Martín Alfredo Álvarez Rivera

Expediente 251/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 31 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
251/2017
Año
2017
Actuaciones
31
Última actuación
20/03/2018

Partes del expediente

  • Martín Alfredo Álvarez Rivera
  • Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California

Actuaciones

Las 4 más recientes de 31.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se aprecia que a la fecha ha transcurrido el plazo de quince días establecido en el primer párrafo, del artículo 202, de la Ley de Amparo, para que las partes manifestaran su inconformidad contra el proveído de trece de febrero de dos mil dieciocho, que declaró cumplido el fallo protector; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo, ya que ninguna de las partes legitimadas para hacerlo se inconformó. ANOTACIONES Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Depurar el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio que concedió el amparo, en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. 3. Devolución de constancias. En términos de lo establecido en el numeral 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles de Aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena devolver a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, con sede en esta ciudad, las copias certificadas que remitió como anexo a su informe justificado, consistente en tres tomos. Notifíquese.

  2. Principal

    A las nueve horas del catorce de febrero de dos del dieciocho, el que suscribe Actuario Judicial del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, hago constar que procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado, y por lista en una página electrónica del Poder Judicial de la Federación, el auto de trece de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el Juicio de Amparo 251/2017-V-B, a la tercera interesada Transportes Brisa, Sociedad Anónima de Capital Variable, en cumplimiento al diverso proveído de veinte de septiembre de dos mil diecisiete, emitido dentro del presente juicio de amparo; con fundamento en el artículo 29 de la Ley de la materia, que dice: Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Martín Alfredo Álvarez Rivera, la cual causó ejecutoria mediante proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete; en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: Se deje insubsistente la resolución interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio laboral 256/2000 del índice de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, que recayó al incidente de substitución patronal promovido por la parte actora. Siguiendo los lineamientos precisados en este fallo, se dicte nueva resolución en forma suficientemente fundada y motivada, así como congruente, en la que se pronuncie sobre el valor de las pruebas aportadas por las partes contendientes en esa litis incidental, o si resulta innecesario en todo o en parte el análisis de dichas pruebas por reducirse la controversia a un punto de derecho, señalarlo así en esa resolución, pero pronunciándose de manera acorde y clara sobre los argumentos de cada parte, resolviendo el incidente conforme a derecho corresponda. En veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se recibió el oficio 070-P signado por el Representante de Gobierno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al cual anexó copia certificada de la resolución interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, recaída al incidente de sustitución patronal, en el juicio laboral 256/2000, del cual se advierte que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil diecisiete; asimismo, dictó una nueva resolución en los términos de los anexos que remitió. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Ahora bien, resulta necesario puntualizar que la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, dejara insubsistente la resolución interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio laboral 256/2000 del índice de la citada autoridad, que recayera en el incidente de substitución patronal promovido por la parte actora, y siguiendo los lineamientos precisados por este Órgano Constitucional dictara nueva resolución suficientemente fundada y motivada, resolviendo de manera congruente el incidente conforme a derecho corresponda. De ahí que al establecerse en el fallo de amparo que la obligación de la Junta Laboral responsable en cuanto a resolver de forma congruente, fundada y motivada el incidente de sustitución patronal debía efectuarse 'siguiendo los lineamientos' que en esa sentencia estableció éste órgano de control constitucional, se hace necesario traer a transcripción la parte considerativa substancial respecto de tales lineamientos a seguir o considerarse para acatarla: "Como se puede entonces advertir, la Junta responsable, al resolver el incidente que le fue planteado, prácticamente se limita a señalar que de conformidad con el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo esa incidencia era notoriamente improcedente al haberse promovido de manera extemporánea, porque -refiere-- los patrones substitutos nunca fueron demandados y que no fue sino hasta el veinte de enero de dos mil diez que se promovió tal incidente de sustitución patronal y que por tanto se encontraba prescrita; lo que constituye una fundamentación y motivación insuficiente, que incumple con el principio de legalidad que tutela el artículo 16 de la Constitución Federal. Afirmándose que existe esa contravención al apuntado derecho humano, porque en ninguna parte de su resolución se aprecia que la Junta responsable haya efectuado la valoración de las probanzas aportadas por las partes en ese trámite incidental, ya que sobre ese rubro se concreta a señalar dogmáticamente que "Una vez analizadas las probanzas ofrecidas por las partes, y entrando al estudio del asunto que nos ocupa y resultando las pruebas ofrecidas por la parte actora incidentista el C. MARTÍN ALFREDO ÁLVAREZ RIVERA, en fecha 20 de enero del año 2010 presentó escrito promoviendo INCIDENTE DE SUSTITUCIÓN PATRONAL.", e inmediatamente después de ello establece la indicada improcedencia. Por otra parte, existe también esa contravención al derecho fundamental de legalidad porque aún bajo la consideración de que tácitamente estimó que era innecesario externar pronunciamiento sobre el alcance o valor que tuvieran las probanzas aportadas por las partes en dicha incidencia, debido a que la cuestión se reducía a un punto de derecho, como lo era el definir si en el