Martin Alberto Sosa Chi

Expediente 1398/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 9 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1398/2022
Año
2022
Actuaciones
9
Última actuación
13/02/2023

Partes del expediente

  • Martin Alberto Sosa Chi

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de febrero de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan estos autos y lo de cuenta, se acuerda: se tiene por recibido el oficio número 103/2023-P.3, del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias del Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, con el que remite copia certificada de la resolución de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, dictada en el toca 328/2022, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por Martín Alberto Sosa Chi, contra la sentencia emitida en el presente juicio de amparo. Ejecutoria de la que se advierte que, en su resolutivo primero confirmó la sentencia recurrida y en el segundo precisó se sobresee en el juicio y en el tercero, determinó que la Justicia de la Unión no ampara ni protege a la parte quejosa, contra los actos reclamados en el juicio en que se actúa. Acúsese recibo. En consecuencia, previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 18, del Acuerdo General sin número, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se hace la indicación de que el presente asunto es depurable, toda vez que encuadra en la hipótesis prevista la fracción I, inciso b), del citado precepto, al ser un juicio de amparo en el que se negó la protección constitucional y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado numeral. Por otra parte, glósese a estos autos el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión interpuesto en este asunto, dejando los autos originales que lo conforman y deséchense las copias certificadas que lo originaron para evitar la voluminosidad del presente expediente. En acatamiento a lo ordenado por la Superioridad, remítase la copia certificada del testimonio de mérito a la autoridad ordenadora y hágase del conocimiento de las partes lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Igualmente, se hace del conocimiento de las partes que con motivo de la entrada en vigor del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente expediente se tramitará vía electrónica, esto es, los acuerdos y resoluciones que se dicten en el mismo únicamente obrarán en el expediente electrónico, por lo que sólo se agregarán las promociones físicas que se presenten. Finalmente, en acatamiento al acuerdo general en cita y de conformidad con el numeral 35, se hace la indicación de que este expediente físico impreso coincide en su totalidad con el electrónico generado con la FIREL, hasta el treinta de noviembre de dos mil veintidós Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se acuerda: téngase por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias de Trabajo y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, su oficio número 8726/2022, por medio del cual transcribe el contenido del acuerdo de cuatro de octubre pasado, dictado en autos del toca relativo al recurso de revisión 328/2022, del cual se advierte que entre otras cuestiones, se admitió dicho recurso interpuesto por la parte quejosa, en contra de la sentencia firmada el cinco de septiembre de dos mil veintidós, en el juicio de amparo que nos atañe. Notifíquese y cúmplase. Así lo acordó y firma el licenciado Rogelio Eduardo Leal Mota, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con la licenciada Mercedes del Sol Hernández Cetina, Secretaria con quien actúa. Doy fe.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los presentes autos, se acuerda: en atención a que Emmanuel Jesús Dzib Manrique, autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, en el escrito de cuenta interpone recurso de revisión en contra de la sentencia firmada el cinco de septiembre de dos mil veintidós. Por tanto, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 88 y 89 de la Ley de Amparo, glósese a estos autos una copia del escrito que contiene la expresión de agravios; remítanse copia del mismo a las autoridades responsables; también, córrase traslado de dicho escrito a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal. Hecho lo anterior, envíese los autos del presente expediente principal y el escrito original que contiene la expresión de agravios, al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Decimocuarto Circuito en turno, en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, para lo que esa Superioridad estime procedente acordar al respecto. Fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes, además de una copia simple del oficio que contiene los agravios. Notifíquese personalmente a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal y cúmplase.

