Martha Rodríguez Zambarano

Expediente 731/2018 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de agosto de 2018.

Datos del expediente

Expediente
731/2018
Año
2018
Actuaciones
2
Última actuación
08/08/2018

Partes del expediente

  • Martha Rodríguez Zambarano

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese para que obre como corresponda y surta sus efectos legales el oficio de cuenta, signado por la Secretaria del Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Veracruz, con sede en Córdoba, por medio del cual informa que acepta la competencia declinada por este juzgado; en consecuencia, archívese el presente expedientillo como concluido. En esa tesitura, atento a lo dispuesto en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, fracción I, del Acuerdo General Conjunto número 01/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse declinado la competencia en el juicio, por lo que una vez transcurridos más de cinco años se procederá a la destrucción del mismo con posterioridad al OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTITRÉS. De conformidad con lo establecido en el Capítulo Tercero, punto décimo, fracción I, del acuerdo 01/2009 en cita, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; en el entendido de que se trasferirá con posterioridad al OCHO DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIUNO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el Capítulo Quinto, punto vigésimo primero, último párrafo del Acuerdo General Conjunto precitado

  2. Principal

    Notificación a la parte quejosa en términos del artículo 27, fracción I, inciso c), de la ley de Amparo. Xalapa-Enríquez, Veracruz, veinticinco de julio de dos mil dieciocho. Vista la demanda de amparo promovida por Martha Rodríguez Zambrano contra actos reclamados a la Secretaría de Educación de Veracruz, con sede en esta ciudad y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 731/2018. De la lectura de la demanda en comento, se advierte que los actos que reclama la solicitante del amparo consiste en: "[.] 3. De la Secretaría de Educación de Veracruz, se reclama las aplicación de las disposiciones legales citadas en el inciso A) del proemio de este ocurso, la resolución notificada a la suscrita quejosa el pasado cinco de julio del año en curso, en la que se ordena que se den por terminados los efectos de mi nombramiento como Maestra de Jardín de Niños Foránea con Clave Presupuestal 079721 E018100.0300952 adscrito al Centro de Trabajo "Elisa Osorio Bolio" con número de clave 30DJN2167V, así como todos los actos y procedimientos iniciados y que se inicien en mi contra y que tengan como fundamento los preceptos impugnados como inconstitucionales, y la aplicación inminente futura de cualquiera de las sanciones previstas en la Ley General del Servicio Profesional Docente y que se desprendan del precepto combatido como inconstitucional". Ahora, a fin de proveer el presente asunto conforme a derecho, debe atenderse a lo dispuesto por el artículo 37 de la Ley de Amparo, que establece las reglas a que ha de sujetarse la competencia de un Juez de Distrito para conocer de una demanda de amparo, el cual a la letra dice: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la transcripción de este artículo se advierten tres hipótesis: I. Será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; II. Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un Distrito y siga ejecutándose en otro; será competente el Juez donde se haya presentado la demanda; y, III. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito donde se presente la demanda de amparo. Así, atendiendo a la primera hipótesis, se sostiene que para determinar la competencia de un Juez de Distrito en el conocimiento de un juicio de amparo donde se reclamen actos que tenga ejecución material, debe atenderse al lugar donde éstos se realicen o traten de realizarse, de manera que la residencia de la autoridad ordenadora es irrelevante para la fijación competencial, esto es, el sitio donde los actos reclamados vayan a ejecutarse materialmente o se ejecuten, es lo que establece la competencia de los Jueces de Distrito. Establecido lo anterior, es preciso destacar algunos antecedentes del acto reclamado que señaló la quejosa, con la finalidad de establecer un panorama que, de forma sencilla, permita conocer los acontecimientos que dieron motivo al acto reclamado En principio, la quejosa señaló ser trabajadora del Servicio Profesional Docente, al servicio de la Secretaría del Estado de Veracruz, como maestra de jardín de niños foránea adscrita al Centro de Trabajo "Elisa Osorio Bolio" clave 30DJN2167V, con sede en Atoyaquillo, Amatlán de los Reyes, Veracruz. Posteriormente, en julio del año dos mil dieciséis, la quejosa realizó la evaluación de desempeño que le correspondía, en términos de la Ley General del Servicio Profesional Docente. Finalmente, en seis de julio de dos mil dieciocho la quejosa fue notificada en las oficinas de la Dirección Jurídica de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, con sede en esta ciudad, sobre el cese de los efectos de su nombramiento como maestra de jardín de niños foránea adscrita al Centro de Trabajo "Elisa Osorio Bolio" clave 30DJN2167V, con sede en Atoyaquillo, Amatlán de los Reyes, Veracruz, derivado del resultado que obtuvo en la evaluación de desempeño a que refiere el numeral anterior. De lo antes expuesto, resulta inconcuso que el acto reclamado, que se hace consistir en la cesación de los efectos de su nombramiento como maestra de jardín de niños, tiene ejecución material en el Centro de Trabajo "Elisa Osorio Bolio", con clave 30DJN2167V, con sede en Atoyaquillo, Amatlán de los Reyes, Veracruz, lugar donde la quejosa realizaba las funciones propias de su puesto. Ilustra a lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 68/2015 (10a) emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA LA DETERMINACIÓN DE CONCLUSIÓN DEL SERVICIO POR SEPARACIÓN DE UN SERVIDOR PÚBLICO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO CON JURISDICCIÓN EN DONDE SE EJECUTA EL MANDATO. En términos del artículo 37 de la Ley de Amparo, si el acto reclamado requiere ejecución material, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde dicho acto deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. En ese sentido, si en un juicio de amparo indirecto se reclama la determinación de conclusión del servicio por separación de un servidor público, es competente para conocer del juicio el Juez de Distrito con jurisdicción en donde se materialice, esto es, el del lugar en el cual desempeñaba el cargo el servidor público o realizaba sus funciones propias. Lo anterior porque no debe atenderse al lugar en donde se emitió la determinación de mérito, ya que no puede considerarse como acto de ejecución de dicho mandamiento, pues si bien legitima para promover el juicio de amparo, no puede servir de base para fijar la competencia del Juez de Distrito que deba conocerlo, ya que para ello debe atenderse al lugar en que ha tenido o deba tener ejecución el acto reclamado." Se cita como apoyo también, la tesis I.15o.A.41 K, sustentada por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que dice: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA UN ACTO SUSCEPTIBLE DE EJECUTARSE. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE VINCULE LA EJECUCIÓN, CON INDEPENDENCIA DE QUE ÉSTA NO SE RECLAME. Del examen de lo dispuesto en el artículo 36 de la Ley de Amparo se desprenden dos reglas básicas para determinar a qué Juez de Distrito corresponde conocer de un juicio de amparo indirecto, distinguidas por la existencia o inexistencia de la ejecución material del acto reclamado. La primera pondera la actualización de una ejecución e indica que será competente el Juez en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; pero precisa que si el acto ha comenzado a ejecutarse en un distrito y sigue ejecutándose en otro, cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención, deberá conocer. La segunda, parte de la premisa de que el acto reclamado no requiere ejecución material, hipótesis en la que señala como competente al juzgador en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Ahora bien, la interpretación teleológica de esas reglas pone de manifiesto que fue voluntad del legislador que se atienda a la facilidad con que cuenta el agraviado para ocurrir al Juez de amparo del lugar en que deba tener ejecución el acto reclamado, poniendo a su alcance un medio eficaz para dilucidar sobre la violación a sus garantías. Por tales razones, ante un acto susceptible de ejecutarse debe aplicarse aquella primera regla para definir la competencia a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se vincule la ejecución, a pesar de que ésta no se reclame o no se impugne por vicios propios, pues la observancia de esa norma resulta acorde con la finalidad legislativa enunciada; además, el precepto legal no condiciona su observancia a la reclamación de la ejecución y, en todo caso, la competencia del juzgador de garantías no puede subordinarse a la voluntad del quejoso de impugnar o no la ejecución, pues una vez fijada la naturaleza del acto reclamado y establecida la consideración referente a si requiere ejecución material o no, se está en posibilidad de determinar la competencia de mérito." No pasa inadvertido para quien esto provee, que la impetrante de amparo refiera tener un domicilio ubicado en esta ciudad capital; sin embargo, el lugar en donde el promovente del amparo tenga su domicilio particular o para oír y recibir notificaciones, no es un parámetro para fijar la competencia legal al Juzgado de Distrito correspondiente, dado que ello no lo contempla así el artículo 37 de la Ley de Amparo, como podrá advertirse de su lectura detenida, ya que estimar lo contrario equivaldría a dejar al arbitrio del quejoso la determinación de la competencia, con el solo hecho de señalar un domicilio donde quisiera promover su demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en lo establecido por el artículo 48 de la Ley de Amparo, y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, resulta competente, por razón de territorio, el Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Córdoba, por estar ubicado dentro del territorio donde ejerce jurisdicción el municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, en el que se ejecutó el acto reclamado. Sirve de apoyo en lo conducente, la tesis número I.1º.A.44 A, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora." Por sus consideraciones es aplicable también la Jurisprudencia II.3o. J/72, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, cuyo rubro y texto enuncian: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA DE AMPARO. Cuando entre los actos reclamados sólo alguno tenga ejecución material, y los otros no, es competente para conocer del juicio, el juez de Distrito en cuya jurisdicción vaya a ejecutarse el acto que de los reclamados tenga ejecución material". En consecuencia, este órgano jurisdiccional carece de legal competencia para conocer de la presente demanda de garantías y con apoyo en los artículos 37 y 48, ambos de la Ley de Amparo, remítase el presente asunto, al Juez de Distrito en el Estado de Veracruz en turno, con residencia en Córdoba, por conducto de la Oficina de Correspondencia Común a esos Juzgados, para que determine al respecto, solicitándole atentamente el acuse de recibo correspondiente. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia certificada de la demanda y autógrafa de este acuerdo, sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de del acto reclamado, dado que no encuadra en ninguna de las hipótesis que al efecto prevé el segundo párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. COMO DOMICILIO DE LA PARTE QUEJOSA para oír y recibir todo tipo de notificaciones, se tiene el que señala en el escrito que se provee y por autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Luis Mortera Delgado, quien acorde a los lineamientos trazados por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales, que establece el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, cuenta con el registro número 176547. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. TRANSPARENCIA. Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente a la quejosa.

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