Martha Patricia Arellano de Lara
Expediente 1248/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 4 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1248/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 24/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas · Zacatecas
Partes del expediente
- Martha Patricia Arellano de Lara
- Junta Directiva del Instituto de Seguridad Y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas
Actuaciones
- Principal
... Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. CUMPLE PREVENCIÓN. Agréguese a los autos el escrito mediante el cual se tiene a Martha Patricia Arellano de Lara, dando cumplimiento al requerimiento formulado el trece de noviembre de dos mil veintitrés, y del cual se provee lo siguiente. ADMISIÓN. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal; 1°, fracción I, 5, 35, 37, 107, 108, 112, 116 y relativos de la Ley de Amparo; se ADMITE a trámite la demanda de que se trata. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se señalan las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL ONCE DE ENERO DE DOS MIL VEINTICUATRO, para llevar a cabo la audiencia constitucional de este juicio. Cabe precisar que la asignación de dicha data, está supeditada a las cargas laborales del juzgado. Al respecto se facultan a los órganos jurisdiccionales pertenecientes al Poder Judicial de la Federación, a celebrar audiencias por el método de videoconferencias. Por lo tanto, si las partes consideran indispensable su asistencia en la audiencia constitucional, podrán solicitarlo a este Juzgado de Distrito a fin de realizar las gestiones tecnológicas necesarias para establecer el enlace correspondiente, en la inteligencia que dicha asistencia no es obligatoria, pues el numeral 124 de la Ley de Amparo, la establece como una posibilidad, no como una carga procesal. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. De conformidad con el artículo 128 de la Ley de Amparo, se ordena tramitar incidente de suspensión del acto reclamado por haberlo solicitado expresamente la parte quejosa. INFORMES JUSTIFICADOS. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, pídase los informes justificados a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir por escrito dentro del término de quince días hábiles. El cual se computará a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos la notificación de este proveído, en el entendido que en dicho informe deberán exponer las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, en la inteligencia que de no hacerlo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. Por otro lado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán presentar las promociones que a su parte corresponden, haciendo uso de los medios reconocidos por la Ley de Amparo, esto es, en forma escrita, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, o bien, por vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, en relación con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues si bien es cierto que el referido artículo 3° de la ley de la materia, reconoce los escritos en forma electrónica, los que producirán los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como la opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales; también lo es que los mismos deben presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica (FIREL) de conformidad con el conforme a lo dispuesto por el citado artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previo registro en éste. De ahí que, no será asequible tener por recibidas las promociones presentadas por su parte, vía correo electrónico. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombren las autoridades responsables y por indicados los domicilios para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridades responsables. REQUERIMIENTO POR CONSTANCIAS SOBRE LA ACTUALIZACIÓN DE CAUSAL DE IMPROCEDENCIA. Con fundamento en el artículo 64, de la ley de la materia, se requiere tanto a las autoridades señaladas como responsables, como a las demás partes, para que comuniquen de inmediato a este juzgado si durante la secuela de este juicio se actualiza alguna causa de sobreseimiento, de ser así remitan las constancias que la acrediten. FORMA DE REALIZAR LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesada en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." CUESTIÓN RELATIVA A EMPLAZAMIENTO DE TERCERO INTERESADO. Con los elementos que existen al momento, no se advierte persona a quien pudiera recaer el carácter de tercero interesado. INTERVENCIÓN AL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL. Con base en lo que establece el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que le confiere la ley corriéndole traslado con la copia de la demanda. En consecuencia, gírense instrucciones al actuario adscrito a este juzgado federal para que realice la notificación personal del presente proveído al representante adscrito a este órgano jurisdiccional. PRUEBAS OFRECIDAS POR LA PARTE QUEJOSA. Con fundamento en lo establecido por el artículo 119 de la Ley de Amparo, téngase a la parte quejosa ofreciendo como pruebas de su parte las documentales que anexa a su ocurso, mismas que dada su propia y especial naturaleza se tienen por admitidas y desahogadas, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente y valorarlas en la etapa procesal que corresponda. Notifíquese. ...
