Martha Silvia Cardona Ascencio
Expediente 249/2018 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 6 actuaciones registradas, la última del 30 de abril de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 249/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 30/04/2018
Partes del expediente
- Martha Silvia Cardona Ascencio
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Como de autos se advierte que en proveído de diez de abril del año en curso, se requirió a la parte quejosa, para que compareciera a recoger el documento que allegó a la demanda de amparo, sin que lo haya hecho, se le hace efectivo el apercibimiento realizado en dicho acuerdo y, por tanto, déjese glosado al expediente y remítase al archivo junto con éste para que siga su suerte, con las consecuencias jurídicas que ello implica, esto es, podrá ser destruido una vez que transcurra el plazo correspondiente.
- Principal
Del análisis que se realiza a las actuaciones del juicio de amparo en que se actúa y la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el plazo que se establece en el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), ambos del cuerpo de leyes aplicable, para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja en contra del proveído de quince de marzo de dos mil dieciocho, mediante el cual se desechó la demanda de garantías, sin que lo hiciera valer; por tanto, se declara firme el auto de referencia. II. Orden de archivo. Por otra parte, toda vez que el presente asunto ya se encuentra debidamente integrado y concluido, archívese, previas anotaciones que se realicen en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en el libro de gobierno. III. Valoración del expediente. Se considera que el presente expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en alguno de los supuestos a que alude el punto vigésimo primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. En razón de lo anterior, el presente expediente será susceptible de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por encontrarse en la hipótesis prevista en la fracción I, del punto vigésimo primero del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que se dictó un acuerdo que, sin decidir el juicio en lo principal, lo dio por concluido, dado que se desechó la demanda de amparo. IV. Devolución de documentos a la parte quejosa. Finalmente, toda vez que resulta innecesario que permanezcan en este juzgado los documentos exhibidos por la parte quejosa con el escrito inicial de demanda, se le requiere para que acuda a este Juzgado de Distrito a recibirlos dentro del plazo de diez días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación que de este proveído se le practique. Apercibido que de no acudir por éstos, en el plazo indicado, serán destruidos junto con el expediente. Plazo que debe computarse en días naturales, pues así lo establecen los lineamientos del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa.
- Principal
AVISO .POR ESTE MEIDO DE LISTA SE NOTIFICA AL QUEJOSO EL AUTO QUE DICE: En quince de marzo de dos mil dieciocho, Nathali Cisneros Mendoza, secretaria del Juzgado Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, doy cuenta al juez de un oficio, registrado en la oficialía de partes de este juzgado bajo el consecutivo 4002, al que se anexa un legajo certificado. Conste. La secretaria. Zapopan, Jalisco, quince de marzo de dos mil dieciocho. I. Autoridad remite constancias. Téngase por recibido el oficio del Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, mediante el cual, en atención al requerimiento realizado en proveído de nueve de marzo del año en curso, remite las constancias certificadas que le fueron solicitadas; al respecto, se tiene por cumplido el requerimiento de mérito. II. Decisión sobre la instancia constitucional. 1. Desechamiento por cesación de efectos. Ahora bien, del análisis de la demanda de amparo, su anexo, y de la constancias remitidas por el Juez Sexto de lo Familiar, se advierte que por lo que respecta al acto reclamado consistente en la omisión de acordar el escrito presentado por la aquí quejosa el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dirigido al expediente 810/2015 del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, es improcedente y, por tanto, deberá desecharse como se verá a continuación. Los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo disponen que las causas de improcedencia se deben de analizar de oficio y que el juez de distrito, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia al examinar el escrito de demanda, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado; esto, atendiendo primordialmente al principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cual impide dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para no crear falsas expectativas en las personas que solicitan la protección federal en asuntos que, al