Martha Salas Segura

Expediente 527/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de mayo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
527/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/05/2022

Partes del expediente

  • Martha Salas Segura

Actuaciones

  1. Principal

    En la Ciudad de México, dieciséis de mayo de dos mil veintidós. Por recibido el oficio signado por la Subdirectora de Amparos Administrativos, en suplencia de la Fiscal General de Justicia, ambas de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio del cual, en atención al requerimiento decretado en proveído de veintiocho de abril del año en curso, informa las gestiones que se encuentra realizando para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos en su carácter de superior jerárquica; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se agrega tomando conocimiento de su contenido. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Juan de Dios García Munguía, con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, once de abril de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa y a las autoridades responsables, que es a quienes pudiera causarles perjuicio la sentencia dictada el ocho de marzo de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer respecto de unos actos y otorgar el amparo y protección de la Justicia Federal en relación a otros, en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Atento a lo anterior y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Los artículos 192; 193; 194 y 197, de la Ley de Amparo, prevén: Artículo 192. Las ejecutorias de amparo deben ser puntualmente cumplidas. Al efecto, cuando cause ejecutoria la sentencia en que se haya concedido el amparo, o se reciba testimonio de la dictada en revisión, el juez de distrito o el tribunal unitario de circuito, si se trata de amparo indirecto, o el tribunal colegiado de circuito, tratándose de amparo directo, la notificarán sin demora a las partes. En la notificación que se haga a la autoridad responsable se le requerirá para que cumpla con la ejecutoria dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa que se determinará desde luego y que, asimismo, se remitirá el expediente al tribunal colegiado de circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados en esta Ley, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. El Presidente de la República no podrá ser considerado autoridad responsable o superior jerárquico. El órgano judicial de amparo, al hacer los requerimientos, podrá ampliar el plazo de cumplimiento tomando en cuenta su complejidad o dificultad debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. Asimismo, en casos urgentes y de notorio perjuicio para el quejoso, ordenará el cumplimiento inmediato por los medios oficiales de que disponga. Artículo 193. Si la ejecutoria no quedó cumplida en el plazo fijado y se trata de amparo indirecto, el órgano judicial de amparo hará el pronunciamiento respectivo, impondrá las multas que procedan y remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. En cambio, si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. El incumplimiento ameritará las providencias especificadas en el primer párrafo. Artículo 194. Se entiende como superior jerárquico de la autoridad responsable, el que de conformidad con las disposiciones correspondientes ejerza sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en la forma exigida en la sentencia de amparo, o bien para cumplir esta última por sí misma. La autoridad requerida como superior jerárquico, incurre en responsabilidad por falta de cumplimiento de las sentencias, en los términos que las autoridades contra cuyos actos se hubiere concedido el amparo. Artículo 195. El cumplimiento extemporáneo de la ejecutoria de amparo, si es injustificado, no exime de responsabilidad a la autoridad responsable ni, en su caso, a su superior jerárquico, pero se tomará en consideración como atenuante al imponer la sanción penal. Artículo 197. Todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de su competencia, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetos a las mismas responsabilidades a que alude este capítulo. (Lo destacado es propio). Toda vez que se relacionan con los anteriores preceptos, es preciso transcribir también, los artículos 238 y 258 de la Ley invocada, que prevén: Artículo 238. Las multas previstas en esta ley se impondrán a razón de días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal al momento de realizarse la conducta sancionada. Podrán aplicarse al quejoso o al tercero interesado y en ambos supuestos, según el caso, de manera conjunta o indistinta con quienes promuevan en su nombre, sus apoderados o sus abogados, según lo resuelva el órgano jurisdiccional de amparo. Si el infractor fuera jornalero, obrero o trabajador, la multa no podrá exceder de su jornal o salario de un día. Artículo 258. La multa a que se refieren los artículos 192 y 193 de esta ley será de cien a mil días." Lo subrayado es propio). Los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la Protección Constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 citado que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Precisado lo anterior y toda vez que en la sentencia de amparo de ocho de marzo del año en curso, se concedió la Protección Constitucional a la parte quejosa para los siguientes efectos: . el efecto de que el Juez Cívico Itinerante Ocho de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Ciudad de México, deje insubsistente la resolución dictada en el procedimiento administrativo ITI-08/ALC/B289065/01052021/13098, seguido en contra del quejoso el nueve de noviembre de dos mil dieciocho, y dentro del término de tres días, contado a partir de que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, dicte otra en la que tome en consideración, fundamentalmente el certificado del médico legista de la misma fecha (para proteger el debido proceso legal), y atienda los razonamientos realizados al valorar las circunstancias personales del peticionario de amparo para el caso de imponerle una sanción, y con libertad de jurisdicción emita una nueva resolución debidamente fundada y motivada, debiendo subrayar que en caso de aplicar una sanción mayor a veinte horas deberá fundar y motivar su determinación, tomando en consideración las circunstancias personales de la quejosa, así como las atenuantes que hubiera en el caso concreto, a fin de individualizar correctamente la sanción. La concesión se hace extensiva respecto de los actos reclamados, consistentes en la puesta a disposición del quejoso ante la autoridad correspondientes y la ejecución del arresto administrativo de la resolución de uno de mayo de dos mil veintiuno, atribuidos dentro del