Martín Alfredo Álvarez Rivera
Expediente 576/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 8 actuaciones registradas, la última del 26 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 576/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 26/02/2018
Partes del expediente
- Martín Alfredo Álvarez Rivera
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que el auto en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo ha quedado firme, considerando que las partes legitimadas para hacerlo no interpusieron recurso de revisión contra. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción II del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el cual se sobreseyó fuera de audiencia constitucional, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal, una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio signado por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, mediante el cual rinde su informe justificado y remite copias certificadas relativas al acto reclamado. Ahora bien, de las constancias de referencia, a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que sobrevino la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" El quejoso Martín Alfredo Álvarez Rivera, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, cuyo acto reclamado lo hizo consistir la interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, recaída en el incidente de sustitución patronal que promovió el quejoso en los autos del juicio laboral 256/2000. Sin embargo, de las documentales enviadas por la responsable antes mencionada, se desprende que en veintitrés de enero del año en curso, dentro del juicio laboral 256/2000, de su índice, dicha junta en acatamiento a la ejecutoria del juicio de amparo 251/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, dejó insubsistente la interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil diecisiete y dictó una nueva en la que declaró improcedente el incidente de substitución patronal promovido por el aquí quejoso. Las documentales en examen, a las que se les confiere eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acreditan de forma fehaciente que han cesado los efectos del acto reclamado que el quejoso le atribuyó a la autoridad responsable, ya que es evidente que si la dolencia jurídica del quejoso lo era en suma la interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, recaída en el incidente de sustitución patronal que promovió el quejoso en los autos del juicio laboral 256/2000, se torna evidente que al dejar insubsistente dicha resolución desapareció jurídicamente la afectación que a su esfera jurídica le producía tal acto. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del trece de febrero de dos mil dieciocho). Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." Notifíquese personalmente.
- Principal
con fundamento en los artículos 26, 27 y 29 de la ley de amparo, hago efectivo el apercibimiento del citatorio de dos de febrero de dos mil dieciocho, dejado en el domicilio procesal del quejoso, en virtud de no haber acudido a este recinto jurisdiccional a notificarse de manera personal, por lo que se ordena la notificación del auto de treinta y uno de enero de dos mil dieciocho, por lista y por lista en una página electrónica al QUEJOSO que dice...Agréguese a los autos el oficio signado por la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, mediante el cual rinde su informe justificado y remite copias certificadas relativas al acto reclamado. Ahora bien, de las constancias de referencia, a las que se les confiere valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, se advierte que sobrevino la causal de improcedencia, prevista en la fracción XXI del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente XXI.- Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado El quejoso Martín Alfredo Álvarez Rivera, promovió demanda de amparo contra actos de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California, cuyo acto reclamado lo hizo consistir la interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, recaída en el incidente de sustitución patronal que promovió el quejoso en los autos del juicio laboral 256/2000. Sin embargo, de las documentales enviadas por la responsable antes mencionada, se desprende que en veintitrés de enero del año en curso, dentro del juicio laboral 256/2000, de su índice, dicha junta en acatamiento a la ejecutoria del juicio de amparo 251/2017 del índice de este órgano jurisdiccional, dejó insubsistente la interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil diecisiete y dictó una nueva en la que declaró improcedente el incidente de substitución patronal promovido por el aquí quejoso. Las documentales en examen, a las que se les confiere eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acreditan de forma fehaciente que han cesado los efectos del acto reclamado que el quejoso le atribuyó a la autoridad responsable, ya que es evidente que si la dolencia jurídica del quejoso lo era en suma la interlocutoria de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, recaída en el incidente de sustitución patronal que promovió el quejoso en los autos del juicio laboral 256/2000, se torna evidente que al dejar insubsistente dicha resolución desapareció jurídicamente la afectación que a su esfera jurídica le producía tal acto. En esas condiciones, se advierte que los efectos del acto reclamado en el presente juicio de garantías, han cesado; razón por la cual se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo y como consecuencia procede SOBRESEER FUERA DE AUDIENCIA en el juicio de garantías de acuerdo a lo establecido por la fracción V del artículo 63 del ordenamiento legal citado. Al efecto, tiene aplicación la tesis de jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 8, del tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J. N, del rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL.- De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Asimismo, se invoca por aplicable, la tesis número 415, sustentada también por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 356, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del epígrafe y contenido siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO.- Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que establezcan, de modo tal, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Sin que sea necesario para ello la celebración de la audiencia constitucional respectiva, pues el motivo de improcedencia en estudio, se encuentra demostrado de tal manera, que no podría ser desvirtuado por medio de convicción alguno que aportara alguna de las partes, resultando innecesario que se lleve a cabo. Por tanto, quedan sin efectos la fecha y hora señaladas para la celebración de la audiencia constitucional (nueve horas con cincuenta minutos del trece de febrero de dos mil dieciocho). Sobre el particular es ilustrativa la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que aparece publicada en la página 386, Tomo XVII, Marzo de 2003, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y contenido: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."
