De igual forma, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio.Así, al fijar los actos reclamados, el Juez debe atender a lo que quiso decir la parte quejosa y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esa forma se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.De esta manera y con la finalidad de resolver el problema jurídico efectivamente planteado y atendiendo al contenido integral de la demanda, así como a la totalidad de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa, se advierte que la parte quejosa reclama:1. De la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta localidad:La resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dentro del recurso de apelación, relativo al toca *******, de su índice, en la que determinó modificar el auto recurrido de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado por la Jueza Quinto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, en el Juicio Ordinario Familiar *******, en especial, lo relativo al incidente de modificación de residencia habitual y modificación de los derechos de visita y convivencia, respecto de la menor de iniciales *******.2. De la Jueza Quinto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, con sede en esta localidad:La ejecución de dicha resolución.Por ende, se tienen tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional.Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes:ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados- asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto.TERCERO. Existencia de los actos reclamados. La Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, y la Jueza Quinto Familiar Por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, ambas con residencia en esta ciudad- al rendir sus informes justificados aceptaron la existencia de los actos reclamados, consistentes en la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, dictada en el toca *******, del índice de la referida Sala, así como la ejecución de la misma dentro del juicio ordinario familiar ******* en el Juzgado Quinto Familiar.Para corroborar su dicho, la autoridad responsable Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia, remitió los autos del toca ******* de su índice, así como un disco versátil digital que contiene el expediente electrónico correspondiente a los autos del juicio *******, por su parte, la Jueza Quinto Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, envió junto con su informe justificado, copia certificada de las constancias del juicio Ordinario Familiar *******, documentales cuyo valor probatorio es pleno en términos de los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, según su numeral 2°.Ello, de conformidad con lo establecido en la tesis aislada VI.2o.C.289 K, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito, publicada en la Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXIX, enero de dos mil nueve, Materia Común, que se localiza en la página 2689, con registro 168143, del tenor siguiente:DOCUMENTOS PÚBLICOS. SU VALOR Y EFICACIA PROBATORIOS EN RELACIÓN CON SU PRESENTANTE. Si bien es cierto que los documentos públicos tienen valor probatorio pleno, también lo es que ello no necesariamente les otorga alcance o eficacia demostrativa para acreditar el hecho o hechos que se pretenden comprobar, de manera que aunque su valor sea pleno, puede no ser suficiente para crear convicción sobre el punto o cuestiones que están sujetas a prueba. Esto es así, porque un documento público hace fe de la certeza de su contenido, pero si éste pretende desvirtuarse, debe objetarse el documento y probarse la objeción, para así destruir la certeza que recae sobre lo asentado en esa documental. Asimismo, es cierto que los documentos presentados en juicio por las partes prueban plenamente en su contra, aunque no los reconozcan, pero esto no implica que no acepten prueba en contrario y que, por tanto, indefectiblemente deba concedérseles plena eficacia demostrativa contra quien los presentó, ya que sus alcances demostrativos quedan a expensas de la ponderación de todo el material probatorio, pudiéndose llegar a la convicción de que aunque inicialmente probaban plenamente en contra de su presentante, al final su contenido quedó desvirtuado total o parcialmente con otras probanzas aportadas al juicio.Consecuentemente, se tienen como ciertos los actos que la parte quejosa reclama de las citadas responsables.Sirve de apoyo la jurisprudencia 749, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, del Apéndice del Semanario Judicial de la Federación, tomo II, con número de registro 1002815, cuyo rubro y texto son:INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto. CUARTO. Del análisis de las causales de improcedencia. Al no existir causales de improcedencia alegadas por las partes, ni advertirse la actualización de alguna por esta Juzgadora, se continúa con el estudio de los conceptos de violación esgrimidos por la parte quejosa. Resulta aplicable la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto dicen: -IMPROCEDENCIA. EL JUEZ NO ESTÁ OBLIGADO A ESTUDIAR OFICIOSAMENTE TODAS Y CADA UNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS EN EL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. Si el Juez de Distrito no encuentra causal de improcedencia que amerite su estudio oficioso para sobreseer en el juicio, no está obligado a hacerse cargo del estudio de todas y cada una de las contempladas en el artículo 73 de la Ley de Amparo, ya que el último párrafo de dicho precepto no lo obliga a que analice todos y cada uno de los supuestos de improcedencia contenidos en la ley, bastando que estudie y se pronuncie sobre las causales específicamente invocadas por las partes y las que oficiosamente considere aplicables, para tener por satisfecho el precepto en comento.- QUINTO.- Justificación para no transcribir los conceptos de violación. La parte quejosa expresó como conceptos de violación los que aparecen insertos en su demanda de amparo, los que se tienen por reproducidos, toda vez que la ley de la materia no establece como obligación para el juzgador que se transcriban para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sirve de apoyo a lo anteriormente considerado, la jurisprudencia 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de nuestro Máximo Tribunal, que a la letra dice: -CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X -De las sentencias-, del título primero -Reglas generales-, del libro primero -Del amparo en general-, de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer.- SEXTO.- Suplencia de la Queja. En virtud de que el presente asunto fue promovido en favor de una menor de edad, a quien se endereza la vulneración alegada respecto del acto reclamado en este juicio de amparo biinstacial, el presente asunto se analizará bajo la óptica de la suplencia de los conceptos de violación esgrimidos por la parte accionante del amparo, en términos del artículo 79, fracción II, de la Ley de Amparo. Además, apoya lo previo la jurisprudencia 1a./J. 191/2005, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que se publicó en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIII, mayo de 2006, Materia Civil, consultable en la página 167, con registro digital 175053, de rubro y texto: MENORES DE EDAD O INCAPACES. PROCEDE LA SUPLENCIA DE LA QUEJA, EN TODA SU AMPLITUD, SIN QUE OBSTE LA NATURALEZA DE LOS DERECHOS CUESTIONADOS NI EL CARÁCTER DEL PROMOVENTE. La suplencia de la queja es una institución cuya observancia deben respetar los Jueces y Magistrados Federales- suplencia que debe ser total, es decir, no se limita a una sola instancia, ni a conceptos de violación y agravios, pues el alcance de la misma comprende desde el escrito inicial de demanda de garantías, hasta el periodo de ejecución de la sentencia en caso de concederse el amparo. Dicha suplencia opera invariablemente cuando esté de por medio, directa o indirectamente, la afectación de la esfera jurídica de un menor de edad o de un incapaz, sin que para ello sea determinante la naturaleza de los derechos familiares que estén en controversia o el carácter de quién o quiénes promuevan el juicio de amparo o, en su caso, el recurso de revisión, ello atendiendo a la circunstancia de que el interés jurídico en las controversias susceptibles de afectar a la familia y en especial a menores e incapaces, no corresponde exclusivamente a los padres, sino a la sociedad, quien tiene interés en que la situación de los hijos quede definida para asegurar la protección del interés superior del menor de edad o del incapaz. Se afirma lo anterior, considerando la teleología de las normas referidas a la suplencia de la queja, a los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, así como a los compromisos internacionales suscritos por el Estado mexicano, que buscan proteger en toda su amplitud los intereses de menores de edad e incapaces, aplicando siempre en su beneficio la suplencia de la deficiencia de la queja, la que debe operar desde la demanda -el escrito- hasta la ejecución de sentencia, incluyendo omisiones en la demanda, insuficiencia