Martha Reynada Valencia
Expediente 294/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 294/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 28/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Martha Reynada Valencia
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de julio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación que antecede y tomando en consideración que la parte quejosa, que es a quien pudiera causarle perjuicio la sentencia dictada el trece de junio de dos mil veintidós, en la que se determinó sobreseer en el presente juicio de garantías, no la recurrió dentro del plazo que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo; con fundamento en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que la citada sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, por lo que, háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por El Consejo de la Judicatura Federal; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo en cita, en relación con el numeral 8.1.2 ordinal 1, del Manual referido, pues se trata de un asunto sobreseído y además no se considera relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido así como el numeral 5.1 del referido Manual, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) No se trata de resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente, ni versa sobre temas relativos al patrimonio histórico, arqueológico, artístico, y no es un asunto en materia agraria; 4) No es un asunto generado por los Plenos de Circuito y; 5) No se integró jurisprudencia o tesis aislada derivada del presente asunto, por parte de los Tribunales de Circuito. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 21, del multicitado Acuerdo, contados a partir del presente archivo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Por lo que hace al original del cuaderno relativo al incidente de suspensión, es susceptible de depuración, en virtud de que se ubica en el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General en cita, en relación con el numeral 7.1.1 ordinal 2, del Manual referido; toda vez que la medida cautelar se concedió, en consecuencia, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que se actúa, dentro de los noventa días siguientes, procédase a su depuración, debiendo conservarse las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. En cuanto al duplicado del incidente de suspensión, con fundamento en el artículo 20 fracción II, inciso a) del multicitado Acuerdo en relación con el numeral 8.1.1 ordinal 2 inciso a), del Manual aludido, será destruible en el término de seis meses contados a partir del presente archivo, por lo que una vez concluido este plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción. Finalmente, glósese copia autorizada del presente proveído a los autos del original y del duplicado del incidente de suspensión, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto número 294/2022-VIII, promovido por Martha Reynada Valencia por propio derecho, contra actos de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad Social de las Fuerzas Armadas Mexicanas y otras autoridades; y, ... Por lo expuesto y fundado y con apoyo, además, en lo dispuesto por los artículos 73 a 79, 124, 217 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E. ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo, por las razones expuestas en el último considerando de la presente sentencia. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, con quien actúa y da fe, hasta el día de hoy trece de junio de dos mil veintidós, fecha en que las labores del Juzgado permitieron concluir su engrose. Doy fe.
- Principal
Ciudad de México, a doce de abril de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio con evidencia criptográfica de ..., apoderada para Pleitos y Cobranzas del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, por el cual, en cumplimiento al requerimiento de dieciséis de marzo del año en curso, informa que el treinta y uno de marzo del año en curso, fue presentado de manera electrónica, copia del oficio DPE.1.0.2.2.1/3052/2022.A.P de veintiocho de febrero de dos mil veintidós; debiendo estarse a lo acordado el cuatro de los corrientes. Ahora bien, el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que aún no obra la constancia de notificación a la autoridad responsable, apoderada para Pleitos y Cobranzas del Banco Nacional del Ejército, Fuerza Aérea y Armada, sociedad nacional de crédito, institución de banca de desarrollo, relativa al proveído dictado el cuatro de abril del año en curso; en consecuencia, reexpídase el oficio correspondiente a fin de hacer de su conocimiento el citado proveído. En estas circunstancias, procede diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, fijándose como nueva fecha para que tenga verificativo, las ONCE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL UNO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por la Secretaria Diana Laura Mireles Ramírez, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
En la Ciudad de México, cuatro de abril de dos mil veintidós. Se tienen por recibidos los oficios de cuenta, signados por el Actuario del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, por medio de los cuales, informan que los recursos de queja interpuestos en autos en contra del auto de dos de diciembre de dos mil veintiuno, quedaron registrados con los números de expediente Q.A.100/2021 y Q.A.101/2022; asimismo, informa que el incidente de inejecución de sentencia quedó registrado con el número de expedientes II.S.4/2022 y solicita se habilite la consulta del expediente electrónico de este Juicio, se le remitan los oficios originales de expresión de agravios y se le informe si con el oficio 2777/2022 del índice de este Juzgado se le remitió un recurso de queja, o en su defecto el incidente de inejecución de sentencia de que se trata. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos para que obren como correspondan, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Atento a lo solicitado por el Tribunal oficiante, se ordena habilitar la consulta del expediente electrónico de este juicio, se ordena remitir los oficios de expresión de agravios solicitados, e infórmesele que con el oficio 2777/2022 de veintiuno de enero de dos mil veintidós, este Juzgado de Distrito remitió únicamente el incidente de inejecución de sentencia aperturado en autos, más no un recurso de queja, siendo que los recursos de queja que se remitieron en esa misma fecha, fue mediante oficio 2776/2022. En otro orden, se tienen por recibidos los oficios signados por la Subdirectora de Amparos Administrativos en suplencia de la Coordinadora General de Administración, y por el Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, por medio de los cuales, realizan manifestaciones en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Atento a lo manifestado por las autoridades oficiantes, hágase de su conocimiento que deberán de estarse a lo acordado en proveído de veintiuno de enero de dos mil veintidós, en que se desvirtuaron las manifestaciones del Director General de Programación Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, y no se tuvo en vías de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En ese orden, con finalidad de continuar procurando el cumplimiento del fallo protector, con fundamento en el artículo 192 de la referida ley, se REQUIERE NUEVAMENTE al Director General de Programación, Organización y Presupuesto de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, esto es, debe: ****, en favor de Delia Martínez Velasco. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Sin perjuicio de lo anterior, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, se REQUIERE NUEVAMENTE al Coordinador General de Administración de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, para que en su calidad de superior jerárquico de la vinculada responsable, la conmine a dar cumplimiento al fallo protector y remita a éste órgano jurisdiccional, dentro del plazo de DIEZ DÍAS, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, las constancias con las que acredite haber ordenado a la vinculada responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Lo anterior se determina, toda vez que en términos de lo que dispone el artículo 197 de la Ley de Amparo en cita, todas las autoridades que tengan o deban tener intervención en el cumplimiento de la sentencia, están obligadas a realizar, dentro del ámbito de sus respectivas competencias, los actos necesarios para su eficaz cumplimiento y estarán sujetas a las mismas responsabilidades que las directas responsables de acatar el fallo constitucional. Apercibidas de que en caso de contumacia de su parte, se hará del conocimiento del Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa el Primer Circuito que conoce del incidente de inejecución de sentencia aperturado en autos para los efectos legales a que haya lugar. Aunado a lo anterior, se hace de su conocimiento que en caso de no cumplir con lo solicitado, términos de los artículos 238 y 258 de la citada Ley, se impondrá a las personas físicas que ostentan los cargos precisados, una multa por QUINIENTAS VECES LA UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN VIGENTE EN LA CIUDAD DE MÉXICO. En ese sentido, no obstante no se desconoce que existe un procedimiento interno que se sigue dentro de dicha dependencia para realizar un pago, tratándose del cumplimiento de una sentencia de amparo que implica la entrega de recursos monetarios, las autoridades se encuentran obligadas a desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de sus atribuciones, para acatar la obligación constitucional que deriva de la sentencia, por lo que deberá atender el presente requerimiento de forma pronta y completa, en los términos fijados por este Juzgado de Distrito, y cualquier trámite interno que ahora deba realizar, derivado del incumplimiento en que ha venido incurriendo, como lo es obtener la planilla de liquidación actualizada al ejercicio fiscal actual, deberá hacerlo dentro del término legal que fue concedido, a efecto de evitar mayores dilaciones, por lo que no se otorgara ninguna prórroga para atender lo solicitado en el presente proveído, por las razones anteriormente expuestas, por lo que transcurrido el termino aludido, en caso omiso de su parte, sin mayor providencia se hará efectivo el apercibimiento decretado. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia, que a la letra establece: ""SENTENCIAS DE AMPARO CUYO CUMPLIMIENTO IMPLICA UN PAGO. AUN CUANDO LAS AUTORIDADES PUEDAN SOLICITAR UNA AMPLIACIÓN DEL PRESUPUESTO PARA ACATARLAS TAMBIÉN ESTÁN OBLIGADAS A INSTRUMENTAR SIMULTÁNEAMENTE, PARA ESE FIN, MECANISMOS DE TRANSFERENCIAS Y ADECUACIONES DE LAS PARTIDAS QUE LO INTEGRAN. Si bien en términos de lo previsto en los artículos 74, fracción IV; 116, fracción II, párrafo cuarto; 122, apartado C, Base Primera, fracción V, inciso b), 115, fracción IV, párrafo penúltimo y 126 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el presupuesto de egresos de la Federación, de los Estados, del Distrito Federal y de los Municipios debe aprobarse, respectivamente, por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, las legislaturas de los Estados, la Asamblea Legislativa y los Ayuntamientos, sin que válidamente puedan realizarse pagos que no estén comprendidos en los presupuestos respectivos, lo cierto es que tratándose de las sentencias de amparo que implican el pago de recursos monetarios, las autoridades deben desarrollar todas las acciones que resulten pertinentes, dentro de su ámbito de atribuciones, para dotar a la partida presupuestal correspondiente de los recursos necesarios para acatar la obligación constitucional derivada de las sentencias en comento, conforme a lo dispuesto en los artículos 17, párrafos segundo y sexto y 107, fracción XVI, de la propia Norma Fundamental, los cuales disponen que deben ejecutarse de manera pronta y completa en los plazos y términos fijados, al tenor de lo previsto en la Ley de Amparo y conforme lo ordene el juzgador de garantías. Por tanto, aunque las diversas autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector pueden solicitar al órgano legislativo competente o, en el ámbito municipal al Ayuntamiento, la ampliación del presupuesto respectivo, también tienen la obligación de instrumentar los mecanismos de transferencias o adecuaciones de las partidas que integran el presupuesto previamente autorizado, tomando en cuenta, por una parte, el carácter preferente que asiste a la respectiva obligación constitucional de pago -la que debe cumplirse en el plazo fijado en la sentencia respectiva- y, por otra parte, que ninguna disposición legal de rango inferior a la Constitución General puede condicionar su acatamiento. (Época: Novena Época, Registro: 162469, Instancia: Pleno, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXIII, Marzo de 2011, Materia(s): Común, Tesis: P./J. 5/2011, Página: 10). Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Salvador Leyva Nava, con quien actúa y da fe. Doy fe.
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