Martha Sarahi Templos Meraz

Expediente 839/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 3 actuaciones registradas, la última del 20 de septiembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
839/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
20/09/2018

Partes del expediente

  • Martha Sarahi Templos Meraz

Actuaciones

  1. Principal

    ....se declara que ha causado estado el auto de referencia. Háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo y, atendiendo al sentido del acuerdo emitido en este juicio, archívese este asunto como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los puntos cuarto y décimo, fracción I, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes, en relación con el manual para la organización de archivos judiciales vigente a partir del año dos mil trece, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no encontrarse en los supuestos previstos en el último párrafo del punto vigésimo primero, del referido Acuerdo General. Por lo anterior y teniendo en cuenta que se desechó la demanda que diera origen al presente juicio, de conformidad con lo dispuesto en la fracción I del punto Vigésimo Primero del citado Acuerdo, este expediente es susceptible de destrucción. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, remítase el presente asunto a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que en ejercicio de sus funciones, proceda según corresponda, una vez que haya transcurrido el plazo de cinco años a partir de esta fecha.

  2. Principal

    ...Notifíquese personalmente a la parte promovente...

  3. Principal

    EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA, NO ACUDIÓ A ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TREINTA Y UNO DE AGOSTO DEL AÑO EN CURSO, DENTRO DE LOS DOS DIAS HABILES SIGUIENTES AL DEL AVISO DE NOTIFICACION, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS EL AUTO DE REFERENCIA, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: ... Xalapa-Enríquez, Veracruz, treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho. Téngase por recibida la demanda de amparo presentada por Martha Sarahí Templos Meraz, por propio derecho, contra actos del Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con residencia en la Ciudad de México y otra autoridad, por violación a sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1°, 5°, 14 y 16 Constitucionales. RADICACIÓN DE DEMANDA. Fórmese expediente y anótese en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, con el número 839/2018/I-B. DESECHAMIENTO. Ahora, previo a que este órgano jurisdiccional se encuentre en condiciones de emitir un pronunciamiento sobre la demanda que se intenta, se hace necesario analizar el contenido del artículo 113 de la Ley de Amparo, del que se desprende la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS." Esencialmente, la tesis de mérito refiere que para el desechamiento de plano de una demanda de garantías, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del ocurso y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De la lectura íntegra de la demanda de amparo se advierte que Martha Sarahí Templos Meraz, señala como acto reclamado: "la ilegalidad del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/16716/2018 de treinta de julio del año en curso, firmado por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, donde solicita a la Directora General de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria, realice los trámites administrativos para la comisión de trabajo de Martha Sarahí Templos Meraz, en el Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-Durango", así como su notificación y ejecución." De esta forma, conviene señalar que de acuerdo con los artículos 103 fracción I de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1° fracción I, y 6° de la Ley de Amparo, el juicio de amparo se establece como una defensa del particular contra actos de autoridades, y por éstos debe entenderse la actuación de funcionarios o empleados de organismos estatales o descentralizados que impone (unilateralmente) obligaciones a los particulares, con motivo de funciones oficiales y con base en la ley, modifica las obligaciones existentes o limita los derechos, cuando se actúa con imperio propio de las funciones de derecho público. Así, para quien esto provee, en modo alguno el acto aquí reclamado puede ser considerado como de aquéllos que hagan procedente la acción constitucional, si se considera que el juicio de amparo indirecto, tiene por objeto resolver controversias que se susciten por leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos del gobernado, y toda vez, que la aquí promovente, manifiesta instar el presente juicio toda vez que labora como Analista PRS Administrativo FC "A", Nivel CF76022, adscrita a la Dirección General de la Academia Nacional de Administración Penitenciaria (ANAP), donde al comunicar la licencia médica que le fue otorgada del nueve al quince de agosto de dos mil dieciocho, por compañeras se le indicó que la iban a cambiar de adscripción al Centro Federal de Readaptación Social Número Catorce "CPS-Durango". En ese orden de ideas, de ninguna manera se advierte que se configure el supuesto fundamental para la procedencia del presente juicio de amparo (que lo es precisamente la vulneración a la esfera jurídica de sus derechos humanos por el poder público), pues en el caso particular, sólo se afectan derechos que pudieran corresponder a la promovente, que incidirían directamente en el ámbito laboral, esto es, derivan de la relación de trabajo que existe entre ésta y su patrón (Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social, con sede en la Ciudad de México). Para sostener lo anterior, es necesario tomar en consideración lo dispuesto en los artículos 1° fracción I , 5° fracción I y 6° de la Ley de Amparo, pues es de advertirse que dicho acto no es susceptible de ser reclamado a través del juicio constitucional, al no constituir un acto de autoridad en los términos reconocidos por la Ley de Amparo. En ese orden de ideas, los requisitos de un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo se encuentran establecidos