Martha Olivia Sánchez Guerra

Expediente 469/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas. 15 actuaciones registradas, la última del 7 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
469/2019
Año
2019
Actuaciones
15
Última actuación
07/11/2019

Partes del expediente

  • Martha Olivia Sánchez Guerra

Actuaciones

Las 4 más recientes de 15.

  1. Principal

    En siete de noviembre de dos mil diecinueve, Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado certifico que: Tras una revisión del expediente en que se actúa, se advierte que no existe documento con las características que prevé la fracción XVIII del Segundo Punto del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. El término de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo para que la quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada en autos, transcurrió del veintiuno de octubre al cuatro de noviembre del año en curso, sin que lo haya hecho. Dentro de dicho juicio sí se tramitó incidente de suspensión en el que se concedió la suspensión provisional y la definitiva y no se exhibió billete de depósito. No existen constancias por devolver a las autoridades responsables. Lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta con la certificación que antecede y con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, siete de noviembre de dos mil diecinueve. Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede de los que se advierte que la quejosa no interpuso recurso de revisión contra la sentencia dictada en este juicio el diecisiete de octubre de dos mil diecinueve, en la que se decretó el sobreseimiento del juicio de amparo; en consecuencia, con apoyo en lo previsto por el numeral 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En mérito de lo anterior, hágase esta circunstancia del conocimiento de las partes, y con fundamento en el ordinal 214 de la ley de la materia, se ordena el archivo de este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno. Consecuentemente, con fundamento en el punto vigésimo primero, fracción II, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, este expediente es destruible, en razón de que se decretó el sobreseimiento en el presente juicio. Por otra parte, de conformidad con lo previsto en el punto vigésimo primero, fracción III, del citado Acuerdo General y en el Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es depurable el cuaderno original del incidente de suspensión, en razón de que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, por tanto, guárdese por separado; en cuanto al duplicado del incidente, en su oportunidad llévese a cabo su destrucción, conforme al punto vigésimo, fracción III del aludido acuerdo. Asimismo, dese el trámite correspondiente establecido en el punto décimo primero del Acuerdo en mención. Finalmente, agréguese copia autorizada del presente proveído a los cuadernos incidentales. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el Estado, que actúa con Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Cecy*