- Principal
Visto el estado de autos, de los que se advierte que a la fecha la parte quejosa no dio cumplimento al requerimiento efectuado en veintisiete de diciembre del año en curso, sin embargo, en virtud de que ningún requisito formal puede convertirse en un obstáculo que impida injustificadamente un pronunciamiento sobre el fondo, pues debe cumplirse con el derecho de acceso a la justicia, toda vez que, desde la perspectiva de la constitucionalidad no son admisibles obstáculos producto de un formalismo y que no se compaginen con el derecho a la justicia, o que no aparezcan como justificados y proporcionados conforme a las finalidades para las que se establecen, al ser facultad del juez subsanar los defectos derivados de dichos formalismos; por lo anterior, procurando subsanar el defecto de la demanda de amparo, toda vez que con el incumplimiento a la prevención realizada a la parte quejosa, relativa a que señale la fecha en que tuvo conocimiento del acto reclamado no se daña la regularidad del proceso constitucional o a otras partes, pues como ha quedado señalado, los requisitos formales deben interpretarse y aplicarse de modo flexible, ya que los defectos procesales subsanables de acuerdo con el mencionado artículo 114 de la Ley de amparo, no pueden convertirse en insubsanables por la interpretación restrictiva del órgano jurisdiccional, conforme lo señalado en líneas que anteceden. Lo anterior, con apoyo en el criterio orientador sustentado en la tesis aislada II.1º.22 K (10a.), Tribunales Colegiados de Circuito, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, pagina 2672, que establece: "PREVENCIONES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PREVIO A TENER POR NO PRESENTADA UNA DEMANDA O DESECHARLA POR NO HABERSE CUMPLIDO CON UN REQUERIMIENTO PARA SU ACLARACIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE PROCURAR SUBSANAR O REPARAR EL DEFECTO POR MEDIO DEL DESAHOGO DE AQUÉLLAS, SIEMPRE QUE EL QUEJOSO NO SEA CONTUMAZ O NEGLIGENTE Y NO SE DAÑE LA REGULARIDAD DEL PROCESO CONSTITUCIONAL O A OTRAS PARTES." La prevención que regula el artículo 114 de la Ley de Amparo se orienta, esencialmente, a que el quejoso dé cuenta en el desahogo del requerimiento del artículo 108 del propio ordenamiento, sin mayor exigencia que la de establecer con claridad esos elementos. Ello se debe a que la ley de la materia tiene una serie de reglas formales a fin de lograr la seguridad jurídica, a través de la legalidad; sin embargo, ningún requisito formal puede convertirse en un obstáculo que impida injustificadamente un pronunciamiento sobre el fondo, pues debe cumplirse con el derecho de acceso a la justicia. Así, desde la perspectiva de la constitucionalidad no son admisibles obstáculos producto de un formalismo y que no se compaginen con el derecho a la justicia, o que no aparezcan como justificados y proporcionados conforme a las finalidades para las que se establecen, que en todo caso deben ser adecuados a los derechos humanos, para cumplir con el principio pro actione, pues los requisitos formales no son valores autónomos con sustantividad propia, sino que sólo sirven en cuanto a que son instrumentos dirigidos a lograr la finalidad legítima de establecer los derechos necesarios para las partes y el objeto del proceso. En consecuencia, el Juez de Distrito, previo a tener por no presentada una demanda de amparo o desecharla por no haberse cumplido con un requerimiento para su aclaración, debe procurar subsanar o reparar el defecto por medio del desahogo de las prevenciones, siempre que el quejoso no sea contumaz o negligente y no se dañe la regularidad del proceso constitucional o a otras partes, pues los requisitos formales deben interpretarse y aplicarse de modo flexible, ya que los defectos procesales subsanables de acuerdo con el mencionado artículo 114, no pueden convertirse en insubsanables por la interpretación restrictiva del órgano jurisdiccional, si la parte requerida los cumple desde el inicio del proceso o los subsana, porque la finalidad del requisito procesal es establecer el objeto del proceso constitucional, pero no constituirse en mecanismos o tecnicismos que hagan del proceso constitucional un medio de defensa inaccesible. ADMISIÓN En consecuencia, a fin de no obstaculizar el derecho de acceso a la justicia con meros tecnicismos procesales, con fundamento en los artículos 107, 108 y 112, todos de la Ley de amparo, se admite la demanda de amparo promovida por Martín Alfredo Álvarez Rivera, por su propio derecho, contra actos de: Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Ensenada, Baja California. APERTURA DE INCIDENTE DE SUSPENSIÓN No se forma y tramita incidente de suspensión de los actos reclamados, por no haberlo solicitado el quejoso. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO Con fundamento en el artículo 5, fracción IV, de la Ley de Amparo, se da la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL Para la celebración de la audiencia constitucional se señalan las nueve horas con cincuenta minutos del trece de febrero de dos mil dieciocho. SOLICITUD DE INFORMES JUSTIFICADOS Se solicita a la autoridad señalada como responsable su informe con justificación, que deberá rendir dentro del plazo de quince días contado a partir de la notificación de este proveído, debiendo anexar copias certificadas legibles, completas y ordenadas de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe, es decir, del acto reclamado y sus antecedentes, con fundamento en el artículo 117, párrafo primero, de la Ley de Amparo, apercibida que en caso de omisión, con fundamento en el numeral 260, fracción II, del ordenamiento invocado, se le impondrá una multa por el equivalente a cien Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, en términos de lo dispuesto en el artículo 238 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que en caso de actualizarse la cesación de efectos del acto reclamado, o bien que ocurra alguna causa notoria de sobreseimiento, deberá informarlo de inmediato, apercibida que de no hacerlo se le impondrá una multa por el equivalente a treinta Unidades de Medida y Actualización vigente al día de hoy, de conformidad con los artículos 64 y 251, ambos de la Ley de Amparo. EMPLAZAMIENTO DEL TERCERO INTERESADO Se reserva reconocer el carácter de terceros interesados a Transporte Brisa, Sociedad Anónima de Capital Variable, y otras, hasta en tanto, obre en autos el informe justificado solicitado a la autoridad responsable. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. APERCIBIMIENTO Con fundamento en el artículo 108, fracción III, y 63 de la Ley de Amparo, se apercibe al quejoso que de señalar incorrectamente la denominación de la autoridad responsable, tendrá como efecto declarar su inexistencia, y previa vista que se otorgue, se continuará con el trámite del juicio o, se sobreseerá respecto a la declarada inexistente. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 8º de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en concordancia con los artículo 6 y 7 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de la Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el Diario Oficial de la Federación de dos de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, por el cual se derogó el acuerdo 30/2003 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, dígase a las partes que: La sentencia que se dicte en el presente asunto estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten conforme al procedimiento de acceso a la información. El derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales en la sentencia. Manifestar en forma expresa al momento de allegar pruebas o constancias al juicio, si las mismas deben considerarse como reservadas o confidenciales con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o en una ley expedida por el Congreso de la Unión o legislaturas de los Estados. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. Por otra parte, dígasele a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx, o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2014 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal.
Quedan 4 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada · 6,224 expedientes
- Martha Selene Ruelas Cabrera819/2023
- Martha Silva de Godinez72/2022
- Martha Susana Murillo Godoy791/2023
- Martín Acevedo Rentería800/2014
- Martín Aguilar Monroy y Otros.624/2013
- Martín Alberto Castañeda Acuña453/2016
- Martín Alfredo Álvarez Rivera251/2017
- Martín Alfredo Álvarez Rivera545/2016
- Martin Antonio Granados Manríquez1254/2023
- Martin Antonio Granados Manríquez1266/2023
- Martin Becerra González696/2019
- Martin Becerra González611/2019