Martha Miranda Maldonado
Expediente 1448/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 5 actuaciones registradas, la última del 23 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1448/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 23/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Martha Miranda Maldonado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
En Hermosillo, Sonora, a las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, en audiencia pública Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, quien actúa en unión de Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe de sus actos, declaró abierta la presente audiencia, sin la asistencia de las partes. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento de las partes y con los informes justificados rendidos por algunas de las responsables. Por otro lado, se advierte que en el propio auto de radicación se estimó que dada la naturaleza del acto reclamado, no existía tercero interesado. Lo anterior, ya que no se actualiza ninguna de las hipótesis previstas en el artículo 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, y se certifica que no existen escritos pendientes de acuerdo y que el expediente electrónico se encuentra debidamente integrado. El juez acuerda: téngase por hecha la certificación que antecede, para todos los efectos legales correspondientes. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio y se da cuenta con las pruebas documentales ofertadas por la parte quejosa; asimismo, documentales ofrecidas por el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, quien además ofertó la confesional expresa, presuncional en su triple aspecto legal, lógico y humano, y la instrumental de actuaciones. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tienen por admitidas y desahogadas por su especial naturaleza los citados medios de convicción. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: téngase por perdido el derecho para expresarlos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo ********************; y, Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito depositado el dieciocho de septiembre de dos mil veintitrés, en el buzón de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el veinte de septiembre siguiente, por razón de turno, a este juzgado de Distrito, Martha Miranda Maldonado solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos de la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con residencia en esta ciudad y otras autoridades. Por proveído de veintiuno de septiembre siguiente, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y, se señaló hora y fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo previo diferimiento en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, II y VII, de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, reformado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintiuno, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud que el acto de reclamo emana de autoridades con residencia en el ámbito territorial donde este Juzgado Federal ejerce jurisdicción. Precisión del acto reclamado Del estudio integral del expediente y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan como actos reclamados, los siguientes: a) De las autoridades del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, la omisión de dar respuesta a la solicitud presentada el doce de enero de dos mil veintitrés, relativa al otorgamiento de pensión. III. Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado a las autoridades pertenecientes al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, pues aun y cuando al rendir el informe justificado, lo niegan, de su contenido íntegro se advierte su certeza. Además, dicha certeza se advierte de las constancias exhibidas por la parte quejosa, de las que se desprende que el Instituto responsable recibió la solicitud de pensión por parte de la quejosa desde el doce de enero de dos mil veintitrés. En relación con el Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, omitió rendir informe justificado, aun estando debidamente requerido para ello, por lo que en términos del artículo 117, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, se presume cierto. Aunado a lo anterior, cabe mencionar que al tratarse el acto reclamado de una omisión, la carga de la prueba no corresponde a la parte quejosa, sino por el contrario a las autoridades responsables es a quienes incumbe demostrar que no incurrieron en la omisión cuestionada. Lo antes considerado tiene sustento en la tesis publicada en la página 301, Tomo XIII, correspondiente al mes de Marzo de 1994, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO NEGATIVO. LA AUTORIDAD RESPONSABLE DEBE COMPROBAR LA CONSTITUCIONALIDAD QUE SE RECLAME. Cuando los actos reclamados consisten en omisiones o hechos negativos de las autoridades responsables, que se estiman inconstitucionales, debe entenderse que la carga de la prueba de que no existen esas omisiones o hechos negativos, no corresponde a la parte quejosa, sino que es a las autoridades responsables a las que toca demostrar que no incurrieron en ellos." Es