caso concreto la figura de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo para conflictos en materia de autotransporte implica considerar o no la existencia automática de la substitución patronal prevista en el artículo 41 de la misma ley, debió entonces abordar de manera congruente o exhausta ese tópico, pues ese proceder resultaba indispensable para que a su vez se pudiera determinar si la figura de la prescripción contemplada en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo --en los términos expuestos por los 'presuntos patrones sustitutos'-- en efecto resultaba o no operante en el caso concreto. Sin embargo, para dar respuesta a los planteamientos que fijaron la litis incidental, la autoridad responsable únicamente se limitó a realizar la cita del texto del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo con la invocación de tesis aisladas aplicables a temas muy concretos referidos a supuestos en que se puede considerar actualizada la substitución patronal contemplada en esa norma y requisitos o elementos para considerar su existencia, y posterior a ello señalar que resultaba improcedente el incidente porque se encontraba 'prescrita' (entendiéndose que se refiere a la figura de la 'substitución patronal') porque los patrones sustitutos no fueron demandados, y que había sido hasta el mencionado día veinte de enero de dos mil diez que el interesado promovió tal cuestión incidental. Lo que como bien lo señala el quejoso, implica una contravención a la garantía de legalidad (adecuada fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 Constitucional, por no atender los argumentos aducidos por cada una de las partes, ya que si la parte actora incidentista estaba fundando su incidencia en el artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo (a su vez necesariamente relacionado con el artículo 13 de la misma ley, al prever la figura de la 'responsabilidad solidaria') y al contestar los presuntos 'patrones sustitutos' dicho incidente sostuvieron que la substitución patronal no se podía actualizar en el caso de la especie porque precisamente el incidentista estaba sosteniendo en aquélla norma (260 de la ley de la materia) la existencia de esa substitución, y que era desacertada esa consideración porque en todo caso lo que podía actualizarse era una responsabilidad solidaria, y que ello no era compatible con lo preceptuado en el artículo 41 de la misma ley, deduciendo de ahí que operaba la prescripción a su favor porque entonces debió el actor integrarlos a la relación procesal desde la presentación de su demanda o en la etapa de demanda y excepciones; debió forzosamente la Junta responsable pronunciarse sobre tal argumentación de cada parte y no concretarse a prácticamente decir que había sido extemporánea la presentación del incidente. En tal contexto, resulta clara la contravención que se actualizó a los principios fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados en conjunto por los artículos 14 y 16 Constitucionales, en perjuicio del quejoso, pues se le dejó en estado de indefensión o incertidumbre jurídica, imposibilitándosele una adecuada defensa o reacción contra esa decisión que no se encuentra suficientemente fundada y motivada, al no conocer las razones y fundamentos específicos que revelaran la apuntada 'improcedencia de la substitución patronal' determinada en la interlocutoria reclamada, puesto que de esa manera se le impide conocer y examinar si la prescripción que simplistamente determina la autoridad responsable en efecto operaba (caso en que se debía establecer el cómputo respectivo), y ello solo se puede saber con la cita de los preceptos legales aplicables y las razones o circunstancias del caso que sostengan dicha aplicación; de ahí que sea también fundada la incongruencia delatada por el quejoso, pues solo habiéndose pronunciado exhaustivamente con respecto a lo sostenido por cada parte sobre ese punto de derecho (se insiste, si el artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo puede implicar o no substitución patronal o da lugar al ejercicio autónomo de una acción o incidencia distinta para quien pretende su aplicación), se habría cumplido con el dictado de un fallo congruente." De lo anterior se puede advertir, que el lineamiento medular sobre el cual se determinó conceder la protección constitucional al quejoso, partió de la base de que la parte actora incidentista (ese mismo quejoso) sustentó la promoción de su incidencia en lo preceptuado en el artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo (norma a su vez íntimamente relacionada con el 13 de la misma ley) y al contestar la contraparte tal incidente estableció toralmente su defensa en la consideración de que no operaba la figura de la sustitución patronal en base a tal norma y que en todo caso lo que podía actualizarse era una responsabilidad solidaria, la que no era compatible con lo que determina el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, refiere, oponiendo sobre dichas bases la prescripción indicando que se le debió integrar a la relación procesal desde la etapa de demanda y excepciones; de ahí que por ello este órgano jurisdiccional de amparo estableció que debió la junta responsable pronunciarse sobre tal punto fundamental de debate, atendiendo a lo aducido por cada parte al respecto, en relación con el material probatorio por ellas ofrecido; de donde tenemos entonces que tales lineamientos se están acatando en la interlocutoria analizada. Afirmándose lo anterior, porque remitiéndonos a la parte considerativa del fallo interlocutorio en análisis, la junta responsable inicia su determinación estableciendo la conceptualización de la figura de la Sustitución Patronal, así como de la Responsabilidad Solidaria en el derecho laboral, a la luz de lo preceptuado en los artículos 13, 41 y 260 de la Ley Federal del Trabajo; señalando que la sustitución patronal establece una responsabilidad solidaria cuyo nacimiento es a partir de la fecha en que se notifique al trabajador o al sindicato del cambio patronal, y que la sustitución patronal acontece a los seis meses a partir del momento en que el sindicato o los trabajadores tengan conocimiento del cambio de patrón respectivo. A continuación realiza un análisis de los elementos probatorios aportados por las partes en el trámite incidental, de las que en resumen se aprecia que en relación a la prueba de informe de autoridad a cargo del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, ofrecida por los demandados incidentistas, por su contenido resultó en beneficio