Martha Oliva López Corral

Expediente 14/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 11 actuaciones registradas, la última del 13 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
14/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
13/07/2022

Partes del expediente

  • Martha Oliva López Corral

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Auto. En Hermosillo, Sonora, trece de julio de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien se encuentra facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia que sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, archívese 1 Del referido cómputo, se excluyen los siguientes días: dos, tres, nueve y diez de julio de dos mil veintidós, por ser inhábiles en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo. este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Se requiere a las partes para que, en caso de que hubieren exhibido documentos originales, acudan al órgano jurisdiccional dentro de un plazo de noventa días hábiles, a recuperarlos, apercibidos que de no hacerlo, en términos del numeral 21, segundo párrafo, del referido Acuerdo General, dichos documentos serán glosados y correrán la misma suerte que el presente expediente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    CON ESTA FECHA SE TIENE POR HECHA LA NOTIFICACION PERSONAL A LA PARTE QUEJOSA DEL CONTENIDO DEL AUTO DE 13 DE JULIO DE 2022, EN EL CUAL SE DECRETO: HA CAUSADO EJECUTORIA Y SE ORDENA ARCHIVO..................

  3. Principal

    Juicio de amparo 14/2022 Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con treinta y cuatro minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario con quien autoriza y da fe, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, las constancias de emplazamiento a juicio de las partes e informe con justificación rendido por las responsables. Asimismo, se hace constar que transcurrió a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo para que se impusieran de los informes justificados. Por otra parte, revisado el estado de autos, se advierte que en auto de admisión, se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no se actualiza alguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, por lo que no existe tercero interesado. El juez acuerda: se tiene por hecha la anterior certificación que antecede para los efectos legales a que haya lugar. Abierta la etapa de pruebas, el secretario da cuenta con las documentales allegadas por la parte quejosa en su escrito de demanda, así como la presuncional en su doble aspecto legal y humano, e instrumental de actuaciones, y las documentales ofrecidas por algunas de las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su propia y especial naturaleza las pruebas de referencia, para los efectos legales correspondientes. Cerrado el período de pruebas y abierto el de alegatos, el secretario hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: Se tiene por perdido el derecho de las partes para hacerlo. Acto seguido, se cierra este periodo y se procede a dictar la siguiente resolución. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 14/2022; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el dieciséis de diciembre de dos mil veintiuno, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, remitido por razón de turno el veinte de dicho mes y año al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado, de aquella localidad, Martha Olivia López Corral, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos que reclama del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. Mediante proveído de veintiuno siguiente, se radicó la demanda de amparo, se registró bajo el número 1505/2021; se previno a la quejosa para que manifestara en qué lugar habitaba y recibía el pago de la pensión jubilatoria. Por auto de treinta y uno del mismo mes y año, aquél órgano jurisdiccional se declaró legalmente incompetente para conocer y decidir de la citada demanda de amparo. Mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, este juzgado aceptó la competencia declinada, procediendo a la admisión de la demanda, registrándose bajo el número 14/2022; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete y se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, en términos de los artículos 94, 103, fracción I y 107, fracciones I, II y IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; 1, fracción V, y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado mediante Decreto publicado el siete de junio de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación; y en el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugna un acto atribuido a autoridades cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado de Distrito. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado consiste: De las autoridades responsables: Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad de México; Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora (anteriormente Delegación Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social), con residencia en Ciudad Obregón, Sonora; Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora; Departamento de Personal de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora; y, Oficina de Prestaciones al Personal del Departamento de Personal de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, con residencia en Ciudad Obregón. La aplicación de los artículos 1, 2, 4, 18 fracciones I, II y III, del Contrato Colectivo de Trabajo Bienio (2019-2021), celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato de trabajadores de dicho Instituto; así como la aplicación retroactiva en perjuicio de la quejosa de dicha normativa. La aplicación de las cláusulas primera, segunda y tercera incisos a), b) y c), del Convenio Adicional para las Jubilaciones y Pensiones de los trabajadores de base de nuevo ingreso, previstas en el Contrato Colectivo de Trabajo Bienio (2019- 2021), celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato de trabajadores de dicho Instituto, así