- Incidental
... Zacatecas, Zacatecas, veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN. Como está ordenado en esta fecha en el cuaderno principal, agréguense a los autos copia simple de la demanda y del escrito aclaratorio promovida por Martha Patricia Arellano de Lara contra actos de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas y otras autoridades. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se hace del conocimiento de las partes que se señalan las ONCE HORAS CON CINCUENTA MINUTOS DEL CINCO DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para que tenga verificativo la audiencia de este incidente. INFORMES PREVIOS. Con fundamento en los artículos 125, 128, 129, 136, 138, 140 y 142 de la Ley de Amparo, pídase el informe previo a las autoridades señaladas como responsables, el cual deberán rendir dentro del término de CUARENTA Y OCHO HORAS, enviándoles al efecto copia simple de la demanda de amparo, en el que expresarán si son ciertos o no los actos reclamados que se les atribuyen, las razones pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y proporcionar la información que tengan a su alcance relativa al acto reclamado, en el caso, los datos relativos al delito y sus modalidades, materia del acto reclamado, siempre que éste exista, así como los que sirvan de parámetro para fijar la garantía y alcances de la medida cautelar, en términos del numeral 168 de la Ley de Amparo, a fin de emitir una resolución adecuada respecto de la suspensión definitiva. Por otro lado, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que deberán presentar las promociones que a su parte corresponden, haciendo uso de los medios reconocidos por la Ley de Amparo, esto es, en forma escrita, conforme a lo dispuesto por el artículo 117 de la Ley de Amparo, o bien, por vía electrónica, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, vigente, en relación con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo. Lo anterior, pues si bien es cierto que el referido artículo 3° de la ley de la materia, reconoce los escritos en forma electrónica, los que producirán los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como la opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencias de los órganos jurisdiccionales; también lo es que los mismos deben presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica (FIREL) de conformidad con el conforme a lo dispuesto por el citado artículo 48 del Acuerdo General 12/2020, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, previo registro en éste. De ahí que, no será asequible tener por recibidas las promociones presentadas por su parte, vía correo electrónico. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir su informe previo o no acompañar copia debidamente autorizada de las constancias que avalen la existencia del acto reclamado y que soporten su emisión, completas, legibles, foliadas y ordenadas en forma secuencial, con fundamento en el artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, con relación al decreto por el que se declararon reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, se les impondrá multa equivalente a cien unidades de medida y actualización vigente en el país. DELEGADOS Y DOMICILIO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Con apoyo en los numerales 9, párrafo primero y 28, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, ténganse por delegados a las personas que, en su caso, nombre las autoridades responsables y por indicado el domicilio para oír y recibir notificaciones que señalen. Sin que haya lugar a tener como autorizados para consultar expedientes y recibir documentos a las personas que mencionen las responsables, toda vez que esa facultad está reservada para la parte quejosa y los terceros interesados; lo anterior, con excepción de los particulares señalados como autoridad responsable. CONSIDERACIONES RESPECTO DE LAS NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29, 30 y 31, del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero interesada en el presente juicio de amparo indirecto, el incidente de suspensión o de los recursos que llegaren a interponerse, entre ellas, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir, deben notificarse por lista; salvo aquellas que se estime que deban efectuarse en forma personal, las cuales se les notificarán por medio de oficio, con inserción completa del texto de los autos o resoluciones. Apoya lo anterior, la siguiente jurisprudencia. "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS. Acorde con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en