de éstos, para acreditar que la demandada (Transportes Brisa, Sociedad Anónima de Capital Variable) a la que se atribuye el carácter de sustituida, no transfirió ni total ni parcialmente la entidad jurídica económica; estableciendo igualmente con respecto a las probanzas confesionales a cargo del actor, como de los referidos demandados incidentistas, que no se desprendía con ellas que se haya llevado a cabo una transmisión total o parcial de la empresa; del mismo modo, al valorar la prueba ofrecida por el actor como 'documental o informe de autoridad' a cargo de la Unidad Municipal de Transporte del XX Ayuntamiento de Ensenada, estableció que con dicho informe se desprendía que se llevaron a cabo las revalidaciones de los vehículos a nombre de empresa y no a nombre de alguno de los físicos a los que pretende dar el carácter de patrón sustituto (indicando también más adelante en relación a tal información remitida por esa autoridad municipal que las tarjetas de circulación, pedimentos de importación y facturas de los vehículos no demostraban alguna transmisión total o parciales de dichos vehículos) y que de igual forma, de dicha probanza no se desprendía que la moral demandada haya transmitido total o parcialmente los vehículos herramientas para el giro comercial de la demandada; reiterando con respecto a las pruebas presuncional e instrumental pública que cada una de las partes ofreció, que no beneficiaban a la parte actora para comprobar los mismos extremos y que por tanto no se actualizaban los requisitos requeridos para acreditarse la sustitución patronal; apreciándose que en tal valoración hace especial mención a la circunstancia de que aún cuando a algunos absolventes se les declaró confesos al no comparecer a desahogar la prueba de confesión judicial y de que a otros que comparecieron aceptaron ser socios de la empresa transportista demandada, era necesario que el actor hubiera demandado tanto al patrón directo a quien impute el nexo laboral, como a los demandados solidarios a los que atribuyera haberse beneficiado con los servicios prestados, es decir, desde el inicio del conflicto o en la etapa de la demanda y excepciones. Es así como de dicha valoración de pruebas la junta responsable estableció como puntos conclusivos que al ser improcedente el incidente planteado debía continuarse con el procedimiento en la etapa en que se encontraba, levantando la suspensión, todo ello con fundamento en los artículos 761, 762, 763 y 766 de la Ley Federal del Trabajo; antecediendo a esta conclusión final un primer punto donde estableció --en suma-- que para que se actualizaran los supuestos de la sustitución patronal era necesario que hubiere operado la transmisión de la empresa, establecimiento o fuente de trabajo, a otra persona (obviamente diversa de la demandada Transportes Brisa, Sociedad Anónima de Capital Variable), de manera total o parcial, y que al no demostrarse una transmisión de esa clase, respecto de los vehículos que contribuían directamente al fin de esa persona moral, no se reunían los requisitos previstos en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. Mientras que en un segundo punto conclusivo señala que en lo que concernía al fundamento que empleó el hoy quejoso al promover su incidencia ante la junta para apoyar su pretensión de que operaba dicha sustitución patronal (artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo), estaba referido a la figura de la responsabilidad solidaria, y si en efecto su argumento fue que los demandados incidentistas eran responsables solidarios como copropietarios de las unidades de autotransportes que se utilizan para la prosecusión del objeto social de la moral demandada, debió acreditarse que como propietario o propietarios de un vehículo de transporte o en carácter de concesionario o permisionario (en referencia a esos demandados incidentistas), se les integró a la Litis del juicio principal desde el inicio del conflicto, en respeto a su garantía de audiencia, y que aún cuando algunos demandados incidentistas sí aceptan ser socios de la demandada en el principal y ello haría que se de la responsabilidad solidaria, era necesario que el trabajador incidentista demandara previamente tanto al patrón directo a quien impute el nexo laboral, como a los demandados solidarios a los que atribuyera haberse beneficiado con los servicios prestados, esto es, desde el inicio del conflicto o en la etapa de la demanda y excepciones; siendo bajo esos razonamientos y fundamentos que declara la improcedencia del referido incidente de sustitución patronal; lo que se reitera, esta juzgadora estima apegado a los lineamientos que le fueron fijados en la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dejara insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en los autos del juicio laboral 256/2000 de su índice; emitiera una nueva resolución bajo los lineamientos emitidos en la sentencia de amparo dictada en los autos del presente juicio; lo que evidentemente hizo, se torna entonces patente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Martín Alfredo Álvarez Rivera, la cual causó ejecutoria mediante proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete; en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala: Se deje insubsistente la resolución interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio laboral 256/2000 del índice de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, que recayó al incidente de substitución patronal promovido por la parte actora. Siguiendo los lineamientos precisados en este fallo, se dicte nueva resolución en forma suficientemente fundada y motivada, así como congruente, en la que se pronuncie sobre el valor de las pruebas aportadas por las partes contendientes en esa litis incidental, o si resulta innecesario en todo o en parte el análisis de dichas pruebas por reducirse la controversia a un punto de derecho, señalarlo así en esa resolución, pero pronunciándose de manera acorde y clara sobre los argumentos de cada parte, resolviendo el incidente conforme a derecho corresponda. En veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se recibió el oficio 070-P signado por el Representante de Gobierno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al cual anexó copia certificada de la resolución interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, recaída al incidente de sustitución patronal, en el juicio laboral 256/2000, del cual se advierte que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil diecisiete; asimismo, dictó una nueva resolución en los términos de los anexos que remitió. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Ahora bien, resulta necesario puntualizar que la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, dejara insubsistente la resolución interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio laboral 256/2000 del índice de la citada autoridad, que recayera en el incidente de substitución patronal promovido por la parte actora, y siguiendo los lineamientos precisados por este Órgano Constitucional dictara nueva resolución suficientemente fundada y motivada, resolviendo de manera congruente el incidente conforme a derecho corresponda. De ahí que al establecerse en el fallo de amparo que la obligación de la Junta Laboral responsable en cuanto a resolver de forma congruente, fundada y motivada el incidente de sustitución patronal debía efectuarse 'siguiendo los lineamientos' que en esa sentencia estableció éste órgano de control constitucional, se hace necesario traer a transcripción la parte considerativa substancial respecto de tales lineamientos a seguir o considerarse para acatarla: "Como se puede entonces advertir, la Junta responsable, al resolver el incidente que le fue planteado, prácticamente se limita a señalar que de conformidad con el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo esa incidencia era notoriamente improcedente al haberse promovido de manera extemporánea, porque -refiere-- los patrones substitutos nunca fueron demandados y que no fue sino hasta el veinte de enero de dos mil diez que se promovió tal incidente de sustitución patronal y que por tanto se encontraba prescrita; lo que constituye una fundamentación y motivación insuficiente, que incumple con el principio de legalidad que tutela el artículo 16 de la Constitución Federal. Afirmándose que existe esa contravención al apuntado derecho humano, porque en ninguna parte de su resolución se aprecia que la Junta responsable haya efectuado la valoración de las probanzas aportadas por las partes en ese trámite incidental, ya que sobre ese rubro se concreta a señalar dogmáticamente que "Una vez analizadas las probanzas ofrecidas por las partes, y entrando al estudio del asunto que nos ocupa y resultando las pruebas ofrecidas por la parte actora incidentista el C. MARTÍN ALFREDO ÁLVAREZ RIVERA, en fecha 20 de enero del año 2010 presentó escrito promoviendo INCIDENTE DE SUSTITUCIÓN PATRONAL.", e inmediatamente después de ello establece la indicada improcedencia. Por otra parte, existe también esa contravención al derecho fundamental de legalidad porque aún bajo la consideración de que tácitamente estimó que era innecesario externar pronunciamiento sobre el alcance o valor que tuvieran las probanzas aportadas por las partes en dicha incidencia, debido a que la cuestión se reducía a un punto de derecho, como lo era el definir si en el caso concreto la figura de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo para conflictos en materia de autotransporte implica considerar o no la existencia automática de la substitución patronal prevista en el artículo 41 de la misma ley, debió entonces abordar de manera congruente o exhausta ese tópico, pues ese proceder resultaba indispensable para que a su vez se pudiera determinar si la figura de la prescripción contemplada en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo --en los términos expuestos por los 'presuntos patrones sustitutos'-- en efecto resultaba o no operante en el caso concreto. Sin embargo, para dar respuesta a los planteamientos que fijaron la litis incidental, la autoridad responsable únicamente se limitó a realizar la cita del texto del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo con la invocación de tesis aisladas aplicables a temas muy concretos referidos a supuestos en que se puede considerar actualizada la substitución patronal contemplada en esa norma y requisitos o elementos para considerar su existencia, y posterior a ello señalar que resultaba improcedente el incidente porque se encontraba 'prescrita' (entendiéndose que se refiere a la figura de la 'substitución patronal') porque los patrones sustitutos no fueron demandados, y que había sido hasta el mencionado día veinte de enero de dos mil diez que el interesado promovió tal cuestión incidental. Lo que como bien lo señala el quejoso, implica una contravención a la garantía de legalidad (adecuada fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 Constitucional, por no atender los argumentos aducidos por cada una de las partes, ya que si la parte actora incidentista estaba fundando su incidencia en el artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo (a su vez necesariamente relacionado con el artículo 13 de la misma ley, al prever la figura de la 'responsabilidad solidaria') y al contestar los presuntos 'patrones sustitutos' dicho incidente sostuvieron que la substitución patronal no se podía actualizar en el caso de la especie porque precisamente el incidentista estaba sosteniendo en aquélla norma (260 de la ley de la materia) la existencia de esa substitución, y que era desacertada esa consideración porque en todo caso lo que podía actualizarse era una responsabilidad solidaria, y que ello no era compatible con lo preceptuado en el artículo 41 de la misma ley, deduciendo de ahí que operaba la prescripción a su favor porque entonces debió el actor integrarlos a la relación procesal desde la presentación de su demanda o en la etapa de demanda y excepciones; debió forzosamente la Junta responsable pronunciarse sobre tal argumentación de cada parte y no concretarse a prácticamente decir que había sido extemporánea la presentación del incidente. En tal contexto, resulta clara la contravención que se actualizó a los principios fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados en conjunto por los artículos 14 y 16 Constitucionales, en perjuicio del quejoso, pues se le dejó en estado de indefensión o incertidumbre jurídica, imposibilitándosele una adecuada defensa o reacción contra esa decisión que no se encuentra suficientemente fundada y motivada, al no conocer las razones y fundamentos específicos que revelaran la apuntada 'improcedencia de la substitución patronal' determinada en la interlocutoria reclamada, puesto que de esa manera se le impide conocer y examinar si la prescripción que simplistamente determina la autoridad responsable en efecto operaba (caso en que se debía establecer el cómputo respectivo), y ello solo se puede saber con la cita de los preceptos legales aplicables y las razones o circunstancias del caso