  4. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 1398/2022-V-A, promovido por Martín Alberto Sosa Chi, contra el acto que reclama de la Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, dependiente de la Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, y otras autoridades; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el uno de junio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el mismo día a este Juzgado, compareció Martín Alberto Sosa Chi, a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Titular de la Subdelegación, Jefe de Oficina para Cobros y notificador, todos de la Subdelegación Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, todos con sede en esta ciudad. SEGUNDO. Por acuerdo de tres de junio de dos mil veintidós, se admitió a trámite la demanda de amparo, registrada con el número 1398/2022-V-A; se solicitó a las autoridades responsables que rindieran sus informes justificados; se otorgó a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le compete; y finalmente, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional del juicio, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA LEGAL. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en la ciudad de Mérida, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo, 49 y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y en los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De conformidad con el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, por técnica jurídica, se procede a precisar los actos reclamados que constituyen la materia del presente juicio, lo cual encuentra fundamento, además, en la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos cincuenta y cinco, Tomo XIX, correspondiente al mes de abril de dos mil cuatro, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, materia común, Novena Época, de rubro y texto siguientes: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de las constancias que conforman este expediente, se advierte que el aquí quejoso hizo consistir el acto reclamado, en: La falta de notificación y emplazamiento al procedimiento administrativo de ejecución de origen, y sus consecuencias, como lo son, la orden de embargo y su inscripción. TERCERO. Inexistencia de los actos reclamados. No son ciertos los actos reclamados al Titular de la Subdelegación del Instituto Mexicano del Seguro Social, dependiente de la Delegación Estatal Yucatán, con sede en esta ciudad, pues así lo manifestó al rendir su informe justificado, sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, lo que procede es sobreseer en el presente juicio, por falta de materia, respecto de dicha autoridad, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, y la tesis jurisprudencial número 284, visible en la página 236, del Tomo VI, referente a la Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, visible con el número de registro 917818, mismo Apéndice, bajo el rubro: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." CUARTO. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Jefe de oficina para cobros y notificador, ambos de la Subdelegación Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, pues no obstante lo negaron al rendir sus informes justificados, realizaron diversas manifestaciones de las que desprende su existencia. Igualmente, son ciertos los actos reclamados a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, con sede en esta ciudad, toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado, lo que se corrobora con el legajo de constancias que adjuntó al mismo. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Análisis de la causal de improcedencia hecha valer por la responsable. Previo a abordar cuestiones de fondo del asunto, se procede examinar si en el caso se actualizan las causas de improcedencia del juicio constitucional hechas valer por la autoridad responsable o bien de oficio, pues de ser fundada alguna de ellas, resultaría ocioso estudiar las cuestiones de fondo planteadas en el juicio. Además, que su estudio es de orden público y preferente, según lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, y la jurisprudencia número 814, visible en la página 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, registro 394,770, que literalmente señala: "IMPROCEDENCIA CAUSALES DE, EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el presente asunto, la autoridad responsable hace valer la causal de improcedencia prevista en la fracción XIV, del artículo 61, en relación al 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, pues no obstante que el quejoso acude como persona extraña al procedimiento de origen, tuvo conocimiento del mismo desde el seis de julio de dos mil diecisiete. Empero, dicha causal resulta infundada, ya que el acto que viene impugnando la parte impetrante del amparo, lo es precisamente el ilegal emplazamiento al procedimiento de origen y sus consecuencias. De ahí que no pueda actualizarse la causal de improcedencia invocada, pues las consideraciones hechas valer por la responsable, serán precisamente la materia de estudio. SEXTO. Inexistencia de causas de improcedencia. En el caso a estudio, no se advierte la actualización de alguna otra causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la ley de la materia, por lo que procede efectuar el estudio de los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa los que se tienen aquí por reproducidos, toda vez que no existe precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Al respecto, tiene aplicación la Jurisprudencia 2ª./J.58/2010 emitida por el Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Análisis de la litis constitucional. Resultan inoperantes los conceptos de violación que hizo valer la parte quejosa, por lo que deberá negársele el amparo y protección de la Justicia Federal que solicita. Establecido lo anterior, para una mejor comprensión del asunto, es menester precisar que de las constancias exhibidas por las responsables las cuales tienen valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto en los artículos 129 y 202 del Código de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa del precepto 2º; se desprende, en lo que interesa, los siguientes antecedentes: Mandamiento de ejecución de trece de diciembre de dos mil diecisiete, emitido por la Jefa de oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y requerimiento de catorce de diciembre siguiente, efectuado a Martín Alberto Sosa Chi, mismo que al no encontrarse, se verificó con Rosa María Cruz Alonso, quien manifestó ser empleada y con quien se llevó a cabo el embargo. Oficio 3301079200/OC/SRI/0332/2017, de fecha veintiocho de diciembre de dos mil diecisiete, con el que la Jefa de la oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del instituto de seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se trabe formal embargo de bienes según mandamiento de ejecución de trece de diciembre de dos mil diecisiete y actas de embargo de catorce siguiente, en contra de Martín Alberto Sosa Chi, con número de registro patronal G62-84129-10. Mandamiento de ejecución de cinco de julio de dos mil diecisiete, emitido por la Jefa de oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y requerimiento de seis de julio siguiente, efectuado al buscado Martín Alberto Sosa Chi y con quien se llevó a cabo el embargo. Oficio 3301079200/OC/SRI/0134/2017, de fecha once de julio de dos mil diecisiete, con el que la Jefa de la oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del instituto de seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se trabe formal embargo de bienes según mandamiento de ejecución de cinco de julio de dos mil diecisiete y actas de embargo de seis siguiente, en contra de Martín Alberto Sosa Chi, con número de registro patronal G62-84129-10. Mandamiento de ejecución de trece de junio de dos mil diecisiete, emitido por la Jefa de oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y requerimiento de catorce de junio siguiente, efectuado a Martín Alberto Sosa Chi, mismo que al no encontrarse, se verificó con Rosa María Cruz Alonso, quien manifestó ser empleada y con quien se llevó a cabo el embargo. Oficio 3301079200/OC/SRI/0124/2017, de fecha veintiséis de junio de dos mil diecisiete, con el que la Jefa de la oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del instituto de seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se trabe formal embargo de bienes según mandamiento de ejecución de trece de junio de dos mil diecisiete y actas de embargo de catorce siguiente, en contra de Martín Alberto Sosa Chi, con número de registro patronal G62-84129-10. Mandamiento de ejecución de tres de abril de dos mil diecisiete, emitido por la Jefa de oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y requerimiento de cuatro de abril siguiente, efectuado a Martín Alberto Sosa Chi, mismo que al no encontrarse, se verificó con Rosa María Cruz Alonso, quien manifestó ser empleada y con quien se llevó a cabo el embargo. Oficio 3301079200/OC/SRI/0090/2017, de fecha veintiséis de abril de dos mil diecisiete, con el que la Jefa de la oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del instituto de seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se trabe formal embargo de bienes según mandamiento de ejecución de tres de abril de dos mil diecisiete y actas de embargo de cuatro siguiente, en contra de Martín Alberto Sosa Chi, con número de registro patronal G62-84129-10. Mandamiento de ejecución de trece de octubre de dos mil dieciséis, emitido por la Jefa de oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y requerimiento de catorce de octubre siguiente, efectuado a Martín Alberto Sosa Chi, mismo que al no encontrarse, se verificó con Rosa María Cruz Alonso, quien manifestó ser empleada y con quien se llevó a cabo el embargo. Oficio 3301079200/OC/SRI/0262/2016, de fecha uno de noviembre de dos mil dieciséis, con el que la Jefa de la oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del instituto de seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se trabe formal embargo de bienes según mandamiento de ejecución de trece de octubre de dos mil dieciséis y actas de embargo de catorce siguiente, en contra de Martín Alberto Sosa Chi, con número de registro patronal G62-84129-10. Mandamiento de ejecución de cinco de agosto de dos mil dieciséis, emitido por la Jefa de oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, y requerimiento de catorce de octubre siguiente, efectuado a Martín Alberto Sosa Chi, mismo que al no encontrarse, se verificó con Rosa María Cruz Alonso, quien manifestó ser empleada y con quien se llevó a cabo el embargo. Oficio 3301079200/OC/SRI/0204/2016, de fecha diez de agosto de dos mil dieciséis, con