Martha Valdivia Silva

Expediente 2161/2022 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2161/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
15/02/2023

Partes del expediente

  • Martha Valdivia Silva
  • Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje

Actuaciones

  1. Principal

    Ejecutoria de colegiado, recurso de queja. Téngase por recibido el oficio del Quinto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, por medio del cual, remite testimonio de la ejecutoria dictada en sesión de uno de febrero de dos mil veintitrés, en la que declaró infundado el recurso de queja 301/2022 de su índice. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Realícense las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, acúsese de recibo al Tribunal Colegiado del conocimiento. Archivo. En esas condiciones, toda vez que el tribunal colegiado del conocimiento declaró infundado el recurso de queja interpuesto contra el auto de veintiuno de octubre de dos mil veintidós en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo interpuesta. En consecuencia, con fundamento en el canon 196, de la Ley de Amparo, aplicado por analogía, archívese el expediente como asunto concluido. Valoración del expediente. Toda vez que en el presente asunto se desechó la demanda de amparo interpuesta, por tanto, el expediente se encuentra en los supuestos previstos en el inciso d) del artículo 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, por tanto, será destruible una vez que transcurra el plazo de tres años de haberse ordenado su archivo. Oposición de datos personales. Asimismo, de las constancias que integran los autos se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyan en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros.

  2. Principal

    Se tiene por recibido el oficio suscrito de manera electrónica por la actuaria judicial del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, por medio del cual informa el contenido del proveído dictado el nueve de noviembre de dos mil veintidós, en los autos del recurso de queja ********************, de su índice, del que se advierte que no fue recurrido el proveído dictado el tres de octubre pasado, en que desechó el recurso de queja interpuesto por el Jefe de Departamento, adscrito a la Oficina del Abogado General de la Secretaría de Salud, contra el proveído de veintidós de octubre de dos mil veintiuno. Con lo anterior, se toma nota del estado procesal del medio de impugnación y se ordena hacer del conocimiento de las partes.