como la aplicación retroactiva en perjuicio de la quejosa de las referidas cláusulas. La negativa de entregar a la quejosa la parte proporcional de los montos relativos al fondo de jubilaciones y pensiones del Instituto Mexicano del Seguro Social denominados "107 provisión fondo de jubilación" y "152 fondo de jubilaciones". b) De las autoridades responsables: - Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia la Ciudad de Obregón, Sonora; - Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora; - Departamento de Personal de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora; y, - Oficina de Prestaciones al Personal del Departamento de Personal de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora. 4) La respuesta contenida en el oficio 279001050100/03034, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, firmado por la Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia en Ciudad Obregón, Sonora, mediante el cual se desestimó la petición de la quejosa para el otorgamiento de montos adicionales a su pensión jubilatoria. Existencia de los actos reclamados Son ciertos los actos reclamados identificados con los incisos 1), 2) y 3) a las autoridades responsables, Instituto Mexicano del Seguro Social, con sede en esta ciudad, quien rindió por conducto de su representante legal y del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social (anteriormente Delegación Sonora del Instituto Mexicano del Seguro Social); de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora; del jefe del Departamento de Personal de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora; y, de la Oficina de Prestaciones al Personal del Departamento de Personal de la Jefatura de Servicios de Desarrollo de Personal del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, no obstante que al rendir sus informes con justificación hayan negado su existencia; pues de las manifestaciones vertidas se advierte la certeza de los actos que de ellas se reclaman; de ahí que en la especie se tenga por cierto el acto que se atribuye a dichas autoridades responsables. Tiene aplicación por las razones que la sustentan la tesis de la Octava Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIV, julio de 1994, página 391, del tenor siguiente: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." Por su parte, también es cierto el acto reclamado identificado con el inciso 4), a las autoridades responsables indicadas en el inciso b) del considerando que antecede, en consideración a que la impetrante adjuntó a su demanda de derechos, el oficio en calidad de original 279001050100/03034, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, firmado por la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal en Sonora, del cual se desprende, en lo medular, la negativa a las peticiones formuladas por la inconforme, relativas al otorgamiento de los montos adicionales de su pensión jubilatoria. Documento en cuestión, que cuenta con pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, al haber sido expedido por un funcionario público por motivo de sus funciones. Sustenta lo anterior la jurisprudencia 226 visible a foja 153 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, parte SCJN, materia común, quinta época, que señala: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Lo que se confirma con las constancias que obran en autos que adjuntó la parte quejosa con su demanda, así como las constancias que las responsables remitieron con su informe justificado; documentos a los que se les otorga plena validez probatoria en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia. Causa de improcedencia -fundada- En este apartado debe examinarse si existe alguna causa que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Segundo Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, Tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el particular, como lo señala el representante legal del Instituto Mexicano del Seguro Social en el Estado de Sonora, se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o. fracción I y 5o., fracción II, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo. Los preceptos legales en comento establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: . II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. ." De lo anterior, se advierte que el juicio de amparo procede solamente en contra de "actos de autoridad", concepto este último que precisamente es el que, en la especie, no recae en el acto reclamado por el agraviado. Empero, es menester precisar, primeramente, qué debe entenderse por "autoridad para efectos del juicio de amparo" y "acto de autoridad". Autoridad para los efectos del juicio de amparo es la que teniendo las características de órgano público, tiene la potestad de emitir o realizar actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera de los gobernados sin requerir del consenso del afectado o aun en contra de su voluntad. Por su parte, las relaciones de coordinación, presuponen un plano de igualdad, en el que las partes que generalmente son particulares se encuentran en un mismo nivel, teniendo que acudir a los procedimientos ordinarios establecidos en las leyes respectivas para dirimir sus controversias, de tal modo que, dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil y laboral. En cambio, las relaciones de supra a subordinación, son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, y se regulan por el derecho público, que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se suscitan por la actuación de los órganos del Estado; asimismo, debe decirse que este tipo de relaciones, se caracterizan por la unilateralidad y, por ello, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece una serie de garantías fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, siendo entonces tales relaciones las que se vinculan con el entendimiento de los actos de autoridad. De los artículos transcritos se desprende que el juicio de amparo es procedente únicamente respecto de actos de autoridad que