Martha Rodriguez Plaza

Expediente 17/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 17 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
17/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
17/03/2021

Partes del expediente

  • Martha Rodriguez Plaza

Actuaciones

  1. Principal

    Así, con fundamento en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto I.6 de la Circular SECNO 13/2021; por tanto, con esta fecha se reanuda el trámite de este juicio de amparo. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, con apoyo en el artículo 196 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  2. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL AVISO POR LA PARTE QUEJOSA; CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C, DE LA LEY DE AMPARO, SE LE NOTIFICA POR LISTA LA DETERMINACIÓN DE DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: Así, con fundamento en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto I.6 de la Circular SECNO 13/2021; por tanto, con esta fecha se reanuda el trámite de este juicio de amparo. Vista la certificación secretarial que antecede, de la que se advierte que feneció el plazo de cinco días que concede el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de cuatro de febrero de dos mil veintiuno, que desechó la demanda de amparo que dio origen a este expediente, sin que haya hecho uso de tal derecho; consecuentemente, queda firme el proveído en cita. En mérito de lo anterior, y toda vez que no existe actuación pendiente de practicarse, con apoyo en el artículo 196 penúltimo párrafo, de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como totalmente concluido.

  3. Principal

    En atención a lo dispuesto por el artículo 4, fracción IV, última parte del diverso Acuerdo General 13/2020 -que se aplica atento a la Circular CAP 3/2020, que suspendió los términos judiciales y la actividad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno-; así como en el diverso Acuerdo General 8/2020, en sus artículos 1, fracción I y 4, fracciones IV, VII, VIII y IX, y el Acuerdo General 10/2020, reformó el párrafo primero del artículo 1 del acuerdo citado en último término, los que estipulan la reanudación de la actividad jurisdiccional para la recepción de casos urgentes. No obstante, el propio consejo reguló la forma en cómo se tramitarán los asuntos que, aunque no tengan un trato urgente, sí deban tramitarse para no vulnerar el precepto 17 constitucional. Tales circunstancias se aprecian del contenido de los artículos 1, fracción III, 2, fracciones VI, VII y IX y 125 del Acuerdo General 13/2020, 14, del diverso Acuerdo General 12/2020 y que regulan la mecánica en que opera el "juicio en línea". Así, de la demanda de cuenta se aprecia que ésta se presentó en línea; además, este asunto no es de aquéllos denominados como "casos urgentes", ya que el acto reclamado, medularmente, consiste en la falta de emplazamiento a un juicio del orden civil y la probable desposesión de un bien inmueble. Con la demanda de amparo de cuenta, *** solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Fórmese expediente y regístrese con el número ****, tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Es necesario analizar la forma en que se presentó la demanda de amparo, ya que, al ser un documento, debe contar los requisitos y formalidades que para su presentación prevé la Ley de Amparo. Formalidades que no constituyen formalismos sin sentido, sino que tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio constitucional, como son fijar la litis, pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público, abrir el incidente de suspensión -si se solicitó la medida cautelar-, y, además, de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Bajo esta perspectiva, se debe analizar íntegramente el escrito de demanda a fin de revisar si satisface los elementos necesarios para poder proceder a su análisis de fondo, mismos que se encuentran regulados en el ordinal 108 de la ley en la materia. No obstante, el legislador previó la situación en que estos formalismos podían ser menos estrictos o más flexibles en atención al tipo de actos que se reclamen en la demanda de amparo. Así, en aquellos casos en que estuvieran en juego la integridad física o libertad del quejoso, se prescindió de algunos elementos formales para la promoción del juicio constitucional. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, de los que se advierte que el juicio de amparo, con las salvedades a que alude el numeral 15 de la ley en consulta, sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada, es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el ordinal 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. Así, al formularse por escrito, la voluntad de cualquier persona se realiza a través del estampado de la firma, acto de voluntad que supone desde luego la imposición autógrafa, del puño y con la letra del propio interesado; lo anterior, con la salvedad de que dicho signo gráfico debe corresponder al auténtico y no a una simple reproducción fotográfica, digitalización o facsímil de éste; ya que de ser así carecería de valor, en términos de los preceptos 3 de la Ley de Amparo y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Ahora, el escrito de demanda en cuestión fue recibido en la vía electrónica, como se desprende del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin embargo, de la misma se advierte que la promovente ***no firmó electrónicamente la demanda. Sobre este tópico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estipuló, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, que conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, conjuntamente con los Acuerdos Generales en cita, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica (FIREL)", entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De ahí que, si la quejosa ***no firmó la demanda de amparo electrónicamente, y los actos reclamados tampoco se encuentran dentro de la hipótesis prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es inconcuso que la misma debe desecharse, ya que no se tiene certeza sobre la autoría de la demanda ni la voluntad del promovente. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda.

