Martín Alfonso Ramírez

Expediente 622/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 31 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
622/2021
Año
2021
Actuaciones
14
Última actuación
31/08/2022

Partes del expediente

  • Martín Alfonso Ramírez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta y uno de agosto de dos mil veintidós. Agréguese a los autos para que surta los efectos legales conducentes el oficio 13029/2022 y anexo que remite el Secretario del Primer Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, en esta ciudad, al cual adjunta testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión administrativo 30/2020, interpuesto por **********; de cuyos puntos resolutivos se advierte: PRIMERO. Se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por **********, contra las autoridades y por los actos que quedaron precisados en el considerando segundo de la sentencia recurrida. Acúsese recibo, agréguese el cuadernillo de antecedentes y háganse las anotaciones relativas en el libro de gobierno y expediente electrónico. En este sentido, visto lo anterior y la certificación de cuenta, con fundamento en el artículo 81, fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, por mandato expreso de su numeral 2º, se declara que dicha resolución HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. El presente juicio de amparo constituye archivo reciente, no es de relevancia documental, no tiene valor jurídico, no obran documentos originales y por haberse sobreseído, es susceptible de destrucción dentro del plazo de cinco años, conforme lo establece el numeral 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. En cuanto al incidente de suspensión original, de conformidad con lo dispuesto por la Circular de ocho de marzo de dos mil veintiuno CAP/DGAD/392/2021 de la Dirección General de Archivo y Documentación, el mismo es susceptible de depuración. De este modo, atento a que la Dirección General de Archivo y Documentación determinó que aquellos expedientes que se encuentren bajo resguardo de los órganos jurisdiccionales y que actualmente cuenten con más de cinco años de haberse acordado su archivo como asunto concluido, en términos del punto vigésimo primero de cualquiera de los Acuerdos Generales Conjuntos de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los órganos jurisdiccionales, será el propio órgano el encargado de realizar las actividades de depuración o destrucción, según corresponda, toda vez que han alcanzado la temporalidad que estipula dicho numeral para ejecutar su valoración documental. Por tanto, una vez concluido el plazo de cinco años, este órgano jurisdiccional deberá destruir el presente juicio de amparo. Luego de transcurridos seis meses destrúyase el duplicado del incidente, de conformidad con lo establecido por la fracción II, inciso a) del numeral 20 del invocado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, para lo cual manténganse ligados. Tal como se estableció en la cuenta, esta resolutora califica la información del expediente como pública, pues se trata de un asunto concluido, en el que las partes no se opusieron a la publicación de sus datos personales tal como se indica en el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. El asunto no tiene información clasificada como reservada según el numeral 110 del ordenamiento legal invocado; y, las partes entregaron información con carácter de confidencial en el presente expediente, en términos de lo que dispone el ordinal 113 de la legislación en comento. Notifíquese por lista electrónica y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese a sus autos para que obre como corresponda, el escrito signado por la parte quejosa, **********, mediante el cual interpone recurso de revisión contra la sentencia emitida el treinta de noviembre del presente año en el presente juicio de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 81 fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, una vez que se encuentre debidamente integrado el recurso de cuenta, es decir, que obren la totalidad de las constancias de notificación a las partes, tanto de la sentencia de referencia, como del presente recurso de revisión, remítase al Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo número **********/2021-V. Notifíquese electrónicamente a las partes y por oficio a las autoridades responsables. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  3. Principal