de conceptos de violación y de agravios, recabación oficiosa de pruebas, esto es, en todos los actos que integran el desarrollo del juicio, para con ello lograr el bienestar del menor de edad o del incapaz. Así como la tesis número LXXXII/2015, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1398 del Tomo II, Libro 15, Febrero de 2015, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, materia constitucional, Décima Época y número de registro 2008547, del rubro y texto siguientes: INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. CONSTITUYE UN PRINCIPIO RECTOR DE TODAS LAS ACTUACIONES DE LOS PODERES PÚBLICOS RELACIONADOS CON MENORES. Además de su carácter tuitivo, el principio de interés superior del menor constituye un elemento hermenéutico de primer orden para delimitar el contenido y alcance de los derechos humanos de los menores y los coloca como sujetos prevalentes de derechos. Se trata entonces de considerar la especial situación en que se encuentran ciertos derechos humanos cuando el titular es un menor, atendiendo a que el derecho básico de los menores de edad es el de ser atendidos con pleno respeto a sus derechos fundamentales. Desde esta óptica, los menores son destinatarios de un trato preferente, por su carácter jurídico de sujeto de especial protección, lo que implica que son titulares de un conjunto de derechos que deben valorarse de acuerdo con sus circunstancias específicas. De ahí que el interés superior del menor constituye un principio rector de todas las actuaciones de los poderes públicos relacionados con menores. Para una mejor comprensión del asunto, procede resaltar los siguientes antecedentes: En fecha ocho de junio de dos mil veintiuno, la hoy tercero interesada, *******, promovió incidente de modificación de residencia habitual y modificación de los derechos de visita y convivencia, a efecto de que se le autorizara el cambio del lugar de residencia donde ejerce la guarda y custodia de su menor hija *******, así como la modificación a los derechos de convivencia establecidos a favor del padre de la referida menor, lo anterior en aras de procurar el mejor desarrollo educativo, social y sentimental de la menor, así como la mayor protección de sus derechos humanos especialmente los referentes a la salud y seguridad social, a su libertad de expresión, al descanso y esparcimiento en el lugar habitual y con las personas con las que tiene mayor acercamiento, familiaridad, amistad y fraternidad. En dicho Incidente solicitó como medida provisional de protección que de manera preventiva se le autorizara que su menor hija residiera en su entorno actual, en el domicilio ubicado en *******, en continuación al ejercicio de la Guarda y Custodia que ostenta, hasta en tanto se decidiera de manera definitiva sobre la materia planteada en aquella incidencia- medida que a juicio de la actora incidentista resultaba procedente en atención a que se debía preservar el entorno en que se encontraba la menor y por existir un grave riesgo de que al negar la medida, se expondría a la menor a un peligro físico y hasta psicológico al cambiarla repentinamente de su entorno. Mediante acuerdo de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, la Juez Quinto de lo Familiar por Audiencias del Distrito Judicial Bravos, se pronunció respecto a la referida medida provisional de protección, negando la misma, en los siguientes términos: -CIUDAD JUÁREZ, CHIHUAHUA, A VEINTISÉIS DE FEBRERO DEL DOS MIL VEINTIUNO. Por recibido el escrito suscrito por la licenciada -*******-, con la personalidad que tiene debidamente acreditada en autos como representante de la señora -*******-, téngasele haciendo las manifestaciones que vierte en su escrito de cuenta, y en cuanto a lo que solicita respecto a la medida provisional consistente en que se decrete residencia provisional de la menor en el domicilio ubicado en -*******-, en virtud de lo que solicita es la variación de los términos convenidos de la residencia de la menor -*******-, dígasele que no ha lugar de acordar la medida provisional que solicita, ya que la acción que pretende hacer valer como medida provisional, resulta ser en sí la acción principal en el presente incidente, misma que se va resolver en sentencia, toda vez que esta debe ser fijada por el juzgador en base a los elementos de prueba aportados por las partes en el juicio, ya que es cuando el juzgador decide la controversia, por lo que al acceder se quedaría sin materia el presente juicio. Lo anterior de conformidad con los artículos 2 inciso m-, 5, 6 fracción IV, 87 del Código de Procedimientos Familiares del Estado.- *******, madre de la menor de iniciales ******* interpuso recurso de apelación en contra de la resolución de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, recurso que por auto de dieciocho de marzo de dos mil veintiuno, se tuvo por interpuesto y se admitió en efecto devolutivo- se tuvo por señalado todo lo actuado como constancias para integrar el testimonio de apelación y se ordenó remitir a segunda instancia para su substanciación. Recibido en la Sala Familiar Regional en el Distrito Judicial Bravos, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de manera electrónica el testimonio de apelación correspondiente, se ordenó formar el toca respectivo, y lo registró con el número *******, confirmándose la admisión del recurso y la calificación del grado efectuada por la A quo- habiéndose ordenado poner los autos a la vista de la recurrente para que expresara sus agravios, lo cual realizó mediante escrito de fecha veintiocho de abril del año en curso. El treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia, en el toca *******, pronunció la resolución que aquí se impugna, en la que realizó el estudio de cada uno de los temas que analizó la Jueza Quinto Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, en su resolución de fecha veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, en el Juicio Ordinario Familiar *******, en la cual, resolvió lo siguiente: Primeramente, la Sala responsable al hacer el estudio del caso, por cuestión de método, estudió de manera conjunta la totalidad de los agravios, debido a la similitud en su contenido y redacción, con el fin de evitar argumentos repetitivos. Dicho análisis lo realizó a través de los siguientes tópicos: a-. Estudio del caso. Destacó la titular de la Sala Familiar en su resolución, que la medida provisional de protección solicitada por la actora incidentista, consistió en que de manera preventiva se autorizara que la menor ******* residiera en su entorno actual en el domicilio ubicado en *******, medida que sin duda estaba encaminada a la modificación, de manera temporal, en tanto se resolvía la cuestión incidental planteada, tanto de la residencia de la referida menor, así como de la convivencia de ésta con su progenitor, mismas que fueron decretadas en el convenio celebrado entre las partes, el cual fue aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada mediante sentencia definitiva- por tanto, consideró pertinente hacer una reseña de la posibilidad de modificar una sentencia dictada en materia familiar así como la obligación del resolutor que conocía del nuevo juicio o incidente de atender a los términos en que se dictó y de actuar siempre privilegiando el interés superior del menor. b-. Sentencias dictadas en materia familiar que no causan estado. Al respecto, la Magistrada responsable indicó que por disposición expresa de la ley, existían situaciones en las que, no obstante la firmeza de los fallos dictados, podían modificarse cuando cambiaran las circunstancias que imperaban al momento de ser pronunciadas. Un ejemplo de ello, se encontraba en lo dispuesto en el artículo 89 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, pues de acuerdo con ese precepto, las resoluciones judiciales dictadas en negocios de alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, guarda y custodia, tutela de niñas, niños y adolescentes, interdicción, jurisdicción voluntaria y las demás previstas en las leyes, pese a la firmeza que pudieran tener porque en su contra ya no procedía ningún recurso o medio de impugnación, no adquirían la calidad de cosa juzgada, pues éstas podían modificarse cuando cambiaran las circunstancias que afectaran el ejercicio de la acción que se dedujo en el procedimiento correspondiente, ya sea en vía incidental o en procedimiento autónomo. En estos casos, aseguró la Magistrada, debía armonizarse el derecho que tenía, por un lado, el actor para ejecutar la sentencia emitida a su favor y por el otro, la posibilidad que tenían, cualquiera de los interesados, de promover un nuevo juicio invocando un cambio en las circunstancias que prevalecían, todo ello salvaguardando derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo, cuidando el dictado de sentencias contradictorias. En tales situaciones, la principal obligación que tenían los órganos jurisdiccionales era la de actuar respetando los principios que se encontraban inmersos en una tutela jurisdiccional efectiva, esto es, no emitir resoluciones como si no existiese una sentencia anterior, pero siempre conservando la facultad de actuar en interés superior de la infancia, si era necesario. En ese sentido, manifestó la responsable que, en concordancia con lo anterior, no debía perderse de vista que eran cuatro los principios rectores de la Convención sobre los Derechos del Niño, -establecidos por el Comité de los Derechos del Niño-: 1- No discriminación. 