Martín Alberto Medina Sonda

Expediente 639/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 15 actuaciones registradas, la última del 22 de octubre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
639/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
22/10/2019

Partes del expediente

  • Martín Alberto Medina Sonda

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintidós de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guarda el presente cuaderno de antecedentes, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, con el que comunica que se admitió a trámite el recurso de revisión interpuesto en contra del auto de veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE tercero interesado EL PROVEÍDO DE diez de octubre de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: glósese a este juicio de amparo para los efectos legales correspondientes, una copia del escrito signado por Fernando Saucedo Ramírez, defensor particular de MARTÍN ALBERTO MEDINA SONDA, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra del acuerdo dictado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte tercero interesada, a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con una copia simple de dicho escrito de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese el original del escrito de expresión de agravios y el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que dicha Superioridad estime procedente acordar. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes, y además engrósese al mismo, una copia simple del escrito de expresión de agravios. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, diez de octubre de dos mil diecinueve. Visto el estado procesal que guarda este expediente y lo de cuenta, se acuerda: glósese a este juicio de amparo para los efectos legales correspondientes, una copia del escrito signado por Fernando Saucedo Ramírez, defensor particular de MARTÍN ALBERTO MEDINA SONDA, mediante el cual, interpone recurso de revisión en contra del acuerdo dictado el veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve, en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente asunto. En consecuencia, con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e), 84, 86, 88 y 89 de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte tercero interesada, a la autoridad responsable y al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, con una copia simple de dicho escrito de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese el original del escrito de expresión de agravios y el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con sede en esta ciudad, para lo que dicha Superioridad estime procedente acordar. En mérito de lo anterior, fórmese el correspondiente cuaderno de antecedentes, con copia certificada de las constancias conducentes, y además engrósese al mismo, una copia simple del escrito de expresión de agravios. Notifíquese personalmente y cúmplase.