así, no obstante que el jefe de la Unidad Jurídica y el subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones adscritos Instituto responsable, hacen valer las causas de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo, pues refieren que no se encuentra dentro de sus atribuciones la aplicación del acto reclamado. Sin embargo, este órgano jurisdiccional considera que no se actualiza la causa de sobreseimiento que refieren. Ahora, no obstante la negativa del Instituto, conforme al artículo 96, fracción IV, de la Ley del ISSSTESON, corresponde a dicha autoridad otorgar jubilaciones y pensiones; aunado a que la Subdirección de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones se encuentra adscrita al ISSSTESON, de ahí que la omisión reclamada sea cierta. En efecto, el artículo 96, en su fracción IV, de la Ley del ISSSTESON, refiere: "Artículo 96. El Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora tendrá las siguientes funciones: (.) Otorgar jubilaciones y pensiones;" De dicho numeral, se desprende que el ISSSTESON, es el encargado de otorgar las pensiones correspondientes; por tanto, si bien existe un departamento encargado de realizar el trámite correspondiente a las peticiones al respecto, dicho Instituto tiene la obligación de vigilar que la pensión se otorgue, pues la citada autoridad responsable, tiene mayor jerarquía que las áreas en que se divide. Causas de improcedencia -infundadas- En este apartado debe examinarse si existe alguna causal que torne improcedente el juicio de derechos humanos, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, según lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo; de lo cual este juzgado debe ocuparse independientemente de que ese examen sea propuesto o no por los interesados. Lo anterior, se encuentra sustentado en la jurisprudencia 814, emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en el Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, tomo VI, página 553, de rubro: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO". En el caso, la autoridad responsable, subdirector de Pensiones, Jubilaciones y Prestaciones del Instituto responsable, refiere el motivo de inejercitabilidad previsto en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en virtud de que comunicó que el proyecto de dictamen elaborado el trece de octubre del pasado será sometido a consideración de la Junta Directiva. Es infundada dicha causa, pues para su actualización es necesario que la autoridad destruya la totalidad de los efectos del acto combatido, de forma que no quede rastro de la violación de derechos alegada. En ese contexto, contrariamente a lo pretendido por la autoridad, el motivo de improcedencia no se actualiza, en razón de que las manifestaciones vertidas en su informe, no son suficientes para que se destruyan los efectos del acto reclamado, pues la pretensión de la parte quejosa es que culmine el trámite de determinación de pensión, lo que no acontece con la actuación referida y, en ese sentido, no han cesado los efectos del acto reclamado. En conclusión, no se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, invocada por la autoridad responsable. Al no existir diversa causa de improcedencia propuesta por las partes ni advertirse una de oficio, procede analizar el fondo de la cuestión planteada. Consideraciones jurídicas Son sustancialmente fundados los argumentos expuestos por la parte promovente, en los cuales aduce, en esencia, que ha trascurrido un tiempo excesivo para la resolución de su pensión, no obstante haber presentado la solicitud en el área correspondiente del ISSSTESON. Para resolver este asunto es preciso hacer notar que se reclama la dilación en el trámite relativo al otorgamiento de una pensión y conforme al criterio de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, procede suplir la deficiencia de la queja en términos del artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, como lo precisa el criterio de la tesis 2a. XCV/2014 de la Segunda Sala de dicho Alto Tribunal, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 11, octubre de 2014, tomo I, materia común, página 1106, de rubro y texto siguientes: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE EN MATERIA LABORAL. OPERA EN FAVOR DE LOS PENSIONADOS Y DE SUS BENEFICIARIOS. Conforme al artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, la autoridad que conozca del juicio deberá suplir la deficiencia de los conceptos de violación o agravios, en materia laboral, en favor del trabajador, con independencia de que la relación entre empleador y empleado esté regulada por el derecho laboral o por el administrativo; de lo cual se deduce que si bien esta norma se refiere a determinados sujetos y a dos tipos de relaciones jurídicas específicas, como son, por un lado, las personas que cumplen con su deber social y su derecho al trabajo y, por otra, quienes las emplean, ya sea dentro de un vínculo laboral o de orden administrativo, lo cierto es que las razones que en estos supuestos inspiran la obligación del órgano de amparo para suplir la deficiencia de la queja a favor del trabajador no se agotan con motivo