2- Interés superior del niño. 3- Derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. 4- Respeto a la opinión del niño. En lo que interesa al presente asunto, destacó la Magistrada responsable que retomaba el segundo y tercer principio, esto es, el interés superior del niño y el derecho de éste a la vida, la supervivencia y al desarrollo, los cuales además se encontraban reflejados en el artículo 4º constitucional, razón por la cual debía privilegiarse su respeto y cumplimiento. Por lo cual, aseveró la responsable, si bien las sentencias en materia familiar no constituían cosa juzgada, pues, éstas podían modificarse cuando las circunstancias bajo las que se hubieren dictado hubieran cambiado, siempre debía hacerse dando las razones por las que se estaba modificando, ya que, el artículo 16, primer párrafo constitucional establecía que todo acto de autoridad debía estar fundado y motivado. Es decir, que el juez que conoció del segundo juicio, no podía simplemente tomar decisiones como si no existiera una primera sentencia sobre los interesados, sino que, si bien podía tomar determinaciones en beneficio de la infancia, se encontraba obligado a exponer las razones que lo llevaron a arribar a tal conclusión. Insistió la magistrada responsable, que las sentencias en materia familiar no constituían cosa juzgada en forma absoluta, de tal manera que, si en una diversa controversia, un órgano jurisdiccional tomaba determinaciones que modificaran una situación que influyera directamente en los intereses y derechos de un infante, como en el caso, al pretender la modificación tanto de la residencia de la referida menor, así como de la convivencia de ésta con su progenitor, dichas determinaciones debían estar debidamente fundadas y motivadas y sólo en ese supuesto se podría observar la armonía entre el actuar del estado para propiciar el respeto pleno a la dignidad de la niñez y el ejercicio pleno de sus derechos, y la existencia de medios inmersos en las leyes donde se encontraran establecidos los medios necesarios que garantizaran la plena ejecución de las resoluciones jurisdiccionales. Por lo anterior, la Magistrada llegó a la conclusión de que, cuando se veían involucrados derechos inherentes a los menores, debía resolverse atendiendo al interés superior del niño y atendiendo a las siguientes directrices: I-. En primer lugar, examinar cuidadosamente la promoción en la que se solicitara el cambio de alguna medida previamente decretada- que tal y como acontecía en el caso, la actora incidentista pretendió la modificación del lugar de residencia de la referida menor y por ende, del régimen de convivencia entre ella y su progenitor y en el momento en que fuera a proveer sobre ella, para determinar si se surtían tres hipótesis: a-. La primera relativa a si existía la medida cuya modificación se pretendía, en este caso el que se hubiera fijado el lugar de residencia de la menor, así como el régimen de visitas y convivencias. b-. La segunda, para el caso de que así fuera, estudiar los hechos de la solicitud y si de ahí advirtiera que en ellos se diera noticia de un riesgo, que conllevara la afectación a la integridad física o moral de la niña, niño o adolescente, así como si existía un principio de prueba que de acuerdo al prudente arbitrio del juzgador llevara a concluir que se pudiera actualizar ese riesgo, y, c-. La tercera, se actualizaría cuando aún sin principio de prueba, se diera noticia de un riesgo para la integridad física o moral de los menores, caso en el cual el órgano jurisdiccional debía realizar la ponderación de la gravedad de los hechos narrados. Así, para el caso de que se actualizara alguna de las hipótesis anteriores, el órgano jurisdiccional sujetándose al principio de proporcionalidad, que se integra por tres juicios, el de idoneidad -que la medida sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto-, el de necesidad -que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia- y el de proporcionalidad en sentido estricto -que se derive de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto-, debería, en forma inmediata decretar, todas aquellas medidas o providencias cautelares necesarias e indispensables para tutelar al sujeto desprotegido y velar por la protección de su interés superior- ello para preservar los derechos de la menor que supuestamente estaban siendo violados o bien se pudieran llegar a violentar si no se tomaban dichas medidas. Lo anterior atendiendo a las circunstancias excepcionales del asunto y a los intereses superiores del menor, como podría ser que el mismo se encontrara o se pudiera llegar a exponer en una situación de riesgo, sin que debiera analizarse cuál sería el escenario más benéfico para el menor porque esto era materia de la resolución definitiva. II-. En relación con esa situación de riesgo, aclaró la responsable, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos directos en revisión 12/2010 y 1038/2013, afirmó que de acuerdo al interés superior de la infancia bastaba que se pusiera en riesgo al menor para comprometer los bienes y derechos de los menores, sin que fuera necesario que se actualizara un daño. En tales precedentes se afianzó que el principio de interés superior ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas -reforzadas- o -agravadas-, y que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad. En tanto la protección de los menores era más intensa, no era necesario que la circunstancia a ponderar generara un daño, sino que bastaba con que la misma -aumentara el riesgo- de que los bienes o derechos de los menores se verían afectados. III-. La Magistrada responsable hizo una precisión sobre el concepto de riesgo. Destacó que si éste, se entiende simplemente como la posibilidad de que un daño ocurra en el futuro, era evidente que la eventualidad de que un menor sufriera una afectación estaría siempre latente. Que hay miles de situaciones imaginables que pueden poner en peligro la integridad de un niño. En este sentido, cualquier menor estaría en -riesgo- de sufrir una afectación por muy improbable que fuera. Sin embargo, ésta no era una interpretación muy razonable del concepto de -riesgo-. De acuerdo con la literatura especializada, el aumento del riesgo- se configuraría normalmente como una situación en la que la ocurrencia de un evento hacía más probable la ocurrencia de otro, de modo que el riesgo de que se produjera este segundo evento aumentaba cuando se producía el primero-. Encima, el interés superior de la infancia ordenaba que los jueces decidieran atendiendo a lo que resultaba más beneficioso para el niño. Bajo dicha premisa, la situación de riesgo se actualizaría si el hecho de que uno de los padres se ubicaba en una categoría sospechosa -primer evento-, hacía más probable que el menor se encontrará mejor bajo el cuidado exclusivo del otro de los progenitores -segundo evento-. En conclusión, cuando en un juicio se advirtiera una situación que pudiera generar un riesgo para el menor, era obligación del Juzgador decretar de manera inmediata, todas aquellas medidas o providencias cautelares necesarias e indispensables para tutelar al sujeto desprotegido y velar por la protección de su interés superior- ello para preservar los derechos del menor que supuestamente estaban siendo violados o bien se pudieran llegar a violentar si no se tomaban dichas medidas provisionales. Que el objeto primordial de estas medidas provisionales, era asegurar la integridad de los menores o la satisfacción de sus necesidades urgentes durante la tramitación del juicio. Luego, aunque por regla general las medidas provisionales decretadas en el juicio pervivían sólo hasta el dictado de la sentencia, tratándose de materia familiar, cuando la extinción de las mismas generaba un riesgo cierto para la salud e integridad de los hijos menores o se actualizaran circunstancias que ameritaran su modificación, el juzgador debía adoptar las necesarias que el caso exigiera mientras prevaleciera dicha situación- ello al margen de lo que se decidiera en la sentencia definitiva, en estricto apego al interés superior de la niñez establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. IV-. Resaltó la Magistrada responsable, que estas medidas de que se habla, se caracterizaban por los siguientes elementos: 1. Provisionalidad o provisoriedad, en cuanto que tales medidas, decretadas antes o durante un proceso principal, sólo duraban hasta la conclusión de éste, pero en ninguno de tales casos la tramitación de la medida tenía incidencia sobre el proceso principal o afectaba su desarrollo- 2. Instrumentalidad o accesoriedad, en cuanto que no constituían un fin en sí mismas, sino que nacían al servicio de un proceso principal- 3. Sumariedad o celeridad, en cuanto que, por su misma finalidad, debían