que sostengan dicha aplicación; de ahí que sea también fundada la incongruencia delatada por el quejoso, pues solo habiéndose pronunciado exhaustivamente con respecto a lo sostenido por cada parte sobre ese punto de derecho (se insiste, si el artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo puede implicar o no substitución patronal o da lugar al ejercicio autónomo de una acción o incidencia distinta para quien pretende su aplicación), se habría cumplido con el dictado de un fallo congruente." De lo anterior se puede advertir, que el lineamiento medular sobre el cual se determinó conceder la protección constitucional al quejoso, partió de la base de que la parte actora incidentista (ese mismo quejoso) sustentó la promoción de su incidencia en lo preceptuado en el artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo (norma a su vez íntimamente relacionada con el 13 de la misma ley) y al contestar la contraparte tal incidente estableció toralmente su defensa en la consideración de que no operaba la figura de la sustitución patronal en base a tal norma y que en todo caso lo que podía actualizarse era una responsabilidad solidaria, la que no era compatible con lo que determina el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, refiere, oponiendo sobre dichas bases la prescripción indicando que se le debió integrar a la relación procesal desde la etapa de demanda y excepciones; de ahí que por ello este órgano jurisdiccional de amparo estableció que debió la junta responsable pronunciarse sobre tal punto fundamental de debate, atendiendo a lo aducido por cada parte al respecto, en relación con el material probatorio por ellas ofrecido; de donde tenemos entonces que tales lineamientos se están acatando en la interlocutoria analizada. Afirmándose lo anterior, porque remitiéndonos a la parte considerativa del fallo interlocutorio en análisis, la junta responsable inicia su determinación estableciendo la conceptualización de la figura de la Sustitución Patronal, así como de la Responsabilidad Solidaria en el derecho laboral, a la luz de lo preceptuado en los artículos 13, 41 y 260 de la Ley Federal del Trabajo; señalando que la sustitución patronal establece una responsabilidad solidaria cuyo nacimiento es a partir de la fecha en que se notifique al trabajador o al sindicato del cambio patronal, y que la sustitución patronal acontece a los seis meses a partir del momento en que el sindicato o los trabajadores tengan conocimiento del cambio de patrón respectivo. A continuación realiza un análisis de los elementos probatorios aportados por las partes en el trámite incidental, de las que en resumen se aprecia que en relación a la prueba de informe de autoridad a cargo del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, ofrecida por los demandados incidentistas, por su contenido resultó en beneficio de éstos, para acreditar que la demandada (Transportes Brisa, Sociedad Anónima de Capital Variable) a la que se atribuye el carácter de sustituida, no transfirió ni total ni parcialmente la entidad jurídica económica; estableciendo igualmente con respecto a las probanzas confesionales a cargo del actor, como de los referidos demandados incidentistas, que no se desprendía con ellas que se haya llevado a cabo una transmisión total o parcial de la empresa; del mismo modo, al valorar la prueba ofrecida por el actor como 'documental o informe de autoridad' a cargo de la Unidad Municipal de Transporte del XX Ayuntamiento de Ensenada, estableció que con dicho informe se desprendía que se llevaron a cabo las revalidaciones de los vehículos a nombre de empresa y no a nombre de alguno de los físicos a los que pretende dar el carácter de patrón sustituto (indicando también más adelante en relación a tal información remitida por esa autoridad municipal que las tarjetas de circulación, pedimentos de importación y facturas de los vehículos no demostraban alguna transmisión total o parciales de dichos vehículos) y que de igual forma, de dicha probanza no se desprendía que la moral demandada haya transmitido total o parcialmente los vehículos herramientas para el giro comercial de la demandada; reiterando con respecto a las pruebas presuncional e instrumental pública que cada una de las partes ofreció, que no beneficiaban a la parte actora para comprobar los mismos extremos y que por tanto no se actualizaban los requisitos requeridos para acreditarse la sustitución patronal; apreciándose que en tal valoración hace especial mención a la circunstancia de que aún cuando a algunos absolventes se les declaró confesos al no comparecer a desahogar la prueba de confesión judicial y de que a otros que comparecieron aceptaron ser socios de la empresa transportista demandada, era necesario que el actor hubiera demandado tanto al patrón directo a quien impute el nexo laboral, como a los demandados solidarios a los que atribuyera haberse beneficiado con los servicios prestados, es decir, desde el inicio del conflicto o en la etapa de la demanda y excepciones. Es así como de dicha valoración de pruebas la junta responsable estableció como puntos conclusivos que al ser improcedente el incidente planteado debía continuarse con el procedimiento en la etapa en que se encontraba, levantando la suspensión, todo ello con fundamento en los artículos 761, 762, 763 y 766 de la Ley Federal del Trabajo; antecediendo a esta conclusión final un primer punto donde estableció --en suma-- que para que se actualizaran los supuestos de la sustitución patronal era necesario que hubiere operado la transmisión de la empresa, establecimiento o fuente de trabajo, a otra persona (obviamente diversa de la demandada Transportes Brisa, Sociedad Anónima de Capital Variable), de manera total o parcial, y que al no demostrarse una transmisión de esa clase, respecto de los vehículos que contribuían directamente al fin de esa persona moral, no se reunían los requisitos previstos en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. Mientras que en un segundo punto conclusivo señala que en lo que concernía al fundamento que empleó el hoy quejoso al promover su incidencia ante la junta para apoyar su pretensión de que operaba dicha sustitución patronal (artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo), estaba referido a la figura de la responsabilidad solidaria, y si en efecto su argumento fue que los demandados incidentistas eran responsables solidarios como copropietarios de las unidades de autotransportes que se utilizan para la prosecusión del objeto social de la moral demandada, debió acreditarse