Martín Aguilar Bucio

Expediente 327/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 30 de julio de 2018.

Datos del expediente

Expediente
327/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
30/07/2018

Partes del expediente

  • Martín Aguilar Bucio

Actuaciones

  1. Principal

    ... En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Juez con el estado de autos y la certificación que antecede, dentro del juicio de amparo 327/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, treinta de julio de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos y la certificación que antecede, se desprende que el término de cinco días que concede el artículo 98, de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa se inconformara contra el auto de trece de julio de dos mil dieciocho (fojas 24 y 25), en el que se desechó la demanda de amparo, transcurrió del veintitrés al veintisiete de julio del año en curso, pues el mismo se le notificó el pasado diecinueve de julio (fojas 26 a 28), sin que lo haya hecho. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho acuerdo HA CAUSADO ESTADO. En consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, previas anotaciones de estilo en el libro de gobierno, archívese el presente expediente como asunto concluido. Con apoyo en el artículo vigésimo primero, primer párrafo, fracción I, en relación con el artículo segundo, fracción XVI, capítulo primero, ambos artículos del Acuerdo General Conjunto Número 1/2009, de veintiocho de septiembre del dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, toda vez que se desechó la demanda de amparo que dio origen al presente asunto, no existen documentos originales exhibidos y no se trata de un asunto de relevancia documental, se determina que es susceptible de destrucción, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse el presente juicio al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. NOTIFÍQUESE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y la secretaria Nubia Miranda Ramírez, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    En trece de julio de dos mil dieciocho, el secretario da cuenta al Juez con un escrito registrado bajo el número 13523, dentro del juicio de amparo 327/2018. Conste.Uruapan, Michoacán, trece de julio de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos, el escrito signado por Julio César Mendoza González apoderado jurídico del quejoso MARTÍN AGUILAR BUCIO, mediante el cual da cumplimiento a la prevención de veintinueve de junio de dos mil dieciocho (fojas 17 a 19). IMPROCEDENCIA En el caso, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, interpretada en sentido contrario; ambos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley". "Artículo 107. El amparo indirecto procede: ... V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte [.]." De una interpretación integral de las disposiciones antes citadas, se concluye que el juicio de amparo es improcedente cuando se reclamen actos en un procedimiento que no tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos, tutelados por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil de Apatzingán, Michoacán, la resolución de seis de junio de dos mil dieciocho, dictada en el incidente de falta de personalidad o personería interpuesto por la parte quejosa, derivado del juicio ordinario civil 107/2018 sobre cumplimiento de contrato, en la que declaró improcedente dicho incidente, lo que no genera ningún perjuicio debido a que lo único que genera es que se continúe con la tramitación del citado juicio. En la especie el concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio constitucional no se actualiza, toda vez que con dicha determinación, no se ven materialmente afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos del quejoso, pues como se adelantó, el hecho de declarar improcedente dicho incidente, de ninguna manera afecta en esa medida derechos sustantivos, porque los efectos jurídicos producidos con la resolución reclamada son meramente procesales. Además, que no se afecta el desarrollo del juicio de origen, ni se vulnera la garantía de defensa del quejoso; de ahí que, la naturaleza de tal violación, solo produce una afectación de procesal; máxime, que en forma actual, no se impide a la promovente el ejercicio de un derecho. Es aplicable a lo anterior, por su contenido, el siguiente criterio jurisprudencial: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado con toda razón a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios".... En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción IV (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo, promovida por Julio César Mendoza González apoderado jurídico del quejoso MARTÍN AGUILAR BUCIO, contra actos del Juez Primero de Primera Instancia en Materia Civil, con residencia en Apatzingán, Michoacán, y otra autoridad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Así lo acordó y firma el Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, HORACIO ORTIZ GONZÁLEZ, y el secretario Arturo Correa Maldonado, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    ...En la misma fecha, la secretaria da cuenta al Secretario Encargado del Despacho con un escrito registrado bajo el número 12551, y con la certificación que antecede. Conste.Uruapan, Michoacán, veintinueve de junio de dos mil dieciocho. REGISTRO. Vista la demanda de amparo promovida por Julio César Mendoza González, quien se ostenta representante de Martín Aguilar Bucio; fórmese expediente y regístrese con el número 327/2018. PREVENCIÓN. Previo a acordar sobre la admisión de la demanda, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 108 fracciones I y III y 114 fracciones I y III, en relación con los numerales 110 y 112 de la Ley de Amparo, prevéngase a la parte promovente para que dentro del término de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, por escrito, bajo protesta de decir verdad, con copia para las partes e incidente de suspensión, cumpla con lo siguiente: En virtud de que Julio César Mendoza González, se ostenta representante de Martín Aguilar Bucio; en términos de los artículos 6 párrafo primero y 10 de la Ley de Amparo, y del precepto 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, deberá exhibir documento idóneo con el que acredite dicha personalidad. O bien manifieste, bajo protesta de decir verdad, si tiene dicho carácter reconocido ante la autoridad responsable. Se apercibe a la parte quejosa que de no cumplir con la prevención que antecede en el plazo concedido para hacerlo, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA Con fundamento en el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su artículo 2°, se tiene a la parte quejosa, señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere en su escrito de demanda y por autorizados únicamente para oír y recibir notificaciones a Minerva Jaimes Torres, Alberto Flores Fuerte y Haydee Domínguez Calderón, hasta en tanto acrediten estar facultados para ejercer la licenciatura de derecho. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN De conformidad con el artículo 1° en relación con el diverso 3 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, que entró en vigor el diez de mayo de dos mil dieciséis, hágase saber a las partes que toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada o en posesión del Poder Judicial, a que se refiere la citada ley, es pública, accesible a cualquier persona y sólo podrá ser clasificada excepcionalmente como reservada de forma temporal por razones de interés público y seguridad nacional o bien, como confidencial. Ahora bien, como el artículo 113 fracción I, de la referida ley, clasifica como confidencial toda aquella información que contenga datos personales concernientes a una persona física identificada o identificable, en esas condiciones, dicha información no podrá ser pública. HABILITACIÓN DE HORAS Y DÍAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, para el caso de que en el presente asunto se ordene alguna notificación de carácter personal, se habilita al actuario para que, de ser necesario, practique ésta en horas y días inhábiles. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS En virtud de que no se advierte dato alguno que, objetivamente, permita inferir algún riesgo desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la reproducción de todas y cada una de las constancias que integren el presente juicio de amparo, con excepción de la documentación o información que tenga el carácter de confidencial o reservada. En el entendido de que las constancias obtenidas por medio de cámaras fotográficas u otros medios electrónicos no podrán ser modificadas o alteradas de las originales que obran glosadas en el presente juicio de amparo, quedando bajo su más estricta responsabilidad en caso de que así sea. Además de que no pueden exhibirse a personas ajenas al juicio, cuando ello implique imponerlas de los datos personales de las partes en el juicio de amparo, quedando igualmente, bajo su más estricta responsabilidad, el mal uso que, respecto de los mismos se pueda dar. EXPEDICIÓN DE COPIAS Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. En la inteligencia de que ello lo podrá solicitar de manera verbal a la Secretaria adscrita a este Juzgado, previa toma de razón que por la captura de las imágenes correspondientes obren en autos y solo por conducto de las personas autorizadas en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE. Lo provee y firma Salvador Paz Hurtado, Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia de carácter académica concedida al Titular, por la Comisión de Carrera Judicial, notificada mediante oficio CCJ/ST/3007/2018 suscrito por el Secretario Técnico de dicha Comisión; con la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, con quien actúa y que autoriza. Doy fe.

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