  3. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Del análisis del expediente se advierte que los efectos del fallo protector fueron los siguientes: "SEXTO. Efectos de la sentencia de amparo. A fin de restituir al quejoso en el pleno goce de sus derechos constitucionales violados, el amparo y la protección de la justicia federal, respecto a la norma reclamada, la Tesorería Municipal del Ayuntamiento de Guadalajara, Jalisco, autoridad vinculada al cumplimiento, deberá: Abstenerse de aplicar a la parte quejosa la obligación de calcular el impuesto predial conforme a las disposiciones reclamadas -artículo 22, fracción I, penúltimo párrafo- sin que lo anterior implique que se le exima de enterar el impuesto a su cargo por concepto de predial. Devolver la cantidad enterada en exceso y que se pagó por concepto del impuesto predial respecto a los predios no edificados materia de la concesión, esto es, lo relativo a los recibos oficiales E902-00198008 y E902-00194915. En su lugar, para cuantificar el monto respectivo, le sea aplicado el cálculo según corresponda al predio de la quejosa, y prescindir de aplicar la sobre tasa del cien por ciento y deberá efectuarse la devolución del numerario que proceda, a la contribuyente respectiva, por conducto de la autoridad hacendaria que corresponda; para así respetar el derecho constitucional violado en los términos aquí apuntados. Devolver dicha suma debidamente actualizada, como si se tratara de un pago de lo indebido. Lo anterior tiene fundamento en la jurisprudencia en materias común y administrativa 2a./J. 9/2012 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, libro V, febrero de 2012, tomo 2, página 1123, registro 2000230, que establece: "IMPUESTO PREDIAL. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS QUE DECLAREN VIOLATORIO DEL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA EL ESTABLECIMIENTO DE UNA TASA SUPERIOR PARA LOS PREDIOS URBANOS NO EDIFICADOS (LEGISLACIÓN DEL MUNICIPIO DE GUADALAJARA, JALISCO). El artículo 21 de las Leyes de Ingresos del Municipio de Guadalajara, Jalisco, para los ejercicios fiscales de 2010 y 2011, establece, entre otros supuestos, que el impuesto predial se causará y pagará acorde con lo que resulte de aplicar la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados, y del 0.81 sobre el valor real de los no edificados. Ahora, aun cuando a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación no le ha correspondido examinar la constitucionalidad de tales ordenamientos, la sola existencia de ejecutorias de Tribunales Colegiados de Circuito que han declarado violatorio del principio de equidad tributaria contenido en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el establecimiento de una tasa superior para los predios no edificados respecto a los que sí lo estén, señalando distintas formas de cumplir con dichas sentencias, obliga a fijar sus alcances, a fin de proporcionar seguridad jurídica. Para este propósito se determina que, por regla general, la concesión del amparo contra una ley fiscal tiene por efecto que no se aplique al quejoso el precepto declarado inconstitucional y que se le restituyan las cantidades enteradas con apoyo en él, tomándose en cuenta que el Tribunal en Pleno en la jurisprudencia P./J. 18/2003, de rubro: "EXENCIÓN PARCIAL DE UN TRIBUTO. LOS EFECTOS DEL AMPARO CONCEDIDO CONTRA UNA NORMA TRIBUTARIA INEQUITATIVA POR NO INCLUIR EL SUPUESTO EN QUE SE HALLA EL QUEJOSO DENTRO DE AQUÉLLA, SÓLO LO LIBERA PARCIALMENTE DEL PAGO.", sostuvo que cuando la protección se otorga exclusivamente por el trato fiscal injustificadamente diferenciado, la sentencia no tiene por efecto liberar al quejoso del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la ley a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. De manera que, en los casos en que se haya estimado que la tasa del 0.81 sobre el valor real de los predios urbanos no edificados es contraria al principio de equidad tributaria, la restitución al quejoso en el pleno goce de la garantía individual violada consistirá, por un lado, en hacerle extensiva en un futuro la tasa del 0.23 sobre el valor real de los predios urbanos edificados y, por otro, en devolverle, en su caso, las cantidades que hubiere pagado correspondientes al diferencial entre ambas cantidades, el cual es del orden de 0.58 puntos, ya que la concesión del amparo no impide a la autoridad fiscal cobrar el impuesto predial, siempre y cuando lo haga conforme a la tasa aplicable a quienes, según la ejecutoria a cumplimentar, se encontraban en la misma situación que el quejoso frente a la ley tributaria." Es así, pues esta sentencia no tiene por efecto liberar a la disconforme del pago de la totalidad del tributo, sino únicamente de hacer extensivo el beneficio otorgado por la norma a determinados contribuyentes que se encontraban en su misma situación, porque la concesión del amparo no recayó sobre los elementos esenciales del impuesto y, por tanto, no existe obstáculo alguno que impida su posterior aplicación, a condición de que se le brinde el mismo trato que a aquellos sujetos a los que la ley situó en una posición más favorable que a otros. En el entendido de que dicha devolución deberá comprender -en su caso- la actualización de la diferencia erogada, de acuerdo con los numerales aplicables del Código Fiscal del Estado de Jalisco. Cabe precisar que la devolución de las cantidades enteradas por la parte quejosa no comprende el pago de intereses que se hayan generado, porque la sentencia de amparo que declara la inconstitucionalidad de las normas que prevén un tributo, tiene como efecto desincorporar de la esfera jurídica del contribuyente la obligación tributaria respectiva, lo cual se colma con la devolución de la cantidad pagada por concepto del tributo declarado inconstitucional y su actualización, pero no comprende el pago de intereses, pues éstos participan de una naturaleza indemnizatoria, que no constituye un efecto del fallo protector. Es aplicable, la jurisprudencia 2a./J. 137/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 163321, de rubro: "LEYES TRIBUTARIAS. LA DEVOLUCIÓN DE LAS CANTIDADES ENTERADAS, DEBIDAMENTE ACTUALIZADAS, COMO EFECTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO QUE DECLARA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA NORMA EN QUE SE FUNDA EL PAGO DE UNA CONTRIBUCIÓN, NO COMPRENDE EL PAGO DE INTERESES INDEMNIZATORIOS (CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL ABROGADO)." Requerimiento. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere al Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, para que en el plazo de cinco días, contados a partir de siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remita copia certificada, completa y legible de las constancias con las que acredite la expedición del cheque a favor de la impetrante. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se le impondrá al Tesorero Municipal de Guadalajara, Jalisco, una multa equivalente al valor correspondiente a cien Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Manifestaciones de la parte quejosa. Téngase por recibido el escrito signado electrónicamente por Francisco Javier Serna Fregoso, autorizado en términos amplios de lo establecido en el artículo 12 de la Ley de Amparo del quejoso Mauricio Nahed Barrañon, en atención a su contenido, al respecto dígase que deberá estarse a lo acordado en párrafos anteriores, sin que sea necesario hacer efectivo los apercibimientos acordados en autos, en razón de que la responsable no ha sido omisa. Notifíquese. Así lo proveyó y firma Rogelio Alberto Ayala Gutiérrez, Juez Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y del Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, ante Diana Ulloa Hernández, secretaria que autoriza y da fe. RAAG/DUH/hmre