ámbito de sus atribuciones legales al Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México, así como en relación a la orden retención del automóvil SEAT-IBIZA 2018 color plata, con placas NDL3260, atribuido a la Directora de Control de Depósitos de la Subsecretaría de Tránsito de la Ciudad de México, así como el cobro de multa y arrastre de tal automotor, los cuales deben ser dejados insubsistentes, pues al ser inconstitucional el acto reclamado que les dio origen y que está vinculados con dichos actos, sus consecuencias también lo son. . En consecuencia, con fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE al JUEZ CÍVICO ITINERANTE OCHO DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA, DIRECTOR DEL CENTRO DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y DE INTEGRACIÓN SOCIAL Y DIRECTORA DE CONTROL DE DEPÓSITOS DE LA SUBSECRETARÍA DE TRÁNSITO, TODAS DE LA CIUDAD DE MÉXICO, en el respectivo ámbito de sus atribuciones, para que en el término de TRES DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es: 1. Juez Cívico Itinerante Ocho de la Dirección Ejecutiva de Justicia Cívica de la Ciudad de México, dejar insubsistente la resolución dictada en el procedimiento administrativo ITI- 08/ALC/B289065/01052021/13098, seguido en contra del quejoso el nueve de noviembre de dos mil dieciocho. 2. Con libertad de jurisdicción, dicte otra en la que tome en consideración, fundamentalmente el certificado del médico legista de la misma fecha y atienda los razonamientos realizados al valorar las circunstancias personales del peticionario de amparo para el caso de imponerle una sanción, debidamente fundada y motivada, debiendo subrayar que en caso de aplicar una sanción mayor a veinte horas, tomando en consideración las circunstancias personales de la quejosa, así como las atenuantes que hubiera en el caso concreto, a fin de individualizar correctamente la sanción. 3. Director del Centro de Sanciones Administrativas y de Integración Social de la Ciudad de México y Directora de Control de Depósitos de la Subsecretaría de Tránsito de la Ciudad de México, deberán dejar insubsistentes la orden retención del automóvil SEAT-IBIZA 2018 color plata, con placas NDL3260, así como el cobro de multa y arrastre de tal automotor. Así las cosas, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículos 192 de la Ley de Amparo, y el 297, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, REQUIÉRASE al TITULAR DE LA DIRECCIÓN EJECUTIVA DE JUSTICIA CÍVICA, al TITULAR DEL SISTEMA PENITENCIARIO y al TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE CONTROL DE TRÁNSITO, todas de la CIUDAD DE MÉXICO, para que en su calidad de superiores jerárquicos de las directamente responsable antes señaladas, den cumplimiento al fallo protector y remitan a este órgano jurisdiccional, dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acrediten haber ordenado a las autoridades responsables el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. En caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ostente el cargo de la autoridad requerida, una multa por cien unidades de cuenta en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la autoridad requerida en este proveído, que aun cuando deje su encargo, seguirá siendo responsable del DESACATO A EL FALLO Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Víctor Aguirre Montoya, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, a seis de abril de dos mil veintidós. Visto el oficio del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, por medio del cual, solicita se habilite la consulta del expediente electrónico del juicio en que se actúa y se informe su estado procesal; con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, fórmese cuadernillo, agréguese a éste el oficio de cuenta para que surta los efectos legales a que haya lugar y como lo solicita el juzgado oficiante, con el propósito de contribuir con el ahorro de los recursos materiales del Poder Judicial de la Federación, hágase disponible la "vinculación con otro órgano" del presente asunto en el apartado respectivo del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a efecto de que el citado órgano, se encuentre en aptitud de consultar la totalidad del expediente electrónico relativo al juicio en que se actúa. Asimismo, se hace de su conocimiento que el veintitrés de marzo de este año, se celebró la audiencia constitucional y que a la fecha se encuentra pendiente de resolución. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Óscar Horacio Escobedo Návar, quien autoriza. Doy fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintidós. Se agrega a los autos el oficio signado por el Director de Asuntos Jurídicos, en suplencia por ausencia del Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, por medio del cual, en atención al requerimiento de nueve de marzo del año en curso, informa que mediante diversos oficios INM/OSCJ/DAJ/SC/03072022, de diecinueve de enero del año que transcurre, así como INM/OSCJ/DAJ/SC/1706/2022, de quince de marzo del año en curso, se requirió a José Luis Guzmán Galicia, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía en el Centro de Justicia para las Mujeres en Azcapotzalco, quien es el titular de la carpeta de investigación CI:FJF/CJMAZ/UI- 2S/D/00349-04-2019, a efecto de que se pronunciara sobre la vigencia o no de la alerta migratoria librada a nombre del aquí quejoso, sin que a la fecha hubiera dado respuesta; tomando conocimiento de su contenido. En atención a lo anterior, con fundamento en el artículo 297, fracción I, del código citado, se requiere a José Luis Guzmán Galicia, Agente del Ministerio Público de la Fiscalía en el Centro de Justicia para las Mujeres en Azcapotzalco, titular de la carpeta de investigación CI:FJF/CJMAZ/UI-2S/D/00349-04-2019, para que dentro del término de diez días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, informe el acuerdo que recayó a los diversos oficios INM/OSCJ/DAJ/SC/03072022, de diecinueve de enero del año que transcurre, así como INM/OSCJ/DAJ/SC/1706/2022, de quince de marzo del año en curso, esto es, para que indique si es necesario dar de baja la alerta migratoria referida o la misma debe seguir vigente; tomando conocimiento de su contenido. Apercibido que en caso omiso de su parte, en el siguiente requerimiento, se impondrá a la persona física que ostenta el cargo de la autoridad requerida, una multa de cincuenta a mil veces la unidad de medida actualizada en la Ciudad de México, según lo previsto en los artículos 237, fracción I, 238 y 259 de la Ley de Amparo, y en el tercero transitorio del decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis. Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.

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