que como propietario o propietarios de un vehículo de transporte o en carácter de concesionario o permisionario (en referencia a esos demandados incidentistas), se les integró a la Litis del juicio principal desde el inicio del conflicto, en respeto a su garantía de audiencia, y que aún cuando algunos demandados incidentistas sí aceptan ser socios de la demandada en el principal y ello haría que se de la responsabilidad solidaria, era necesario que el trabajador incidentista demandara previamente tanto al patrón directo a quien impute el nexo laboral, como a los demandados solidarios a los que atribuyera haberse beneficiado con los servicios prestados, esto es, desde el inicio del conflicto o en la etapa de la demanda y excepciones; siendo bajo esos razonamientos y fundamentos que declara la improcedencia del referido incidente de sustitución patronal; lo que se reitera, esta juzgadora estima apegado a los lineamientos que le fueron fijados en la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dejara insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en los autos del juicio laboral 256/2000 de su índice; emitiera una nueva resolución bajo los lineamientos emitidos en la sentencia de amparo dictada en los autos del presente juicio; lo que evidentemente hizo, se torna entonces patente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído. Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de dieciséis de febrero de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de trece de febrero de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO que dice...Visto el estado de autos, se procede a analizar si la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, cumplió con la ejecutoria del juicio de amparo en que se actúa, ello en virtud de que transcurrió el plazo de tres días otorgado a la quejosa para que manifestara lo que a su interés conviniera, en relación con lo informado por la responsable, respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo. De acuerdo con lo que establece el artículo 77 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, aplicable en este juicio, en cuanto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo; la sentencia que conceda la protección constitucional tendrá por objeto restituir al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; asimismo, cuando dicho acto sea de carácter negativo, el efecto del amparo será obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma exija. En el presente caso, se actualiza la segunda de las hipótesis. Por sentencia de dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete, este Juzgado de Distrito concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal al quejoso Martín Alfredo Álvarez Rivera, la cual causó ejecutoria mediante proveído de diez de octubre de dos mil diecisiete; en esa misma fecha se requirió a la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, para dar cumplimiento a la sentencia de amparo. El fallo mencionado, en la parte conducente, señala:  Se deje insubsistente la resolución interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio laboral 256/2000 del índice de la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, que recayó al incidente de substitución patronal promovido por la parte actora.  Siguiendo los lineamientos precisados en este fallo, se dicte nueva resolución en forma suficientemente fundada y motivada, así como congruente, en la que se pronuncie sobre el valor de las pruebas aportadas por las partes contendientes en esa litis incidental, o si resulta innecesario en todo o en parte el análisis de dichas pruebas por reducirse la controversia a un punto de derecho, señalarlo así en esa resolución, pero pronunciándose de manera acorde y clara sobre los argumentos de cada parte, resolviendo el incidente conforme a derecho corresponda. En veinticuatro de enero de dos mil dieciocho, se recibió el oficio 070-P signado por el Representante de Gobierno de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, al cual anexó copia certificada de la resolución interlocutoria de veintitrés de enero de dos mil dieciocho, recaída al incidente de sustitución patronal, en el juicio laboral 256/2000, del cual se advierte que dejó insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil diecisiete; asimismo, dictó una nueva resolución en los términos de los anexos que remitió. Con lo anterior, se dio vista a la parte quejosa, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. Ahora bien, resulta necesario puntualizar que la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, dejara insubsistente la resolución interlocutoria de veintidós de febrero de dos mil diecisiete, dictada en los autos del juicio laboral 256/2000 del índice de la citada autoridad, que recayera en el incidente de substitución patronal promovido por la parte actora, y siguiendo los lineamientos precisados por este Órgano Constitucional dictara nueva resolución suficientemente fundada y motivada, resolviendo de manera congruente el incidente conforme a derecho corresponda. De ahí que al establecerse en el fallo de amparo que la obligación de la Junta Laboral responsable en cuanto a resolver de forma congruente, fundada y motivada el incidente de sustitución patronal debía efectuarse 'siguiendo los lineamientos' que en esa sentencia estableció éste órgano de control constitucional, se hace necesario traer a transcripción la parte considerativa substancial respecto de tales lineamientos a seguir o considerarse para acatarla: "Como se puede entonces advertir, la Junta responsable, al resolver el incidente que le fue planteado, prácticamente se limita a señalar que de conformidad con el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo esa incidencia era notoriamente improcedente al haberse promovido de manera extemporánea, porque -refiere-- los patrones substitutos nunca fueron demandados y que no fue sino hasta el veinte de enero de dos mil diez que se promovió tal incidente de sustitución patronal y que por tanto se encontraba prescrita; lo que constituye una fundamentación y motivación insuficiente, que incumple con el principio de legalidad que tutela el artículo 16 de la Constitución Federal. Afirmándose que existe esa contravención al apuntado derecho humano, porque en ninguna parte de su resolución se aprecia que la Junta responsable haya efectuado la valoración de las probanzas aportadas por las partes en ese trámite incidental, ya que sobre ese rubro se concreta a señalar dogmáticamente que "Una vez analizadas las probanzas ofrecidas por las