en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1089, tomo XXXIV, septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Así, se tiene que para que una autoridad pueda ser considerada como tal para efectos del juicio de amparo, debe cumplir con lo siguiente: 1. Entre el ente de hecho o de derecho y el particular debe existir una relación de supra a subordinación entre el quejoso y la autoridad responsable; 2. Esa relación debe nacer de una norma general (en términos de la Ley de Amparo vigente), con una facultad administrativa irrenunciable; 3. Los actos emitidos son unilaterales y por ello se afectan situaciones jurídicas del quejoso; 4. La emisión de esos actos no requiere la aprobación de órganos judiciales ni el consenso de la voluntad del afectado. Por tanto, si los artículos 103, fracción I, de nuestra Carta Magna y 1°, fracción I, de la Ley de Amparo, establecen que el juicio de amparo procede contra leyes o actos de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos en la Constitución, así como en los Tratados Internacionales en los que el Estado Mexicano sea parte, por tanto, no es suficiente con que se reclame una violación a los derechos humanos para que el juicio de amparo sea procedente; sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales corra a cargo de un particular, o de una persona oficial respecto de sus intereses patrimoniales, lo que en el caso no acontece pues la posición de la quejosa frente al Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y la restante autoridad que indicó como responsable, no es la de un gobernado sino de empleado, ya que los actos reclamados no derivan del ejercicio público que la ley le confiere a esa dependencia, sino de una situación de derecho que tiene que ver estrictamente con su condición de patrón; y por tanto, si la violación de derechos fundamentales no produce contra un gobernado ni se trata de la afectación de los intereses patrimoniales de una persona oficial, entonces el juicio de garantías que se intenta es improcedente. En este contexto, se considera que el acto reclamado no constituye un acto de autoridad para efectos del juicio de amparo, dado que surgió en razón del vínculo de naturaleza laboral existente entre la aquí quejosa y un ente de la administración pública; esto es, las autoridades responsables actúan como patrones en una relación de coordinación y no en un plano de supra-subordinación como autoridades investidas de imperio, por lo que su cambio de adscripción no es un acto que pueda considerarse de autoridad para la procedencia del amparo, pues el salario está íntimamente vinculado con la relación obrero-patronal y con las condiciones fundamentales de la relación de trabajo entre la quejosa y la patronal, susceptible de impugnarse mediante el procedimiento laboral correspondiente. Se invoca por sus consideraciones la tesis I.6o.T. J/28 (10a.) sustentada por el Sexto Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Primer Circuito, que aparece publicada en la página un mil novecientos cincuenta y seis, Libro XXIX, Tomo III, Abril de dos mil dieciséis, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro siguiente: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL AMPARO. NO LO ES EL ÓRGANO O FUNCIONARIO DE LA DEPENDENCIA DEL ESTADO CUANDO ACTÚA COMO PATRÓN." Asimismo, se cita por su sentido y consideraciones la jurisprudencia número PC.III.L. 5/5 L (10a) sustentada por el Pleno en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, que aparece publicada en la página 1224, del Tomo II, correspondiente al mes de Octubre de 2014, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. EXCEPCIONALMENTE PUEDE CONSTITUIR LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, EN ASUNTOS TRAMITADOS CONFORME A LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013 [INTERPRETACIÓN Y APLICACIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 54/2012 (10a.)]. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció en la jurisprudencia citada, la regla general consistente en que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no pueden realizarse análisis exhaustivos, porque sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y con las pruebas que se anexan, por lo que no es la actuación procesal oportuna para analizar si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio constitucional; ahora bien, tal determinación no excluye la posibilidad de que existan casos de excepción a dicha regla general, como podrían ser aquellos en los que ya esté expresamente definido por jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que una autoridad señalada como responsable no tiene ese carácter para efectos de la procedencia del juicio de amparo, cuando ello no se oponga a la legislación vigente, acorde con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del 3 de abril de 2013, en virtud de que sería suficiente aplicar el criterio definido respecto de algún acto determinado, sin que se requiera mayor pronunciamiento para que en el auto inicial del juicio constitucional pueda desecharse la demanda por una causa notoria e indudable de improcedencia en términos del artículo 113 de la ley citada, lo que debe ser incuestionable y de obvia constatación, para lograr certidumbre de que el caso de improcedencia no podría llegar a modificarse con los elementos que aportaran las partes al procedimiento." De igual manera, tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 2a./J.67/2012 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "TRABAJADORES ADMINISTRATIVOS DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES. NO ESTÁN SUJETOS AL RÉGIMEN DE EXCEPCIÓN DE DERECHOS PREVISTO EN EL ARTÍCULO 123, APARTADO B, FRACCIÓN XIII, CONSTITUCIONAL, POR LO QUE LA RELACIÓN QUE MANTIENEN CON AQUÉLLAS ES DE NATURALEZA LABORAL. De la interpretación del artículo referido, en relación con el numeral 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública, se advierte que el régimen de excepción de derechos previsto en el precepto constitucional, sólo es aplicable a los miembros de las instituciones policiales que realicen la función de policía y que estén sujetos al Servicio Profesional de Carrera