final de cuentas, resultarán indudablemente sobreseídos. En atención a lo anterior, se debe señalar que el numeral en comento fija la taxativa consistente en que, para desechar una demanda de amparo, no basta con que el juzgador haya encontrado un motivo de improcedencia, sino que, además, se requiere que dicha causa sea manifiesta e indudable. En este sentido, a fin de explicar el concepto de "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", se trae a colación la jurisprudencia I.6o.C. J/19, cuyo rubro y texto establecen: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". De lo dispuesto por el artículo 145 de la Ley de Amparo, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación o demostración surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse, de ahí, una adecuada interpretación del numeral en comento, se desprende que si la improcedencia de la acción constitucional que se intenta no es patente y clara, esto es motivo suficiente para proveer sobre la admisión de la demanda, ya que la conclusión de desechamiento es de estricta excepción debido a la idea del legislador de que las partes tengan amplia oportunidad de defensa en el juicio, para que de esta manera puedan acreditar en la audiencia constitucional o antes de ella, si es o no fundada la causa de improcedencia, esto se debe a que la admisión de la demanda, no impide al Juez un pronunciamiento a este respecto con posterioridad" Del anterior criterio jurisprudencial, se desprende que el motivo de improcedencia del juicio constitucional es manifiesto al advertirse en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; por otra parte, es indudable si resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así, aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultaría factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo, que surja sin obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio. De ahí que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, el cual dispone que el juicio de amparo es improcedente, cuando los efectos de los actos reclamados hayan cesado. En este orden, la jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha interpretado que se entiende por cesación de efectos cuando éstos se destruyan de manera total, incondicional e inmediata, esto es, aunque en algún momento entraron a la esfera jurídica del gobernado, desaparecen de tal manera como si nunca lo hubieran hecho, y con ello, se vuelve al estado que tenían antes de dicha violación, originándose un resultado similar al de la sentencia protectora conforme al artículo 77 de la ley de la materia. En el caso, la parte quejosa reclama la falta de proveído del escrito presentado el veintidós de noviembre de dos mil diecisiete, dirigido al expediente 810/2015 del índice del Juzgado Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco. Ahora, por auto de nueve de marzo de dos mil dieciocho, se previno a la parte quejosa para efecto de que precisara de manera correcta la autoridad responsable. De igual forma, se solicitó a la autoridad señalada como responsable Juez Sexto de lo Familiar del Primer Partido Judicial del Estado de Jalisco, a efecto de que informara si proveyó el escrito respecto del cual la quejosa se duele de falta de proveído y, al efecto remitiera copia certificada del auto que en su caso hubiera recaído, la cual fue allegada mediante el oficio de cuenta. En ese sentido, de las constancias remitidas por la autoridad responsable, a las que se les concede valor probatorio pleno, conforme a lo dispuesto por los preceptos 129, 197 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, por disposición expresa de esta última en su artículo 2?, se advierte que en el expediente 810/2015, del índice de la citada autoridad, con fecha trece de marzo de dos mil dieciocho, se dictó un acuerdo que en lo que interesa reza: "[.] Declaratoria de herederos, designa albacea,- Se recibe oficio.- Ciudad Judicial, Zapopan, Jalisco, a 13 trece de marzo del año 2018 dos mil dieciocho. Con fundamento en las fracciones I y II del artículo 77 del Código de Procedimientos Civiles, y en la fracción I del artículo 112 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, ambas legislaciones vigentes en el Estado de Jalisco, se tiene al Secretario de Acuerdos dando cuenta con el escrito de MARTHA SILVIA CARDONA ASCENCIO, en su carácter de denunciante, presentado ante la Oficialía de Partes de este Juzgado el día 22 veintidós de noviembre del año pasado, visto su con tenido y como lo solicita y en consideración que a la fecha en que se actúa ha transcurrido el término concedido para que comparecieran interesados a deducir y justificar derechos hereditarios en la presente sucesión, con apoyo en lo dispuesto por los artículos 844, 846, 847 y relativos del código de Procedimientos Civiles de la Entidad, se declara como única y universal heredera en la sucesión a bienes