principio, las notificaciones a las autoridades responsables y a las que tengan el carácter de tercero perjudicados en los juicios de amparo indirecto deben realizarse por medio de oficio entregado en el domicilio de su oficina principal, ya que la facultad que otorga al juzgador el artículo 30, párrafo primero, de la citada ley, relativa a que la autoridad que conozca del juicio de amparo, del incidente de suspensión o de los recursos correspondientes podrá ordenar que se haga personalmente determinada notificación a cualquiera de las partes, es una atribución que no comprende a las autoridades responsables, sino solamente al quejoso o tercero perjudicado, cuando éste no sea una autoridad. Esto es, el precepto legal primeramente citado debe interpretarse conjuntamente con los demás numerales que conforman el sistema que comprende el capítulo de las notificaciones en la ley, concretamente los artículos 29, 30 y 31, los cuales prevén un universo de acuerdos de trámite de menor trascendencia que por exclusión deben notificarse por lista a las partes, entre ellas la autoridad, ya sea como responsable o como tercero perjudicado. Por tanto el juzgador, para determinar la forma en que ordenará su notificación en el juicio de amparo indirecto, competencia de los Juzgados de Distrito, debe atender a la trascendencia que tenga el auto o resolución que pretenda notificar." ASPECTO RELATIVO A LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. La parte quejosa reclama lo siguiente: Autoridades responsables: La Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas El Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas Dirección de Prestaciones Económicas del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas. Legislatura del Estado de Zacatecas. Secretario General de Gobierno del Estado de Zacatecas. Titular del Periódico Oficial Órgano del Gobierno del Estado de Zacatecas. Gobernador del Estado de Zacatecas. Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Actos reclamados: "La omisión y/o prolongación indefinida del pago del aguinaldo correspondiente a los años de dos mil veintiuno y dos mil veintidós, previsto en el artículo 1, fracción X, 74 y 75 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, consistente en sesenta días del monto de la pensión, pagaderos en dos parcialidades, la primera de ellas equivalente a cuarenta días de pensión, que se debió pagar antes del veinte de diciembre de dos mil veintiuno y la segunda equivalente a veinte días de pensión, que se debió pagar a más tardar el quince de enero de dos mil veintidós; en cuanto al aguinaldo dos mil veintidós La cancelación de la deducción del seis por ciento (6%) del monto de mi pensión de viudez, en virtud de que se trata de un descuento inconstitucional, pues así se determinó en múltiples ejecutorias, ya que mi esposo JOSE JUAN BOTELLO JIMÉNEZ, cuando fue trabajador en activo, cubrió su porcentaje del salario para el pago de todas y cada una de las prestaciones que derivan de la Ley del ISSSTE, por lo que la suscrita no estoy obligada al pago de la CUOTA ISSSTEZAC. La omisión y prolongación indefinida del pago de mi pensión de viudez a partir de la fecha del fallecimiento de mi esposo JOSE JUAN BOTELLO JIMÉNEZ, trece de noviembre de dos mil veinte, tal y como lo establecen los artículos 66, 67, 68 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, así como el incremento según lo dispone el artículo 41 de la Ley del ISSSTEZAC, atendiendo al Índice Nacional de Precios al Consumidor. a) DE LA LEGISLATURA DEL ESTADO DE ZACATECAS, se reclama la discusión, la aprobación y la expedición del decreto número 329, que contiene la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en particular el artículo 26, segundo párrafo, y el artículo décimo cuarto transitorio, segundo párrafo, publicado en el suplemento al número 23, del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Zacatecas, el veintiuno de marzo de dos mil quince. b) DEL SECRETARIO GENERAL DE GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, se reclama el refrendo y la publicación del decreto número 329, que contiene la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en particular el artículo 26, segundo párrafo, y el articulo décimo cuarto transitorio, segundo párrafo, publicado en el suplemento al número 23, del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Zacatecas, el veintiuno de marzo de dos mil quince. c) DEL TITULAR DEL PERIÓDICO OFICIAL ÓRGANO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE ZACATECAS, se reclama la