Martha Myriam Gonzalez Atala
Expediente 824/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 13 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2020.
Datos del expediente
- Expediente
- 824/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 27/11/2020
Partes del expediente
- Martha Myriam Gonzalez Atala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Martha Myriam González Atala, contra las autoridades y por los motivos descritos en la parte considerativa de este fallo. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
Toluca, Estado de México; veinticuatro de noviembre de dos mil veinte. .... Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, agréguese a los autos los oficios de cuenta enviados por el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Toluca, Estado de México, con residencia en Almoloya de Juárez (denominación correcta de la señalada como Juez de Juicio Oral de Toluca), por medio del cual comunica que se da por enterado de la interlocutoria emitida en el incidente de suspensión en que se actúa y argumenta que el once de los actuales rindió su informe previo vía telegráfica, y para tal efecto, remite el acuse entregado a telegramas en la data que refiere. Atento a lo anterior, dígasele que deberá estarse a lo acordado en proveído de diecisiete de noviembre anterior, donde se acordó lo conducente en cuanto a su informe recibido de manera extemporánea, ello, pues no está en los supuestos del artículo 141 de la ley de Amparo que dispone: "Artículo 141. Cuando alguna autoridad responsable tenga su residencia fuera de la jurisdicción del órgano que conoce del amparo, y no sea posible que rinda su informe previo con la debida oportunidad, por no haberse hecho uso de los medios a que se refiere el artículo anterior, se celebrará la audiencia incidental respecto del acto reclamado de las autoridades residentes en el lugar, a reserva de celebrar la que corresponda a las autoridades foráneas. La resolución dictada en la primera audiencia podrá modificarse o revocarse con vista de los nuevos informes." Ello, pues el Juez del Tribunal de Enjuiciamiento de Toluca, tiene su residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México, la cual se encuentra dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional, por lo que estaba en posibilidades de entregar su informe de manera directa en la Oficialía de Partes Común de este órgano jurisdiccional y no por vía telegráfica. ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a diecinueve de noviembre de dos mil veinte. De autos se advierte que mediante acuerdo de doce de noviembre de la presente anualidad, se tuvo por recibido el oficio signado por el Juez Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, a través del cual informó las gestiones realizadas para dar cumplimiento al fallo protector, y en dicho proveído se ordenó al secretario actuante que realizara una revisión minuciosa de las constancias a fin de que verificara los efectos de la concesión del amparo, así como del cumplimiento dado por la autoridad responsable. En atención a ello, se acuerda en los siguientes términos. Contexto del asunto, previo a proveer lo conducente: En la sentencia de treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, se concedió el amparo a la quejosa y en dicha resolución se analizó como aspecto fundamental lo siguiente: "SEXTO. ESTUDIO DEL ACTO RECLAMADO. Como ya se precisó la quejosa reclama la omisión de ser juzgada antes de un año, sin que haya solicitado mayor plazo para su defensa; por tanto, la litis de esta determinación se centrará en resolver si dicha dilación u omisión en el dictado de la sentencia respectiva resulta o no violatoria de derechos humanos." En ese sentido, en la referida resolución se realizó un análisis de aspectos relacionados con la complejidad del caso, la actividad procesal del interesado, y la conducta de la autoridad judicial. Así, en el caso en particular, se advirtió que una de las cuestiones relacionadas con la dilación en el dictado de la sentencia, era la existencia de una prueba consistente en la testimonial del ateste con nombre clave "Mateo", quien se encontraba a disposición del Gobierno de Houston, Texas, Estados Unidos de America, en el centro de detención "Joey Corley", la cual habrá de llevarse a cabo por el método alternativo de videoconferencia; medio probatorio que hasta el momento no se ha logrado desahogar y ello ha contribuido a una prolongación del proceso. En tales condiciones, una vez estudiada de la actividad procesal regida por la autoridad responsable, se llegó a la siguiente conclusión: "Todo lo anterior revela que con el comportamiento procesal de la autoridad responsable, como rectora del proceso que se sigue a la hoy quejosa, amplió de manera injustificada el plazo para el dictado de la sentencia, transgrediendo su derecho a una administración de justicia pronta y expedita tutelado en el numeral 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Sobre todo, porque, como se vio, dicha dilación no ocurrió con motivo del ejercicio de defensa, y a pesar de que se decretó agotada la instrucción sin que la quejosa ofreciera diversos medios de prueba, la falta de impulso procesal, impidió que los medios de prueba ofertados por la representación social se desahogaran con prontitud." (Lo subrayado no es de origen.) Por lo anterior, se concedió la protección constitucional a la quejosa para el efecto de que la autoridad responsable Juzgado Tercero de Distrito de Procesos Penales Federales, con