de JOAQUIN CARLOS CARDONA ASCENCIO a MARTHA SILVIA CARDONA ASCENCIO en su carácter de hermana del autor de la herencia, por así haberlo acreditado con el acta del Registro civil relativa a su nacimiento, de conformidad a lo previsto por artículos 2911 del Código civil de la Entidad, quedando a salvo derechos de terceros así como de EMA ASCENCIO BARBA para que los hagan valer en el juicio respectivo si a su interés legal conviene, contra quienes han sido declarados herederos A la vez, atendiendo que es única y universal heredera, por innecesaria se omite la junta de Herederos prevista por el numeral 847 del Código de Procedimientos Civiles del Estado y acorde a lo que prevén los ordinales 3024 y 3025 del Código Civil de la Entidad, se designa como albacea de la sucesión a bienes de JOAQUIN CARLOS CARDONA ASCENCIO a MARTHA SILVIA CARDONA ASCENCIO, a quien se le discierne el cargo conferido por estarlo aceptando y protestando en los términos de Ley.- A la vez, dígasele que en aptitud se encuentra el albacea de proceder simultáneamente a la formación del inventario y avalúo de los bienes que integran la masa hereditaria, acorde a las disposiciones contenidas en los arábigos 854, 860 y relativos del Enjuiciamiento Civil del Estado, en relación con el 3048 del Código Civil del Estado. [.]." Por tanto, a la fecha en que se actúa han cesado los efectos del acto reclamado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, sirve para justificar lo anterior, los criterios siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS POR SUSTITUCIÓN PROCESAL. LA RESOLUCIÓN QUE RECAE A LOS MEDIOS DE DEFENSA ORDINARIOS, TORNA IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INTENTADO CONTRA EL AUTO O RESOLUCIÓN RECURRIDO. El ejercicio de los medios ordinarios de defensa, incide en la vigencia y ejecutividad de la determinación recurrida; motivo por el que la misma tendrá ejecutividad y firmeza, una vez que se decida el medio de impugnación, ya sea por el propio Juez del conocimiento o por el tribunal de alzada. Así, la decisión que recaiga al medio de defensa sustituye al auto o resolución impugnado, por virtud del análisis de legalidad que se hace de él, por lo que será esta nueva determinación y no la impugnada la que de manera extraordinaria podrá ser materia de análisis a través del juicio de garantías, pues el juicio de amparo no puede coexistir con los medios de defensa ordinarios; máxime que conforme al principio de definitividad, el amparo sólo es procedente contra actos definitivos" "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente" Sin que resulte necesario esperar a que cumpla la parte quejosa la prevención realizada en proveído de nueve de marzo del año en curso, así como a fin de que pudiera desvirtuar la causal de improcedencia que se estima aquí se actualiza, toda vez que ésta es manifiesta e indudable y a nada práctico llevaría esperar a que cumpliera. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo promovida por la parte quejosa, pues la omisión que reclama ha cesado sus efectos. Lo anterior, tiene sustento en la tesis de contenido siguiente: "IMPROCEDENCIA EN EL AMPARO. PARA NO CONTRAVENIR EL DERECHO DE ACCESO EFECTIVO A LA JUSTICIA, ES INNECESARIO OTORGAR LA VISTA CONTENIDA EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SI EL QUEJOSO NO TIENE POSIBILIDAD DE DESVIRTUAR LA CAUSA RELATIVA ADVERTIDA DE OFICIO, POR ACTUALIZARSE DE FORMA MANIFIESTA E INDUDABLE. El artículo citado establece la obligación para los Tribunales Colegiados de Circuito de dar vista al quejoso por el término de tres días con la finalidad de que manifieste lo que a su derecho convenga cuando, de oficio, se advierta actualizada alguna de las causas de improcedencia previstas por el artículo 61 de la Ley Amparo no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior. Sin embargo, dicho supuesto no se produce si el quejoso no tiene posibilidad de desvirtuar la causa de improcedencia advertida de oficio, por actualizarse de forma manifiesta e indudable; por ende, aunque se le concediera la vista, ello no le beneficiaría, pues se retrasaría en su perjuicio la solución definitiva del asunto en contravención al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos que tutela el derecho fundamental de acceso efectivo a la justicia y que ésta sea expedita, toda vez que él no podría desvirtuar la causa de improcedencia destacada, si de las constancias que integran el juicio de amparo se advierte, de manera patente, su existencia; de ahí que sea innecesario darle vista al quejoso por no traerle beneficio alguno" Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa. Lo proveyó y firma Édgar Estuardo Vizcarra Pérez, Juez Quinto de Distrito en Materia Civil en el Estado de Jalisco, asistido de la secretaria Nathali Cisneros Mendoza, que autoriza y da fe. EEVP/NCM/Gilberto
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