Policial; en consecuencia quienes, aun perteneciendo a dichas instituciones (trabajadores administrativos) no realicen funciones similares a las de investigación, prevención y reacción en el ámbito de seguridad pública y no estén sujetos al sistema de carrera policial, mantienen una relación de naturaleza laboral con tales instituciones, la cual se rige en términos de la fracción XIV del apartado B del artículo 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Aunado a lo anterior, de la información proporcionada por la promovente y de las documentales anexas al escrito de demanda, se advierte que ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, promovió un diverso juicio de amparo el cual fue radicado con el número 788/2018, en el cual reclamó la emisión del oficio SEGOB/CNS/OADPRS/16716/2018 de treinta de julio del año en curso, emitido por el Comisionado del Órgano Administrativo Desconcentrado Prevención y Readaptación Social y su ejecución. Expresiones realizadas por la quejosa, las que para este Juzgado adquieren el carácter de una confesión rendida en términos de lo dispuesto por el artículo 95 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2° de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a la determinación anterior, la tesis proveniente del Segundo Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, publicada en la página ochocientos cincuenta y siete, Tomo XII, Diciembre de mil novecientos noventa y tres, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "DEMANDA, LAS ASEVERACIONES HECHAS POR EL QUEJOSO EN LA, CONSTITUYEN UNA CONFESIÓN EXPRESA (ARTICULO 95 DEL CÓDIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES)." Razón por la que en el presente juicio se estudiarían los actos reclamados citados en el párrafo que antecede y en el diverso juicio 788/2018 del índice del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, es decir, ya existe una petición de amparo por las mismas violaciones constitucionales, formulada por la quejosa Martha Sarahí Templos Meraz, por lo que esta circunstancia pone de manifiesto que la demanda de garantías que nos ocupa, resulta improcedente de conformidad con el artículo 61, fracción X, de la Ley de Amparo, que prevé la improcedencia del juicio de garantías contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio, promovido por la misma quejosa, contra la misma autoridad y por el propio acto reclamado, pues como se aprecia de los antecedentes del acto que se combate, la ahora promovente se duele de los mismos actos reclamados, contra las mismas autoridades responsables. En consecuencia, al actualizarse un motivo notorio e indudable de improcedencia, procede desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracciones X y XXIII y 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior tiene apoyo además en la jurisprudencia número 749, publicada en la página 505, del Tomo VI, Parte Tribunales Colegiados de Circuito, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, con el rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DESECHAMIENTO DE PLANO DE LA. El motivo manifiesto e indudable de improcedencia a que se refiere el artículo 145 de la Ley de Amparo, debe ser tan claro, evidente, notorio e indiscutible, que sin necesidad de ulterior comprobación haga inejercitable la acción constitucional." DOMICILIO Y AUTORIZADOS. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, con fundamento en el artículo 27 de la ley de la materia, el precisado en el proemio de su demanda y como sus autorizados en los amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Rolando Gómez Santana y Jorge Martínez Sánchez, toda vez que de la certificación secretarial de cuenta, se advierte que tienen registradas sus cédulas profesionales en el Sistema Computarizado que para tal efecto se lleva en este Juzgado Federal, lo que se corrobora con las constancias de los registros correspondientes y con las restricciones que impone dicho precepto a Edgard Jhiram Gómez Santana, César Iván Espéjel Torres y María Guadalupe González Hernández, por así haberlo solicitado expresamente. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Como lo solicita la parte quejosa, en términos de la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza a la parte quejosa para el uso de scanners, cámaras fotográficas, grabadoras de voz y teléfonos celulares, así como cualquier medio electrónico. Sirve de apoyo la tesis .1o.A.23 K (10a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, décima época, visible a página mi ochocientos treinta, Libro diecisiete, Abril de dos mil quince, Tomo Dos, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS. Con apoyo en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas para efectuar las notificaciones o diligencias que se le encomienden durante la tramitación del juicio. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Se comunica a las partes, con fundamento en los artículos 1º a 9º, 12 a 23, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, así como lo dispuesto en los artículos 5º a 9º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la Aplicación de la citada Ley; que las resoluciones que se dicten en el juicio, constituyen información pública y podrán ser consultados por cualquier persona con la salvedad de lo previsto en el artículo 113, fracción V, de la ley citada; en la inteligencia de que de existir alguna oposición en términos de los artículos 8º de dicha ley y 9º del citado reglamento, la unidad administrativa determinará si tal oposición puede surtir efectos, y se omitirá la publicación de los datos personales en listas de notificación que se publiquen por vía electrónica. OBJECIÓN A LA PUBLICACIÓN DE DATOS PERSONALES EN LAS LISTAS DE NOTIFICACIONES (FÍSICA Y ELECTRÓNICA). La parte quejosa no realiza petición expresa para que se supriman sus datos personales de las mismas. Notifíquese personalmente a la parte promovente. Así lo acordó y firma la Juez Karina Juárez Benavides, Titular del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz, ante el Secretario de Juzgado Odín Edgardo Bonastre Díaz, que autoriza y da fe...

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