tramitarse y dictarse en plazos muy breves- y por regla general, sin audiencia previa de la contraparte- y, 4. Flexibilidad, en razón de que podían modificarse cuando variaran las circunstancias sobre las que se apoyaban. Por tanto, en el establecimiento de estas medidas no operaba la cosa juzgada, ya que, dadas las características apuntadas, podían ser modificadas si el Juez advertía datos objetivos, como podían ser las manifestaciones del propio menor o de estudios psicológicos que se hubiesen practicado, de los cuales derivaron cambios en las circunstancias del menor, ante lo cual válidamente podría modificar la medida cautelar. Sin que lo anterior significara un perjuicio irreparable para alguno de los progenitores del menor, cuyos derechos se encontraban involucrados en juico de que se tratara y cuya protección se priorizaba mediante dichas medidas, puesto que las mismas únicamente tendrían vigencia hasta en tanto el juicio se decidiera en sentencia, momento en el que habrían de desahogarse todo el caudal probatorio ofrecido por las partes además de las manifestaciones del menor, a efecto de determinar en definitiva su custodia y en este caso el lugar de residencia de la menor con el padre que le representara el mejor escenario y sin riesgo para su integridad. c-. Análisis de los agravios. La Magistrada responsable, consideró los agravios como esencialmente fundados y operantes, pues una vez expuesto lo anterior y analizada que fue la resolución combatida, así como todas y cada una de las constancias y actuaciones que dieron lugar a la misma, consideró que los argumentos que integraban los agravios expuestos por la apelante y respecto de los cuales se hizo referencia con antelación devenían esencialmente fundados y operantes. Lo anterior, puesto que efectivamente tal y como lo expuso, consideró incorrecta la determinación que tomó la Juez de origen al momento de emitir el auto impugnado, ya que negó de plano la medida de protección solicitada en beneficio de la menor cuyos derechos se veían involucrados en la presente controversia, ello por el simple hecho de que lo pretendido con dicha medida constituía la materia de fondo de la cuestión incidental planteada. Sin haber efectuado el análisis respecto a la situación actual de la menor y si efectivamente existía o podía llegar a existir o no un riesgo para ella que ameritara establecer la medida provisional solicitada- por lo que era evidente que la A quo, no atendió a su obligación constitucional de velar por el interés superior de la menor. Puntualizó la responsable, que lo anterior era así toda vez que, como bien lo refirió la apelante, resultaba errónea la apreciación que efectúo la Juez de origen, al negar la medida de protección solicitada por el simple hecho de que lo pretendido con dicha medida, esto es la variación de los términos en cuanto a la residencia de la menor *******, constituía la materia de fondo de la cuestión incidental planteada y que de otorgar dicha medida se quedaría sin materia dicho incidente- puesto que, si bien era cierto lo que se pretendía con dicha medida provisional, tenía la misma finalidad que lo demandado en la vía incidental, referente a que se autorizara el cambio de residencia de la menor y por ende la variación en la convivencia de ésta con su progenitor. Sin embargo, destacó la Magistrada responsable, contrario a lo manifestado por la A quo, que dicha circunstancia no puede constituir un parámetro para negar de plano una medida de protección, máxime cuando se solicitaba en beneficio de un menor de edad, ya que se trataba únicamente de una medida que por su naturaleza era temporal y quedaba a resultas de la cuestión principal, por lo tanto, el que se otorgara una medida que tuviera relación directa con la cuestión principal a resolver, no traía como consecuencia que se dejara sin materia la primera, ni tampoco significaba que se estaría prejuzgando sobre el fondo de la cuestión planteada, como desatinadamente lo adujo la Juez, sino que su objeto primordial sería el de asegurar la integridad y derechos de la menor o la satisfacción de sus necesidades urgentes durante la tramitación de la cuestión incidental, mientras se decidiera el fondo, pero nunca tendría el alcance de dejar sin materia el juicio principal. Así, la Magistrada responsable, tomó en cuenta lo antes expuesto y concluyó que la determinación tomada por la Juez de origen en el auto impugnado no se encontraba apegada a derecho ya que no se atendió al interés superior de la menor *******, puesto que lo correcto era que la A quo, efectuara el análisis respecto a la situación actual de la menor en cuanto a su lugar de residencia y si efectivamente existía o pudiera llegar a existir, o no, un riesgo para la menor que ameritara establecer la medida provisional solicitada- en consecuencia dejó sin efecto dicha determinación. Con base en lo anterior y ante la falta de reenvío en segunda instancia, correspondió a ese Tribunal de Alzada efectuar el análisis referido y determinar si era procedente o no decretar la medida provisional solicitada, ello atendiendo a la obligación constitucional que tenía este Tribunal de actuar y velar por el interés superior de la menor. En ese sentido, la Magistrada responsable, estableció que en el caso en concreto, de las constancias que integraban el expediente de origen, las cuales fueron consultados a través de sistema de consulta remota con el que contaba ese Tribunal, específicamente de lo manifestado por las partes tanto en el escrito mediante el cual se interpuso el incidente, así como del escrito de contestación al mismo, pudo advertir, que dicha menor, al momento de resolver, residía en Bridgeglade lane, Lithia Florida de los Estados Unidos de América, lo cual incluso lo pudo corroborar con el procedimiento de restitución internacional promovido por el padre de la niña y el cual aún se encontraba en trámite. Pudiendo advertir además, que la residencia de la menor en aquella ciudad, era desde el mes de enero del dos mil veinte y que en esos momentos se encontraba cursando sus estudios en aquella Ciudad en la cual vivía al lado de su madre, de sus dos hermanos y de su familia materna. Circunstancias las anteriores, que le resultaron suficientes para estimar procedente decretar de manera provisional la medida solicitada por la actora incidentista en beneficio de la menor, ello al tomar en cuenta dos situaciones en particular: La primera era, que no se advertía situación de riesgo alguno si se permitía a la menor permanecer en el lugar en el que actualmente residía en lo que se resolvía en definitiva el incidente ya referido y- La segunda consistente en que, el no decretar dicha medida implicaría que la menor tendría que regresar a vivir a esta Ciudad, mientras duraba el trámite de la cuestión incidental que resolvería en definitiva si era procedente o no variar la residencia habitual de dicha menor y por ende, el régimen de convivencia con su progenitor, lo que a su vez conllevaría a someter a la menor a un cambio constante de residencia, situación que en nada le beneficiaba ya que dicha variación detentaría una inestabilidad en la menor, puesto que no podía estar de un lugar a otro por simple capricho de las partes o bien por el de la misma menor, generando con ello un desequilibrio emocional en su persona, pues no se le estaría resolviendo en qué lugar se encontraba mejor conforme a su propio interés superior, sino que se le estaría cambiando de lugar conforme a su criterio o al de sus padres. Resaltó la responsable, que era importante señalar que ese tipo de conductas, podían tener un efecto sumamente perjudicial en el interés superior de la menor, reflejándose en afectaciones que podrían ser tanto físicas como psicológicas derivadas de la incertidumbre y frustración a que se enfrentaría la menor frente al quebrantamiento de su estabilidad familiar, la separación del progenitor con el que siempre ha convivido, la necesidad de adaptarse a nuevos hábitos, el alejamiento de sus hermanos, entre otras situaciones equivalentes. En efecto, consideró la responsable que lo más adecuado para la protección del interés superior de la menor era que la asignación en este caso de su lugar de residencia, así como el establecimiento de un régimen de visitas y convivencias, se realizara hasta en tanto se resolviera en definitiva la cuestión incidental planteada conforme a la resolución jurisdiccional correspondiente o bien por algún convenio celebrado entre las partes. Lo anterior, pues no solo era la forma en la que se podría decidir de manera más objetiva el régimen que resultaba más benéfico para ella, sino también porque se intentaba velar porque los derechos de custodia y de visita vigentes se respetaran o bien se adecuara a la situación actual de la menor. Esto lo consideró de esa manera puesto que, como lo dijo con antelación, las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos debían ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, no el de los padres, pues no eran las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinaban las medidas a adoptarse, sino exclusivamente el bien de los