  4. Principal

    Zapopan, Jalisco, a veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Del expediente electrónico que deriva del presente juicio de amparo, se desprende lo siguiente: Que en proveído de treinta y uno de mayo de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada en el presente juicio y se requirió a la Presidente Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y al Actuario Adscrito, para que dentro del plazo de tres días, cumplieran con el fallo protector. Que en proveídos de trece de julio, cinco y dieciséis de agosto y veintiuno de septiembre del año en curso, se requirió a la Presidente Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y al Actuario Adscrito, para que dentro del plazo de tres días, cumplieran con el fallo protector, sin que a la fecha hayan acatado el mandato judicial, no obstante que en el último proveído le fue notificado el veintitrés de septiembre de dos mil veintidós. Efectiva multa. Así las cosas, ante la conducta contumaz de la responsable Esmeralda Inés de la Torre Ramírez, Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, se hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, y se impone una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Cabe precisar que es obligación del suscrito vigilar que las autoridades responsables acaten cabalmente las ejecutorias de amparo, luego, ante la conducta omisa y de desacato por parte de la supracitada presidenta de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, es que este juzgador considera que con su actuar se está transgrediendo el numeral 17 del Pacto Federal, específicamente en la parte referente al principio constitucional de que la Justicia deberá de ser pronta. Gírese oficio a la Administración Desconcentrada de Recaudación de Jalisco "1", para que en el ámbito de sus facultades realice el cobro de la multa que se hace efectiva. Autoridad informa gestiones realizadas respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Téngase por recibido el comunicado 08.17.-SN/2022, signado por la Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, mediante el cual, informa que conmino al Personal Dictaminador de Servicios Especializados, Actuario Judicial adscrito a la junta a su cargo, a acatar la sentencia de amparo. En relación a que se le vincule al cumplimiento al servidor público que menciona, y en caso de ser impuesta alguna multa por este órgano constitucional, recaiga sobre el Actuario y/o Secretario de Acuerdos, y no sobre su persona, al respecto dígase que tiene el carácter de autoridad responsable, y los actos reclamados versaron también sobre ella y las acciones tendentes al cumplimiento deberán ser realizadas por la presidente (como superior jerárquico) del actuario notificador adscrito a la junta. Ello es así, que en este mandato judicial se le está requiriendo como Presidente de la Junta para que cumpla la sentencia amparadora y en caso de incumplimiento se impondrá multa, de ser el caso a ambos, dado el carácter que tienen en este asunto. Efectos sentencia. Del análisis del sumario se advierte que en el fallo protector se determinó que los efectos de la concesión del amparo son los siguientes: ".La Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje: Deje insubsistente el acuerdo de treinta de septiembre de dos mil veintiuno, únicamente en lo relativo a la fecha señalada para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, pruebas y resolución, (diez horas del nueve de marzo de dos mil veintidós), y en su lugar señale fecha dentro del término que estatuye para ello la Ley Federal del Trabajo, dentro del juicio laboral 3129/2020, a fin de tutelar el acceso a la justicia en términos del artículo 17 Constitucional. El Actuario Notificador adscrito a la Junta Especial número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje: Notifique y emplace a las demandadas "Afore Invercap, sociedad anónima de capital variable"; Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores; y el Instituto Mexicano del Seguro Social; Realice la investigación encaminada a averiguar qué personas dependían económicamente de la finada trabajadora Maria Eugenia Fierro Guzmán, en el último domicilio en que está vivió siendo el ubicado en la calle Porres Baranda número 619, colonia Blanco y Cuellar, en Guadalajara, Jalisco; y, Fije las convocatorias correspondientes en el centro de trabajo donde prestaba sus servicios la trabajadora finada, esto es en avenida Niños Héroes número 720, colonia Sector Hidalgo, en Tlaquepaque, Jalisco; y en los tableros de la Junta a la que se encuentra adscrito, lo anterior dentro