Martha Patricia García Fernández
Expediente 390/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz. 9 actuaciones registradas, la última del 22 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 390/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 22/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Martha Patricia García Fernández
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintidós de junio de dos mil veintitrés. Causa estado. ... se declara que causó estado la referida determinación. Precisión. Es jurídicamente innecesario pronunciarse respecto al plazo que tienen las demás partes para inconformarse, ya que al haberse sobreseído fuera de audiencia el juicio de amparo, ningún agravio les genera esa decisión. Archivo. Con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés en el Diario Oficial de la Federación, archívese este expediente como concluido. Destino. ...este expediente es destruible. Incidente de suspensión. ... Notifíquese. ...
- Principal
... Autoridad informa. Agréguese el oficio de la autoridad Encargado del Despacho de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, por medio del cual, da cumplimiento a lo requerido en proveído de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés y manifiesta que la quejosa no ha acudido a esa dependencia por el título de propiedad, el cual dejó a su disposición. Notifíquese. ...
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Mediante escrito recibido el veinte de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y recibido en la misma fecha en este órgano jurisdiccional; Martha Patricia García Fernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el siguiente acto: - La omisión de dar respuesta y/o contestación, sea por escrito o algún medio electrónico a la solicitud SEDATU-04-015. - La omisión de liberar clave de acceso al sistema para expedir y entregar de forma física y materialmente el título de propiedad al quejoso, que lo acredite como titular de la parcela que se localiza en el ejido "Villa Aldama", Municipio de Villa Aldama, Veracruz. En el caso, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8° Constitucional, respecto al derecho de petición, que prevé que los funcionarios y los empleados públicos deberán respetarlo, poniendo como única limitante que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, teniendo como obligación el ente público acordar respecto a esa petición y hacerlo saber en breve a la peticionaria. Por su parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable y tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. De una interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en exigir a los jueces del proceso, que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta y/o contestación, sea por escrito o algún medio electrónico a la solicitud SEDATU-04-015, así como realizar la entrega del título correspondiente, se actualiza tal y como lo refiere la autoridad responsable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo Martha Patricia García Fernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta y/o contestación, sea por escrito o algún medio electrónico a la solicitud SEDATU-04-015, así como realizar la entrega del título correspondiente. Y del informe justificado del Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz -fojas 14 a 17-, se advierte que negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, se desprende que es cierto, puesto que manifestó que el trámite SEDATU-04-015 culminó, generándose el título de propiedad desde el trece de agosto de dos mil diecinueve, el que se encuentra a disposición de la quejosa y del cual remitió copia certificada. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. (...) Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. (...) Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta el hecho de que el título de propiedad expedido a favor de la aquí quejosa, aún se encuentra a su disposición en el módulo de atención a trámites de dicha delegación, toda vez que el registrar una cita y recogerlo constituye un mero trámite administrativo. Máxime que la autoridad señaló un horario de diez a catorce horas de lunes a viernes para que la quejosa acuda a recogerlo, circunstancia se hizo de su conocimiento, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra glosada en esta pieza de autos. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con treinta y cinco minutos del seis de junio de dos mil veintitrés. Notificación a las partes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro correspondiente y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes...