hijos. Este criterio vinculaba tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que debían de adoptarse aquellas medidas que fueran más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pudiera ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social. En consecuencia, la Magistrada responsable, revocó el auto recurrido, para el efecto de establecer como medida provisional que la menor ******* continuara residiendo donde en esos momentos se encontraba, ello con el fin de que las cosas se mantuvieran en ese estado respecto a la residencia de la menor y así salvaguardar su bienestar, evitando que sufriera los prejuicios que acarrearan los cambios constantes de residencia habitual y el ser objeto de disputa entre sus progenitores- lo anterior hasta en tanto fuera resuelta por el Tribunal de origen de manera definitiva sobre la materia planteada en el incidente promovido por *******. Ello, con independencia de que en la resolución definitiva se analizaran las constancias de autos y se determinara cuál resultaba ser el escenario más benéfico para el desarrollo integral de la menor, ya que sería hasta que se emitiera la resolución interlocutoria que se resolvería en definitiva la solicitud de modificación planteada, cuando con el cúmulo de medios de convicción que pudieran llegar a ofrecerse, la escucha de la menor, más los que oficiosamente recabara la autoridad jurisdiccional, que se pudiera determinar si las circunstancias preexistentes habían cambiado y si resultaba o no procedente de manera definitiva el cambio de residencia de la menor y por ende, el régimen de convivencia con su progenitor. d-. Régimen de convivencia provisional. Por lo que hace a este tópico, al considerar fundados los agravios expuestos por la recurrente y una vez que se tomó en consideración la situación especial en la que se encontraba tanto la menor como su padre al vivir en países distintos y el hecho de que la menor ******* había permanecido los últimos años en mayor tiempo con su progenitora- y a resultas de esta situación fáctica la cual se resolviera en la cuestión incidental planteada, se consideró que el régimen decretado para el ejercicio del derecho de visitas y convivencias era limitado. Por lo anterior, la Magistrada responsable, atendiendo al principio preventivo que se encuentra consagrado en el artículo primero de la Carta Magna, y con el fin de garantizar el derecho que la menor tenía de convivir y de mantener una relación y contacto directo con su padre, consideró necesario que el régimen definitivo de visitas y convivencias establecido en el convenio celebrado entre las partes, el cual fue aprobado y elevado a categoría de cosa juzgada mediante la sentencia definitiva pronunciada en el presente juicio, fuera modificado. Así, al considerar la responsable que no habría más agravios de los que esa Sala debiera ocuparse, en razón de lo previamente fundado y motivado y con fundamento en lo dispuesto en el artículo 483 del Código de Procedimientos Familiares del Estado y al no existir en autos objeción alguna por parte del Ministerio Público adscrito a esa Sala, determinó que lo procedente era revocar el auto combatido en tales términos. Eso con la finalidad de evitar una desestabilidad emocional en la persona de la referida menor, mediante un cambio drástico en el ejercicio de ese derecho- por lo que debía modificarse este apartado, estableciendo la responsable, como régimen de visitas y convivencia entre la menor ******* con su padre ******* y de manera temporal mientras subsistía la medida provisional antes referida, el siguiente: e-. Sentido del fallo. La Magistrada responsable, impuso revocar el auto recurrido para el efecto de establecer como medida provisional que la menor ******* continuara residiendo donde actualmente se encontraba, ello con el fin de que las cosas se mantuvieran en el estado en que se encontraban respecto a la residencia de la menor y así salvaguardar su bienestar, evitando que sufriera los prejuicios que acarreaban los cambios constantes de residencia habitual y el ser objeto de disputa entre sus progenitores- lo anterior hasta en tanto se resolviera por el Tribunal de origen de manera definitiva sobre la materia planteada en el incidente promovido por *******, y asimismo, entorno a la régimen de convivencia entre la menor ******* con su padre *******, dispuso que atendiendo a las circunstancias del caso, específicamente al hecho de que la menor actualmente radicaba en otro país, dicha convivencia debía efectuarse en el lugar de residencia de la menor, por lo que se conminaba a la madre de la infante, para que en beneficio de su hija y en respeto a los derechos de la misma, cuando el padre de la menor se encontrara de visita en el lugar de residencia de ésta, permitiera se llevaran a cabo las convivencias entre ellos durante la permanecía de *******, en aquella ciudad, siempre y cuando no se interfiera con las actividades escolares de la menor. Adicionalmente, al régimen de convivencia ya establecido, expuso resolvió la magistrada responsable que atendiendo a la razón de la distancia y tomando en consideración el hecho de que la madre de la menor expuso su conformidad para que la menor continuara conviviendo con su progenitor a través de los medios telemáticos disponibles, se decretaba un régimen de convivencia entre la menor y su padre a través de medios telemáticos- la cual dada la edad de la menor, se dispuso que se llevara a cabo todos los días de la semana en un horario de las diecisiete a las dieciocho horas, sin perjuicio de que se permitiera la comunicación que la menor deseara tener con su padre en algún horario diferente. De igual manera que, subsistía la convivencia decretada en el convenio celebrado por las partes en el presente juicio, específicamente respecto a los periodos vacacionales, siempre y cuando no interfiriera con las actividades escolares de la menor. Ello, sin perjuicio de que las partes atendiendo a las propias circunstancias y posibilidades de ellos y en atención a las actividades de su hija, tomaran determinaciones para variar la forma en que se llevaría a cabo el ejercicio de este derecho, previo conocimiento que de ello se diera a la autoridad jurisdiccional, para el establecimiento de la variación de derecho y no solamente de facto, evitando posteriores controversias entre los mismos, y en atención a la autonomía de la voluntad, que constituye un elemento del libre desarrollo de la personalidad, para que gestionaran su propio interés, siempre y cuando fuera en beneficio de la referida menor, así como el principio de colaboración consagrado en el artículo 2 inciso o- del código procesal de la materia. Por lo tanto, conminó a los progenitores del infante, para que en beneficio de su hija y en respeto a los derechos de la misma se cumplieran con los puntos de convivencia determinados. En el entendido de que dicho régimen de convivencia subsistiría mientras durara la medida de protección antes decretada y hasta en tanto no se resolviera en definitiva la cuestión incidental planteada por *******, ya que en dicha resolución interlocutoria la A quo, debía pronunciarse respecto a la residencia de la menor y por ende, del régimen de convivencia que en adelante prevaleciera en mayor beneficio de la menor. SÉPTIMO.- Análisis de los conceptos de violación. En primer término, es necesario precisar que al encontrarse involucrada una menor de edad, el presente asunto debe resolverse atendiendo al interés superior de la misma. En ese sentido, es oportuno mencionar que con la reforma de diez de junio de dos mil once, al artículo 1º, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se integraron al sistema de protección de los derechos fundamentales, aquéllos reconocidos en tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, erigiéndose el principio pro persona como criterio interpretativo para el desarrollo de la función protectora en materia de derechos fundamentales, por lo que, en todo tiempo, debe favorecerse la protección más amplia para las personas. Asimismo, el artículo 4o. constitucional, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el doce de octubre de dos mil once, en lo que interesa, dispone: -Artículo 4o. El varón y la mujer son iguales ante la ley. Esta protegerá la organización y el desarrollo de la familia. -.- En todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y cumplirá con el principio del interés superior de la niñez, garantizando de manera plena sus derechos. Los niños y las niñas tienen derecho a la satisfacción de sus necesidades de alimentación, salud, educación y sano esparcimiento para su desarrollo integral. Este principio deberá guiar el diseño, ejecución, seguimiento y evaluación de las políticas públicas dirigidas a la niñez. Los ascendientes, tutores y custodios tienen la obligación de preservar y exigir el cumplimiento de estos derechos y principios. El Estado otorgará facilidades a los particulares para que coadyuven al cumplimiento de los derechos de la niñez.- De igual manera, el artículo 3 de la Convención Sobre los Derechos del Niño, establece: -Convención sobre los derechos del niño- Artículo 3. 