Martha Miriam Murillo Talavera

Expediente 376/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
376/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
04/07/2022

Partes del expediente

  • Martha Miriam Murillo Talavera

Actuaciones

  1. Principal

    En cuatro de julio de dos mil veintidós, el Secretario del Juzgado Sexto de Distrito en el Estado, CERTIFICA: que el plazo de cinco días concedido a la parte quejosa para recurrir el auto que desechó la demanda de amparo, transcurrió del veintiuno al veintisiete de junio de dos mil veintidós, descontando los días inhábiles, virtud a que fue notificada personalmente el diecisiete de del mismo mes y año; sin que lo haya hecho; asimismo, que en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes del índice del este Juzgado, se advierte que la referida notificación fue agregada al expediente electrónico el uno de julio del dos veintidós. Lo que se hace contar para los efectos legales conducentes. Con ello se da cuenta al Juez. Conste. Uruapan, Michoacán de Ocampo, cuatro de julio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. CAUSA ESTADO. En virtud a que no fue impugnado en legal término el auto que desechó la demanda de amparo, con fundamento en los artículos 355, 356 fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo se declara que dicha resolución HA CAUSADO ESTADO. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al edificio habilitado para esos efectos, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

  2. Principal

    En dieciséis de junio de dos mil veintidós, el Secretario CERTIFICA: Que Daniel Reyes Cázarez, cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que lo acredita como licenciados en derecho. Lo que se asienta para los efectos legales a que haya lugar. Con ello se da cuenta al Juez y el oficio y anexos registrados con el folio 8289. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. SE ACEPTA CONOCIMIENTO PREVIO. Por recibido el oficio 11611/2022, suscrito por el Secretario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, del que se desprende que de dicho órgano jurisdiccional remite la demanda de amparo promovida por Martha Miriam Murillo Talavera, contra actos de la Juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, al estimar que los actos reclamados en la demandas 359/2022-V, de su índice, tiene relación con los juicios de amparo 168/2022 y 282/2022, de la estadística de este órgano de control constitucional, por ende, este Juzgado debe conocer de la misma; fórmese expediente, regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 376/2022. 1.2. AVOCAMIENTO. Por compartir las consideraciones expuestas por la titular del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, con sede en esta ciudad, este órgano jurisdiccional se avoca al conocimiento del asunto. Acúsese recibo. 1.3. EXAMEN DE LA DEMANDA. Antes de proveer respecto de la admisión de la demanda resulta necesario examinar si existe algún motivo notorio, manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, que literalmente dispone: "ARTÍCULO 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." 1.4. CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Del estudio integral de la demanda de amparo se advierte un motivo manifiesto de improcedencia, que impone desecharla de plano, de conformidad con lo establecido en los artículos 107, fracción V, 113 y 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en los términos siguientes: En relación al concepto actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracción V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión; y con base en esta disposición legal, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llagará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos derechos afectados materialmente revistan la categoría de "derechos sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que lleguen o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse de forma efectiva. En el caso, el acto reclamado se hace consistir en el auto de nueve de junio de dos mil veintidós, mediante el cual la Juez Segundo de lo Familiar del distrito judicial de Uruapan, Michoacán de Ocampo, se excusa de continuar conociendo del juicio ordinario oral familiar número 497/2020, sobre divorcio sin expresión de causa y otras prestaciones, promovido por Juan García Ayala en contra de la aquí quejosa. En el caso, conforme al criterio anterior, no puede ser considerado como acto de imposible reparación, pues, para que los actos reclamados sean calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, esto es, sus consecuencias han de ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia y, en caso de ser así, es decir, entonces podrá a través de los agravios respetivos, combatirlo en el amparo directo, de conformidad con lo establecido en el artículo 170, fracción I, de la Ley de Amparo. Se afirma lo anterior, en razón a que el auto reclamado, no puede considerarse como un acto emitido dentro del juicio, cuya ejecución sea de imposible reparación, por virtud de que no produce de manera directa e inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que le Estado Mexicano sea parte, pues a través de éste, no se plantea la infracción de derechos sustantivos, sino la violación de derechos adjetivos que producen únicamente efectos formales o intraprocesales y, bien puede ocurrir que el afectado obtenga sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, con lo cual quedarían reparadas la violaciones y los posibles perjuicios que se le hubieran causado con la resolución que ahora se impugna. Orienta al caso concreto la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE REVOCA O DECLARA INFUNDADA LA EXCUSA PLANTEADA POR UN JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA. El Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que tratándose de violaciones formales, adjetivas o procesales, el juicio de amparo indirecto procede excepcionalmente cuando aquéllas afecten a las partes en grado predominante o superior, lo que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal de que se trate, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo. En congruencia con lo anterior y tomando en cuenta que la resolución que revoca o declara infundada una excusa planteada por un juez de primera instancia para conocer de un asunto, por encontrarse en alguno de los supuestos legales previstos como impedimento, produce únicamente efectos formales o intraprocesales que no afectan en grado predominante o superior a las partes, se concluye que el juicio de amparo indirecto es improcedente contra la resolución mencionada. Lo anterior es así, porque si bien la excusa atiende un aspecto subjetivo que puede afectar la imparcialidad del juzgador, ello no necesariamente habrá de materializarse, en tanto que si el afectado obtiene sentencia favorable a sus intereses en cuanto al fondo del asunto, quedarían reparadas las violaciones y los posibles perjuicios causados con la aludida resolución. Además, conforme a la fracción X del artículo 159 de la Ley de Amparo, se trata de una violación procesal reclamable en la vía directa, pues al resolverse en definitiva el juicio, la parte que se considere afectada puede hacerla valer, ya que hasta entonces podrá alegar que el juzgador actuó con parcialidad." En esas condiciones, al actualizarse la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V (aplicado en sentido contrario), ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el ordinal 113 de la ley de la materia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. 1.5. AUTORIZADOS. Se tiene a la parte quejosa autorizando en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Daniel Reyes Cázarez, virtud a que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación, que lo acredita como licenciado en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a José Luis García Rodríguez, Jeniffer Díaz Ortiz, Dioceline Hernández Martínez, Francisco Daniel Reyes Pérez, Maurillo Balderas Alvarado, por así haberlo solicitado expresamente. 1.6. DATOS DE CONTACTO. En ese mismo tenor, se le tiene proporcionando el correo electrónico y el número de teléfono que indica; por tanto, manténganse bajo resguardo estos datos, a fin de que sean utilizados como medios especiales y expeditos de contacto, de tal forma que sólo deba acudirse físicamente a este órgano jurisdiccional cuando resulte estrictamente indispensable, evitando el riesgo sanitario que representa la concentración de personas. 1.7. SE SOLICITA COMPENSACIÓN DE CARGAS DE TRABAJO. Con fundamento en el artículo 21 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo ,solicítese al Jefe de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, a fin de que sirva a realizar la compensación de las cargas de trabajo, respecto a la demanda de amparo de que se trata y remita la boleta de turno respectiva. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el acuerdo general 1/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura que reforma al similar 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 2.3. Datos de contacto de las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 2.4. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525234435 y 4525235483 ext. 1071 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.5. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.6. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.7. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.8. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.9. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.9.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.9.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.9.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.9.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.9.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado al siguiente medio de contacto: Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.9.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.9.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.9.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.10. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.

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