  4. Principal

    DE CONFORMIDAD CON LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA A LA PARTE tercero interesado EL PROVEÍDO DE veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Mérida, Yucatán, veinticinco de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan estos autos, se acuerda: agréguese para los efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta, signado por la Juez Presidente del Tribunal Primero de Enjuiciamiento en el Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, así como con el anexo que acompaña. Ahora bien, del oficio y anexo de mérito, se advierte que el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, se dictó sentencia definitiva en la causa penal 69/2017, instruida en contra del aquí quejoso y otros. Dicha documental pública alcanza eficacia probatoria plena, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2°. Con base en lo anterior, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XVII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en virtud de que el citado quejoso reclamó del Juez del Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral del Estado, con sede en esta ciudad: "1) La celebración de la audiencia intermedia de fecha 23 de abril del presente año dentro de la causa penal 69/2017, ello, en virtud de los fundamentos esgrimidos por la defensa en la misma para su diferimiento. 2) Derivado de lo anterior, la admisión de medios de prueba dentro de la causa penal 69/2017, misma que se sigue dentro del juzgado previamente referido, ello mediante la audiencia de mérito de fecha 23 de abril de 2019, lo anterior al no ser susceptible de recurso alguno dentro del procedimiento ordinario que nos atañe." Y, de la lectura de las constancias que remitió la autoridad oficiante, se advierte que el veinte de septiembre de dos mil diecinueve, el Tribunal Primero de Enjuiciamiento en el Estado, con sede en esta ciudad, dictó sentencia condenatoria en contra del aquí quejoso Martín Alberto Medina Sonda, por el delito de feminicidio agravado. En virtud de lo anterior, es claro que durante la secuela del presente juicio, ha cambiado la situación jurídica del impetrante en el procedimiento penal de origen, como resultado de la sentencia definitiva de primera instancia dictada en la causa penal instruida en su contra y de otros, por lo que deben considerarse consumadas irreparablemente las violaciones que en su caso se hubieren cometido respecto de la celebración de la audiencia intermedia y de la admisión de los medios de prueba que reclamaba. Ya que el quejoso se encuentra en otro momento procesal ante la autoridad responsable, pues se sustituyó la calidad de imputado con la que éste promovió la demanda de amparo contra tales actos, por la de sentenciado, pues es la sentencia de referencia la que actualmente rige la situación jurídica del quejoso, por lo que no se puede decidir sobre aquéllas sin afectar la nueva situación jurídica creada con motivo del dictado de la sentencia de mérito, aunque persistieran las violaciones que se aducen. Bajo esa circunstancia, al actualizarse durante el procedimiento la causa de improcedencia prevista en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción V de la Ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio contenido en la tesis 2ª. CXI/96, visible en la página 219, Tomo IV, de diciembre de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguiente: "CAMBIO DE SITUACION JURIDICA. REGLA GENERAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, el cambio de situación jurídica, por regla general, se produce cuando concurren los supuestos siguientes: a).- Que el acto reclamado en el juicio de amparo emane de un procedimiento judicial, o de un administrativo seguido en forma de juicio; b).- Que con posterioridad a la presentación de la demanda de amparo se pronuncie una resolución que cambie la situación jurídica en que se encontraba el quejoso por virtud del acto que reclamó en el amparo; c).- Que no pueda decidirse sobre la constitucionalidad del acto reclamado sin afectar la nueva situación jurídica, y por ende, que deban considerarse consumadas irreparablemente las violaciones reclamadas en el juicio de amparo; d).- Que haya autonomía o independencia entre el acto que se reclamó en el juicio de garantías, y la nueva resolución dictada en el procedimiento relativo, de modo que esta última pueda subsistir, con independencia de que el acto materia del amparo resulte o no inconstitucional." Así como por analogía la jurisprudencia 1a./J. 95/2007, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la foja 50, del Tomo XXVI, Agosto de 2007, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Registro: 171841, que establece: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA ESA CAUSA DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN X, DE LA LEY DE AMPARO, CUANDO EL ACTO RECLAMADO CONSISTIÓ EN UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y CON POSTERIORIDAD SE ACREDITA QUE EL ÓRGANO JURISDICCIONAL DICTÓ AUTO DE LIBERTAD POR FALTA DE ELEMENTOS O MÉRITOS PARA PROCESAR. Si en el juicio de amparo en que se reclama la orden de aprehensión prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se acredita que posteriormente el órgano jurisdiccional dictó auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción X, de la Ley de Amparo, por cambio de la situación jurídica del inculpado, en virtud de que la detención motivada por dicha orden se sustituye jurídica y procesalmente por el indicado auto, quedando tanto su nueva situación como el asunto, supeditados a las facultades que los artículos 21 y 102 constitucionales le confieren al Agente del Ministerio Público dentro de la averiguación previa, y no a las del órgano jurisdiccional. Así, dicho cambio de situación jurídica hace que se consideren consumadas de modo irreparable las violaciones atribuidas a la orden de aprehensión y, por ende, no puede analizarse su constitucionalidad sin afectar el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar, pues en el supuesto de declarar la inconstitucionalidad de aquélla para dejarla sin efectos, se soslayaría la nueva situación jurídica del quejoso. Además, en el caso no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVI, de la Ley citada, ya que el auto de libertad por falta de elementos o méritos para procesar no pone fin al proceso penal, pues conforme al artículo 167 del Código Federal de Procedimientos Penales el Ministerio Público puede allegarse de datos nuevos y suficientes para proceder contra el inculpado y reanudar el proceso en su contra, de manera que si los efectos de la orden de aprehensión reclamada en el juicio de amparo no son destruidos en forma total e incondicional, no opera la causa de improcedencia por cesación de efectos." De igual manera resulta aplicable al caso, la jurisprudencia sostenida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en el Tomo XX, Septiembre de 2004, Tesis I.7o.P. J/3, en la página 1600 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que señala lo siguiente: "CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. CONSTITUYE CAUSA NOTORIA, MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO, QUE DA LUGAR A SOBRESEER FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. No se priva de defensa a la quejosa cuando se sobresee fuera de la audiencia constitucional, si tal determinación se sustenta en una causal notoria, manifiesta e indudable de improcedencia del juicio de amparo, como lo es el cambio de situación jurídica, cuando se reclama la orden de aprehensión y durante la sustanciación del juicio se dicta auto de formal prisión en contra de la impetrante de garantías, pues de la copia certificada de la última resolución se advierte en forma clara que su libertad se constriñe ahora por un acto diverso al reclamado, lo que imposibilita el examen constitucional del mandamiento de captura sin afectar la nueva situación derivada del auto de formal enjuiciamiento; de modo que las violaciones cometidas en el primero deben considerarse consumadas de modo irreparable. Consecuentemente, constituye un caso específico de causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, que hace posible sobreseer sin necesidad de esperar a que sea celebrada la audiencia constitucional, pues ningún objeto tiene continuar la tramitación del juicio y dar oportunidad a que se ofrezcan pruebas, si nada puede desvirtuar el resultado del fallo, el cual siempre será en el mismo sentido, por lo que únicamente se trastocaría el principio de celeridad procesal establecido en el artículo 17 constitucional." Así como la tesis III.2o.P.150 P (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito, consultable en la página 2675, del Libro 64, Marzo de 2019, Tomo III, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Registro: 2019590, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO POR CAMBIO DE SITUACIÓN JURÍDICA. SE ACTUALIZA LA CAUSA RELATIVA SI EL ACTO RECLAMADO CONSISTE EN EL AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO, Y DURANTE LA SUSTANCIACIÓN DEL JUICIO EN LA MISMA CAUSA SE DICTA SENTENCIA EN EL PROCEDIMIENTO ABREVIADO QUE EL QUEJOSO ELIGIÓ COMO UNA TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL PROCEDIMIENTO. Cuando en el juicio de amparo indirecto se reclama el auto de vinculación a proceso, pero durante la etapa intermedia y previo a la emisión del auto de apertura a juicio oral, el Juez de Control en la misma causa dicta sentencia derivada del procedimiento abreviado que el quejoso eligió como una terminación anticipada del procedimiento, se actualiza la causa de improcedencia por cambio de situación jurídica establecida en la fracción XVII del artículo 61 de la Ley de Amparo; sin que obste para ello, que la sentencia no se hubiere emitido en la etapa de juicio oral por un tribunal de enjuiciamiento, pues la parte conducente de la fracción mencionada no hace distingo alguno, a si debe tratarse de una sentencia dictada por un tribunal de esa naturaleza en la etapa de juicio oral, o la emitida por el Juez de Control en la intermedia, a razón del trámite anticipado de que se habla." No es obstáculo a lo anterior, el hecho de que se esté resolviendo fuera de audiencia, toda vez que en el caso, no se causa ningún agravio al quejoso ni se le priva de defensa, en virtud de que la causa de improcedencia de este juicio de amparo es notoria, manifiesta e indudable, de suerte que ni aun celebrándose la audiencia constitucional podría ser desvirtuada con prueba alguna y el resultado del fallo siempre sería en el mismo sentido. Es aplicable a la anterior consideración, la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala del Máximo Tribunal, del Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, en su página 386, que a la letra dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En mérito de lo anterior, se deja sin efecto la audiencia constitucional señalada para las diez horas con cincuenta minutos del dos de octubre de dos mil diecinueve, para los efectos legales a que haya lugar, por los motivos expuestos con anterioridad. Notifíquese personalmente y cúmplase.

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