partes, y entrando al estudio del asunto que nos ocupa y resultando las pruebas ofrecidas por la parte actora incidentista el C. MARTÍN ALFREDO ÁLVAREZ RIVERA, en fecha 20 de enero del año 2010 presentó escrito promoviendo INCIDENTE DE SUSTITUCIÓN PATRONAL.", e inmediatamente después de ello establece la indicada improcedencia. Por otra parte, existe también esa contravención al derecho fundamental de legalidad porque aún bajo la consideración de que tácitamente estimó que era innecesario externar pronunciamiento sobre el alcance o valor que tuvieran las probanzas aportadas por las partes en dicha incidencia, debido a que la cuestión se reducía a un punto de derecho, como lo era el definir si en el caso concreto la figura de la responsabilidad solidaria prevista en el artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo para conflictos en materia de autotransporte implica considerar o no la existencia automática de la substitución patronal prevista en el artículo 41 de la misma ley, debió entonces abordar de manera congruente o exhausta ese tópico, pues ese proceder resultaba indispensable para que a su vez se pudiera determinar si la figura de la prescripción contemplada en el artículo 518 de la Ley Federal del Trabajo --en los términos expuestos por los 'presuntos patrones sustitutos'-- en efecto resultaba o no operante en el caso concreto. Sin embargo, para dar respuesta a los planteamientos que fijaron la litis incidental, la autoridad responsable únicamente se limitó a realizar la cita del texto del artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo con la invocación de tesis aisladas aplicables a temas muy concretos referidos a supuestos en que se puede considerar actualizada la substitución patronal contemplada en esa norma y requisitos o elementos para considerar su existencia, y posterior a ello señalar que resultaba improcedente el incidente porque se encontraba 'prescrita' (entendiéndose que se refiere a la figura de la 'substitución patronal') porque los patrones sustitutos no fueron demandados, y que había sido hasta el mencionado día veinte de enero de dos mil diez que el interesado promovió tal cuestión incidental. Lo que como bien lo señala el quejoso, implica una contravención a la garantía de legalidad (adecuada fundamentación y motivación) que establece el artículo 16 Constitucional, por no atender los argumentos aducidos por cada una de las partes, ya que si la parte actora incidentista estaba fundando su incidencia en el artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo (a su vez necesariamente relacionado con el artículo 13 de la misma ley, al prever la figura de la 'responsabilidad solidaria') y al contestar los presuntos 'patrones sustitutos' dicho incidente sostuvieron que la substitución patronal no se podía actualizar en el caso de la especie porque precisamente el incidentista estaba sosteniendo en aquélla norma (260 de la ley de la materia) la existencia de esa substitución, y que era desacertada esa consideración porque en todo caso lo que podía actualizarse era una responsabilidad solidaria, y que ello no era compatible con lo preceptuado en el artículo 41 de la misma ley, deduciendo de ahí que operaba la prescripción a su favor porque entonces debió el actor integrarlos a la relación procesal desde la presentación de su demanda o en la etapa de demanda y excepciones; debió forzosamente la Junta responsable pronunciarse sobre tal argumentación de cada parte y no concretarse a prácticamente decir que había sido extemporánea la presentación del incidente. En tal contexto, resulta clara la contravención que se actualizó a los principios fundamentales de legalidad y seguridad jurídica tutelados en conjunto por los artículos 14 y 16 Constitucionales, en perjuicio del quejoso, pues se le dejó en estado de indefensión o incertidumbre jurídica, imposibilitándosele una adecuada defensa o reacción contra esa decisión que no se encuentra suficientemente fundada y motivada, al no conocer las razones y fundamentos específicos que revelaran la apuntada 'improcedencia de la substitución patronal' determinada en la interlocutoria reclamada, puesto que de esa manera se le impide conocer y examinar si la prescripción que simplistamente determina la autoridad responsable en efecto operaba (caso en que se debía establecer el cómputo respectivo), y ello solo se puede saber con la cita de los preceptos legales aplicables y las razones o circunstancias del caso que sostengan dicha aplicación; de ahí que sea también fundada la incongruencia delatada por el quejoso, pues solo habiéndose pronunciado exhaustivamente con respecto a lo sostenido por cada parte sobre ese punto de derecho (se insiste, si el artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo puede implicar o no substitución patronal o da lugar al ejercicio autónomo de una acción o incidencia distinta para quien pretende su aplicación), se habría cumplido con el dictado de un fallo congruente." De lo anterior se puede advertir, que el lineamiento medular sobre el cual se determinó conceder la protección constitucional al quejoso, partió de la base de que la parte actora incidentista (ese mismo quejoso) sustentó la promoción de su incidencia en lo preceptuado en el artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo (norma a su vez íntimamente relacionada con el 13 de la misma ley) y al contestar la contraparte tal incidente estableció toralmente su defensa en la consideración de que no operaba la figura de la sustitución patronal en base a tal norma y que en todo caso lo que podía actualizarse era una responsabilidad solidaria, la que no era compatible con lo que determina el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo, refiere, oponiendo sobre dichas bases la prescripción indicando que se le debió integrar a la relación procesal desde la etapa de demanda y excepciones; de ahí que por ello este órgano jurisdiccional de amparo estableció que debió la junta responsable pronunciarse sobre tal punto fundamental de debate, atendiendo a lo aducido por cada parte al respecto, en relación con el material probatorio por ellas ofrecido; de donde tenemos entonces que tales lineamientos se están acatando en la interlocutoria analizada. Afirmándose lo anterior, porque remitiéndonos a la parte considerativa del fallo interlocutorio en análisis, la junta responsable inicia su determinación estableciendo la conceptualización de la figura de la Sustitución Patronal, así como de la Responsabilidad Solidaria en el derecho laboral, a la luz de lo preceptuado en los