1. En todas las medidas concernientes a los niños que tomen las instituciones públicas o privadas de bienestar social, los tribunales, las autoridades administrativas o los órganos legislativos, una consideración primordial a que se atenderá será el interés superior del niño. 2. Los Estados Partes se comprometen a asegurar al niño la protección y el cuidado que sean necesarios para su bienestar, teniendo en cuenta los derechos y deberes de sus padres, tutores u otras personas responsables de él ante la ley y, con ese fin, tomarán todas las medidas legislativas y administrativas adecuadas. -.-.- Así, tanto en nuestra constitución, como en la convención citada, se reconoce, como criterio de actuación para las autoridades estatales, el atender al interés superior del niño. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha dado contenido a dicho interés y perfilado la actuación de las autoridades jurisdiccionales en función de él, tal como se desprende de las siguientes tesis: -INTERÉS SUPERIOR DE LOS MENORES Y ATRIBUCIÓN DE LA GUARDA Y CUSTODIA. Como criterio ordenador, el interés superior de los menores previsto en el artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha de guiar cualquier decisión sobre guarda y custodia. Dicho de otro modo, el interés del menor constituye el límite y punto de referencia último de la institución de la guarda y custodia, así como de su propia operatividad y eficacia. En esta lógica, a la hora de decidir la forma de atribución a los progenitores de la guarda y custodia, hay que tener en cuenta que la regulación de cuantos deberes y facultades configuran la patria potestad, siempre está pensada y orientada en beneficio de los hijos, finalidad que es común para el conjunto de las relaciones paterno-filiales- y este criterio proteccionista se refleja también en las medidas judiciales que han de adoptarse en relación con el cuidado y educación de los hijos. En definitiva, todas las medidas sobre el cuidado y educación de los hijos deben ser adoptadas teniendo en cuenta el interés de éstos, que no el de los padres, pues no son las condiciones psicológicas o afectivas de los progenitores las que determinan las medidas a adoptar, sino exclusivamente el bienestar de los hijos. El criterio antes reseñado vincula tanto a los órganos jurisdiccionales como al resto de los poderes públicos e, incluso, a los padres y ciudadanos, de manera que han de adoptarse aquellas medidas que sean más adecuadas a la edad de los menores, para ir construyendo progresivamente el control acerca de su situación personal y proyección de futuro, evitando siempre que el menor pueda ser manipulado, buscando, por el contrario, su formación integral y su integración familiar y social.- -El énfasis es propio- El citado criterio, se refiere a los límites y alcances del interés superior del niño tratándose de la institución de guarda y custodia, como en el caso que nos ocupa. Así, debe decirse que, el interés superior del menor es un criterio orientador en la toma de decisiones en aquellos asuntos en que se involucre su bienestar, por tanto, en estos casos, las autoridades jurisdiccionales deben realizar una interpretación sistemática que tenga en cuenta los deberes de protección, así como los derechos especiales de los niños, previstos tanto en la Constitución, como en los Tratados Internacionales y en las leyes de protección a la niñez, a efecto de dotar de sentido a la norma o a la institución que sirva para resolver el caso concreto, siempre en beneficio de los menores, mas no en función de los intereses de sus padres. Luego, en cada caso concreto el juzgador habrá de adoptar, en atención a la norma o institución jurídica de que se trate, aquellas medidas que resulten necesarias y proporcionales a fin de que prevalezcan las condiciones que posibiliten el desarrollo integral del menor, acorde con su edad, situación y circunstancias personales, con el único fin de garantizar su desarrollo con base en una formación familiar y social integral. Así, tanto en nuestra constitución, como en la convención citada, se reconoce, como criterio de actuación para las autoridades estatales, el atender al interés superior del niño. Ahora, por técnica jurídica, en el examen de los conceptos de violación, no se respetará el orden en el que fueron propuestos, sino en el que permitan la lógica y el método judicial que rigen en el juicio de amparo. Al respecto, conviene señalar que la parte quejosa aduce que se viola en su perjuicio lo dispuesto en los arábigos 14 y 16 todos de la Carta Magna, mediante conceptos de violación que van dirigidos a combatir la resolución de la Magistrada responsable, de treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en la que resolvió conceder la medida provisional de modificación de convivencia, los cuales, en esencia son los siguientes: 1.- Que la Magistrada responsable, sin fundamentación alguna, modifica de manera provisional y de forma parcial la cláusula cuarta del convenio de divorcio celebrado entre el quejoso y su ex esposa *******, en la cual quedó establecido el régimen de convivencia, al considerar que se debía preservar el entorno en que se encontraba la menor, así como la existencia de un riesgo físico y psicológico para ésta, al cambiarla abruptamente de su entorno, lo cual resolvió, sin establecer a qué riesgo se refiere, pues no existe algún estudio psicológico del que se desprenda la posibilidad de riesgo que pudiera sufrir su menor hija. 2.- La parte quejosa manifiesta que la responsable dictó su resolución asumiendo que la menor se encontraba radicando en los estados unidos, cuando al momento de dictar dicha resolución, la menor se encontraba en esta ciudad Juárez en cumplimiento a lo ordenado por el Juez del Tribunal de Distrito, en los Estados Unidos, en el caso número *******. 3.- Aduce la parte quejosa, que la resolución de la Magistrada responsable modificó el convenio, en el cual se estableció, entre otras cosas, las convivencias con su menor hija, que fue elevado a cosa juzgada, lo cual, lo hace materia del fondo del incidente planteado por la tercero interesada ante el juzgado familiar de origen, así mismo, en dicho convenio se estableció un domicilio en el cual debía ejercerse la guardia y custodia de la menor, el cual fue modificado por la responsable sin existir una causa de riesgo que haya provocado alguna forma de sufrimiento, abuso o descuido, físico, psicológico, mental o emocional que pudiera sufrir su hija o que estuviera en peligro su integridad física. Por lo que hace a los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, señalados como números uno y tres, se estudiarán en conjunto debido a la íntima relación que se aprecia entre los mismos, así, esta resolutora considera que los mismos deviene infundados, por las siguientes consideraciones. Lo anterior se asevera, toda vez que no resulta cierta como asevera el quejoso que la autoridad responsable Magistrada de la Sala Regional Familiar, modificara el contenido en la cláusula cuarta, del convenio de divorcio, celebrado entre el quejoso y *******, quien es la madre de la menor de iniciales *******, pues aunque ciertamente se trata de un convenio elevado a la categoría de cosa juzgado, dada la naturaleza y trascendencia del asunto, no existe obstáculo alguno para que la determinación adoptada por la magistrada responsable pueda apartarse del contenido de dicha cláusula. En efecto, tal y como lo menciona la responsable en su resolución, dicho convenio es susceptible de ser modificado, cuando por disposición expresa de la ley, existen situaciones en las que, no obstante la firmeza de los fallos dictados, cambian las circunstancias que imperaban al momento de ser pronunciadas. Al respecto, el artículo 89 del Código de Procedimientos Familiares del Estado, establece lo siguiente: -ARTÍCULO 89. Las resoluciones judiciales dictadas con el carácter de provisionales pueden modificarse en la sentencia. Las resoluciones judiciales firmes dictadas en negocios sobre alimentos, ejercicio y suspensión de la patria potestad, guarda y custodia, tutela de niñas, niños o adolescentes, interdicción, jurisdicción voluntaria, y las demás que prevengan las leyes, pueden alterarse y modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan al ejercicio de la acción que se dedujo en el procedimiento correspondiente, ya sea en vía incidental o en procedimiento autónomo.