    Sentencia Ciudad Juárez, Chihuahua; treinta de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo **********/2021-V, y RESULTANDO PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, en esta ciudad, remitido por razón de turno a este Juzgado el veintisiete siguiente, ********** el amparo y la protección de la Justicia Federal contra de la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2" Servicio de Administración Tributaria, Ministro Ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2" Servicio de Administración Tributaria y al Encargado del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, todos residentes en esta ciudad, a quienes reclamó: A).- De la responsable C. Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2", Servicio de Administración Tributaria, representada por **********, se le reclama todas las actuaciones practicadas en el expediente No. ********** del índice Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2", Servicio de Administración Tributaria, mismas (actuaciones) que se realizaron con violación a las formalidades y principios esenciales del procedimiento, transgrediendo igualmente las normas legales expedidas con anterioridad a dichos actos, lo que trajo como consecuencia la privación de los derechos de propiedad y posesión del suscrito ********** respecto del inmueble que se encuentra Inscrito bajo el número 29 a folio 30 del libro 4355 de la Sección Primera del Registro Público de la Propiedad de este Distrito, ya que ello derivo en la indebida orden de embargo que se trabó en un inmueble de mi propiedad que más adelante describo e identifico en el capítulo de antecedentes y que no pertenecía al demandado en aquel juicio por haber salido de su patrimonio antes de llevarse a cabo el embargo citado, ello (embargo) sin haber sido oído ni vencido en juicio por ser extraño en el procedimiento administrativo del Servicio de Administración Tributaria de referencia, al no tener injerencia ni carácter de parte en el mismo, de igual forma RECLAMO todo lo actuado en el expediente señalado, incluyendo especialmente el embargo practicado en el inmueble de mi propiedad y las consecuencias jurídicas derivadas de la tramitación de dicho juicio a mis espaldas; concretamente los actos tendientes a perturbar y pretender privar al suscrito de mi propiedad, posesión y derechos que me corresponden, al ordenar indebida e ilegalmente el embargo que recayó en un bien inmueble que me pertenece, esto sin haber sido oído ni vencido en dicho juicio al ni siquiera ser parte de él, transgrediéndoseme en consecuencia mis garantías de audiencia, legalidad, certeza y seguridad jurídica así como mis derechos humanos; así como el posible remate y/o orden de desposesión que en su caso se hubiese llevado a cabo o decretado en ese ilegal procedimiento. B).- Del responsable C. Ministro Ejecutor Raymundo Arellano Marín, adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2", Servicio de Administración Tributaria se reclama, las ilegales notificaciones llevadas a cabo en el expediente No. ********** del índice Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2", Servicio de Administración Tributaria y las cuales se realizaron (todas) en trasgresión de la parte quejosa, de mis garantías de audiencia, legalidad, certeza y seguridad jurídica así como derecho humanos y que como consecuencia dio cumplimiento a la Orden de Embargo emitida por la diversa responsable (Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2"). C).- De la autoridad Ejecutora (C. Encargado del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos), reclamo la inscripción ante dicha Oficina Registral, del embargo realizado sobre un inmueble de mi propiedad y derivado (traba) del expediente No. ********** e inscrito tal embargo al margen del folio real 2546692 y de la inscripción 29 Folio 30 del Libro 4355 de la Sección Primera del índice de dicha Oficina Registral y bajo la inscripción 57, folio 57 del Libro 3333 de la Sección Segunda del índice de tal Ejecutora. SEGUNDO. Derechos constitucionales que se estiman violados. La parte quejosa señala como derechos vulnerados los contenidos en los artículos 1º, 14, 16 y 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Trámite de la demanda. El treinta de agosto de dos mil veintiuno, se admitió a trámite la demanda de amparo, se solicitaron sus informes justificados a las autoridades responsables, se llevó a cabo el emplazamiento del agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que después de diferida, se celebró conforme al acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia. Por otra parte, el veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, con motivo de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, se dio vista a la parte quejosa a efecto de que manifestara su voluntad de ampliar su demanda de amparo, sin que haya emitido pronunciamiento en el término concedido para tal efecto. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente por razón de materia, grado y territorio, para resolver el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I y VII, de la Constitución Federal, 33, fracción IV, 35 y 37, párrafo primero y 107 fracción II, de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. De conformidad con la fracción I, del artículo 74, de la Ley de Amparo, se procede a realizar la fijación clara y precisa de los actos reclamados de las autoridades responsables. Del análisis de la demanda de amparo, así como del escrito aclaratorio, se desprende que la parte quejosa reclama de: 1) De la Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua 2" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", adscrito a la Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria: Todo lo actuado en el expediente administrativo **********/2013, relacionado con el oficio 800-21-00-01-04-2017-15523, de veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, a través del cual se determinó la situación fiscal en materia de comercio exterior, dirigido a **********; incluso, el embargo del inmueble ubicado en la calle **********, en esta ciudad. b) Del Verificador, notificador y ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2": Las notificaciones realizadas en el procedimiento administrativo de origen, así como el embargo trabado en el inmueble en comento. c) De la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos: La anotación marginal del embargo bajo la inscripción 57, folio 57, Libro 3333, de la Sección Segunda, de veinticuatro de mayo de dos mil dieciocho. Por ende, se tienen a tales actos como los reclamados en esta instancia constitucional. Para la fijación de los actos, se atiende el contenido de la tesis P. VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XIX, abril de dos mil cuatro, página 255, registro 181810, que consta del rubro y texto siguientes: ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados, pues así lo aceptaron, la Jefa de la Oficina del Registro Público de la Propiedad del Distrito Judicial Bravos, la Administradora Desconcentrada Jurídica de Chihuahua 2" de la Administración General Jurídica del Servicio de Administración Tributaria, Órgano Desconcentrado de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en representación del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Chihuahua "2", adscrito a la Unidad Administrativa del Servicio de Administración Tributaria y el Verificador, notificador y ejecutor adscrito a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2". Lo que se corrobora con las constancias con que acompañaron dichos informes, consistentes en las actuaciones realizadas en el expediente administrativo **********/2013; de las que se desprende, primero, la existencia del asunto de origen, así como que, efectivamente, el aquí quejoso no es parte formal en dicha contienda, a pesar de que guarda relación con el bien inmueble ubicado en la calle **********, en esta ciudad, del que aduce ser propietario. Las constancias remitidas por las autoridades responsables, gozan de valor probatorio pleno de conformidad con los arábigos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues fueron certificadas respecto de sus originales por los servidores públicos de dichas adscripciones. CUARTO. Improcedencia. Previo al estudio de los conceptos de violación, procede analizar si se actualiza alguna causal de improcedencia, por ser una cuestión de orden público cuyo análisis procede de oficio y previo al fondo del asunto, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, se estima la actualización de una hipótesis de improcedencia. Sin embargo, antes de examinarla, por cuestión de técnica, es pertinente reseñar brevemente los antecedentes de los actos aquí combatidos: 1. El veintinueve de agosto de dos mil diecisiete, bajo el oficio 800-21-00-01-04-2017-15523, que deriva del expediente **********/2013, la Administradora de la Aduana de Ciudad Juárez, emitió determinación de situación fiscal en materia de comercio exterior en contra de Venustiano Bernardo Alejandro; y, entre otros, remitió dicha resolución a la Administración de Recaudación Chihuahua"2" con sede en Chihuahua, para su notificación, control y cobro. 