de la jubilación o retiro de quien había estado subordinado a un empleador, pues las causas que originaron el auxilio que la ley les brindaba durante su época laboralmente activa no sólo se mantienen, sino que incluso se agudizan, porque lo habitual es que como pensionistas sus ingresos se reduzcan y, con ello, la posibilidad de contar con asesoría legal adecuada. Así, esta Segunda Sala determina que tratándose de juicios de amparo deducidos de asuntos laborales o contencioso-administrativos, en los que se controviertan el otorgamiento y los ajustes de pensiones, así como de cualquiera otra prestación derivada de éstas, ya sea por los interesados o por sus beneficiarios, el órgano de amparo queda obligado a suplir la deficiencia de la queja en favor de los demandantes de tales pretensiones, en la inteligencia de que este deber sólo tiene razón de ser cuando existan causas jurídicamente válidas para preservar u otorgar algún derecho, pues si el juzgador no advierte que dicha suplencia lo conduzca a esta finalidad provechosa para el particular, bastará con que así lo declare sin necesidad de que haga un estudio oficioso del asunto, el cual, por carecer de un sentido práctico, sólo entorpecería la pronta solución del litigio en perjuicio de los propios justiciables." Ahora, la parte quejosa reclama la omisión de emitir el dictamen relativo al trámite de pensión por jubilación. El artículo 59 de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora, dispone: "Artículo 59. El derecho a la jubilación, pensión por vejez, cesantía por edad avanzada, invalidez o muerte se genera cuando el trabajador o sus familiares derechohabientes se encuentran en los supuestos establecidos en esta Ley y satisfacen los requisitos que la misma señala. Los montos de las pensiones y jubilaciones que se otorguen con base en esta Ley se incrementarán en beneficio de quienes las reciban en el mismo porcentaje en que aumente el salario mínimo general en la zona de Hermosillo, Sonora, o conforme al índice inflacionario que anualmente determine el Banco de México, el que sea mayor, con posterioridad a la fecha de su otorgamiento. El Instituto deberá resolver la solicitud de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Dentro de los treinta días hábiles siguientes, el Gobernador del Estado revisará y resolverá en definitiva acerca de la solicitud de que se trate, para los efectos que expresa la primera parte del artículo 108 de esta Ley." De la lectura del artículo anterior, se desprende que el citado Instituto deberá resolver las solicitudes de pensión en un plazo no mayor de treinta días hábiles a partir de la fecha en que quede integrado el expediente. Si en el caso se tiene acreditado que la quejosa solicitó el trámite de pensión desde el doce de enero de dos mil veintitrés, ante las oficinas de la Subdirección de Prestaciones Económicas y Sociales del Departamento de Pensiones y Jubilaciones del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores al Servicio del Estado de Sonora, para que le fuera otorgada la referida pensión, sin que el trámite respectivo hubiera concluido (hace más de diez meses a la fecha en que se resuelve el presente asunto); es evidente que le genera perjuicio a la quejosa al no respetarse el derecho que tiene a la pensión. No se desconoce el cúmulo de solicitudes con las que cuenta el ISSSTESON; sin embargo, ello no lo exime de la obligación que le impone la ley en cuanto a los plazos fijados para la gestión de las pensiones. Cabe precisar que respecto de las manifestaciones aludidas, este juzgador considera que las responsables ineludiblemente deben llevar a cabo las etapas correspondientes para lograr la conclusión del trámite para la autorización de dicha pensión a que tiene derecho la quejosa. Decisión Sin embargo, ello no las faculta para dejar de cumplir con las obligaciones que como autoridades de ese Instituto se encuentran forzadas a concluir, lo que impone conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Efectos de la concesión de amparo Con fundamento en el artículo 77 de la Ley de Amparo y en restitución de la garantía individual violada, se concede a la impetrante el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables, una vez que el presente fallo cause ejecutoria, realicen la inmediata conclusión del trámite de la pensión solicitada por la parte quejosa; salvo causa justificada que no permita conceder esa prestación, que en su caso, deberán comunicárselo mediante resolución debidamente fundada y motivada. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se Resuelve Único. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martha Miranda Maldonado, respecto de los actos señalados en el punto II, por las razones y para los efectos referidos en los diversos apartados V, VI y VII de esta sentencia. Notifíquese por oficio a las autoridades responsables y por lista a las demás partes. Así lo resolvió y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. En Hermosillo, Sonora, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto el estado de los autos, se advierte, que la parte quejosa reclama la diligencia de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés, en la que refiere se materializó una orden de embargo y se colocaron sellos oficiales de embargo en el establecimiento comercial ubicado en calle Dr. Noriega 78, interior B, colonia Centro, de esta ciudad; asimismo, de las constancias aportadas por la impetrante, se advierte copias de un acta circunstanciada y la diversa de ampliación de embargo, ambas derivadas del requerimiento o mandamiento de ejecución folio AF310222066432. No obstante, en el informe justificado rendido por el subdirector de Control de Obligaciones y Cobranza coactiva, adscrito a la Dirección General de Recaudación, se aseveró lo siguiente: "Es cierto el acto reclamado en lo que refiere al Mandamiento de Ejecución Fiscal con folio AF310222066932 de fecha 16 de octubre de 2022, citatorio estatal con fecha 22 de noviembre de 2022 y acta de embargo por concepto de impuestos estatales de fecha 23 de noviembre de 2022(.)" - Lo resaltado es de este Juzgado -. Atento a lo anterior, se provee lo siguiente: Se requieren constancias. Con fundamento en el artículo 75, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, requiérase a la citada autoridad responsable, a fin de que dentro del plazo de tres días, contado a partir del siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, remita copia certificada de lo siguiente: Acta de ampliación de embargo de diecisiete de marzo de dos mil veintitrés relativa a la orden AF310222066432; Mandamiento de ejecución fiscal AF310222066432 notificado el trece de septiembre de dos mil veintidós; y, Acta circunstanciada del procedimiento administrativo de ejecución en su etapa de secuestro y demás relativas a la diligencia de colocación de sellos de folio H05780 verificada en el inmueble cuya propiedad ostenta la impetrante, sito Dr. Noriega 78, interior B, colonia Centro, de esta ciudad derivado del requerimiento AF310222066432" notificado el trece de septiembre de dos mil veintidós. En el entendido de que también se encuentra constreñido a hacer del conocimiento de este juzgado la imposibilidad que tenga para dar cumplimiento a lo apenas plasmado. Esto, a fin de estar en aptitud de resolver el asunto en que se actúa conforme a derecho. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de incumplir con el anterior requerimiento, conforme a lo establecido en los artículos 237, fracción I, y 259, de la ley de la materia, se le impondrá multa de cincuenta unidades de medida y actualización. Diferimiento de audiencia constitucional. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional y se señalan para su celebración las diez horas con diecisiete minutos del cuatro de diciembre de dos mil veintitrés. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Jesús Emmanuel Trejo Michel, secretario con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
CON ESTA FECHA SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL CONTENIDO DEL AUTO DE 30/OCTUBRE/2023, QUE DICE:Auto. Hermosillo, Sonora, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Estado de los autos. Visto la certificación de cuenta, se desprende que no fue posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el veintitrés de los actuales, en razón del paro de labores organizado por las y los trabajadores de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, acorde a la circular SGP/02/2023, emitida por la secretaria General de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal, así como los avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco del año en curso, firmados por el coordinador suplente y la coordinadora de Juezas y Jueces de Distrito en el Estado de Sonora, respectivamente, que declararon inhábiles el periodo comprendido del diecinueve al veintinueve de octubre del presente año. Diferimiento de audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la aludida audiencia, y se señalan las diez horas con cuarenta y ocho minutos del veintitrés de noviembre de dos mil veintitrés, para su celebración. Notifíquese personalmente. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, diecisiete de octubre de dos mil veintitrés. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado rendido por el jefe de Unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y dese vista a las partes con su contenido. Designación de delegados y domicilio. En términos de los artículos 9 y 28 de la ley de la materia, se tiene como delegados a las personas que señala y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su informe. Prueba. Se tiene a la responsable en cita ofreciendo las pruebas documental que anexa, sin perjuicio de desahogarlas y hacer relación de ellas durante la audiencia constitucional y valorarse al dictarse la sentencia respectiva, en términos del numeral 119, párrafos primero y segundo de la Ley de Amparo. Invoca causales. La autoridad responsable invoca causas de sobreseimiento, las cuales se ordena analizar en el momento procesal oportuno, de conformidad con el artículo 62 de la ley de la materia. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario de juzgado con quien actúa y da fe. Doy fe.
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