el que la Jefa de la oficina para cobros de Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, solicitó a la Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del instituto de seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, se trabe formal embargo de bienes según mandamiento de ejecución de cinco de agosto de dos mil dieciséis y actas de embargo de ocho siguiente, en contra de Martín Alberto Sosa Chi, con número de registro patronal G62-84129-10. Ahora bien, en sus conceptos de violación, la parte impetrante del amparo aduce que las responsables transgredieron lo dispuesto en los artículos 14, 16 y 17 Constitucionales, que establecen los derechos fundamentales de audiencia, legalidad y seguridad jurídica, toda vez que realizaron actos en su perjuicio, sin ser oído formal y materialmente para hacer valer sus defensas o interpusiera los recursos administrativos correspondientes. Por lo que, al no haber sido llamado al procedimiento de origen, ni ser considerado en el mismo, las resoluciones dictadas en dicho procedimiento no pueden afectarle a su derecho de propiedad, por lo que existe una clara violación a su derecho de audiencia. Resultan inoperantes sus argumentos, pues de las constancias de autos, se desprende que contrario a sus manifestaciones, Martín Alberto Sosa Chi, sí fue llamado al procedimiento administrativo de ejecución de origen. Esto es, se advierte que la Jefa de la oficina para cobros, Merida Norte, emitió diversos mandamientos de ejecución en contra del propio patrón Martín Alberto Sosa Chi, derivados de diversos adeudos no cubiertos ni garantizados dentro del término señalado en el artículo 39 de la Ley de Seguro Social, 127 del Reglamento de la Ley del Seguro Social en Materia de Afiliación, Clasificación de Empresas, Recaudación y Fiscalización, 144, primer párrafo del Código Fiscal de la Federación, por lo que resultaron exigibles para los efectos del artículo 145 del citado Código, en relación con los artículos 251, fracción XXV, 251 A, 287 y 291 de la Ley del Seguro Social vigente. Ante ello, se requirió al patrón deudor, aquí quejoso, en su domicilio, para que demostrara haber efectuado el pago del total de los créditos fiscales fincados en su contra, más los accesorios legales, actualizaciones y recargos. Lo anterior, bajo el apercibimiento que de no demostrar haber efectuado el pago de los créditos fiscales, en ese acto, se procedería a embargar bienes de su propiedad, suficientes para hacer efectivos dichos créditos. Siendo que, dichos requerimientos, en su mayoría, se llevaron a cabo con Rosa María Cruz Alonso, quien se identificó con documento oficial, misma que manifestó ser empleada en el lugar y que su patrón era precisamente Martín Alberto Sosa Chi, aquí quejoso, quien no se encontraba en esos momentos. Aunado a que la diligencia de seis de junio de dos mil diecisiete, se llevó a cabo con el propio Martín Alberto Sosa Chi. Por lo que, contrario a su argumento, el aquí quejoso, sí fue considerado como parte en el procedimiento. Además, en el caso, de los conceptos de violación hechos valer por el impetrante del amparo, de manera alguna se desprende argumento encaminado a que atribuya vicios propios en contra de las diligencias de notificación, requerimientos de pago y embargo, exhibidos por la responsable, con los que se acredita que le notificaron los mandamientos de ejecución instaurados en su contra y que sí lo hizo sabedor del procedimiento. Pues se limitó a realizar meras manifestaciones genéricas en relación a que no se le emplazó debidamente al procedimiento administrativo de origen y que por ello no se le permitió efectuar una adecuada defensa. Siendo que en el caso, dada la naturaleza del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, no se actualiza la suplencia de la queja a favor del quejoso, por no encontrarse en los casos de excepción que establece el artículo 79 de la Ley de Amparo, aunado a que no se advierte una violación manifiesta de la ley que lo haya dejado sin defensa. En consecuencia, al resultar inoperantes los conceptos de violación expresados por el quejoso, lo procedente es negarle el amparo y protección de la Justicia Federal que solicitó. OCTAVO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. NOVENO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. DÉCIMO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo anteriormente expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77, 215 y 217 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Martín Alberto Sosa Chi, contra los actos que reclama de la Titular de la Subdelegación Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando tercero de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Martín Alberto Sosa Chi, contra los actos que reclama del Jefe de Oficina para Cobros y notificador, ambos de la Subdelegación Mérida Norte del Instituto Mexicano del Seguro Social y Directora del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Instituto de Seguridad Jurídica Patrimonial de Yucatán, todos con sede en esta ciudad, por los motivos señalados en el considerando séptimo de esta sentencia. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando octavo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando noveno de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese personalmente.

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