2. El seis de abril de dos mil dieciocho, la Administración Desconcentrada de Recaudación de Chihuahua "2", con sede en Chihuahua, emitió mandamiento de ejecución; y, el once del citado mes y año, el verificador, notificador y ejecutor de esa adscripción, llevó a cabo el embargo del inmueble registrado bajo la inscripción 29, folio 30, libro 4355, de la sección primera, del Registro Público de la Propiedad, situado en la calle **********, en esta ciudad; embargo que aparece bajo la anotación marginal, inscripción 57, folio 57, libro 3333, de la sección segunda. 3. El treinta de julio de dos mil dieciséis, el quejoso Martín Alfonso Ramírez (comprador) y ********** y ********** (vendedores), celebraron un contrato privado de compra venta y/o traspaso y/o de cesión de derechos con reserva de dominio, respecto del inmueble consistente en una casa habitación ubicada en la calle Rivera de Niágara, número mil cuatrocientos veintiuno, lote treinta y tres, manzana nueve, del fraccionamiento Riberas del Bravo, etapa cinco. Como se sostuvo, en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5 fracción I, interpretado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, conforme a la cual resulta improcedente el juicio de amparo contra actos que no afecten el interés jurídico de la parte quejosa; numerales que establecen lo siguiente: 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.) 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. (.) Con relación a la hipótesis de improcedencia de trato, es preciso dejar asentado que por imperativo del artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, y los diversos numerales 5º, fracción I, penúltimo párrafo, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, el juicio de derechos fundamentales debe seguirse siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, la noción de perjuicio, para que proceda la acción de amparo presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado, que cuando se transgrede por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo a defender sus derechos humanos. Así las cosas, como se precisó, la parte quejosa aduce tener la calidad de tercero extraño en sentido estricto en el procedimiento de origen. El accionante del amparo señala, que -a pesar de no ser parte formal en el procedimiento administrativo de origen- con la emisión de los actos reclamados, se le pretende privar del derecho de posesión que aduce detentar respecto del bien inmueble ubicado en calle **********, en esta ciudad. Ahora bien, de las constancias reseñadas, se acredita que efectivamente, el accionante del amparo no es parte en el mismo. En este sentido, el derecho que el quejoso aduce tener respecto del bien inmueble de referencia, pretendió acreditarlo con los siguientes medios de convicción que en copia certificada, ofreció: I. Escritura número 21,600 (veintiún mil seiscientos), de veintinueve de agosto de dos mil seis, pasada ante la fe del Notario Público Número Seis, que contiene el contrato de compra venta celebrado entre el Instituto de la Vivienda del Estado de Chihuahua (vendedor) y **********, con el consentimiento de su cónyuge **********, (comprador); así como el contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria, celebrado entre el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y la parte compradora, respecto de la vivienda marcada con el número mil cuatrocientos veintiuno, lote treinta y tres, manzana nueve, del fraccionamiento **********. II. Contrato privado de compra venta y/o traspaso y/o cesión de derechos, de treinta de julio de dos mil dieciséis, celebrado entre el quejoso ********** (comprador) y ********** y ********** (vendedores), con reserva de dominio, respecto del inmueble consistente en una casa habitación ubicada en la calle Rivera de Niágara, número mil cuatrocientos veintiuno, lote treinta y tres, manzana nueve, del fraccionamiento Riberas del Bravo, etapa cinco; respecto del cual se obtuvo una copia certificada expedida por el notario público el veinticuatro de octubre de dos mil dieciséis; la cual a su vez fue certificada el veinticuatro de agosto de dos mil veintiuno, por el Notario Público Número Treinta, el cual en lo conducente dice: CONTRATO DE COMPRAVENTA Y/O DE TRASPASO Y/O DE CESIÓN DE DERECHOS DE UN INMUEBLE QUE CELEBRAN POR UNA PARTE LOS SEÑORES VENUSTIANO BERNARDO ALEJANDRO Y HERIBERTA ALFONSO RAMÍREZ A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LES DENOMINARÁ "LOS VENDEDORES" Y/O "CEDENTES"; Y POR LA OTRA PARTE EL SEÑOR MARTÍN ALFONSO RAMÍREZ, A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ "EL COMPRADOR" Y/O "CESIONARIO", SUJETÁNDOSE AMBAS PARTES AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS: PRIMERA.