  4. Principal

    AL NO SER ATENDIDO EL CITATORIO POR PARTE DE LA QUEJOSA, SE PROCEDE A NOTIFICARLE POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJAN EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO QUINTO DE DISTRITO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES (SISE), EL ACUERDO DICTADO EL CUATRO DE FEBRERO DEL PRESENTE AÑO, EN EL JUICIO DE AMPARO EN QUE SE ACTÚA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO B, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EN SU PARTE CONDUCENTE DICE: "En atención a lo dispuesto por el artículo 4, fracción IV, última parte del diverso Acuerdo General 13/2020 -que se aplica atento a la Circular CAP 3/2020, que suspendió los términos judiciales y la actividad de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación del veintiuno de diciembre de dos mil veinte, al once de enero de dos mil veintiuno-; así como en el diverso Acuerdo General 8/2020, en sus artículos 1, fracción I y 4, fracciones IV, VII, VIII y IX, y el Acuerdo General 10/2020, reformó el párrafo primero del artículo 1 del acuerdo citado en último término, los que estipulan la reanudación de la actividad jurisdiccional para la recepción de casos urgentes. No obstante, el propio consejo reguló la forma en cómo se tramitarán los asuntos que, aunque no tengan un trato urgente, sí deban tramitarse para no vulnerar el precepto 17 constitucional. Tales circunstancias se aprecian del contenido de los artículos 1, fracción III, 2, fracciones VI, VII y IX y 125 del Acuerdo General 13/2020, 14, del diverso Acuerdo General 12/2020 y que regulan la mecánica en que opera el "juicio en línea". Así, de la demanda de cuenta se aprecia que ésta se presentó en línea; además, este asunto no es de aquéllos denominados como "casos urgentes", ya que el acto reclamado, medularmente, consiste en la falta de emplazamiento a un juicio del orden civil y la probable desposesión de un bien inmueble. Con la demanda de amparo de cuenta, *** solicita el amparo y protección de la Justicia Federal. Fórmese expediente y regístrese con el número ****, tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Es necesario analizar la forma en que se presentó la demanda de amparo, ya que, al ser un documento, debe contar los requisitos y formalidades que para su presentación prevé la Ley de Amparo. Formalidades que no constituyen formalismos sin sentido, sino que tienen como propósito que el juzgador de amparo se encuentre en la posibilidad de cumplir con sus atribuciones dentro del juicio constitucional, como son fijar la litis, pedir los informes justificados a las autoridades responsables, emplazar al tercero interesado, dar la intervención correspondiente al agente del Ministerio Público, abrir el incidente de suspensión -si se solicitó la medida cautelar-, y, además, de proporcionar a las partes todos los elementos necesarios para preparar su defensa. Bajo esta perspectiva, se debe analizar íntegramente el escrito de demanda a fin de revisar si satisface los elementos necesarios para poder proceder a su análisis de fondo, mismos que se encuentran regulados en el ordinal 108 de la ley en la materia. No obstante, el legislador previó la situación en que estos formalismos podían ser menos estrictos o más flexibles en atención al tipo de actos que se reclamen en la demanda de amparo. Así, en aquellos casos en que estuvieran en juego la integridad física o libertad del quejoso, se prescindió de algunos elementos formales para la promoción del juicio constitucional. Ahora, conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En relación con ello, debe precisarse que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos anexos; en tanto que lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que, incluso, en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran alegar las partes. En el caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta, la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, de los que se advierte que el juicio de amparo, con las salvedades a que alude el numeral 15 de la ley en consulta, sólo puede iniciarse a instancia de parte agraviada, es decir, mediante la promoción de la demanda correspondiente, con base en las formalidades previstas en el ordinal 108 de la Ley de Amparo, esto es por escrito. Así, al formularse por escrito, la voluntad de cualquier persona se realiza a través del estampado de la firma, acto de voluntad que supone desde luego la imposición autógrafa, del puño y con la letra del propio interesado; lo anterior, con la salvedad de que dicho signo gráfico debe corresponder al auténtico y no a una simple reproducción fotográfica, digitalización o facsímil de éste; ya que de ser así carecería de valor, en términos de los preceptos 3 de la Ley de Amparo y 204 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria. Ahora, el escrito de demanda en cuestión fue recibido en la vía electrónica, como se desprende del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); sin embargo, de la misma se advierte que la promovente ***no firmó electrónicamente la demanda. Sobre este tópico, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estipuló, al resolver la contradicción de tesis 45/2018, que conforme al artículo 3° de la Ley de Amparo, conjuntamente con los Acuerdos Generales en cita, se estableció y se desarrolló la posibilidad de que a través de las tecnologías de la información fuera posible promover la demanda de amparo, presentar promociones, recursos y cualquier escrito u oficio, utilizando la "firma electrónica (FIREL)", entendida ésta como el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, como opción para consultar, enviar y recibir promociones, documentos, acuerdos, resoluciones, sentencias, comunicaciones y notificaciones oficiales relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales, la cual producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. De ahí que, si la quejosa ***no firmó la demanda de amparo electrónicamente, y los actos reclamados tampoco se encuentran dentro de la hipótesis prevista en el artículo 15 de la Ley de Amparo, es inconcuso que la misma debe desecharse, ya que no se tiene certeza sobre la autoría de la demanda ni la voluntad del promovente. Consecuentemente, al actualizarse la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto 6, ambos de la Ley de Amparo, se desecha de plano, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que cita en su escrito inicial de demanda."

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