publicación del decreto número 329, que contiene la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en particular el artículo 26, segundo párrafo, y el artículo décimo cuarto transitorio, segundo párrafo, publicado en el suplemento al número 23, del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Zacatecas, el veintiuno de marzo de dos mil quince DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE ZACATECAS, se reclama la promulgación y la publicación del decreto número 329, que contiene la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas, en particular el artículo 26, segundo párrafo, y el articulo décimo cuarto transitorio, segundo párrafo, publicado en el suplemento al número 23, del Periódico Oficial, Órgano del Gobierno Constitucional del Estado de Zacatecas, el veintiuno de marzo de dos mil quince e) DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, se reclama la ejecución de la LEY DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO DE ZACATECAS, en particular el artículo 26, segundo párrafo, y el artículo décimo cuarto transitorio, segundo párrafo, en virtud de considerarlo inconstitucional; concretamente se reclama la aplicación de dicho numeral que ha tenido como consecuencia que se me descuente, mes tras mes una cuota equivalente al seis por ciento sobre el monto de mi pensión de viudez bajo el concepto "CUOTA ISSSTEZAC"; por lo que también se señalan como actos reclamados todos y cada uno de los descuentos realizados a mi pensión por el concepto de "CUOTA ISSSTEZAC", desde el dieciséis de marzo de dos mil veintitrés a la fecha y los que se sigan aplicando en mi perjuicio.". La parte quejosa solicita la suspensión del acto reclamado para el efecto: ".para el efecto de que las autoridades responsables procedan a pagarme el aguinaldo de dos mil veintiuno, considerando que la pensión de viudez comprende el pago de sus accesorios, entre ellos el aguinaldo, al formar parte éste de aquélla, además de que la suscrita tengo ya el derecho a la pensión por viudez como un derecho adquirido, a fin de que la suscrita cuente con los recursos económicos necesarios para mi manutención, sobrevivencia, subsistencia, advirtiendo este juzgado del peligro en la demora y la apariencia del derecho humano que tengo a la seguridad social, así como la situación de vulnerabilidad dada mi condición de viuda. .solicito la suspensión provisional y la definitiva de los actos reclamados consistentes en la aplicación del descuento bajo la denominación de CUOTA ISSTEZAC que se realiza mes con mes a mi pensión de viudez" PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. La parte quejosa señaló que tiene el carácter de jubilada por parte del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas y que se le debió efectuar el pago correspondiente del aguinaldo que le corresponde; no obstante, al día de la presentación de la demanda, no se ha realizado el mismo. En torno a la medida cautelar solicitada debe indicarse que este órgano jurisdiccional se encuentra legalmente facultado para pronunciarse respecto a los efectos de la suspensión solicitada, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, lo anterior, para conservar la materia del juicio de amparo, y no necesariamente proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, incluso si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Al respecto, sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia del rubro y textos siguientes: "SUSPENSIÓN. EL JUZGADOR PUEDE CONCEDERLA PARA EFECTOS Y CONSECUENCIAS DISTINTAS DE LAS PROPUESTAS POR EL QUEJOSO, PERO NO POR ACTOS NO RECLAMADOS EN LA DEMANDA. De los artículos 124, último párrafo, de la Ley de Amparo abrogada y 147, primer párrafo, de la vigente, se advierte que en los casos en que la suspensión sea procedente, el órgano jurisdiccional deberá fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomará las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, lo cual significa que el juzgador está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, sin importar que para ello se aparte de los efectos propuestos por el quejoso en su escrito inicial, ya sea para maximizarlos o ajustarlos a las necesidades del caso concreto, pues se trata de conservar la materia del juicio de amparo y no de limitarse mecánicamente a proveer la suspensión en los términos estrictos planteados por el quejoso, sobre todo en los casos en que sea evidente que si se atendiera en forma puntual a su solicitud, no se lograría el objetivo integral de la suspensión. Ahora bien, la atribución depositada en el órgano de