del juicio laboral 3129/2020; O bien, manifieste la imposibilidad que para ello tuvo." Actos realizados por la responsable. Cabe señalar que por comunicado 08.17-7611/2022, la Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje, en cumplimiento con la ejecutoria de amparo, remitió nuevamente copia certificada de la convocatoria correspondiente que se fijó en el centro de trabajo donde prestaba sus servicios la trabajadora finada, esto es en avenida Niños Héroes número 720, colonia Sector Hidalgo, en Tlaquepaque, Jalisco; y en los tableros de la Junta a la que se encuentra adscrito, así como la investigación realizada a averiguar qué personas dependían económicamente de la finada trabajadora Maria Eugenia Fierro Guzmán, en el último domicilio en que está vivió siendo el ubicado en la calle Porres Baranda número 619, colonia Blanco y Cuellar, en Guadalajara, Jalisco, esto es, Amalia Ramona Fierro Guzmán, dentro del juicio laboral 3129/2020, de su índice. Sin embargo, la autoridad responsable fue omisa en informar las gestiones realizadas a fin de llevar a cabo el emplazamiento de las demandadas Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores e Instituto Mexicano del Seguro Social, o de ser el caso, el impedimento que tenga para ello; en consecuencia, se le tuvo en vías de cumplimiento a la responsable. Lo anterior, en razón a que en proveído de trece de julio de dos mil veintidós, allegó la notificación y emplazamiento a la demandada "Afore Invercap, sociedad anónima de capital variable"; ello dentro del juicio laboral 3129/2020, de su índice. Requerimiento. En consecuencia, toda vez que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público y es obligación de este juzgado federal que las sentencias amparadores se acaten a la brevedad y debidamente, esto es, sin exceso, ni defecto, atento al canon 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que establece entre otras cosas que la justicia deberá de ser pronta, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo no pueden quedar paralizadas, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere a la Presidente de la Junta Especial Número Diecisiete de la Federal de Conciliación y Arbitraje y al Actuario Notificador adscrito, para que en el plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación de este acuerdo, remitan copia certificada, completa y legible de las constancias con las cuales acrediten el cumplimiento al fallo protector, esto es, los emplazamientos de las demandadas Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores e Instituto Mexicano del Seguro Social, dentro del juicio laboral 3129/2020; o bien, manifieste la imposibilidad que para ello tuvieron. Apercibimiento. Bajo apercibimiento que de no hacerlo así o bien, de no manifestar el impedimento legal o material que para ello tenga, conforme disciplina el arábigo 192 del ordenamiento en cita, así como el diverso 26 del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, vigente a partir del día siguiente de su divulgación, se les impondrá una multa equivalente al valor correspondiente a cincuenta Unidades de Medida y Actualización, según valor publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintidós, vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintidós; ello con fundamento en los artículos 26 apartado B último párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1, 4 y 5 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización, y 23 fracción XX Bis del Reglamento Interior del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, ya que corresponde a dicho Instituto calcular el valor de la Unidad de Medida y Actualización y publicar el mismo en el Diario Oficial de la Federación. Asimismo, previos los trámites correspondientes, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito competente, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar en la separación del cargo que ostenta y será puesto a disposición del juez de Distrito que corresponda, para que actúe en consecuencia, con apoyo en lo dispuesto en el numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en concordancia con el 193 de la Ley de Amparo. Lo anterior, merced de que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público y obligación de este órgano judicial que las sentencias se acaten sin demora y cabalmente, atento a lo dispuesto en el canon 17 de la Carta Magna que establece entre otras cosas que la justicia deberá ser pronta. En el entendido que se considera incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese.

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