- Conforme a dicho precepto, y como correctamente destacó la magistrada responsable las resoluciones judiciales dictadas en negocios de guarda y custodia, entre otros, pese a la firmeza que puedan tener porque en su contra ya no proceda ningún recurso o medio de impugnación, éstas pueden alterarse o modificarse cuando cambien las circunstancias que afectan el ejercicio de la acción que se dedujo en el procedimiento correspondiente, ya sea en vía incidental o en procedimiento autónomo. Así, como acertadamente expuso la Magistrada responsable, debe armonizarse el derecho que tiene, por un lado, el actor para que se cumpla la sentencia emitida a su favor y por otro, la posibilidad que tienen, cualquiera de los interesados, de promover un nuevo juicio invocando un cambio en las circunstancias que prevalecían, todo ello salvaguardando derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes, sobre todo, cuidando el dictado de sentencias contradictorias. En tales situaciones, la principal obligación que tienen los órganos jurisdiccionales es la de actuar respetando los principios que se encuentran inmersos en una tutela jurisdiccional efectiva, esto es, no emitir resoluciones como si no existiese una sentencia anterior, pero siempre conservando la facultad de actuar en interés superior de la infancia, si es necesario. Máxime que la medida solicitada por la hoy tercero interesada, constituye una medida provisional, de tal manera que resulta errónea la decisión que adoptó la juez de primer grado al negar la medida de protección, bajo el argumento de que lo pretendido por la promovente implicaría una variación que solamente podía analizarse al resolver la materia de fondo de la cuestión incidental planteada y que de otorgar dicha medida se quedaría sin materia dicho incidente- puesto que, si bien es cierto dicha medida provisional, puede tener la misma finalidad o propósito que lo demandado en la vía incidental, referente a que se autorice el cambio de residencia de la menor y por ende la variación en la convivencia de ésta con su progenitor- sin embargo, tal postura no puede constituir un parámetro para negar de plano una medida de protección, máxime cuando se solicita en beneficio de un menor de edad, en donde debe priva su interés superior, considerando además de que esa medida provisional solicitada es temporal y queda a resultas de la cuestión definitiva- pues de lo contrario de no realizar un pronunciamiento en ese sentido, podrían acarrearse en perjuicio de la menor daños y perjuicios de difícil reparación. Por lo tanto, el que se otorgue una medida que tenga relación directa con la cuestión definitiva a resolver, no trae como consecuencia que se deje sin materia la primera, ni tampoco significa que se esté prejuzgando sobre el fondo de la cuestión planteada, sino que su objeto primordial es el de asegurar la integridad y derechos de la menor o la satisfacción de sus necesidades urgentes durante la tramitación de la cuestión incidental, mientras se decida el fondo, pero nunca tendrá el alcance de dejar sin materia la cuestión de fondo. Ahora bien, en cuanto a lo manifestado por el quejoso, en el sentido de que la modificación del domicilio en el cual se debía de ejercer la custodia de la menor, así como del régimen de convivencias de la menor con su padre, se hizo sin existir en el expediente de origen, algún estudio psicológico que haya probado que la menor, estuviera en riesgo de sufrir algún daño, abuso o descuido físico, psicológico, mental o emocional, que impidiera continuar las convivencias en las condiciones en que originalmente fueron establecidas. Cabe puntualizar que esta Juzgadora federal, coincide con la magistrada responsable, de que en aras de respetar el interés superior de la menor, cuando en un juicio se advierte una situación que puede generar un riesgo para el menor, es obligación del Juzgador decretar de manera inmediata, todas aquellas medidas o providencias cautelares necesarias e indispensables para tutelar al infante desprotegido y velar por la protección de su interés superior- ello para preservar sus derechos, ya que el objeto primordial de estas medidas provisionales, es asegurar la integridad de los menores o la satisfacción de sus necesidades urgentes durante la tramitación del juicio. En este punto, la Magistrada llegó a la conclusión de que, cuando se veían involucrados derechos inherentes a los menores, debía resolverse atendiendo al interés superior del niño y atendiendo a las siguientes directrices: I-. En primer lugar, examinar cuidadosamente la promoción en la que se solicitara el cambio de alguna medida previamente decretada- que tal y como acontecía en el caso, la actora incidentista pretendió la modificación del lugar de residencia de la referida menor y por ende, del régimen de convivencia entre ella y su progenitor y en el momento en que fuera a proveer sobre ella, para determinar si se surtían tres hipótesis: a-. La primera relativa a si existía la medida cuya modificación se pretendía, en este caso el que se hubiera fijado el lugar de residencia de la menor, así como el régimen de visitas y convivencias. b-. La segunda, para el caso de que así fuera, estudiar los hechos de la solicitud y si de ahí advirtiera que en ellos se diera noticia de un riesgo, que conllevara la afectación a la integridad física o moral de la niña, niño o adolescente, así como si existía un principio de prueba que de acuerdo al prudente arbitrio del juzgador llevara a concluir que se pudiera actualizar ese riesgo, y, c-. La tercera, se actualizaría cuando aún sin principio de prueba, se diera noticia de un riesgo para la integridad física o moral de los menores, caso en el cual el órgano jurisdiccional debía realizar la ponderación de la gravedad de los hechos narrados. Así, para el caso de que se actualizara alguna de las hipótesis anteriores, el órgano jurisdiccional sujetándose al principio de proporcionalidad, que se integra por tres juicios, el de idoneidad -que la medida sea susceptible de conseguir el objetivo propuesto-, el de necesidad -que no exista otra medida más moderada para la consecución de tal propósito con igual eficacia- y el de proporcionalidad en sentido estricto -que se derive de ella más beneficios o ventajas para el interés general que perjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto-, debía, en forma inmediata decretar, todas aquellas medidas o providencias cautelares necesarias e indispensables para tutelar al sujeto desprotegido y velar por la protección de su interés superior- ello para preservar los derechos de la menor que supuestamente estaban siendo violados o bien se pudieran llegar a violentar si no se tomaban dichas medidas. Lo anterior atendiendo a las circunstancias excepcionales del asunto y a los intereses superiores del menor, como podría ser que el mismo se encontrara o se pudiera llegar a exponer en una situación de riesgo, sin que debiera analizarse cuál sería el escenario más benéfico para el menor porque esto era materia de la sentencia definitiva. II-. En relación con esa situación de riesgo, aclaró la magistrada responsable, que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en los amparos directos en revisión 12/2010 y 1038/2013, afirmó que de acuerdo al interés superior de la infancia bastaba que se pusiera en riesgo al menor para comprometer los bienes y derechos de los menores, sin que fuera necesario que se actualizara un daño. En tales precedentes se afianzó que el principio de interés superior ordena a todas las autoridades estatales que la protección de los derechos del niño se realice a través de medidas -reforzadas- o -agravadas-, y que los intereses de los niños deben protegerse con mayor intensidad. En tanto la protección de los menores era más intensa, no era necesario que la circunstancia a ponderar generara un daño, sino que bastaba con que la misma -aumentara el riesgo- de que los bienes o derechos de los menores se verían afectados. Con base en lo anterior, es acertada la determinación de la magistrada responsable de que en el caso específico, si bien, no existe una prueba de daño en perjuicio de la menor, el no decretar dicha medida, implicaría que la menor tuviera que regresar a vivir a esta Ciudad, mientras dura el trámite de la cuestión incidental que resolvería en definitiva si era procedente, o no, variar la residencia habitual de dicha menor y por ende, el régimen de convivencia con su progenitor, lo que a su vez conllevaría a someter a la menor a un cambio constante de residencia, situación que en nada le beneficiaba, ya que dicha variación, detentaría una inestabilidad en la menor, puesto que no podía estar de un lugar a otro por simple capricho de las partes, o bien, por el de la misma menor. Generando con ello, un desequilibrio emocional en su persona, pues no se le estaría resolviendo en qué lugar se encuentra mejor conforme a su propio interés superior, sino que, se le estaría cambiando de lugar conforme a su criterio o al de sus padres. Así, acertadamente consideró la Magistrada responsable, que es importante señalar que ese tipo de conductas, pueden tener un efecto perjudicial en el interés superior de la menor, reflejándose en afectaciones que pueden ser tanto físicas como psicológicas, derivadas de la incertidumbre y frustración a que se enfrentaría la menor frente al quebrantamiento de su estabilidad familiar, la separación del progenitor con el que siempre ha convivido, en este caso la madre, la necesidad de adaptarse a nuevos hábitos, el alejamiento de sus hermanos, entre otras situaciones equivalentes. Así, el interés superior de la infancia ordena que, cuando en un juicio se advierta una situación que pudiera generar un riesgo para el menor, es obligación del Juzgador decretar de manera inmediata, todas aquellas medidas o providencias cautelares necesarias e indispensables