amparo para modular fundada y motivadamente las implicaciones futuras del otorgamiento de la suspensión no llega al extremo de poder ordenar la paralización de actos no reclamados en la demanda, porque si no se cuestionó su constitucionalidad, es obvio que no constituyen la materia del juicio, la cual debe mantenerse intacta, a fin de preservar los bienes o derechos cuya tutela se demande en el juicio de amparo" En ese sentido, en atención a la petición de la parte quejosa, SE CONCEDE la suspensión provisional solicitada; para el efecto de que se continúen pagando la totalidad de las prestaciones que le corresponden con motivo de la pensión de la cual aduce ser beneficiario, puesto que con dicha medida cautelar no se contravienen disposiciones de orden público ni se lesiona el interés social, y por el contrario, existe un peligro en la demora pues, de negarse resentiría un daño económico que afectaría su subsistencia y por consiguiente la de su núcleo familiar; lo anterior, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables sobre la suspensión definitiva dictada en incidente en que se actúa. Orienta a lo anterior, por analogía la Tesis IV.1o.C.7 C (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 57, Agosto de 2018, Tomo III, página 3079, registro digital 2017591, de rubro y texto: "SUSPENSIÓN DEFINITIVA EN EL AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONCEDERLA CON EFECTOS RESTITUTORIOS CONTRA LA ORDEN DE EMBARGO DE UNA PENSIÓN JUBILATORIA A UN ADULTO MAYOR EN CONDICIONES DE VULNERABILIDAD, CON BASE EN LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. Conforme a los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 138 de la Ley de Amparo, el juzgador, atento a la naturaleza del acto reclamado, tiene la obligación de ponderar la apariencia del buen derecho que con la concesión de la medida cautelar puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis, determine si es o no factible conceder la suspensión, determinando hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto. Ahora bien, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con el artículo 10 de la Ley del Seguro Social, las prestaciones que corresponden a los asegurados y a sus beneficiarios son inembargables; que en los juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de esas pretensiones y que, asimismo, si se trata de un adulto mayor que se encuentre en condiciones de vulnerabilidad, esto representa una desventaja frente al resto de la población, por lo cual, las autoridades judiciales deben procurar su mayor beneficio posible. En consecuencia, si quien promueve la demanda de amparo indirecto reúne todas estas características, es decir, se trata de un adulto mayor en condiciones de vulnerabilidad, que no cuenta con otro ingreso más que el de su pensión jubilatoria y reclama el embargo de la cuenta bancaria donde se realiza el depósito inherente a dicho concepto, supuestos frente a los cuales solicita la suspensión del acto reclamado, afirmando que requiere de la cantidad embargada para cubrir las necesidades básicas de su familia; entonces, el juzgador de amparo debe conceder la suspensión definitiva con efectos restitutorios contra la orden de embargo de la pensión jubilatoria del adulto mayor vulnerable, para que ésta se deje sin efectos con base en un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho, haciendo un cálculo de posibilidades acerca de la existencia del derecho del quejoso que se encuentra en esa situación especial, de modo que, sin prejuzgar sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los actos reclamados, debe partir de la base de que existe peligro en la demora pues, de negarse la medida, resentiría un daño económico que afectaría su subsistencia y la de su núcleo familiar. En la inteligencia de que con esta postura no se contraviene el interés social sino, al contrario, de no concederse la medida, se infringiría la norma de la legislación de seguridad social que establece que son inembargables las pensiones de los trabajadores." Sin que en el caso sea factible exigir garantía alguna para que surta efectos la medida cautelar concedida a la parte quejosa, toda vez que en la especie no existe interés alguno que garantizar, ni tampoco tercero interesado que pudiera resultar afectado en términos del precepto 132 de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que esta medida cautelar tiene vigencia únicamente si la parte quejosa efectivamente es beneficiario de una pensión por jubilación; de igual forma, no surtirá efecto legal alguno, si las autoridades responsables