violen los derechos fundamentales, así como que es autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. En la especie, la quejosa Martha Olivia López Corral, en esencia, relama la respuesta contenida en el oficio 279001050100/03034, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, firmado por la titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Sonora, del Instituto Mexicano del Seguro Social, con residencia la Ciudad de Obregón, Sonora, mediante el cual se desestimó su petición para devolución de los montos correspondientes a los conceptos 107 "Provisión Fondo de Jubilación" y 152 "Fondo de Jubilaciones". Además, por vía de consecuencia de dicha respuesta, la aplicación de los artículos 1, 2, 4, 18 fracciones I, II y III, del Contrato Colectivo de Trabajo Bienio (2019-2021), celebrado entre el Instituto Mexicano del Seguro Social y el Sindicato de Trabajadores de dicho Instituto; así como de las cláusulas primera, segunda y tercera inciso a), b) y c), del Convenio Adicional para las Jubilaciones y Pensiones de los Trabajadores de Base de Nuevo Ingreso, el cual se encuentra inserto en el Contrato Colectivo de Trabajo Bienio (2019-2021), además, la aplicación retroactiva en perjuicio de la quejosa de dichas disposiciones y cláusulas. Sin embargo, es preciso destacar que las Unidades del Instituto Mexicano del Seguro Social, no actúan como autoridad para efectos del juicio de amparo y, en consecuencia los actos reclamados, no son combatibles a través del juicio constitucional, puesto que se está en presencia de reclamos que tienen que ver con la relación que existe entre la quejosa como pensionada (asegurada) y el mencionado Instituto, en su carácter de ente asegurador y como patrón, respectivamente. Es decir, el ente que fue señalado como responsable ?Instituto Mexicano del Seguro Social y las dependencias que conforman parte de su estructura organizacional? solo actúa en sus funciones de asegurador, por lo que se encuentra en un plano de igualdad con la quejosa, sin la posibilidad de actuar con imperio, por lo que sus actos en todo caso pueden cuestionarse ante las autoridades comunes de la materia. Bajo las anteriores consideraciones, la negativa a la petición de la quejosa contenida en el oficio 279001050100/03034, de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, emitida por la responsable y las razones de derecho con que se sustentó ?así como las consecuencias de dicho oficio?, no tienen el alcance de vincular por sí y ante sí la situación jurídica del gobernado, modificando o extinguiendo el derecho a disponer de ella, dado que dicho organismo público, como ente administrador de fondos de seguridad social, carece del carácter de autoridad porque no puede decidir en definitiva, imperativa y coercitivamente respecto de la procedencia de la solicitud hecha, pues es a través del proceso laboral correspondiente donde puede ejercitarse la acción atinente al no ver satisfechas sus expectativas con la respuesta dada a la petición planteada, por ende, las respectivas consecuencias. Máxime que, el artículo 295 de la Ley de Seguro Social, expresamente dispone: "Las controversias entre los asegurados o sus beneficiarios y el Instituto sobre las prestaciones que esta Ley otorga, deberán tramitarse ante los Tribunales Federales en materia laboral, en tanto que las que se presenten entre el Instituto y los patrones y demás sujetos obligados, se tramitarán ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa"; en ese tenor, la relación jurídica surgida entre la quejosa y el Instituto Mexicano del Seguro Social, no corresponde al ámbito de supra-subordinación, sino que se trata de una relación de coordinación. Cuyo aspecto se clarifica aún más con lo expuesto en el artículo 5 A, fracción XIV, de la Ley del Seguro Social, que define al pensionado como asegurado de aquella Institución, por lo que indiscutiblemente ingresa en el supuesto jurídico precisado en el numeral citado en el párrafo que antecede, y como consecuencia de ello, debe acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social a promover lo que a su derecho corresponda respecto a sus pretensiones. En ese contexto, se puede obtener la premisa siguiente: los actos del órgano público que son susceptibles de escrutinio constitucional a través del juicio de amparo, son aquellos que tienen su origen en las relaciones de supra a subordinación, esto es, en aquellos actos en que, en ejercicio de su potestad, el organismo público emite actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera de derechos fundamentales del gobernado. Sustenta lo anterior, la tesis P. XXVII/97, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo V, Febrero de 1997, página 118, registro 199459, con rubro y texto siguientes. "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades." De igual forma, son ilustrativas, la tesis P. XXVII/97 y la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 del Pleno y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son: "AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. LO SON AQUELLOS FUNCIONARIOS DE ORGANISMOS PUBLICOS QUE CON FUNDAMENTO EN LA LEY EMITEN ACTOS UNILATERALES POR LOS QUE CREAN, MODIFICAN O EXTINGUEN SITUACIONES JURIDICAS QUE AFECTAN LA ESFERA LEGAL DEL GOBERNADO. Este Tribunal Pleno considera que debe interrumpirse el criterio que con el número 300 aparece publicado en la página 519 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1988, Segunda Parte, que es del tenor siguiente: "AUTORIDADES PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. El término 'autoridades' para los efectos del amparo, comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza pública en virtud de circunstancias, ya legales, ya de hecho, y que, por lo mismo, estén en posibilidad material de obrar como individuos que ejerzan actos públicos, por el hecho de ser pública la fuerza de que disponen.", cuyo primer precedente data de 1919, dado que la realidad en que se aplica ha sufrido cambios, lo que obliga a esta Suprema Corte de Justicia, máximo