Martha María Martínez Balderas
Expediente 121/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 22 actuaciones registradas, la última del 21 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 121/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 21/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Martha María Martínez Balderas
- Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintiuno de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado electrónicamente por la Secretaria de acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual hace del conocimiento de este juzgado que el acuerdo de dieciséis de junio del año en curso, dictado en los autos de la queja 436/2022, de su índice, por el que se declaró sin materia el citado medio de impugnación, ha quedado firme para todos los efectos legales; al respecto, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de dicha circunstancia para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, como lo solicita la Superioridad, acúsese el recibo de estilo. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a la Superioridad.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de julio de dos mil veintidós. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que ha transcurrido el plazo de diez días que la ley establece para que la parte a quien pudiera causarle perjuicio, interpusiera recurso de revisión contra el acuerdo de dieciséis de junio de la presente anualidad, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio de amparo en que se actúa. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Por lo tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 18, fracción I, y su penúltimo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, al haberse sobreseído fuera de audiencia en el presente juicio de amparo y concedido la suspensión de plano, por lo que una vez transcurridos más de tres años se procederá para tal efecto después del SIETE DE JULIO DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes y por oficio a las autoridades responsables.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, cuatro de julio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado electrónicamente por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, con residencia en Boca del Río, Veracruz, mediante el cual informa que bajo el número 436/2022 de su índice, se registró la queja interpuesta por Emmanuel Orlandi Velázquez Guati Rojo, en su carácter de autorizado en amplios términos de la parte quejosa, en contra del acuerdo de tres de febrero del año en curso, en el que se negó la suspensión de plano en favor de la parte quejosa, medio de impugnación que se declaró sin materia, por los motivos ahí expuestos. En consecuencia, agréguese para los efectos legales a los que haya lugar, háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, y hágase de su conocimiento a las partes. Notifíquese por lista de acuerdos a las partes.Así lo proveyó y firma el licenciado Uriel Curti Espinosa, Secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Vázquez del Orbe, Secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que el acto reclamado por la parte quejosa Martha María Martínez Balderas, en representación de un menor de edad de identidad resguardada con iniciales D.L.M., consiste en la omisión de las autoridades señaladas como responsables, de incluir para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de COVID-19, a su menor hijo de identidad reservada con las iniciales D.L.M. Por otra parte, obra en autos la copia simple del acta de nacimiento expedida por la Encargada del Registro Civil, la cual merece valor probatorio, toda vez que dicha copia constituye un medio de prueba reconocido por la ley. En apoyo de lo anterior, es de invocar la jurisprudencia 2a./J. 32/2000 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "COPIAS FOTOSTÁTICAS SIN CERTIFICAR. SU VALOR PROBATORIO QUEDA AL PRUDENTE ARBITRIO JUDICIAL COMO INDICIO. La jurisprudencia publicada en el Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, Volumen II, página 916, número 533, con el rubro: "COPIAS FOTOSTÁTICAS. SU VALOR PROBATORIO.", establece que conforme a lo previsto por el artículo 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, el valor de las fotografías de documentos o de cualesquiera otras aportadas por los descubrimientos de la ciencia, cuando carecen de certificación, queda al prudente arbitrio judicial como indicio. La correcta interpretación y el alcance que debe darse a este criterio jurisprudencial no es el de que las copias fotostáticas sin certificar carecen de valor probatorio, sino que debe considerarse que dichas copias constituyen un medio de prueba reconocido por la ley cuyo valor queda al prudente arbitrio del juzgador como indicio. Por tanto, no resulta apegado a derecho negar todo valor probatorio a las fotostáticas de referencia por el solo hecho de carecer de certificación, sino que, considerándolas como indicio, debe atenderse a los hechos que con ellas se pretende probar y a los demás elementos probatorios que obren en autos, a fin de establecer como resultado de una valuación integral y relacionada de todas las pruebas, el verdadero alcance probatorio que debe otorgárseles. Documental de la que se advierte que, a la fecha, el menor quejoso de identidad reservada con las iniciales D.L.M., cuenta con la edad de siete años. Por otra parte, es oportuno tener como hecho notorio la página web oficial de la Secretaría de Salud, de la que se advierte que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, el catorce de junio de dos mil veintidós, informaron que a partir del dieciséis de junio de la presente anualidad, se abre el pre registro para niños y niñas de 5 a 11 años de edad, a fin