actúan dentro del juicio de origen del que deriva el acto reclamado, en cumplimiento a alguna ejecutoria de amparo dictada por diverso órgano de control constitucional, aunque se trate de un acto nuevo y distinto para la parte quejosa, ya que hay interés público en que no se entorpezca el cumplimiento de las ejecutorias de amparo, que tienden a restablecer el orden constitucional violado (artículo 128, fracción II, de la Ley de Amparo); pues, la majestad de las sentencias constitucionales hace que resulte un peligro menor la negativa de la suspensión contra un acto que, según todas las apariencias y elementos del incidente, tiende a respetar una ejecutoria de amparo. SE NIEGA SUSPENSIÓN. Por otra parte, en relación a la aplicación del descuento bajo la denominación de CUOTA ISSSTEZAC, se niega la suspensión provisional solicitada por la parte quejosa; ello, en razón de que de concederse la suspensión provisional para el efecto que se solicita, se analizarían cuestiones que deben ser materia de estudio en la sentencia que recaiga al expediente principal, puesto que habrá de analizarse a fondo la constitucionalidad o inconstitucionalidad del decreto 329, y esas circunstancias no son factibles analizarlas en el incidente de suspensión, ya que son relativas al fondo del asunto que se decidirá en la sentencia definitiva del juicio constitucional. Lo anterior es así, ya que aun cuando en el incidente de suspensión es dable realizar un asomo sobre cuestiones que ha de versar la sentencia que se dicte en cuanto al fondo en el juicio de amparo; en este momento no es viable realizar un estudio profundo sobre la constitucionalidad o no del acto que se reclama, pues en su momento ese examen comprenderá todos los elementos aportados a dicho juicio, para concluir si, en efecto, el acto reclamado afecta derechos de la parte quejosa e implica alguna violación a sus derechos fundamentales, y esa amplitud de estudio no es necesaria, tratándose del incidente de suspensión. Por ende, resulta inconcuso que en estos momentos no es factible analizar la negativa reclamada, porque constituyen materia del fondo del asunto, y no es dable tampoco un examen preliminar, porque tal examen no es somero, sino que para llegar a determinarlo, ha menester realizar un análisis más profundo que definitivamente corresponden a la sentencia que se dicte en el juicio principal del que deriva el presente incidente. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A HACER USO DEL JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en la fracción II, in fine, del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se hace del conocimiento que, acorde a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando así lo considere este órgano jurisdiccional en atención a la dinámica de trabajo, el expediente físico contendrá únicamente las promociones recibidas en forma física y las constancias de notificación que se generen de la misma manera; esto es, las constancias y documentos presentados electrónicamente, así como las actuaciones y resoluciones firmadas electrónicamente, no serán integradas al expediente físico. CONSULTA DEL EXPEDIENTE. En la misma línea, se informa que las partes autorizadas para ello, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia de que quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a este órgano, para consultar el expediente electrónico en los equipos que, en su caso, sean dispuestos para tal efecto; esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 41 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. SE FACULTA AL ACTUARIO TESTAR DENOMINACIÓN INCORRECTAS DE AUTORIDADES. En caso de que, al momento de la notificación a las autoridades responsables, el actuario sea informado que la denominación es incorrecta y que por esa razón se rehúsen a recibir el oficio, se faculta al notificador para que, en el acto, teste la denominación incorrecta y de puño y letra consigne el nombre de la autoridad que le sea proporcionado, a fin de que el oficio sea recibido; realizará lo mismo con el acuse de recibo el cual hará las veces de certificación. En la inteligencia de que las autoridades quedan obligadas a su recepción. REMISIÓN DE OFICIOS. Finalmente, se instruye al secretario o secretaria y al oficial del trámite respectivo, para que se efectúe y corrobore la remisión inmediata de los oficios correspondientes. En la inteligencia que la responsabilidad del envío efectivo de los mismos recae en el actuario judicial de la adscripción, que corresponda. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese. ...