intérprete de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a modificar sus criterios ajustándolos al momento actual. En efecto, las atribuciones del Estado Mexicano se han incrementado con el curso del tiempo, y de un Estado de derecho pasamos a un Estado social de derecho con una creciente intervención de los entes públicos en diversas actividades, lo que ha motivado cambios constitucionales que dan paso a la llamada rectoría del Estado en materia económica, que a su vez modificó la estructura estadual, y gestó la llamada administración paraestatal formada por los organismos descentralizados y las empresas de participación estatal, que indudablemente escapan al concepto tradicional de autoridad establecido en el criterio ya citado. Por ello, la aplicación generalizada de éste en la actualidad conduce a la indefensión de los gobernados, pues estos organismos en su actuación, con independencia de la disposición directa que llegaren a tener o no de la fuerza pública, con fundamento en una norma legal pueden emitir actos unilaterales a través de los cuales crean, modifican o extinguen por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que por ende constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable y que por tanto se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Por ello, este Tribunal Pleno considera que el criterio supracitado no puede ser aplicado actualmente en forma indiscriminada sino que debe atenderse a las particularidades de la especie o del acto mismo; por ello, el juzgador de amparo, a fin de establecer si a quien se atribuye el acto es autoridad para efectos del juicio de amparo, debe atender a la norma legal y examinar si lo faculta o no para tomar decisiones o resoluciones que afecten unilateralmente la esfera jurídica del interesado, y que deben exigirse mediante el uso de la fuerza pública o bien a través de otras autoridades."(Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Febrero de 1997, Materia(s): Común, página: 118, registro: 199459). "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. (Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, página: 1089, y registro 161133). Por lo tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o. fracción I y 5o., fracción II, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio conforme al numeral 63, fracción V, de la citada ley. Los anteriores pronunciamientos hacen innecesario e imposibilitan el análisis de fondo de la controversia. De esta manera se estableció en la tesis: "IMPROCEDENCIA CAUSAL DE. AL ACREDITARSE ES INNECESARIO ENTRAR AL ESTUDIO DEL FONDO DEL ASUNTO Y DE LAS PRUEBAS APORTADAS. Al actualizarse una causal de improcedencia el juez de Distrito no está obligado a entrar al estudio del fondo de la materia del amparo, y mucho menos a analizar las pruebas que aportó en la audiencia constitucional, pues dado el orden público de este procedimiento la improcedencia del mismo debe ser examinada de oficio, lo aleguen o no las partes." De igual forma, se cita como apoyo la tesis jurisprudencial VI. 1o. J/23, del Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Núm. 22-24, Octubre-Diciembre de 1989, página 252, Octava Época, con registro digital: 226555, de texto y rubro: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que omite ocuparse de los razonamiento tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." Decisión En esa virtud, en atención a las consideraciones plasmadas, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos numerales 1o. fracción I y 5o., fracción II, este último interpretado a contrario sensu, todos de la Ley de Amparo, se decreta el sobreseimiento en el juicio conforme al numeral 63, fracción V, de la citada Ley. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 73, 74, 75 y demás relativos y aplicables de la Ley de Amparo, se: Resuelve Único. Se sobresee en el juicio de amparo, promovido por Martha Olivia López Corral, respecto del acto reclamado y autoridades preciadas en el apartado II, por los fundamentos y argumentos expuestos en el considerando IV de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante el secretario de juzgado José Enrique Ayala García, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de mayo de dos mil veintidós. Regularización de procedimiento. Del estado de autos se advierte que mediante proveído de catorce de enero de dos mil veintidós, se aceptó la competencia declinada por el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sonora, con residencia en Ciudad Obregón; sin embargo, por un error involuntario no se ordenó notificar personalmente a la parte quejosa dicho proveído; por tanto, se regulariza el procedimiento y con fundamento en el artículo 58, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se ordena notificar personalmente a la parte quejosa dicho proveído. Se agrega razón. Agréguese a sus autos la razón de cuenta firmada por el actuario judicial adscrito, mediante el cual informa la imposibilidad para notificar personalmente a la parte quejosa el auto de veinte de mayo anterior, emitido en el presente juicio, en virtud que manifiesta que su domicilio se encuentra fuera de esta jurisdicción, sin embargo, del sumario se advierte que por auto de catorce de enero anterior, se tuvo por señalado un domicilio de esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Por tanto, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, a fin de que notifique a la parte quejosa el auto veinte de mayo, así como el del catorce de enero ambos del presente año. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con treinta y cuatro minutos del veinticuatro de junio de dos mil veintidós. Notifíquese; y, personalmente a la parte quejosa el auto de catorce de enero y de veinte de mayo ambos del presente año y el presente proveído al agente del Ministerio Público Federal adscrito. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante José Enrique Ayala García, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.

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