  2. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. En la ciudad de Zacatecas, Zacatecas, a las DIEZ HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL DIECISEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECINUEVE, hora y fecha señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 469/2019, a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, se encuentra en audiencia pública el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, asistido de Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza y da fe; sin contar con la asistencia de las partes. Abierta la audiencia, el secretario da lectura a la demanda de amparo, a los informes justificados de las autoridades responsables y a las constancias aportadas por dichas autoridades al rendir sus informes de derecho; además se da cuenta con el alegato 1039/2019, signado por la agente del Ministerio Publico de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, con número de registro 15035 (fojas 108 a 109). A lo anterior, el Juez de Distrito provee: Téngase hecha la relación de constancias para los efectos legales conducentes; en otro aspecto, se ordena agregar a los autos para que obre como corresponda el alegato 1039/2019, suscrito por la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este órgano jurisdiccional, y como lo solicita, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del artículo 2° de esta última, en su oportunidad expídasele copia simple de las constancias que indica, previa constancia que de su recibo se deje en autos, y respecto de los alegatos que hace valer dese cuenta en su momento procesal oportuno. En el periodo de pruebas, el secretario da cuenta con las constancias aportadas por la quejosa como anexos a su demanda; así como con las probanzas ofrecidas por las autoridades responsables al rendir sus informes justificados consistentes en la confesional expresa a cargo de la parte quejosa consistente en las manifestaciones plasmadas en su demanda de amparo, las documentales que adjuntan a sus informes, la presuncional legal y humana y la instrumental de actuaciones. A lo que el Juez de Distrito acuerda: Con apoyo en el artículo 119 de la Ley de Amparo, ténganse admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las probanzas referidas, las cuales serán tomadas en consideración al momento de resolver el presente juicio de amparo. En el periodo de alegatos: se hace constar que la agente del Ministerio Público Federal adscrita a este juzgado de Distrito formuló los alegatos que en derecho estimó procedentes (fojas 108 a 109); asimismo se da cuenta que las diversas partes no formularon alegatos, por lo que, se tienen por recibidas las manifestaciones de mérito, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar, y sin más alegatos que relacionar se cierra dicho periodo. Al no existir más pruebas, ni alegatos que proveer, se declaran vistos los autos para dictar la siguiente resolución: VISTOS, para resolver los autos del juicio de amparo 469/2019; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el once de junio de dos mil diecinueve, ante la Oficialía de Partes de los Juzgados de Distrito en el Estado de Zacatecas, con residencia en la ciudad de mismo nombre, Martha Olivia Sánchez Guerra, por propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra de las autoridades y por los actos que más adelante se precisarán. La parte quejosa estimó vulnerados en su perjuicio, las garantías y derechos humanos consagrados en los artículos 1°, 14, 16 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; asimismo, narró en la demanda, los antecedentes de los actos reclamados. SEGUNDO. La demanda de amparo de que se trata fue turnada a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, siendo que por auto de doce de junio de dos mil diecinueve, se registró y admitió a trámite; al respecto, se solicitaron los informes justificados a las autoridades responsables, se dio la intervención que legalmente le compete al agente del Ministerio Público, se señaló fecha y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional, la cual inició en los términos asentados en párrafos precedentes, y concluye con el dictado de esta resolución. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas resulta competente para resolver este juicio, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, 52, fracción V, 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana, al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, porque los actos reclamados le son atribuidos a autoridades cuya residencia se ubica en el territorio en el que este juzgado ejerce funciones de control constitucional. SEGUNDO. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, resulta necesario precisar los actos reclamados, para lo cual es de utilidad efectuar un análisis conjunto de la demanda y de las constancias que obran agregadas al juicio de garantías, por ser un todo considerado, en términos de la jurisprudencia por reiteración de tesis P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y dos del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de dos mil, con registro 192097, cuyo rubro señala: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." En esas condiciones, de un análisis acucioso al libelo de derechos, en correlación con las constancias que obran en el sumario de amparo, se advierte que los actos reclamados a las autoridades responsables Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, así como Directora de Capital Humano y Jefe del Departamento de Nomina, ambos de la citada secretaría, se hace consistir en los siguientes: Los descuentos al salario que percibe Martha Olivia Sánchez Guerra, aquí quejosa, como empleada de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas, desde la segunda quincena de abril de dos mil dieciocho a la fecha, ordenados por la Juez Segundo Mercantil de la Capital, con motivo del embargo precautorio decretado mediante oficio 488 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 696/2015. TERCERO. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables. Esto en razón a que de las manifestaciones plasmadas al rendir sus informes justificados, se advierte la intervención que tuvieron en los actos tildados de inconstitucionales por la parte quejosa, al referir de manera coincidente: "Primero.- No es cierto el acto reclamado, ya que ésta Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas, a través de la Dirección de Capital Humano, recepcionó el oficio 488 de fecha 14 de marzo del 2018, el cual fue recaído dentro del juicio mercantil número 696/2015, promovido en contra de la C. Martha Olivia Sánchez Guerra, donde se hace del conocimiento de mi representada, el embargo precautorio del treinta por ciento (30%) del excedente del monto de un salario mínimo (.) Tercero.