- Manifiestan "LOS VENDEDORES" Y/O "CEDENTES". a).- Declaran los "LOS VENDEDORES" Y/O "CEDENTES" que tienen pleno dominio, posesión y capacidad legal para celebrar actos jurídicos, específicamente el de venta y/o traspaso y/o cesión de derechos, derivado de los que ostentamos por ser legítimos propietarios de un inmueble consistente en una casa-habitación ubicada en calle **********, con una superficie de terreno de 120.05 metros cuadrados, el cual obra debidamente registrada en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de este Distrito Judicial Bravos Chih., bajo la inscripción 29 folio 30 del Libro 4355 de la Sección Primera. b).- Siguen declarando "LOS VENDEDORES" Y/O "CEDENTES" que el inmueble anteriormente descrito fue adquirido bajo la celebración de contrato de compraventa de casa-habitación de interés social celebrado con INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, representada en este acto por el Sr. ARNOLDO ÁNGEL DELGADO ARMENDÁRIZ, en fecha 29 de agosto del 2006, ante la fe del Lic. **********, Notario Público número 6 en ejercicio para este Distrito Judicial Bravos, Chihuahua. Asimismo, paralelo a la celebración del contrato de compraventa antes nombrado, también se celebró un contrato de apertura de crédito simple con garantía hipotecaria que celebramos con el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT), representada en ese momento por el Sr. ARNOLDO ÁNGEL DELGADO ARMENDÁRIZ. c).- Siguen declarando "LOS VENDEDORES" Y/O "CEDENTES" que dicho inmueble consta de una superficie de terreno de 120.05 metros cuadrados, lote 33 de terreno marcado con el número de la Manzana "9" Fraccionamiento ********** de esta Ciudad, con las siguientes medidas, rumbos y colindancias (.) CLAUSULAS PRIMERA.- Los señores VENUSTIANO BERNARDO ALEJANDRO y HERIBERTA ALFONSO RAMÍREZ en ejercicio de sus derechos de propietarios del inmueble antes enunciado por la celebración del contrato de compraventa que celebraron con EL INSTITUTO DE LA VIVIENDA DEL ESTADO DE CHIHUAHUA. Asimismo paralelo a la celebración del contrato de compraventa antes nombrado, también se celebró un contrato un contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria que celebraron con el INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT); razón por la que Venden y/o Traspasan y/o Ceden los derechos que les corresponde respecto del inmueble ampliamente descrito en las declaraciones en su calidad de "VENDEDORES" Y/O "CEDENTES"; en favor del Sr. **********; celebrando así contrato de compraventa y/o de traspaso y/o de cesión de derechos sin reserva ni limitación alguna sobre el inmueble ampliamente descrito e identificado en la declaración PRIMERA de este contrato, con todo en cuando a derecho o por derecho le corresponda al mismo. SEGUNDA.- Precio y Plazo. Ambas partes fijan como precio de la operación la cantidad de $********** pesos moneda nacional (********** MONEDA NACIONAL) que la parte compradora y/o cesionaria pagará a "LOS VENDEDORES" Y/O "CEDENTES", e 3 exhibiciones pagaderos de la siguiente forma. (.) (.) CUARTA. Forma del pago del Crédito Toda vez que sobre el inmueble materia del presente contrato que hoy se celebra, pesa en contrato de apertura de crédito con garantía hipotecaria, las partes acuerdan que la "COMPRADORA" Y/O "CESIONARIO" seguirá haciendo los pagos que semanalmente le descuentan a la parte "VENDEDORA Y/O CEDENTE, mismos que le serán cubiertos cada día que le corresponda y hasta en tanto no pague en el plazo estipulado del contrato hipotecario celebrado con INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDFA PARA LOS TRABAJADORES (INFONAVIT). (.) OCTAVA.