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... Zacatecas, Zacatecas, trece de noviembre de dos mil veintitrés. RECEPCIÓN Y DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Martha Patricia Arellano de Lara, contra actos de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas y otras autoridades. EXPEDIENTE Y REGISTRO. Fórmense los expedientes impreso y electrónico respectivos bajo el número 1248/2023, que por su orden progresivo le corresponde, anótese su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado, asimismo, procédase a la digitalización de las constancias atinentes para la integración del expediente electrónico en el sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, en el entendido de que aquellas que por su voluminosidad, protección a la integridad del documento o protección a datos personales no puedan ni deban digitalizarse, quedan a disposición de las partes en el expediente impreso en la secretaría de este Juzgado. En la inteligencia de que el expediente electrónico está a disposición de las partes, conforme al artículo 12, del Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, publicado en el Diario Oficial de la Federación el ocho de julio de dos mil trece, y en vigor al día siguiente según su artículo primero transitorio. Y, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye al Secretario respectivo para que dé fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. PREVENCIÓN. El artículo 108, fracciones III y IV de la Ley de Amparo, son del contenido siguiente: "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame; (.)". A su vez, el precepto 114, fracción IV de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 114. El órgano jurisdiccional mandará requerir al promovente que aclare la demanda, señalando con precisión en el auto relativo las deficiencias, irregularidades u omisiones que deban corregirse, cuando: [ . ] IV. No se hubiere expresado con precisión el acto reclamado; y (.)" En el caso, del escrito de demanda se advierte que la parte quejosa reclama la deducción del seis por ciento del monto de su pensión por viudez, argumentando que es inconstitucional, sin embargo, es omisa en establecer los preceptos jurídicos que dice van en contra de la Constitución Federal. REQUERIMIENTO. En consecuencia, con apoyo en los preceptos legales invocados, se determina requerir a la parte promovente para que dentro del término de CINCO días contado a partir de la legal notificación de este proveído, bajo protesta de decir verdad, cumpla con lo siguiente: Precise si es su deseo señalar como acto reclamado la inconstitucionalidad de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; en específico, los preceptos que regulan lo relacionado con las cuotas, indicando a qué autoridades se lo reclama, dando cumplimiento a lo establecido en el artículo 108 de la Ley de Amparo. En caso afirmativo, deberá acompañar copias de su escrito aclaratorio, y en caso de señalar nuevas autoridades, acompañe copias de la demanda de amparo para cada una de las nuevas mencionadas. Además, se hace del conocimiento de la quejosa que es ella quien debe de dar cumplimiento a la prevención formulada en razón de que ésta debe ser cumplida por la propia promovente del amparo, ya que es él quien, bajo protesta de decir verdad, debe manifestar los hechos y abstenciones que constituyen los antecedentes del acto reclamo o sirven de fundamento a los conceptos de violación, pues constituye un acto personalísimo que solo puede realizar quien promovió el juicio. Sirve de apoyo a lo anterior, las tesis del rubro y contenido siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA. El artículo 108, fracción V, de la Ley de Amparo establece que la demanda deberá formularse por escrito, en la que bajo protesta de decir verdad exprese cuáles son los hechos o las abstenciones que constituyan los antecedentes del acto reclamado, o que sirvan de fundamento a los conceptos de violación, lo que implica que la satisfacción de este requisito formal debe realizarse forzosamente por quien promueve la demanda. Lo anterior es así, en virtud de que la acción de amparo constituye un derecho subjetivo procesal para promover y mantener un juicio ante un órgano jurisdiccional, el cual se rige por el principio de instancia de parte agraviada, pues es el titular de la acción en quien recae el perjuicio que ocasiona el acto reclamado y le constan los hechos ocurridos y narrados; además, estos elementos generan certeza en el juzgador para desplegar todas sus facultades relativas al juicio de amparo indirecto. Consecuentemente, el autorizado en los términos amplios a que se refiere el artículo 12 de la citada ley, no está facultado para desahogar la prevención relativa a que se manifieste un antecedente "bajo protesta de decir verdad" que se omitió en la presentación de la demanda, pues al constituir un acto de carácter personalísimo que sólo puede realizar quien la promovió, no puede