residencia en esta ciudad, realizará lo siguiente: "En caso de que actualmente no se haya fijado fecha para la testimonial a cargo del testigo colaborador con nombre clave "Mateo", la señale dentro de un término prudente, y para su correcto desahogo deberá solicitar el auxilio de las autoridades administrativas que corresponda. Se cerciore por todos los medios de la correcta comunicación con dichas autoridades y previo a su desahogo verifique de manera certera la coordinación con éstas. Sin esperar a que ocurra la fecha de la diligencia, de manera preventiva realice las gestiones necesarias para su verificativo, por ser a quien le corresponde asegurarse de que se cumpla con los preparativos respectivos para ello, sin que se delegue esa obligación. Desahogada dicha diligencia durante un plazo razonable y justificado por el impulso procesal que le corresponde ejercer, continué con la secuela procesal que le permita dictar en su momento la sentencia respectiva.". En ese sentido, de un análisis de la sentencia de amparo se destaca que esencialmente la protección constitucional otorgada se encuentra orientada a que la autoridad responsable desahogue la diligencia a cargo del testigo colaborador con nombre clave "Mateo", en un término prudente y justificado por el impulso procesal que le corresponde ejercer, quedando a cargo de la autoridad responsable la logística para su desarrollo. Hecho lo anterior, continué con la secuela procesal que le permita dictar en su momento la sentencia respectiva. Ahora bien, en el oficio atendido en el proveído de doce de noviembre de la presente anualidad, el Juzgado Federal responsable, esencialmente informó lo siguiente: a) En primer punto mencionó que ha realizado las gestiones pertinentes para el desahogo de la declaración del testigo con identidad reservada "Mateo", e incluso, el cinco de marzo de dos mil veinte, tomó de conocimiento el pedimento AE/118/2020, proveniente de la Fiscalía General de la República, del que se advertía el domicilio del ateste de referencia. b) Por lo anterior, en la misma fecha, dicho Juzgador requirió al Director General de Procedimientos Internacionales, de la Fiscalía General de la Républica, para que desahogará la diligencia en comento con el citado testigo, a través del método alternativo de comunicación denominado videoconferencia, y realizará la logística entre el Estado Mexicano con el Norteamericano, ello con los apercibimientos correspondientes. c) Posteriormente, la Fiscalía General de la Républica, le comunicó que el testigo de referencia manifestó su deseo en no llevar a cabo la diligencia a su cargo, y en su caso, solicitó se declare la imposibilidad para llevar a cabo la misma. d) Asimismo, informó que en contra de las gestiones realizadas el cinco de marzo de dos mil veinte, el agente del Ministerio Publico de su adscripción, interpuso recurso de apelación, el cual mediante acuerdo de veintidós de octubre de dos mil veinte, se admitió en efecto devolutivo, y se ordenó la remisión de constancias al Tribunal Unitario correspondiente, por lo que considera que al existir estrecha relación con el cumplimiento, es necesario esperar a la resolución de dicho medio de impugnación, para proveer respecto del cumplimiento de amparo. Se provee al respecto. Por los antecedentes expuestos se le solicita al Juzgador Federal para que informe en el término de tres días, contados a partir de su legal notificación, lo siguiente: Si la apelación interpuesta por la representación social de la Federación adscrita al Juzgado a su cargo (contra del auto de cinco de marzo de dos mil veinte dictado en el juicio penal de origen), le imposibilita dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, en virtud de que dicho recurso está admitido en efecto devolutivo, y uno de los efectos del fallo protector fue que se desahogara la diligencia de que se trata en un plazo razonable y justificado por el impulso procesal que le corresponde ejercer, y se continué con la secuela procesal que le permita dictar en su momento la sentencia respectiva. Asimismo, tomando en cuenta que no se advierte el pronunciamiento respectivo de parte del juzgador responsable en el que se considere la manifestación expresa del testigo con nombre clave "Mateo", en la que se opone a llevar a cabo la diligencia materia de la concesión, por los motivos que refiere, donde incluso destacó el tema de la seguridad personal, consecuentemente, analice tales manifestaciones y se pronuncie en consecuencia. Con los puntos antes destacados, considere o establezca si existen elementos suficientes para justificar que hasta el momento no es posible hacer los pronunciamientos conducentes que le permitan cerrar la instrucción en el proceso penal de que se trata y dictar la sentencia respectiva; tomando en consideración la legislación procesal aplicable al desahogo de testimoniales y demás diligencias que deriven de estas, en relación con los efectos de la sentencia de amparo y el tiempo considerable que ha transcurrido hasta el momento sin que se logre el desahogo de la prueba relacionado con el testigo "Mateo" por causas no imputables al quejoso. Lo anterior, obedece al término prudente y justificado del impulso procesal que le corresponde ejercer (y que se precisó en la ejecutoria de amparo), para el efecto de continuar con la secuela procesal que le permita dictar en su momento la sentencia respectiva. Además, que el Juez responsable, debe tomar en consideración, con base en los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, inciso f), punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, punto 3, inciso f), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es posible concluir que nuestro orden jurídico protege un genuino derecho a favor de toda persona inculpada, de obtener la comparecencia de los testigos de cargo que desee interrogar en el proceso penal; entonces el Ministerio Público, por el interés que tiene en perseguir y aportar datos que apoyen su acusación, es quien debe agotar los medios legítimos a su alcance para lograr que los testigos de cargo que él ofrece estén en condiciones de comparecer. Al caso es aplicable la tesis 1a. XLVII/2017 (10a.), sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 465, Gaceta Semanario Judicial de la Federación, Libro 42, Mayo de 2017, Tomo I, Décima Época, cuyo rubro y texto son: "DERECHO A INTERROGAR TESTIGOS EN EL PROCESO PENAL. POR EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA, EL MINISTERIO PÚBLICO ES QUIEN TIENE LA CARGA DE LOCALIZAR A LOS TESTIGOS DE CARGO A FIN DE LOGRAR SU COMPARECENCIA ANTE EL JUEZ. Con base en los artículos 20 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 8, inciso f), punto 2, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 14, punto 3, inciso f), del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, es posible concluir que nuestro orden jurídico protege un genuino derecho, a favor de toda persona inculpada, de obtener la comparecencia de los testigos de cargo que desee interrogar en el proceso penal. En cumplimiento de este derecho, es al Ministerio Público a quien corresponde la carga de obtener la comparecencia de los testigos cuyos alegatos ofrece como prueba, pues es éste, como contraparte, quien -de acuerdo con el principio de presunción de inocencia- debe proporcionar la evidencia necesaria para sostener su acusación. Así, no es el juez quien debe agotar las medidas necesarias para obtener la comparecencia de los testigos, pues su posición en el proceso es la de un tercero imparcial y, por ese motivo, sus actuaciones no pueden estar impulsadas por motivaciones inquisitivas. El juez no tiene el deber de perseguir la verdad histórica, sino de evaluar que las partes en confronta cuenten con las mismas posibilidades para ofrecer elementos de convicción que apoyen su versión y, una vez cumplido esto, tiene el deber de valorar, a la luz de los principios de debido proceso, cuál de las dos partes tiene razón. Entonces el Ministerio Público, por el interés que tiene en perseguir y aportar datos que apoyen su acusación, es quien debe agotar los medios legítimos a su alcance para lograr que los testigos de cargo que él ofrece estén en condiciones de comparecer. Si el Ministerio Público es absolutamente negligente en el cumplimiento de su obligación de obtener la comparecencia del testigo que como prueba desea ofrecer, el juez no puede tomar ese dicho en consideración; es decir, no puede darle valor probatorio alguno. Esta conclusión deriva de una premisa simple sobre la estructura del proceso penal, por tanto resulta constitucionalmente inadmisible considerar que las diligencias recabadas por el Ministerio Público pueden ser automáticamente trasladadas al terreno del juicio y tener alcance probatorio per se. El Ministerio Público debe ser visto como una parte más en el proceso, cuyos datos están tan sujetos a refutación como los del inculpado. Asumir lo contrario, no es una forma admisible de operar en un estado democrático de derecho que se decanta por el respeto a los derechos humanos, como el debido proceso, la presunción de inocencia, la defensa adecuada y el principio contradictorio entre las partes. Sin que sea necesario apercibir al juzgador Federal responsable, pues dada su investidura, es conocedor de las obligaciones que le son inherentes a la tramitación del juicio de amparo, y el cumplimiento de las resoluciones emitidas en el mismo. ... Notifíquese.
- Incidental
Toluca, Estado de México; diecinueve de noviembre de dos mil veinte. .... Téngase por recibido el telegrama suscrito por la Directora General de Especialidades Periciales Documentales de la Fiscalía General de la República, por medio del cual, comunica que la perito oficial Claudia Patricia Reyes Trujillo, fue notificada del oficio 13025/2020, del índice este órgano jurisdiccional. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguense a los autos el telegrama de cuenta, únicamente para que obre como corresponda, en virtud de que el trece del mes y año en curso, se la perito oficial Claudia Patricia Reyes Trujillo aceptó y protestó el cargo conferido. También, agréguese a los autos el escrito de cuenta, signado por Francisco Javier Alvarado Pale, quien se ostenta con el carácter de apoderado legal de la parte tercero interesada Amtex Corp, Sociedad Anónima de Capital Variable, por medio del cual solicita a este Juzgador se amplié el término de tres días hábiles concedido a las partes, a efecto de ampliar por escrito el cuestionario respectivo. Al efecto, dígase que no ha lugar a proveer lo conducente, toda vez que el término de tres días hábiles concedido a las partes, para que, de considerarlo conveniente a sus intereses, puedan ampliar por escrito el cuestionario a realizarse a las partes, comienza a computarse a partir del siguiente al de su notificación; esto es, una vez que legalmente se notifique el auto en el que se le concedió tal término a todas la partes se acordará lo conducente. Notifíquese.
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