- Principal
NOTIFICACIÓN POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA... EN VIRTUD DE QUE LA PARTE QUEJOSA NO ACUDIÓ A NOTIFICARSE DEL AUTO DE TREINTA Y UNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS, DENTRO DE LOS DOS DÍAS SIGUIENTES AL DEL CITATORIO, SE NOTIFICA POR LISTA DE ACUERDOS Y EN LO CONDUCENTE DICE: Xalapa-Enríquez, Veracruz, a treinta y uno de mayo de dos mil veintitrés. Estado de autos. Mediante escrito recibido el veinte de abril de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito y recibido en la misma fecha en este órgano jurisdiccional; Martha Patricia García Fernández, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el siguiente acto: - La omisión de dar respuesta y/o contestación, sea por escrito o algún medio electrónico a la solicitud SEDATU-04-015. - La omisión de liberar clave de acceso al sistema para expedir y entregar de forma física y materialmente el título de propiedad al quejoso, que lo acredite como titular de la parcela que se localiza en el ejido "Villa Aldama", Municipio de Villa Aldama, Veracruz. En el caso, la parte quejosa aduce que la autoridad responsable con su actuar omisivo vulnera en su perjuicio lo dispuesto por el artículo 8° Constitucional, respecto al derecho de petición, que prevé que los funcionarios y los empleados públicos deberán respetarlo, poniendo como única limitante que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa, teniendo como obligación el ente público acordar respecto a esa petición y hacerlo saber en breve a la peticionaria. Por su parte, los artículos 8 y 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, prevén que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable y tiene derecho a un recurso sencillo y rápido. De una interpretación sistemática de tales dispositivos, se desprende el derecho a la tutela judicial efectiva, que se traduce en exigir a los jueces del proceso, que eviten dilaciones y entorpecimientos indebidos que pudiesen conducir a la impunidad y debida protección judicial de los derechos humanos. Ello, supone tomar todas las medidas necesarias para remover los obstáculos que puedan existir para que los individuos puedan disfrutar de los derechos que la Convención reconoce. Sin embargo, del análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio se estima que respecto del acto reclamado consistente en la omisión de dar respuesta y/o contestación, sea por escrito o algún medio electrónico a la solicitud SEDATU-04-015, así como realizar la entrega del título correspondiente, se actualiza tal y como lo refiere la autoridad responsable la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo. Porción normativa que establece la abolición de la acción constitucional debido a la cesación de los efectos del acto reclamado, dinámica que significa que la autoridad dejó de afectar la esfera jurídica de la parte quejosa, al cesar su actuación u omisión, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva del comportamiento de la autoridad (acción o inacción), sino también la desaparición total de los efectos en que se traduce el comportamiento que asumió, que pueden verse acompañados o no de la insubsistencia misma del acto, pues es lógico que el motivo o razón que justifica la improcedencia aludida no es sólo paralización del acto de autoridad, sino también la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada con el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. De esta manera, la improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución a la agraviada en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la garantía exija. Así, de la interpretación relacionada de lo dispuesto en los artículos 61 fracción XXI y 77 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí huella alguna. Lo anterior es así, ya que como se dijo Martha Patricia García Fernández, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal y reclamó de la autoridad responsable la omisión de dar respuesta y/o contestación, sea por escrito o algún medio electrónico a la solicitud SEDATU-04-015, así como realizar la entrega del título correspondiente. Y del informe justificado del Encargado de la Delegación del Registro Agrario Nacional en el Estado de Veracruz -fojas 14 a 17-, se advierte que negó la existencia del acto reclamado, sin embargo, se desprende que es cierto, puesto que manifestó que el trámite SEDATU-04-015 culminó, generándose el título de propiedad desde el trece de agosto de dos mil diecinueve, el que se encuentra a disposición de la quejosa y del cual remitió copia certificada. Lo anterior, tiene como consecuencia que la omisión reclamada dejó de surtir efectos, pues ya no existe materia de estudio en el presente asunto. (...) Ante tales consideraciones, se concluye, que han cesado los efectos del acto combatido por la parte quejosa. (...) Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dado que la materia del acto reclamado en esta vía, ya no puede seguir surtiendo efecto legal alguno, toda vez que ya dejó de existir, por lo que se actualiza la causal de improcedencia invocada. En consecuencia, lo que procede en la especie, es sobreseer fuera de audiencia en el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, en relación con el diverso numeral 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta el hecho de que el título de propiedad expedido a favor de la aquí quejosa, aún se encuentra a su disposición en el módulo de atención a trámites de dicha delegación, toda vez que el registrar una cita y recogerlo constituye un mero trámite administrativo. Máxime que la autoridad señaló un horario de diez a catorce horas de lunes a viernes para que la quejosa acuda a recogerlo, circunstancia se hizo de su conocimiento, tal como se advierte de la constancia de notificación que obra glosada en esta pieza de autos. Sin efectos audiencia constitucional. En virtud de lo antes expuesto, se deja sin efectos la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tendría verificativo a las once horas con treinta y cinco minutos del seis de junio de dos mil veintitrés. Notificación a las partes. Háganse las anotaciones de rigor en el libro correspondiente y comuníquese esta determinación a las partes para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades correspondientes...
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