artículos 13, 41 y 260 de la Ley Federal del Trabajo; señalando que la sustitución patronal establece una responsabilidad solidaria cuyo nacimiento es a partir de la fecha en que se notifique al trabajador o al sindicato del cambio patronal, y que la sustitución patronal acontece a los seis meses a partir del momento en que el sindicato o los trabajadores tengan conocimiento del cambio de patrón respectivo. A continuación realiza un análisis de los elementos probatorios aportados por las partes en el trámite incidental, de las que en resumen se aprecia que en relación a la prueba de informe de autoridad a cargo del Registro Público de la Propiedad y de Comercio de esta ciudad, ofrecida por los demandados incidentistas, por su contenido resultó en beneficio de éstos, para acreditar que la demandada (Transportes Brisa, Sociedad Anónima de Capital Variable) a la que se atribuye el carácter de sustituida, no transfirió ni total ni parcialmente la entidad jurídica económica; estableciendo igualmente con respecto a las probanzas confesionales a cargo del actor, como de los referidos demandados incidentistas, que no se desprendía con ellas que se haya llevado a cabo una transmisión total o parcial de la empresa; del mismo modo, al valorar la prueba ofrecida por el actor como 'documental o informe de autoridad' a cargo de la Unidad Municipal de Transporte del XX Ayuntamiento de Ensenada, estableció que con dicho informe se desprendía que se llevaron a cabo las revalidaciones de los vehículos a nombre de empresa y no a nombre de alguno de los físicos a los que pretende dar el carácter de patrón sustituto (indicando también más adelante en relación a tal información remitida por esa autoridad municipal que las tarjetas de circulación, pedimentos de importación y facturas de los vehículos no demostraban alguna transmisión total o parciales de dichos vehículos) y que de igual forma, de dicha probanza no se desprendía que la moral demandada haya transmitido total o parcialmente los vehículos herramientas para el giro comercial de la demandada; reiterando con respecto a las pruebas presuncional e instrumental pública que cada una de las partes ofreció, que no beneficiaban a la parte actora para comprobar los mismos extremos y que por tanto no se actualizaban los requisitos requeridos para acreditarse la sustitución patronal; apreciándose que en tal valoración hace especial mención a la circunstancia de que aún cuando a algunos absolventes se les declaró confesos al no comparecer a desahogar la prueba de confesión judicial y de que a otros que comparecieron aceptaron ser socios de la empresa transportista demandada, era necesario que el actor hubiera demandado tanto al patrón directo a quien impute el nexo laboral, como a los demandados solidarios a los que atribuyera haberse beneficiado con los servicios prestados, es decir, desde el inicio del conflicto o en la etapa de la demanda y excepciones. Es así como de dicha valoración de pruebas la junta responsable estableció como puntos conclusivos que al ser improcedente el incidente planteado debía continuarse con el procedimiento en la etapa en que se encontraba, levantando la suspensión, todo ello con fundamento en los artículos 761, 762, 763 y 766 de la Ley Federal del Trabajo; antecediendo a esta conclusión final un primer punto donde estableció --en suma-- que para que se actualizaran los supuestos de la sustitución patronal era necesario que hubiere operado la transmisión de la empresa, establecimiento o fuente de trabajo, a otra persona (obviamente diversa de la demandada Transportes Brisa, Sociedad Anónima de Capital Variable), de manera total o parcial, y que al no demostrarse una transmisión de esa clase, respecto de los vehículos que contribuían directamente al fin de esa persona moral, no se reunían los requisitos previstos en el artículo 41 de la Ley Federal del Trabajo. Mientras que en un segundo punto conclusivo señala que en lo que concernía al fundamento que empleó el hoy quejoso al promover su incidencia ante la junta para apoyar su pretensión de que operaba dicha sustitución patronal (artículo 260 de la Ley Federal del Trabajo), estaba referido a la figura de la responsabilidad solidaria, y si en efecto su argumento fue que los demandados incidentistas eran responsables solidarios como copropietarios de las unidades de autotransportes que se utilizan para la prosecusión del objeto social de la moral demandada, debió acreditarse que como propietario o propietarios de un vehículo de transporte o en carácter de concesionario o permisionario (en referencia a esos demandados incidentistas), se les integró a la Litis del juicio principal desde el inicio del conflicto, en respeto a su garantía de audiencia, y que aún cuando algunos demandados incidentistas sí aceptan ser socios de la demandada en el principal y ello haría que se de la responsabilidad solidaria, era necesario que el trabajador incidentista demandara previamente tanto al patrón directo a quien impute el nexo laboral, como a los demandados solidarios a los que atribuyera haberse beneficiado con los servicios prestados, esto es, desde el inicio del conflicto o en la etapa de la demanda y excepciones; siendo bajo esos razonamientos y fundamentos que declara la improcedencia del referido incidente de sustitución patronal; lo que se reitera, esta juzgadora estima apegado a los lineamientos que le fueron fijados en la ejecutoria de amparo. Consecuentemente, si la protección de la Justicia Federal fue para que la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de esta ciudad, dejara insubsistente la resolución interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, en los autos del juicio laboral 256/2000 de su índice; emitiera una nueva resolución bajo los lineamientos emitidos en la sentencia de amparo dictada en los autos del presente juicio; lo que evidentemente hizo, se torna entonces patente que quedó acatada la ejecutoria dictada en este asunto; sin que este órgano jurisdiccional advierta excesos o defectos; por ende, se tiene por cumplida la sentencia dictada en este juicio, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo vigente, debiéndose comunicar lo anterior a la autoridad responsable para su conocimiento. Con lo anterior, con fundamento en el artículo 202 del citado ordenamiento legal, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de quince días, manifiesten lo que a sus intereses convenga, en el entendido que de no hacerlo se tendrá por consentido el presente proveído.

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