para tutelar al sujeto desprotegido y velar por la protección de su interés superior- ello para preservar los derechos del menor que están siendo violados o bien se pudieran llegar a violentar si no se toman dichas medidas provisionales. Lo anterior, toda vez que el objeto primordial de estas medidas provisionales, es asegurar la integridad de los menores o la satisfacción de sus necesidades urgentes durante la tramitación del juicio, actuando con ello, en estricto apego al interés superior de la niñez establecido en el artículo 4º de la Constitución Política de los Estados Unidos. Por lo anteriormente expuesto, esta resolutora federal considera, que no era necesaria una prueba psicológica, que hiciera evidente la existencia de un daño físico, psicológico o emocional, que ocasionara un perjuicio en la persona, o en la psique, de la menor de edad de iniciales *******, sino que bastó con que se advirtiera una situación que pudiera generar un riesgo para la menor, esto es, la sola posibilidad de existencia de dicho riesgo es suficiente, para que la autoridad judicial, tomara las decisiones pertinentes para hacer mínima, sino es que nula, esa posibilidad y con ello, salvaguardar el bien superior, que como funcionarios en nuestras diversas esferas de autoridad debemos resguardar, esto es, el interés superior de la infancia. En esas condiciones, es que esta Juzgadora Federal, considera infundados los conceptos de violación en estudio. De igual manera, deviene infundado el concepto de violación marcado con número dos en la demanda de amparo, puesto que el peticionario del amparo *******, esencialmente adujo que la responsable tomó su determinación asumiendo que la menor se encontraba viviendo en los Estados Unidos, cuando al momento de dictar dicha resolución, la menor se encontraba en esta ciudad, en cumplimiento a lo ordenado por el juez del tribunal de distrito en los Estados Unidos, en el caso número *******. Sin embargo, por un lado, no debe perderse de vista que la Magistrada responsable, al momento de resolver el recurso de apelación, únicamente estaba obligada a examinar el auto recurrido, así como los agravios hechos valer por la tercero interesada, considerando que ello constituía la Litis del recurso interpuesto, de tal manera, que el aspecto relativo a lo ordenado por el Juez de la Corte de los Estados Unidos, no era materia de análisis de dicho recurso, máxime que la Magistrada responsable, estaba sujeta a examinar únicamente la existencia del convenio celebrado por los señores ******* y *******, en donde se pactaron las condiciones de la guarda y custodia de su menor hija, así como la medida provisional solicitada por la promovente, el acuerdo recaído a dicha petición y desde luego, los agravios formulados en su contra. Tampoco se pierde de vista lo manifestado por el promovente, en el sentido de que su hija estuvo viviendo junto a él, en este país, desde el treinta y uno de marzo del año en curso, en razón de la resolución pronunciada el veinticinco del mismo mes y año, dentro del procedimiento con número de caso *******, por el Juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, del Distrito Medio de Florida, División de Tampa, quien determinó que la menor de edad regresara a esta ciudad. Sin embargo, de la traducción de dicha resolución que adjuntó el promovente, se advierte que la autoridad judicial en cita, también determinó lo siguiente: Es decir, se corrobora lo indicado, en el sentido de que a la madre de la menor no le han sido revocados sus derechos de guardia y custodia y que al padre no le ha sido otorgada esta figura por ninguna autoridad -ni extranjera ni nacional-. Así, tomando en cuenta lo antes expuesto, es acertado que la Magistrada de la Sala Familiar Regional, modificara la resolución recurrida, con el fin de autorizar la modificación del domicilio en el cual se debe de ejercer la custodia de la menor, así como de las convivencias de la menor con su padre, hoy quejoso, por ser esta medida de carácter provisional, esto es, hasta en tanto se resuelva en lo principal la incidencia presentada por la madre de la menor. De igual manera, en el caso que los efectos establecidos por la magistrada responsable no irrogan perjuicio alguno a la menor, como es que debe continuar residiendo donde actualmente se encuentra, en el domicilio ubicado en *******, lo anterior hasta en tanto se resuelva de manera definitiva la incidencia planteada por *******, y asimismo, entorno a la régimen de convivencia entre la menor ******* con su padre *******, dicha convivencia debe efectuarse en el lugar de residencia de la menor, por lo que en caso de el padre de la menor se encuentre de visita en el lugar de residencia de ésta, se conmina a la madre a permitir se lleven a cabo las convivencias entre ellos durante la permanecía de *******, en aquella ciudad, siempre y cuando no se interfiera con las actividades escolares de la menor.Adicionalmente, al régimen de convivencia ya establecido, atendiendo a la razón de la distancia, es correcto que la menor continúe conviviendo con su progenitor a través de los medios telemáticos disponibles, todos los días de la semana en un horario de las diecisiete a las dieciocho horas, sin perjuicio de que se permita la comunicación que la menor desee tener con su padre en algún horario diferente.De igual manera que debe subsistir la convivencia decretada en el convenio celebrado por las partes en el presente juicio, específicamente respecto a los periodos vacacionales, siempre y cuando no interfiriera con las actividades escolares de la menor.Ello, sin perjuicio de que las partes atendiendo a sus propias circunstancias y posibilidades, tomen determinaciones para variar la forma en que se llevará a cabo el ejercicio de este derecho, previo conocimiento que de ello se dé a la autoridad jurisdiccional, para el establecimiento de la variación de derecho y no solamente de facto, evitando posteriores controversias entre los mismos, y en atención a la autonomía de la voluntad, que constituye un elemento del libre desarrollo de la personalidad, para que gestionen su propio interés, siempre y cuando sea en beneficio de la referida menor, así como el principio de colaboración consagrado en el artículo 2 inciso o- del código procesal de la materia.Medidas que desde luego, deberán subsistir, hasta en tanto no se resuelva en definitiva la cuestión incidental planteada por *******.En mérito de lo expuesto, al resultar infundados los conceptos de violación examinados, lo procedente es negar el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso respecto de la resolución emitida el treinta y uno de mayo de dos mil veintiuno, en el toca *******, por la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dado que los conceptos de violación resultaron infundados.Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución atribuidos al Jueza Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, en virtud de que no se atribuyeron vicios propios.Al respecto, tiene aplicación la tesis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital, 207616, -TA-- 8a. Época- 3a. Sala- S.J.F.- Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988- Pág. 357, la cual dice:-AUTORIDADES ORDENADORAS, AMPARO CONTRA. SU NEGATIVA DEBE HACERSE EXTENSIVA A LAS EJECUTORAS, SI NO SE RECLAMARON SUS ACTOS POR VICIOS PROPIOS. Si no quedaron demostradas las violaciones aducidas en la demanda de garantías, respecto de las autoridades ordenadoras, ha lugar a negar la protección constitucional solicitada, debiéndose extender a los actos de ejecución, cuando los mismos no se impugnaron por vicios propios, sino que su ilegalidad se hizo depender de lo atribuido a la sentencia reclamada.-Finalmente, se hace la precisión que de conformidad con el artículo Sexto Transitorio, de la Ley de Amparo, las tesis resultan aplicables en el presente asunto, pues si bien es cierto, el contenido de las mismas alude a la anterior Ley de Amparo, sin embargo, contienen los mismos principios de la ley de la materia vigente.Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 79 y 217 de la Ley de Amparo, SE RESUELVE:ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *******, respecto de los actos reclamados de la Magistrada de la Sala Familiar Regional del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua y de la Jueza Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial Bravos, en virtud de los motivos que se expresaron en el considerando séptimo del presente fallo.Notifíquese personalmente a la parte quejosa, a la parte tercero interesada y al representante especial de la persona menor de edad, y al agente del Ministerio Público adscrito, así como por oficio a las autoridades responsables.Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada *******, quien actúa ante el Secretario del Juzgado que autoriza y da fe, licenciado *******, hoy tres de diciembre de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del Juzgado de Doy fe.

Quedan 14 actuaciones en este expediente

El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua · 7,505 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano