Martha Margarita Rodriguez Fierro
Expediente 1440/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1440/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 20/10/2022
Partes del expediente
- Martha Margarita Rodriguez Fierro
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México a veinte de octubre de dos mil veintidós. ... La certificación de cuenta, así como el estado procesal que guardan los presentes autos, evidencia que transcurrió el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, por el cual se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo; por tanto, se declara que dicho auto ha adquirido firmeza procesal, para todos los efectos legales conducentes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora bien, el estado procesal de este juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. ... El cuaderno principal es susceptible de destrucción, ya que se desechó por notoriamente improcedente la demanda de amparo (artículo 21, inciso d) del acuerdo en cita). ... Por otra parte, se comunica a las partes que de conformidad con el Acuerdo en mención, el presente expediente permanecerá en el archivo de este órgano de control de la constitucionalidad durante el lapso de tres años y, posteriormente, se procederá a la depuración o destrucción según corresponda conforme al acuerdo general aludido. Ahora bien, como existen documentos originales exhibidos por la parte quejosa, de conformidad con el punto vigésimo del citado acuerdo, désele vista, a fin de que acuda al local de este Juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos originales que exhibió en el presente juicio de garantías, apercibida que de no hacerlo, será depurados y enviado junto al expediente en que se actúa, al Archivo de Concentración Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el Estado de México, con sede en Toluca, Estado de México para su resguardo. ... Notifíquese y personalmente por lista a la parte quejosa en términos de lo proveído en auto de veintidós de septiembre pasado.
- Principal
Toluca, Estado de México a siete de octubre de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 21/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia; se provee lo siguiente: Devuelven exhorto. De conformidad en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, agréguese a los autos el oficio y anexo de cuenta, signado criptográficamente por el Juez Primero de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, a través del devuelve diligenciado el exhorto 168/2022-II (Número de orden 168/2022-II) del propio índice, por el que se solicitó notificar a la quejosa Martha Margarita Rodríguez Fierro el auto de veintidós de septiembre pasado; por tanto, se toma conocimiento para los efectos legales procedentes, sin que sea necesario acusar recibo de la comunicación que se recibe, pues este se genera automáticamente al efectuar el envió. Háganse las respectivas anotaciones en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En tales condiciones, con fundamento el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo, se tiene por notificada a la parte quejosa del proveído de referencia, para los efectos legales conducentes. Desahoga prevención. Por otra parte, téngase por recibido el escrito y anexo presentado por la quejosa Martha Margarita Rodríguez Fierro, a través del cual da cumplimiento a lo requerido en auto de veintidós de septiembre pasado. Atento a lo anterior, se tiene por desahogado el requerimiento de mérito, dejando sin efectos el apercibimiento con el cual se conminó para el caso de ser omisa. Desechamiento. Ahora bien, previo a la admisión o desechamiento de la demanda de amparo es menester establecer que en términos de lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se debe analizar si existe o no un motivo manifiesto e indudable de improcedencia y, en tal supuesto, debe desecharse de plano la demanda. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Es aplicable la jurisprudencia I.1o.A. J/4, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primera Circuito, publicada en la página 890, del Tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, mayo de mil novecientos noventa y ocho, Novena Época, con número de registro 196196, que establece: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes". En términos de lo establecido en el artículo 74, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, debe precisarse que el acto reclamado en el presente asunto consiste en: - La respuesta recaída a la solicitud presentada por la quejosa al Presidente Municipal por Ministerio de Ley de Ecatepec, Estado de México el doce de agosto del año en curso, relativa al oficio DDUyOP/CJ/ECA/6289/2022, por medio de la cual la responsable omite contestar en forma congruente y de manera clara a lo peticionado, precisando que dicha respuesta fue dada por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México. En el caso, se advierte de oficio que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el ordinal 61, fracción XX, de la ley reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta ley.". El principio de definitividad en el juicio constitucional constituye uno de los principios jurídicos rectores de la instancia que la rige, que en términos generales consiste en que la persona que se considera agraviada con la emisión de un acto de autoridad, previo a acudir al amparo debe agotar el recurso ordinario o medio de defensa legal que la ley señale y ponga a su alcance, y que tenga por objeto revocar, modificar o nulificar el acto reclamado. Como en el caso concreto, el quejoso reclama la respuesta recaída a la solicitud presentada por la quejosa al Presidente Municipal por Ministerio de Ley de Ecatepec, Estado de México el doce de agosto del año en curso, relativa al oficio DDUyOP/CJ/ECA/6289/2022, por medio de la cual la responsable omite contestar en forma congruente y de manera clara a lo peticionado, precisando que dicha respuesta fue dada por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México, es inconcuso que se actualiza la causal de improcedencia prevista por la fracción XX del artículo 61 de la Ley de Amparo. Del dispositivo aludido se advierte que los elementos con los que se integra la causa de improcedencia en comento, son los siguientes: El acto reclamado debe emanar de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, b) Contra ese acto debe proceder algún medio de defensa legal; c) Por medio de ese medio de defensa, el acto reclamado debe ser susceptible de modificación, revocación o nulificación. Para poder establecer que en el caso se actualiza la causal de improcedencia de mérito es menester referir al texto de los dispositivos legales de carácter procesal que rigen a la ley del acto reclamado, respecto de los recursos ordinarios y los tipos de resoluciones judiciales que se puede emitir, en cuanto al tipo de acto que se reclama en esta instancia constitucional, esto es, al Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. En efecto, los diversos 111, 186, 187, fracción II y 229, fracción II del Código de Procedimientos Administrativos del estado de México, estatuyen: "Artículo 111.- Los particulares podrán participar en el procedimiento administrativo con el carácter de peticionario, afectado o tercero interesado. Es peticionario quien hace a la autoridad administrativa una solicitud. Afectado es la persona susceptible de ser perjudicada por un acto administrativo o fiscal en sus derechos e intereses legítimos. El tercero interesado es aquél que tiene una pretensión contraria o coincidente con la del peticionario. Artículo 186.- Contra los actos y resoluciones de las autoridades administrativas y fiscales, los particulares afectados tendrán la opción de interponer el recurso administrativo de inconformidad ante la propia autoridad o el juicio ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo. Artículo 187. El recurso de inconformidad procede en contra de: II. Los actos administrativos y fiscales que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; Artículo 229.- Procede el juicio contencioso administrativo en contra de: II. Los actos administrativos y fiscales de trámite que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal, que afecten derechos de particulares de imposible reparación; ." En tal sentido, en los dispositivos legales transcritos se observa que el Juicio Contencioso Administrativo, procede contra los actos que dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios y de los organismos auxiliares de carácter estatal o municipal que afecten los derechos de particulares de imposible reparación. Bajo esas premisas, si en el caso a estudio se reclama la respuesta recaída a la solicitud presentada por la quejosa al Presidente Municipal por Ministerio de Ley de Ecatepec, Estado de México el doce de agosto del año en curso, relativa al oficio DDUyOP/CJ/ECA/6289/2022, por medio de la cual la responsable omite contestar en forma congruente y de manera clara a lo peticionado, precisando que dicha respuesta fue dada por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México, es inconcuso que en contra del precitado acto administrativo, la parte quejosa está en aptitud de promover el recurso de inconformidad ante la propia autoridad o el Juicio Contencioso Administrativo, antes de acudir a esta instancia constitucional, lo que conlleva a determinar la improcedencia del juicio de amparo indirecto que se promueve. Se afirma lo anterior, en atención a que el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, prevé en sus artículos 186, 187 y 229, como ya se dijo, el recurso de inconformidad o el Juicio Contencioso Administrativo, los cuales proceden en el caso que nos ocupa de manera indistinta a elección del afectado con el acto de autoridad. Por consiguiente, se actualiza la hipótesis estatuida en la citada fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, al haberse colmado las exigencias siguientes: a) La determinación reclamada es un acto administrativo proveniente del Presidente Municipal por Ministerio de Ley de Ecatepec, Estado de México. b) El acto reclamado es impugnable mediante el recurso de inconformidad o el Juicio Contencioso Administrativo, establecido el código adjetivo administrativo de la entidad. c) Por medio de dicho recurso, el acto reclamado puede ser confirmado, modificado o revocado. Consecuentemente, ante tal afectación, proceden como medios de defensa el recurso de inconformidad ante la propia autoridad administrativa o el juicio contencioso administrativo, previstos en los artículos 186, 187 y 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México. Por otra parte, la fracción XX del artículo 61 de la ley de la materia, también precisa que los juicos o medios de defensa legal que establezcan las leyes respectivas, deben suspender los efectos de los actos reclamados sin exigir mayores requisitos que los establecidos en la Ley de Amparo para conceder dicha suspensión. De conformidad con el artículo 254 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, la ley que regula el acto de afectación contempla la suspensión, sin mayores requisitos que los que exige la legislación de amparo. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia visible en la página 2936, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 24, noviembre de dos mil quince, tomo III, Décima Época, sustentada por los Tribunales Colegiado de Circuito Tribunal Pleno, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN DEL ACTO IMPUGNADO EN EL JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. EL CÓDIGO DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS DEL ESTADO DE MÉXICO NO EXIGE MAYORES REQUISITOS PARA CONCEDERLA QUE LOS PREVISTOS EN LA LEY DE AMPARO Y, POR TANTO, AQUELLA INSTANCIA DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO CONSTITUCIONAL: De la interpretación de los artículos 254 al 260 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que regulan la suspensión del acto impugnado en el juicio contencioso administrativo, no se advierte que se exijan mayores requisitos para otorgarla que los consignados en los artículos 128 a 158 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, pues no disponen requisitos adicionales, sino sólo ciertas diferencias que atienden a las características propias de cada sistema; por tanto, al no existir excepción al principio de definitividad, aquella instancia debe agotarse antes de acudir al juicio constitucional.". Por consiguiente, si la quejosa se duele de la respuesta recaída a la solicitud presentada por la quejosa al Presidente Municipal por Ministerio de Ley de Ecatepec, Estado de México el doce de agosto del año en curso, relativa al oficio DDUyOP/CJ/ECA/6289/2022, por medio de la cual la responsable omite contestar en forma congruente y de manera clara a lo peticionado, precisando que dicha respuesta fue dada por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México, y si respecto de dicho acto de afectación procede el recurso de inconformidad ante la propia autoridad o el Juicio Contencioso Administrativo, previstos en los artículos 186, 187 y 229, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, mediante los cuales, puede ser revocado o modificado el acto de afectación, y que además dicha legislación contempla la suspensión del acto reclamado sin mayores requisitos que los de la Ley de Amparo contempla, es indudable que el juicio de garantías deviene improcedente al no haberse agotado previamente los medios de impugnación señalados. Máxime que el acto reclamado que se impugna no solo alega violaciones directas a la Constitución, sino también disposiciones secundarias de la entidad. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 1a./J. 41/2001, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 101, Tomo XIV, Agosto de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son los siguientes: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO. LA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO SOLO PROCEDE RESPECTO DE VIOLACIONES A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO IMPUGNABLES EN LA VÍA DIRECTA, TRATÁNDOSE DE CONTROVERSIAS QUE AFECTEN AL ESTADO CIVIL, AL ORDEN Y ESTABILIDAD DE LA FAMILIA O A MENORES O INCAPACES. La interpretación literal, sistemática y teleológica de lo dispuesto en los artículos 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 161 de la Ley de Amparo, permite concluir que la excepción al principio de definitividad que dichas normas establecen, procede exclusivamente cuando en amparo directo en materia civil, se impugnen sentencias definitivas o resoluciones que pongan fin al juicio, por violaciones a las leyes del procedimiento que afecten las defensas del quejoso, siempre que dichas sentencias se hayan dictado en controversias relativas al estado civil o que afecten al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces. Ahora bien, si se toma en consideración que sólo en este caso específico y respecto de la referida vía de amparo, el interesado queda eximido de preparar el juicio de amparo, resulta inconcuso que no puede hacerse extensiva la citada excepción a los casos en los que por la diversa vía del amparo indirecto se impugnen actos de tribunales civiles ejecutados fuera de juicio o después de concluido, no obstante que se trate de controversias del estado civil o de actos que pudieran afectar al orden y estabilidad de la familia o a menores o incapaces, pues del contenido textual y de la interpretación de los mencionados preceptos legales se infiere que fue voluntad del Constituyente Reformador y del legislador ordinario, que la excepción en cita procediera exclusivamente en vía de amparo directo. Lo anterior se confirma con la interpretación de lo establecido respecto al juicio de amparo indirecto, en el inciso b) de la fracción III del señalado precepto constitucional y en el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, así como por el hecho de que por la propia naturaleza procedimental de esta vía, no se requiere de actos procesales tendientes a su preparación". En el mismo sentido, la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 119, Tomo 175-180 Tercera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, cuya literalidad es como sigue: "RECURSOS ORDINARIOS. NO ES NECESARIO AGOTARLOS CUANDO ÚNICAMENTE SE ADUCEN VIOLACIONES DIRECTAS A LA CONSTITUCIÓN. En principio un juicio de garantías es improcedente y debe ser sobreseído cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios que establezca la ley del acto, pues entre los principios fundamentales en que se sustenta el juicio constitucional se halla el de definitividad, según el cual este juicio, que es un medio extraordinario de defensa, sólo será procedente, salvo los casos de excepción que la misma Constitución y la Ley de Amparo precisan, y, con base en ambas, esta Suprema Corte en su jurisprudencia, cuando se hayan agotado previamente los recursos que la ley del acto haya instituido precisamente para la impugnación de éste. Como una de las excepciones de referencia, esta Suprema Corte ha establecido la que se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación y motivación, ya que no instituirla significaría dejar al quejoso en estado de indefensión, porque precisamente esas carencias (falta absoluta de fundamentación y motivación) le impedirían hacer valer el recurso idóneo para atacar dicho acto, pues el desconocimiento de los motivos y fundamentos de éste no le permitirían impugnarlo mediante un recurso ordinario. Empero, no hay razón para pretender que, por el hecho de que en la demanda de garantías se aduzca, al lado de violaciones a garantías de legalidad por estimar que se vulneraron preceptos de leyes secundarias, violación a la garantía de audiencia, no deba agotarse el recurso ordinario, puesto que, mediante éste, cuya interposición priva de definitividad el acto recurrido, el afectado puede ser oído con la amplitud que la garantía de audiencia persigue, ya que tiene la oportunidad de expresar sus defensas y de aportar las pruebas legalmente procedentes. En cambio, cuando únicamente se aduce la violación de la garantía de audiencia, no es obligatorio, para el afectado, hacer valer recurso alguno. El quejoso debe, pues, antes de promover el juicio de garantías, agotar el recurso establecido por la ley de la materia, pues la circunstancia de que en la demanda de amparo se haga referencia a violaciones de preceptos constitucionales no releva al afectado de la obligación de agotar, en los casos en que proceda, los recursos que estatuye la ley ordinaria que estima también infringida, pues de lo contrario imperaría el arbitrio del quejoso, quien, por el solo hecho de señalar violaciones a la Carta Magna, podría optar entre acudir directamente al juicio de amparo o agotar los medios ordinarios de defensa que la ley secundaria establezca". Finalmente, apoya lo considerado, la tesis número VI.1o.A.40 K, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, visible en la página 3125, Tomo XXVI, Octubre de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuya literalidad es la siguiente: "DEFINITIVIDAD. LA EXCEPCIÓN DE AGOTAR ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS RECURSOS ORDINARIOS SE ENCUENTREN PREVISTOS EN UN REGLAMENTO, COMPRENDE A LOS MEDIOS DE DEFENSA CONTENIDOS EN REGLAMENTOS HETERÓNOMOS Y NO ASÍ EN REGLAMENTOS AUTÓNOMOS. Si bien la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis 2a. LVI/2000 de rubro: "DEFINITIVIDAD. EXCEPCIONES A ESE PRINCIPIO EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.", sostuvo que previamente a la promoción del juicio de amparo, no es obligatorio agotar los medios ordinarios de defensa contra el acto reclamado cuando éstos se encuentren previstos en un reglamento y no así en la ley de la que deriva aquél, se estima que la precitada excepción debe ser referida respecto de los reglamentos heterónomos emitidos en uso de la facultad reglamentaria que se sujeta a los principios generales de reserva de la ley y de subordinación jerárquica, pero no así a los reglamentos autónomos que, de conformidad con los marcos constitucionales federal y local, son emitidos por los Municipios en los ámbitos de su competencia sin que reglamenten una ley determinada. Lo anterior, porque la citada excepción al principio de definitividad debe entenderse como referida a aquellos reglamentos que, emitidos en ejercicio de la facultad reglamentaria, prevén un recurso que no está previsto en la ley de que derivan, esto es, que violan los principios a que se sujeta el ejercicio de dicha facultad -reserva de ley y subordinación jerárquica- y, por ende, sería jurídicamente inadmisible que se exigiera al gobernado, antes de acudir al amparo, agotar un recurso previsto en una disposición reglamentaria que excede el contenido de la disposición legal en la que el reglamento encuentra su origen, justificación y medida; empero, en tratándose de los reglamentos autónomos cuyo fundamento se encuentra en los artículos 21, primer párrafo y 115 de la Constitución General de la República, dado que su existencia y contenido no se supeditan a la expedición previa de una norma formal y materialmente emitida por el Poder Legislativo, sino que subsisten por sí mismos en sus ámbitos territoriales y materiales de validez, sin que deban sujetarse a los anteriores principios de reserva de ley y de subordinación jerárquica, es inconcuso que en el caso de este tipo de reglamentos sí deben agotarse los recursos ordinarios previstos en ellos en forma previa a la promoción del juicio de garantías, lo que resulta congruente con la especial naturaleza de la acción de amparo como un medio extraordinario de defensa y de control de la constitucionalidad, y puesto que de no considerar que deban agotarse los recursos ordinarios previstos en los reglamentos autónomos en forma previa a la promoción del juicio de amparo, ello tendría como consecuencia que las actuaciones reglamentadas por los entes municipales en los ámbitos de su competencia constitucional -seguridad pública, tránsito, mercados, rastros, panteones, etcétera- no estarían sujetos al principio de definitividad, sino que podrían combatirse en forma inmediata mediante el juicio de garantías, lo que atentaría contra la especial jurisdicción que caracteriza a dicho medio de control de la constitucionalidad". Al quedar actualizadas las causales de improcedencia advertidas de oficio por este órgano jurisdiccional procede desechar de plano la demanda de garantías formulada por Martha Margarita Rodríguez Fierro, contra actos del Presidente Municipal por Ministerio de Ley de Ecatepec, Estado de México y otras autoridades, en términos de lo que dispone el artículo 113 de la ley de la materia. Sin que pase inadvertido para este órgano de control constitucional que la causal de improcedencia en que se funda el presente desechamiento, podría ser estudiadas en la audiencia de fondo que resolviera el juicio de garantías; sin embargo, se estima que tratándose de casos como el presente, siendo manifiesta la improcedencia de la acción intentada, sería contrario al principio de expeditez en la administración de justicia que se admitiera a trámite la demanda para luego, seguidas las formalidades de ley, alcanzar la misma conclusión ahora formulada. Es aplicable, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, en la tesis consultable en la página 316 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo X, correspondiente al mes de octubre, que establece: ... Notifíquese.
- Principal
... Del estado procesal que guardan los autos se advierte que el veintiséis de septiembre pasado, se remitió a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, el exhorto 168/2022-II (Número de orden 168/2022-II), por medio del cual se solicitó notificar a la parte quejosa el proveído de veintidós de ese mismo mes y año, sin que hasta el momento se tenga conocimiento del órgano jurisdiccional ante el cual se radicó por razón de turno. En tal virtud, solicítese a la Oficina de Correspondencia Común en cita, para que a la brevedad posible, informe el Juzgado de Distrito ante el cual se registró la comunicación oficial de mérito, para acordar lo que en derecho corresponda ... Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México a veintidós de septiembre de dos mil veintidós. Visto el Acuerdo General 16/2022, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado de los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en relación con el periodo de vigencia, se provee lo siguiente: RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo, promovida por Martha Margarita Rodríguez Fierro, por derecho propio, contra actos del Presidente Municipal por Ministerio de Ley de Ecatepec, Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes Electrónicos SISE, bajo el número 1440/2022-II. EXHORTACIÓN JUICIO EN LÍNEA. En términos artículo 28, del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, exhórtese a la partes para que de ser posible continúen con la tramitación del "juicio en línea", para tal efecto deberán proporcionar a este juzgado el nombre del usuario para que se les proporcione la autorización correspondiente, en el entendido que deberán manifestar si es su deseo ser notificadas vía electrónica de las determinaciones que se adopten en el presente sumario constitucional; ello con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación, así como de los justiciables. En caso de continuar con la tramitación del presente juicio a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se sugiere a las partes que al consultar el expediente electrónico, verifiquen en todos los campos que aparecen en el referido portal; es decir, tanto en el campo de persona física o en su caso como persona jurídica, pues el sistema puede identificar al usuario en alguno de los apartados referidos. PREVENCIÓN. Ahora bien, de conformidad con lo establecido en los artículos 108 y 114 de la Ley de Amparo, este órgano jurisdiccional estima procedente requerir al promovente para que, dentro del plazo de cinco días hábiles, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, entendido de la responsabilidad en la que incurren las partes en el juicio de amparo y de las sanciones previstas en los artículos 237, 238 y 261 de la Ley de Amparo, realice lo siguiente: ÚNICO. Deberá manifestar el acto que les atribuye a cada una de las autoridades que señaló como responsables, lo anterior, en atención a que de la debida imposición del escrito que se atiende, se advierte que la quejosa reclama la omisión de contestar en forma congruente y de manera clara a lo solicitado en escrito presentado el doce de agosto de dos mil veintidós, dirigido al Presidente Municipal por Ministerio de Ley de Ecatepec, Estado de México, precisando que dicha respuesta fue dada por el Director de Desarrollo Urbano y Obras Públicas del Municipio de Ecatepec de Morelos en el Estado de México; sin embargo, señala a diversas autoridades como responsables, sin que se advierte que acto o actos les reclama a cada una de ellas, ni precisa la intervención que tienen en el acto impugnado. Lo cual crea confusión a este órgano jurisdiccional, para establecer los actos que pretende controvertir la impetrante y para instar la presente acción de amparo. Por tanto, deberá aclarar tal circunstancia a fin de que este órgano jurisdiccional, pueda establecer el acto que reclama a cada una de las autoridades que señala como responsables, lo cual es un requisito legal ineludible. Esto es así, ya que si bien es cierto la demanda de amparo deberá ser estudiada como un todo, también lo es que la parte quejosa deberá satisfacer los requisitos que precisa el artículo 108 de la ley de la materia, en lo particular lo previsto por sus fracciones III y IV, lo que desde luego no acontece, pues si el artículo 76 de la ley de la materia, no autoriza a cambiar actos reclamados ni llamar a autoridades no designadas, este órgano jurisdiccional no puede ni debe de oficio ordenar que se admita la demanda respecto de uno que la parte quejosa no señaló de forma correcta o emplazar a una autoridad sin precisarla, máxime que la suplencia de la queja no opera respecto a actuaciones combatidas ni autoridades; lo anterior, pues corregirse de oficio el señalamiento de ellas, se dejaría en estado de indefensión al impetrante, pues probablemente se requeriría a las responsables conforme a un acto diverso al que quiso referir en su escrito de demanda. Es aplicable a lo anterior por identidad jurídica, la tesis número XX.57 K de los Tribunales Colegiados de Circuito, consultable en la página 871 del Tomo III del mes de marzo de mil novecientos noventa y seis, del tenor siguiente: ...De igual forma, sustenta a lo anterior, por analogía, la tesis 1.4°.C. 26K, visible a página sesenta y tres, Tomo IX, Febrero de 1992, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que a la letra expresa: ...En la inteligencia que del escrito con el que cumpla lo solicitado, deberá de exhibir las copias necesarias para correr traslado a cada una de las partes, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 de la ley de la materia. Es aplicable la jurisprudencia P/J.36/2001, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de la Nación, publicada en la página 79, del Tomo XIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de Abril del año dos mil uno, Novena Época, con número de registro 189977, que establece: ... APERCIBIMIENTO. A la promovente se le apercibe que de no cumplir en el lapso concedido para tal efecto con los extremos de los requerimientos hechos, se procederá en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo; es decir, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. DOMICILIO. .... Notifíquese por exhorto a la parte quejosa.
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