Martha Patricia Vazquez Ramirez

Expediente 515/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
515/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/06/2022

Partes del expediente

  • Martha Patricia Vazquez Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Firme desechamiento.Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se obtiene que feneció el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa hiciera valer el recurso de queja contra el proveído de dieciséis de mayo de dos mil veintidós, que desechó la demanda de amparo promovida por ******, que dio origen a este expediente, sin que lo hubiese hecho; consecuentemente, se determina que dicha resolución causó estado.

  2. Principal

    Demanda. Con la demanda de amparo de cuenta, ****, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto que atribuye a las siguiente autoridad: Magistrado del Tribunal Unitario Agrario del Distrito 53, con sede en Celaya. Registro de expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, bajo el número 515/2022-I. Hágase su registro tanto en el libro de control de juicios de amparo, como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Consideraciones previas. Conforme a lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe examinar, ante todo, el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano, el dispositivo en consulta señala:*** A mayor abundamiento, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas ni reticencias, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio.*** Causa de improcedencia. En este asunto, se estima actualizada la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 , en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII , todos de la Ley de Amparo, y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En principio, es de recordar que el ordinal 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece el sistema para la procedencia del juicio de amparo indirecto. En ese sentido, se tiene que el amparo indirecto procede contra actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo que se actualicen dentro o fuera de juicio o después de que éste ha concluido. Además, de la porción constitucional se advierte que la procedencia del amparo indirecto contra actos dentro de juicio está expresamente condicionada a que éstos tengan una ejecución de imposible reparación, lo que se reitera en el dispositivo 107, fracción V, de la Ley de Amparo. Esto es, el precepto legal citado reitera el mandamiento contenido en el artículo 107, fracción III, inciso b), constitucional, pues establece que tratándose de actos dentro de juicio el amparo en la vía indirecta procede cuando aquéllos tengan sobre las personas o las cosas una ejecución de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Con base en estas disposiciones, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de que México sea parte, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: - La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo; y, - La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es importante tener presente que estas dos notas distintivas necesariamente deben actualizarse concomitantemente, pues de lo contrario no se estará ante un acto de imposible reparación al carecer de uno de sus elementos esenciales. Establecido lo anterior, es necesario reseñar los antecedentes del acto reclamado a fin de explicar las razones por las que se estima actualizada la causal de improcedencia descrita.*** Antecedentes del acto reclamado.*** Análisis del caso concreto. El cuadro procesal reseñado evidencia que, la negativa de valorar la prueba testimonial en audiencia que marca el artículo 185 de la Ley Agraria, consistente en la declaración testimonial; tiene solo efectos procesales y no afecta de manera alguna, derechos sustantivos reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales del que el Estado Mexicano es parte, lo que motiva la improcedencia del juicio de amparo indirecto. Lo anterior, por más que esa cuestión no pueda ser materia de análisis en la sentencia definitiva que resuelva el procedimiento del que emana tal acto reclamado, dado que por sí sola, no justifica la procedencia del juicio de amparo indirecto, pues a raíz de las últimas reformas constitucionales y a la Ley de Amparo, la jurisprudencia interna del país acotó o limitó dicha procedencia a aquellos actos que sean de imposible reparación, lo cual se actualiza cuando éstos cumplan las dos notas distintivas señaladas con antelación: afecten de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo y esa afectación no desaparezca ni aun en el supuesto de que el particular obtenga sentencia favorable a sus intereses. En la especie, no se da la primera de las notas distintivas que hace que los actos tengan una ejecución de imposible reparación, esto es, que afecte de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo, dado que la resolución reclamada constituye un acto inminentemente procesal y de posible reparación, al poder obtener el promovente de amparo, fallo favorable y, en caso contrario, gozaría de los medios de impugnación legales para controvertirlo. Por tanto, de ninguna manera se puede hablar de que el acto reclamado sea de imposible reparación, por la mera circunstancia de que, en su opinión, se contravenga con el derecho consagrado en el artículo 17 constitucionales -derecho a la tutela judicial efectiva-, pues no se traduce en automático en una situación que le afecte alguno de los derechos fundamentales tutelados por la constitución y los tratados internacionales (verbigracia, la vida, la integridad personal, la libertad en su diversas manifestaciones, la propiedad, La posesión, etcétera). Se itera, el acto reclamado tiene un efecto meramente adjetivo o procesal, pues su consecuencia vinculada con la negativa de valoración de pruebas, consistente en la declaración testimonial, se proyectará de manera concreta en el dictado de la sentencia. Asimismo, con la decisión reclamada no se transgrede el derecho de defensa del inconforme, porque el único efecto es que continúe el juicio de origen por sus cauces legales, como fue integrada la litis.*** Sin que pasen inadvertidos para esta juzgadora los argumentos hechos valer por la parte quejosa entorno a la procedencia del presente juicio; sin embargo, para que un acto sea considerado de imposible reparación cometido durante la tramitación de un juicio, pues como se ha establecido, es necesario que éste produzca una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegara a trascender al resultado del fallo. Protesta de ley. *** Motivo por el cual se estima que, hasta este momento, las narraciones vertidas en la demanda -por ser la verdad de cómo han sucedido los hechos- son suficientes para desechar la demanda en comento. Desechamiento. Consecuentemente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 en relación con los numerales 107, fracción V, 172, fracción XII, todos de la Ley de Amparo y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se desecha, por notoria e indudable improcedencia, la demanda de que se trata. No escapa a la consideración de esta juzgadora que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiada en la sentencia que resolviera el presente juicio; sin embargo, tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expedites en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la conclusión ahora formulada.** Además, la anterior determinación no lesiona el derecho de acceso a la justicia del promovente del amparo que por ello sea contrario al artículo 1 constitucional, dado que este derecho está sujeto a las condiciones necesarias y presupuestos procesales que establece la Ley de Amparo en aplicación, de ahí que las causales de improcedencia tienen una existencia justificada, la cual, debe ser analizada de oficio por esta juzgadora y, en el caso, la examinada es procedente de manera manifiesta e indudable.*** Aunado a lo anterior, la suscrita juzgadora no soslaya el hecho de que la quejosa es ejidataria y opera en su favor la suplencia de la queja en términos del artículo 79, fracción IV, inciso b) de la Ley de Amparo, sin embargo, tal figura jurídica no tiene el alcance de hacer procedente un juicio que, como se precisó en esta determinación, no lo es. Domicilio y autorizados.

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