- Incumplimiento De igual manera las partes acuerdan que en todo caso de incumplimiento de este contrato de cesión de derechos por parte de "LOS VENDEDORES" Y/O "CEDENTES" en cuanto a la entrega física y material del inmueble, éste tendrá que hacer devolución del pago total enterado en las fechas señaladas en la cláusula SEGUNDA, sin hacer cobro de intereses ni daños y perjuicios y/o cobro por algún concepto, manifestando que el plazo máximo para hacer tal cumplimiento es el día 30 de diciembre del 2016. NOVENA- Reserva de dominio Las partes convienen que la parte vendedora y/o cedente se reserva el dominio del inmueble hasta que se dé cumplimiento en el pago total pactado en las cláusulas SEGUNDA Y CUARTA. (.) De tal manera que, si bien es cierto que con tales probanzas, para efectos del presente juicio de amparo, se acredita que dicho bien inmueble fue materia del contrato de compraventa que los propietarios originarios del mismo, Venustiano ********** y **********, celebraron con el aquí quejoso, como ya fue acotado, se pactó la reserva de dominio, hasta en tanto fueran cubiertos totalmente los pagos pactados, mismos que, por supuesto, incluyen los relativos a la hipoteca garantizada con tal inmueble, misma que incluso se refirió en el considerando octavo de tal pacto. De tal suerte que tal bien inmueble no puede considerarse como de posesión jurídica del quejoso, sino meramente simple, al haberse realizado la operación respecto del referido bien raíz con reserva de dominio, sin que se comprobara en este juicio que se cumplió con la referida cláusula suspensiva, es decir, que colmó la totalidad de pagos que tenía pendientes, no obstante que era obligación del impetrante de derechos humanos de allegar las pruebas conducentes para acreditar su interés jurídico. En el caso particular, se tiene que del contrato privado de compraventa con reserva de dominio, se desprende que se celebró entre los señores ********** y ********** en su carácter de vendedores y el aquí quejoso, respecto del inmueble ubicado en **********, en esta ciudad; asimismo, en la novena cláusula se dispuso que el contrato de compraventa se pactó a plazos y con reserva de dominio. Así, en dicho convenio, las partes pactaron el precio de la venta por la cantidad de ********** moneda nacional pagaderos a plazos; además, del pago de la cantidad que resultara como saldo total del crédito hipotecario que los vendedores refirieron tener con el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y que, la parte vendedora se reservaba el dominio del inmueble hasta que se diera cumplimiento a tales pagos. Ahora bien, se estima pertinente citar el contenido de la jurisprudencia por contradicción de tesis P./J. 1/2002, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registrada con el número 187733, publicada en la página 5, del Tomo XV, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia Civil, Novena Época, del rubro y texto siguientes: POSESIÓN. PARA QUE SEA OBJETO DE PROTECCIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO EL QUEJOSO SE OSTENTA COMO PERSONA EXTRAÑA AL JUICIO DEL ORDEN CIVIL, DEBE ACREDITAR SU DERECHO A POSEER CON UN TÍTULO SUSTENTADO EN ALGUNA FIGURA JURÍDICA O PRECEPTO DE LAS LEGISLACIONES SECUNDARIAS RELATIVAS. En virtud de que de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no se desprende la existencia de datos o elementos que puedan servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo, esto es, si se trata de aquella que se funda en un título sustentado en una figura jurídica prevista en la ley que genere el derecho a poseer o si es la simple tenencia material de las cosas, independientemente de que se tenga o no derecho de posesión sobre éstas, es indudable que se debe recurrir al estudio e interpretación de las disposiciones legales que han regulado y regulan esa institución, y de las que colateralmente se relacionan con ellas, así como atender de manera especial a los graves problemas y consecuencias que en la práctica presenta el no exigir título alguno, por lo que la posesión protegida por la citada disposición constitucional no es otra que la definida por el derecho común. Sin embargo, aun cuando de conformidad con lo dispuesto en el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal (similar al de todas las legislaciones civiles locales del país), es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas; por tanto, para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo indirecto, cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil, es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva, que fundada y razonablemente produzca la convicción de que tiene derecho a poseer el