quedar comprendido dentro de los necesarios para la "defensa de los derechos del autorizante", ya que ello se traduciría en que el autorizado hiciera suyos hechos que no le constan y que ocurrieron con anterioridad a dicha presentación; además de que los derechos y las obligaciones procesales que conlleva su autorización no pueden equipararse a un mandato judicial y sus facultades procesales se otorgan a partir de esa presentación y no antes.". APERCIBIMIENTO. Se apercibe a la parte quejosa que de no dar cumplimiento al requerimiento dentro del plazo concedido, se tendrá únicamente como acto reclamado el inicialmente planteado en la demanda de amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Se tiene como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ******************** toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Además se tiene como domicilio procesal el indicado en la demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio; lo anterior, atendiendo a las cargas de trabajo que soporta este juzgado. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. Se hace del conocimiento de las partes que se les permite la reproducción por medios tecnológicos del presente sumario de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en la que se autoriza a las partes y sus autorizados para oír y recibir toda clase de notificaciones, el uso de aparatos como lo son cámaras, grabadoras o lectores ópticos para imponerse de los acuerdos que se dictan en los Juzgados; con excepción de las constancias que tengan el carácter de reservada o confidencial. EXHORTACIÓN A LAS PARTES A HACER USO DEL JUICIO EN LÍNEA. Con fundamento en la fracción II, in fine, del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea), para presentar futuras promociones, acceder al expediente electrónico y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales emitidas en el presente juicio; lo anterior previa solicitud de autorización que se trate. INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE. Se hace del conocimiento que, acorde a lo dispuesto por el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, cuando así lo considere este órgano jurisdiccional en atención a la dinámica de trabajo, el expediente físico contendrá únicamente las promociones recibidas en forma física y las constancias de notificación que se generen de la misma manera; esto es, las constancias y documentos presentados electrónicamente, así como las actuaciones y resoluciones firmadas electrónicamente, no serán integradas al expediente físico. CONSULTA DEL EXPEDIENTE. En la misma línea, se informa que las partes autorizadas para ello, podrán consultar su expediente desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; en la inteligencia de que quienes no tengan habilitada esta modalidad, podrán acudir físicamente a este órgano, para consultar el expediente electrónico en los equipos que, en su caso, sean dispuestos para tal efecto; esto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 263 fracción IV del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, y 41 Bis del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a los artículos 1, 9, 68 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníquese a las partes que al hacerse pública la sentencia que se dicte en el presente asunto, se testará la información que de conformidad con los artículos 110 y 113 de la ley en cita sea considerada como reservada o confidencial. Notifíquese personalmente.
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Agréguese a los autos para que obre como corresponda la promoción de cuenta con folio 18273 remitida por el Coordinador General Jurídico, representante legal del Gobernador del Estado de Zacatecas, mediante la cual informa que requirió a las autoridades responsables, para que den cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de derechos. En la inteligencia que una vez fenezca el término que el mismo le otorgó a las autoridades responsables y en caso de no haber cumplido, deberá hacer efectivo el apercibimiento que efectúa a las mismas; en el entendido de que no hacerlo, se hará acreedor a la multa con la que se le apercibió en autos. Por otra parte, glósese al sumario la diversa promoción de cuenta signada por el Secretario de Economía del Gobierno del Estado de Zacatecas, en su carácter de Integrante de la Junta Directiva del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Zacatecas; mediante la cual informa gestiones para dar cumplimiento a la sentencia dictada en autos, así como el requerimiento formulado al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del estado de Zacatecas, para que dé cumplimiento a la resolución dictada en el presente juicio de derechos. Atento a su contenido, se reserva acordar lo conducente hasta en tanto la totalidad de las autoridades den cumplimiento total al fallo protector de amparo. Notifíquese. ....
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