de que reciban la vacuna contra el Covid 19, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: Además, de la consulta realizada en esta propia fecha a la página oficial de la Secretaria de Salud https://mivacuna.salud.gob.mx, se advierte que ya se encuentra disponible el pre registro para que los niños y niñas de 5 a 11 años de edad, puedan realizar el registro para que sean inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19, tal como se evidencia con la imagen que se inserta: Información oficial electrónica que constituye un hecho notorio para este Juzgado de Distrito, en términos de los artículos 88, 188 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. En efecto, el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles establece que los hechos notorios pueden ser invocados por el tribunal, aunque no hayan sido alegados ni probados por las partes. Por su parte, el diverso numeral 188 del Código Federal de Procedimientos Civiles dispone que para acreditar hechos o circunstancias en relación con el negocio que se ventila, pueden las partes presentar fotografías, escritos o notas taquigráficas, y, en general, toda clase de elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia. Asimismo, el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología. De lo anterior, el suscrito advierte que en el presente controvertido se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dispone lo siguiente: "Artículo 61- El juicio de amparo es improcedente: (...) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;" Al respecto, cabe puntualizar que por cesación de los efectos del acto reclamado debe entenderse no sólo la circunstancia de que las autoridades responsables deroguen o revoquen tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, desaparezcan todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo, esto es, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del gobernado, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Es aplicable al caso la jurisprudencia 2a./J. 59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Asimismo, la jurisprudencia número 415, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Entonces, si el acto combatido por esta vía constitucional se hizo consistir, en esencia, en la omisión de las autoridades señaladas como responsables, de incluir, para la aplicación de la vacuna contra el virus SARS-CoV2 para la prevención de COVID-19, a su menor hijo de identidad reservada con las iniciales D.L.M., y, si se toma en consideración que el menor de edad antes nombrado -directo quejoso-, a la presente fecha, cuenta con una edad de siete años (de acuerdo con lo manifestado en la demanda de amparo y que se corrobora con el acta de nacimiento que anexó a aquélla); es evidente que ya se encuentra dentro del parámetro de edad establecido por la política nacional de vacunación para el acceso a la vacuna contra covid-19; lo que constituye la materia del acto reclamado en la demanda que se provee. En ese contexto, se estima que las omisiones reclamadas en esta instancia relativas a implementar y dictar las medidas preventivas para llevar a cabo un esquema vacunación a favor de los menores 5 a 11 años, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, así como la omisión de aplicar dicha vacuna a efecto de evitar el contagio y la propagación del citado virus, además de la diversa omisión de proteger la vida y supervivencia de la parte quejosa, con motivo de la reanudación presencial de las actividades escolares han cesado en sus efectos, puesto que el directo quejoso a partir del dieciséis de junio de dos mil veintidós, está en posibilidad de poder vacunarse contra el virus SARS-CoV-2, previo registro en la página https://mivacuna.salud.gob.mx/index.php, en la espera de que en el lugar de residencia de la parte quejosa, se señale fecha, hora y lugar para llevar a cabo la vacunación correspondiente. Lo cual implica que las autoridades responsables a la fecha han efectuado las gestiones para incluir en el esquema vacunación a los menores de 5 a 11 años de edad, a efecto de evitar el contagio causado por el virus SARS-CoV-2 para la prevención de la COVID-19, y dotarlos de la posibilidad de que les sea aplicada dicha vacuna para evitar el contagio y la propagación de citado virus protegiendo la vida y supervivencia del directo quejoso menor de edad. En tales circunstancias, se destruyó en forma total e incondicional el acto combatido en esta vía constitucional, de modo tal que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la posible violación constitucional, como si se hubiera concedido el amparo al quejoso, es decir, como si el acto que por esta vía se pretendió combatir no hubiere invadido su esfera jurídica, o habiéndola irrumpido, la cesación no dejó ahí ninguna huella que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. En este orden de ideas, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley Amparo; y conforme a lo establecido en párrafos precedentes, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional que estaba señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL CINCO DE JULIO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Apoya a la anterior determinación, la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y contenido es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." (Lo subrayado es propio). De igual modo, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; asimismo, en su oportunidad, archívese el presente asunto como definitivamente concluido. Notifíquese por lista de acuerdos a la parte quejosa, y mediante oficio, a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional y a las autoridades responsables.
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