bien de que se trate, entendiéndose por título la causa generadora de esa posesión. No obstante lo anterior, las decisiones del órgano de control de constitucionalidad sobre la eficacia del título, tienen efectos exclusivos en el juicio de garantías, sin decidir sobre el derecho sustantivo, esto es, respecto del derecho a la posesión del bien relativo, ya que estas cuestiones deberán ser dilucidadas ante la potestad común. De la intelección del criterio de referencia, el Pleno del Más Alto Tribunal acotó, que tras una búsqueda y análisis de los antecedentes y reformas al artículo 14 de la Carta Magna, no coligió la existencia de datos o elementos que pudieran servir para determinar qué tipo de posesión es la que debe protegerse mediante el juicio de amparo. Por lo que, tras un examen del artículo 790 del Código Civil para el (entonces) Distrito Federal -similar al de todas las legislaciones civiles locales del país, el Pleno de la Suprema Corte del País determinó que es poseedor de una cosa el que ejerce sobre ella un poder de hecho, que debe entenderse que tal poder no constituye un hecho con consecuencias jurídicas, sino más bien la manifestación del derecho que se tiene para poseer un bien determinado, que debe tener origen en alguna de las figuras contempladas en las legislaciones relativas. Al respecto, en la ejecutoria respectiva de la que derivó dicho criterio, acotó "Por otra parte, si interpretamos en forma literal el artículo 790 del Código Civil para el Distrito Federal, y concluimos que el ejercicio del poder de hecho sobre la cosa se refiere a una relación o estado de hecho entre una persona y una cosa, caeríamos en el absurdo de decir que el propietario que es despojado de su bien carece de interés jurídico para acudir a través de la vía del amparo a solicitar se le respete su garantía de audiencia, dado que quien tiene el poder de hecho es un poseedor derivado, ya sea usufructuario, depositario, arrendatario, etcétera". En esa línea, concluyó, que para que la posesión sea objeto de protección a través del juicio de amparo biinstancial -cuando el quejoso se ostenta como persona extraña al juicio civil de origen- es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho a poseer. Así, dicho criterio alude entonces, a la existencia de dos tipos de posesión, la simple y la jurídica; entendiéndose sólo como protegible a través del juicio de amparo, la segunda, pues es la que se sustenta en alguna figura jurídica eficaz o precepto legal que genere el derecho a poseer. Dicho lo anterior, se tiene que si bien se otorgó en favor del quejoso, la posesión simple del bien inmueble en cuestión, desde el propio momento de la celebración del referido contrato, el dominio -característica esencial del derecho real de propiedad- no fue transmitido mediante el mismo, ante la voluntad de las partes de fijar una reserva de dominio hasta en tanto fueran cubiertos los pagos, con las características ahí determinadas. De ahí que no se produce afectación directa y personal en la esfera jurídica del quejoso. Pues se itera, si bien se puede concluir que el quejoso tiene la posesión del bien inmueble de que se trata, lo cierto es que la misma es una posesión material, no sustentada en alguna figura jurídica, dado que únicamente la posesión que se protege a través del juicio de amparo es la posesión -jurídica-, sustentada en documento idóneo del que se advierta su causa generadora lo cual, puede ser mediante la exhibición de un título que se sustente en alguna figura jurídica eficaz para el objeto o precepto legal que generen el derecho a poseer, de manera que el promovente tenga una base objetiva que, fundada y razonablemente, produzca la convicción de que cuenta con ese derecho. Por ende, se evidencia que el aquí quejoso, carece de interés jurídico para promover el presente juicio de amparo, contra los actos reclamados. Sirve de apoyo a lo antes expuesto, lo establecido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, correspondiente al mes de febrero de 2002, página 15, cuyo rubro y texto dicen: INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO. CARGA DE LA PRUEBA. La carga procesal que establecen los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 4o. de la Ley de Amparo, consistente en que el promovente del juicio de garantías debe demostrar su interés jurídico, no puede estimarse liberada por el hecho de que la autoridad responsable reconozca, en forma genérica, la