- Se procedió a dar cabal cumplimiento a la solicitud de la Juez de lo Mercantil aplicándole el descuento 30% para pagar el porcentaje ordenado en el embargo precautorio (.)"; manifestaciones que de manera específica se localizan a fojas 13 a 14, 34 a 35 y 58 a 59 de autos. Lo cual a su vez se robustece con la documental consistente en la copia certificada del oficio 488 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dirigido al Jefe de Departamento de Pagos de la Secretaria de Educación en esta entidad, que contiene la orden de embargo precautorio al salario que percibe Martha Olivia Sánchez Guerra, aquí quejosa, como empleada de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas, emitido por la Juez Segundo Mercantil de la Capital dentro del expediente 696/2015, en cuyo calce obra sello de recibido por parte de la Dirección de Capital Humano de la supracitada secretaría (foja 32). Lo que además se engarza con la copia certificada de la solicitud de pago o modificación de pensión alimenticia de veintitrés de marzo de dos mil dieciocho autorizada por la Directora de Capital Humano de la Secretaria de Educación en esta entidad, en la que se asentó en el apartado de "OBSERVACIONES" lo siguiente: solicita se descuente el 30% del excedente del salario mínimo con excepción del bono de despensa, por concepto de embargo precautorio como garantía del pago del adeudo hasta completarse la cantidad de $92,638.72 (noventa y dos mil seiscientos treinta y ocho pesos 72/100); en tanto que en el rubro "No. DE OFICIO, JUZGADO y EXPEDIENTE" se precisó: 488 Juzgado Segundo Mercantil del Distrito Judicial de Zacatecas, Zac, 14 de marzo de 2018". (Foja 73). Documentales públicas con valor probatorio pleno al haber sido expedidas por funcionarios en ejercicio de sus funciones. Es aplicable a lo anterior, la tesis de jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". CUARTO. Procedencia del juicio. Por ser de estudio preferente, este Juzgado de Distrito examinará de oficio la procedencia del juicio constitucional, lo anterior, conforme a lo previsto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, que instituye que las causales de improcedencia previstas en el diverso precepto 61 podrán analizarse aun de oficio y, de actualizarse alguna de ellas, se sobreseerá en el juicio. Bajo esa tesitura, de un estudio realizado a las constancias obrantes en el sumario de amparo, se considera que en relación a los actos reclamados consistentes en los descuentos al salario que percibe Martha Olivia Sánchez Guerra, aquí quejosa, como empleada de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas, desde la segunda quincena de abril de dos mil dieciocho a la fecha, ordenados por la Juez Segundo Mercantil de la Capital, con motivo del embargo precautorio decretado mediante oficio 488 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 696/2015, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el 5°, ambos preceptos de la Ley de Amparo. Dichos preceptos respectivamente disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: (.) II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas". De conformidad con lo dispuesto por el artículo 5° de la Ley de Amparo, es autoridad responsable la que, entre otros supuestos, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria. Ahora, de las constancias que las autoridades responsables Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, así como Directora de Capital Humano y Jefe del Departamento de Nomina, ambos de la citada secretaría remitieron en apoyo a su informe justificado y en la secuela procesal, se advierte que los descuentos al salario que percibe Martha Olivia Sánchez Guerra, aquí quejosa, como empleada de la Secretaría de Educación Pública del Estado de Zacatecas, desde la segunda quincena de abril de dos mil dieciocho a la fecha, fueron ordenados con motivo del embargo precautorio decretado por la Juez Segundo Mercantil de la Capital, mediante oficio 488 de catorce de marzo de dos mil dieciocho, dictado dentro del expediente 696/2015; sin embargo esta última autoridad no fue señalada como responsable por la quejosa, y por ende, no fue llamada a juicio. Cabe precisar en forma destacada que mediante auto de ocho de julio de dos mil diecinueve (fojas 64 a 65), notificado a la quejosa de manera personal por conducto de su autorizado Alfonso Gurrola Pérez en nueve de ese mes y año (tal como se aprecia de la razón actuarial obrante a foja 67), se requirió a la peticionaria del amparo para que manifestara si era su deseo señalar a la Juez Segundo del Ramo Mercantil, con sede en esta ciudad, como autoridad responsable, y en su caso señalara que acto le atribuía, apercibido que de no hacerlo se tendría como actos y autoridades responsables únicamente a las que señaló en su demanda; siendo que mediante proveído de catorce de agosto pasado, se hizo efectivo el apercibimiento descrito en líneas previas (foja 94). Circunstancias que conllevan a aseverar que no es jurídicamente posible examinar la legalidad del acto reclamado porque quien lo emitió no fue designada como autoridad responsable, y por ende, no estuvo en condiciones de defender la constitucionalidad de su actuar en la presente instancia. Sirve de apoyo a lo considerado la tesis con registro 265198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 17, del Tomo CXXVII, del Semanario Judicial de la Federación, Sexta Época, bajo el rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD RESPONSABLE NO LLAMADA A JUICIO. NO PROCEDE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE SUS ACTOS. Los Jueces de Distrito no están obligados a examinar la constitucionalidad del acto de una autoridad que no fue llamada a juicio, máxime si la parte quejosa estuvo en posibilidad de ampliar su demanda de amparo al conocer por el informe justificado, rendido con anterioridad a la fecha de celebración de la audiencia constitucional, que el acto reclamado provenía de otra autoridad". Y la diversa tesis con registro 224945, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página 468, Tomo VI, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1990, del Semanario Judicial de la Federación, Tribunales Colegiados de Circuito, Materia Común, Octava Época, cuyo rubro y texto refiere: "AUTORIDADES RESPONSABLES. OMISIÓN DE SU SEÑALAMIENTO. IMPOSIBILIDAD DE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no fue llamada a juicio y, por ende, no fue oída en el mismo". En consecuencia, ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el 5°, ambos del mismo ordenamiento legal, con fundamento en el precepto 63, fracción V, del ordenamiento en cita, lo que procede es decretar el sobreseimiento en el presente juicio de garantías. Cabe señalar que atento al resultado arribado, resulta innecesario realizar el análisis de diversa causal de improcedencia, que en su caso se actualizara en relación a los actos reclamados, en virtud de que su estudio no cambiaría el sentido de lo resuelto previamente. Robustece lo anterior, la tesis con registro 216878, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XI, Marzo de 1993, con el rubro y contenido siguientes: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SU ESTUDIO ES INNECESARIO, ASI COMO DE LOS DEMAS AGRAVIOS. Al estimarse que en el juicio de garantías se surte una causal de improcedencia y que debe sobreseerse en el mismo con apoyo en los artículos relativos de la Ley de Amparo, resulta innecesario el estudio de las demás que se aleguen en el caso y de los restantes agravios, porque no cambiaría el sentido de la resolución." No es óbice a lo anterior que sí hayan sido llamadas a juicio las autoridades responsables ejecutoras Secretaria de Educación del Estado de Zacatecas, así como Directora de Capital Humano y Jefe del Departamento de Nomina, ambos de la citada secretaría, pues la amparista no reclamó la ejecución de los actos reclamados por vicios propios, sino que la inconstitucionalidad de estos se hicieron depender de los actos ordenados por la Juez Segundo Mercantil de la Capital a que ya se ha hecho referencia; de ahí que el sobreseimiento decretado deba hacerse extensivo a los actos atribuidos a las responsables señaladas en líneas previas. Finalmente, al decretar el sobreseimiento en el juicio, existe imposibilidad para a estudiar los conceptos de violación tendentes a demostrar la inconstitucionalidad de los actos reclamados. Tiene aplicación, la Jurisprudencia (Común), emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Por lo expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 76 y demás relativos de la Ley de Amparo vigente; SE RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Martha Olivia Sánchez Guerra, por propio derecho, por los actos y autoridades precisados en el último considerando del presente fallo, acorde a los motivos ahí expresados. Notifíquese. Así lo resolvió el licenciado Iván Ojeda Romo, Juez Primero de Distrito en el Estado de Zacatecas, ante Jesús Romero Hernández, secretario que autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    El treinta de septiembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con el estado de autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, treinta de septiembre de dos mil diecinueve. Visto el estado de autos se advierte que se encuentra transcurriendo el término de ocho días a que se refiere el artículo 117 de la Ley de Amparo, para que el tercero interesado Eduardo Raúl García Frías se imponga del contenido de los informes justificados rendidos por las autoridades responsables, con los cuales se le dio vista en proveído de diecinueve de septiembre del año en curso. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y en su lugar se señalan las diez horas con cuarenta minutos del dieciséis de octubre de dos mil diecinueve. En apoyo de lo anterior se invoca la Tesis aislada 2006279, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, visible en la página 1451, Libro 5, Abril de 2014, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. A FIN DE NO DEJAR EN ESTADO DE INDEFENSIÓN AL QUEJOSO PROCEDE DE OFICIO SU DIFERIMIENTO CUANDO NO MEDIE EL PLAZO MÍNIMO PARA QUE CONOZCA EL INFORME JUSTIFICADO Y PUEDA ALEGAR O PROBAR LO CONDUCENTE (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 117 DE LA LEY DE AMPARO).El artículo 117 de la Ley de Amparo establece a la autoridad responsable las obligaciones siguientes: a) rendir el informe con justificación; b) hacerlo en un plazo de quince días; c) exponer las razones y fundamentos para la improcedencia del juicio, o bien, la constitucionalidad o legalidad del acto de autoridad; y, d) acompañar las constancias necesarias para apoyarlo. También destaca que el informe rendido fuera del plazo será tomado en cuenta, siempre que el quejoso haya estado en posibilidades de conocerlo. De lo anterior se colige que el legislador privilegió el conocimiento del informe por parte del quejoso, pues estableció un plazo mínimo de ocho días entre la fecha en que se le dio vista y la celebración de la audiencia, que en caso de no respetarse, permite diferir o suspender la audiencia constitucional, según proceda, a petición de parte. Ahora bien, de la interpretación sistemática de este precepto se concluye que el Juez Federal debe actuar de oficio cuando no se respeta dicho plazo, porque le corresponde velar por la correcta sustanciación del juicio de amparo y que, además, se justifica porque el contenido del informe justificado puede influir en forma determinante en el sentido del fallo; en consecuencia, a fin de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, procede diferir de oficio la audiencia constitucional para que tenga conocimiento de dicho informe y pueda alegar o probar lo conducente dentro de los plazos correspondientes y, con ello, favorecer el acceso a la justicia y el principio de igualdad procesal entre las partes." Notifíquese. Así lo proveyó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario de juzgado, quien autoriza y da fe. Cecy*

  4. Principal

    En diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve, se da cuenta con la constancia de emplazamiento que antecede y con el estado de los autos. Conste. Zacatecas, Zacatecas, diecinueve de septiembre de dos mil diecinueve. Vista la constancia de emplazamiento de cuenta realizada al tercero interesado Eduardo Raúl García Frías; por tanto, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, téngase a dicho tercero interesado por legalmente emplazado a juicio y por señalando domicilio para oír y recibir notificaciones en Callejón de Ruiz número doscientos tres (203) zona centro de esta ciudad. Por último, con el objeto de evitar innecesarias reposiciones, dese vista al aludido tercero interesado con los informes justificados que obran en autos; lo anterior para que se imponga de su contenido y manifieste lo que a su interés legal convenga. Notifíquese. Así lo acordó y firma Iván Ojeda Romo, juez Primero de Distrito en el estado de Zacatecas, ante Jorge Martín Zamora González, secretario que autoriza y da fe. Cecy*

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