existencia del acto, en virtud de que una cosa es la existencia del acto en sí mismo y otra el perjuicio que éste pueda deparar a la persona en concreto. También encuentra orientación y apoyo en la tesis aislada emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, tomo XVIII, octubre de 2003, página 1030, que se transcribe a continuación: INTERÉS JURÍDICO, CARGA DE LA PRUEBA. CORRESPONDE AL QUEJOSO ACOMPAÑAR LOS ELEMENTOS DE CONVICCIÓN RELATIVOS Y NO AL JUEZ RECABARLOS DE OFICIO. Si bien en la parte in fine del artículo 78 de la Ley de Amparo, se confiere al Juez de Distrito la prerrogativa para recabar las pruebas que habiendo sido rendidas ante la autoridad responsable no obren en autos y se estimen necesarias para la resolución del asunto, lo cierto es que tal dispositivo no obliga al resolutor federal a requerir de esa autoridad los medios de convicción que justifiquen el interés jurídico del promovente del juicio de garantías; esto, por la sencilla razón de que de conformidad con el artículo 4o. y la fracción V del artículo 73, interpretada en sentido contrario, ambos de la ley de la materia, el interés jurídico es un elemento esencial para la procedencia del juicio de amparo, cuya carga probatoria corresponde al quejoso y no al Juez de garantías. Así, es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia examinada y procede decretar el sobreseimiento en este juicio de amparo en términos de los numerales 61, fracción XII, 5º, fracción I, y 63, fracción V, de la Ley de Amparo. Resta decir que es innecesario analizar alguna otra causa de improcedencia, así como los conceptos de violación formulados en la demanda; lo primero porque aun de resultar fundadas, el sentido de esta determinación en nada variaría, máxime cuando se estima que la estudiada, por prelación, es la que debe prevalecer; y, lo segundo, porque la declaración de sobreseimiento impide analizarlos. Ilustra lo anterior la jurisprudencia 2a./J. 54/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VIII, agosto de 1998, Novena Época, página 414, que dice: SOBRESEIMIENTO. BASTA EL ESTUDIO DE UNA SOLA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Al quedar demostrado que el juicio de garantías es improcedente y que debe sobreseerse con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, el que opere, o no, alguna otra causal de improcedencia, es irrelevante, porque no cambiaría el sentido de la resolución. Así como la jurisprudencia 1028, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Materia Común, Octava Época, página 708, que establece: SOBRESEIMIENTO. IMPIDE ENTRAR A ANALIZAR EL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. Cuando se acredita en el juicio de garantías cualquier causal de improcedencia y se decreta el sobreseimiento, no causa ningún agravio la sentencia que deja de ocuparse de los argumentos tendientes a demostrar la violación de garantías por los actos reclamados de las autoridades responsables, lo que constituye el problema de fondo, porque aquella cuestión es de estudio preferente. En mérito de lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 73, 74, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por **********z, por las razones precisadas en el considerando cuarto de esta sentencia. Notifíquese por lista electrónica. Lo resolvió y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua; a veintiséis de noviembre de dos mil veintiuno. Visto el estado que guardan los autos, se desprende que en auto de veintiocho de octubre del año en curso, se dio vista a la parte quejosa por un plazo de quince días, con el fin de que manifestara si era su deseo ampliar su demanda de amparo, de lo cual quedó debidamente notificado el veintinueve de los mismos. Ahora de la certificación de cuenta, se advierte que la quejosa no hizo manifestación alguna en el término concedido para el efecto citado en el párrafo precedente; por tanto, de conformidad con los artículos 108 y 111 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el citado auto y se ordena continuar con la tramitación de este juicio de amparo en los términos planteados en la demanda de amparo que dio inicio al presente asunto. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma la Jueza Séptimo de Distrito en el Estado de Chihuahua, licenciada **********, quien actúa ante la Secretaria del Juzgado que autoriza y da fe, licenciada **********. Doy fe.

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