Martha Martínez Muro
Expediente 141/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 25 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 141/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 25/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Martha Martínez Muro
Actuaciones
- Principal
Morelia, Michoacán, veinticinco de noviembre de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio 6161, signado electrónicamente por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, en atención a su contenido, acúsese recibo del oficio 215, a través del cual remitió el juicio de amparo directo civil 871/2019, así como la ejecutoria emitida en sesión veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, al resolver el amparo directo civil 871/2019, en razón a que dicho órgano jurisdiccional determinó que carecía de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por..., de apellidos..., contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; demanda de garantías que se DESECHÓ, al resultar notoriamente improcedente, pues se actualizo de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V interpretado en sentido contrario, de la Ley de la Ley de Amparo en vigor, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Agréguese el oficio número 234, signado por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del diverso 3890/2021, por medio del cual este órgano jurisdiccional le devolvió los autos originales del toca de apelación I-328/2019 y los relativos al juicio ordinario civil 58/2018; lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. Cúmplase.
- Principal
Morelia, Michoacán, nueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término de cinco días de que disponía la parte quejosa, para interponer el recurso de queja que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, en contra del auto de veintidós de febrero de dos mil veintiuno, por medio del cual se desechó su demanda de amparo, transcurrió del dos al ocho de marzo del año en curso, sin que lo hiciera; en consecuencia, SE DECLARA FIRME dicho proveído, para los efectos legales a que haya lugar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, devuélvase al Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado los autos originales del toca de apelación I-328/2019 y los relativos al juicio ordinario civil 58/20180, que remitió a este Juzgado Federal el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, tomos que se formaron por separado, para su mejor manejo, solicitando el acuse de recibo correspondiente; y, en su oportunidad, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente cuaderno como definitivamente concluido. Finalmente, tomando en consideración que el presente expediente se encuentra totalmente concluido, de conformidad con lo dispuesto en el artículo Quinto Transitorio, el Capítulo Segundo, artículo 6; Capítulo Tercero, ordinal 8; y, Capítulo Octavo, numeral 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto es susceptible de DESTRUCCIÓN al ubicarse en la hipótesis prevista en el capítulo Octavo, artículo 21 inciso d), del Acuerdo en mención; ello, en razón de que este órgano jurisdiccional estima que carece de relevancia documental; en consecuencia, hágase del conocimiento de las partes que intervinieron en el presente asunto, que de no comparecer dentro del plazo de tres días a recoger las copias de demanda que exhibió, sin previo acuerdo se ordenará su destrucción. Notifíquese.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintidós de febrero de dos mil veintiuno. Por recibido el oficio 215, signado por el Secretario de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Décimo Primer Circuito, con sede en esta ciudad, al que acompaña el juicio de amparo directo civil 871/2019, así como la ejecutoria emitida en sesión veinticuatro de septiembre de dos mil veinte, al resolver el amparo directo civil 871/2019, en razón a que dicho órgano jurisdiccional determinó que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida por ., contra actos del Magistrado de la Séptima Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; acúsese recibo de estilo. Por tanto, con fundamento en el numeral 45 de la Ley de Amparo, esta potestad federal se avoca a su estudio, asimismo se tiene por recibido el original del toca de apelación I-328/2019 y juicio ordinario civil 58/2018. Ahora bien, de la demanda en trato se advierte que resulta notoriamente improcedente, pues se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia prevista por la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V interpretado en sentido contrario, de la Ley de la Ley de Amparo en vigor, que disponen respectivamente lo siguiente: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". Respecto a lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", la Ley de Amparo en su artículo 107, fracciones III, inciso b) y V, ofrece sendas precisiones para comprender el alcance de dicha expresión. La primera de ellas, dirigida a regular los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda, cuya vocación es la de normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Con base en estas disposiciones legales, puede afirmarse que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, para ser calificados los actos reclamados como de imposible reparación necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provine exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que se establecen para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. Y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo que aquí interesa, la jurisprudencia número P./J.37/2014(10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 39, Libro 7, Junio de 2014, Tomo I, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto es: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora, en relación a lo anterior el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tales actos son aquéllos que causan una afectación cierta e inmediata a los derechos sustantivos tutelados por las garantías constitucionales. Tiene aplicación a lo expuesto, la tesis de jurisprudencia por contradicción número 189, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ÉSTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el Juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio". En efecto, en la especie la parte quejosa hace consistir el acto reclamado en: "De la autoridad señalada como ordenadora, Magistrado de la H. SEPTIMA SALA CIVIL DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MICHOACAN, le reclamo la Sentencia Definitiva de Segunda Instancia de fecha 02 dos de octubre de 2019 dos mil diecinueve, dictada por la misma en el toca civil número I-328/2019, formado con motivo del Recurso de Apelación interpuesto por las suscritas, en contra dela Sentencia de Primera Instancia de fecha 12 doce de agosto de 2018 dos mil diecinueve, pronunciada por el C. Juez Mixto de Primera Instancia, del distrito Judicial de Puruándiro Michoacán en el expediente número 58/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil, promovido por las suscritas ., con el carácter de parte actora, hoy quejosas, en contra de los señores YESENIA ESPINO CISNEROS Y J. CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ Y/O JE. CARMEN MARTINEZ RODRIGUEZ, por cuanto que dicha sentencia definitiva confirmó en sus términos la Sentencia condenatoria de primer grado del inferior, condenando a las Apelantes al pago de todas y cada una de las Prestaciones reclamadas. De la autoridad señalada con el carácter de ejecutora, le reclamo cualquier emisión o realización de cualquier acto que tienda a ejecutar la sentencia que se le reclama a la autoridad ordenadora". El concepto de irreparabilidad necesario para la procedencia del juicio Constitucional no se actualiza porque con el acto reclamado no se ven afectados de modo directo e inmediato derechos sustantivos de la parte quejosa como bien pudieran ser la vida, la libertad, sus propiedades, entre otros Ahora bien, el acto reclamado no tiene una ejecución de imposible reparación, pues si bien reclama la resolución emitida el dos de octubre de dos mil diecinueve, por el Magistrado de la Séptima Sala Civil del Tribunal de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, dentro del toca I-328/2019, a través de la cual confirmó la sentencia definitiva de doce de agosto de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Puruándiro, Michoacán, dictada en el juicio ordinario civil 58/2018, sobre terminación de contrato de arrendamiento y otras prestaciones, en la que declaró estar impedido para resolver tal controvertido, declinando la competencia al Tribunal Unitario Agrario del distrito 36, con sede en esta ciudad, para lo cual ordenó remitir los autos al mencionado tribunal, por ser el que ejerce competencia por territorio en relación con el municipio de Puruándiro, Michoacán, lo cierto es que, éste sólo constituye una mera transgresión a derechos subjetivos o intraprocesales de la parte quejosa, pues no debe ser considerado como un acto definitivo cuya ejecución sea de imposible reparación, toda vez que, estaría pendiente que el Tribunal Unitario Agrario, a quien se estimó la competente para conocer del asunto planteado, acepte o no la competencia propuesta a su favor. Lo anterior es así, porque los efectos perjudiciales de la determinación reclamada dictada dentro del juicio de origen de que se trata, se actualizarían, en su caso, hasta que la autoridad declinada se pronuncie sobre la competencia propuesta en su favor (lo que en la especie todavía no acontece), en cuyo caso, las inconformes estarían en aptitud de hacer valer el medio de impugnación correspondiente, ya que de rechazar la competencia declinada a favor de dicha autoridad, surgiría un conflicto competencial, lo que hace evidente que ese tipo de resoluciones no tienen el carácter de definitivas que sean de imposible reparación para que sea procedente el juicio de amparo que se intenta. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número P./J. 17/2015 (10a), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, Libro 21, Agosto de 2015, Tomo I, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, cuyo texto indica: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE EN CONTRA DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD QUE DETERMINEN DECLINAR O INHIBIR LA COMPETENCIA O EL CONOCIMIENTO DE UN ASUNTO, SIEMPRE QUE SEAN DEFINITIVOS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN VIII, DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Aunque en la porción normativa indicada el legislador introdujo expresamente la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que determinen inhibir o declinar la competencia o el conocimiento de un asunto, aquélla no puede interpretarse literalmente y aseverar que, por ese solo hecho, el juicio de amparo procede indefectiblemente cuando se reclamen actos de tal naturaleza, soslayando para ello los principios constitucionales y legales que lo rigen, entre los que destacan los relativos a que el acto produzca una afectación real y actual a la esfera jurídica del interesado y a que éste cumpla con el principio de definitividad, pues bajo esa interpretación podrían desencadenarse consecuencias contrarias a la naturaleza del juicio de amparo y contravenirse la regularidad constitucional que se busca preservar con dicho medio extraordinario de defensa. En ese sentido, de la interpretación conforme del artículo 107, fracción VIII, de la Ley de Amparo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la cual exige optar por aquella de la que derive un resultado más acorde al Texto Supremo, a fin de garantizar la supremacía constitucional y, simultáneamente, permitir una adecuada y constante aplicación del orden jurídico, se concluye que los actos de autoridad susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo indirecto, con fundamento en dicho precepto legal, deben entenderse referidos a aquellos en los que el órgano a favor del cual se declina la competencia la acepta (en el caso de la competencia por declinatoria), o bien, cuando acepta inhibirse en el conocimiento de un asunto (en el caso de la competencia por inhibitoria), porque es en este momento y no antes, cuando se produce la afectación personal y directa a la esfera de derechos de la parte interesada en términos del artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y cuando se han producido todas las consecuencias del acto reclamado. De esta manera, la decisión del órgano de declararse incompetente o la solicitud de una autoridad a otra para que se inhiba en el conocimiento de un asunto no pueden considerarse determinaciones que justifiquen la procedencia del juicio de amparo indirecto con fundamento en el artículo 107, fracción VIII, aludido, sino en el caso de que aquéllas se tornen definitivas". Por lo que al actualizarse de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencias citadas, la demanda de garantías se debe DESECHAR, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Se tiene como domicilio de la parte quejosa, para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Jardín Niños Héroes, número 13, interior 16, colonia Centro, en esta ciudad y autorizando para tal efecto a Armando Gibran Garza Montufar, quien gozará de las amplias facultades que confiere artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que al efectuar una consulta en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales, se localizó la cédula profesional número 7651034, que lo acredita como licenciado en derecho, no así a José Jesús Escobedo Jacinto, José Vicente Gómez Villa, en tanto acrediten estar legalmente facultados para ejercer la licenciatura en derecho, lo anterior por ser la materia del presente asunto de naturaleza Civil y únicamente para recibirlas a José Cabañas Santos, toda vez que para esos términos fue autorizado. Por otro lado, en términos de lo establecido por el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se invita a las partes a efecto de que, de estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea, así como para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido se deberá registrar y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de cámaras fotográficas a fin de recabar y copiar de manera eficaz los acuerdos o resoluciones dictados en el presente asunto, de conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a fin de obtener imágenes digitalizadas del contenido del presente expediente, mediante cualquier medio electrónico que así lo permita pero bajo las siguientes condiciones: cada vez que deseen fotografiar y/o usar cualquier otro medio electrónico para tomar notas de las constancias, deberán solicitarlo al Secretario, para que éste autorice ante su presencia la fotografía o escaneo, pero tales reproducciones sólo serán del contenido del auto o resolución sin firmas del Juez ni Secretario, por lo cual deberán dejar asentada razón del autorizado donde precisará que constancias tomó y el objeto por el cual lo hizo. En el entendido de que dicha consulta no opera respecto de documentos reservados o confidenciales. Apoya lo anterior, la tesis aislada número I.1o.A.23 K (10a.), del Tribunal Colegiado de Circuito, publicada en la página 1830, Libro 17, Abril de 2015, Tomo II, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del rubro y texto siguientes: "REPRODUCCIÓN DE CONSTANCIAS DEL EXPEDIENTE DE AMPARO. LAS PARTES Y SUS AUTORIZADOS PARA IMPONERSE DE LOS AUTOS, PUEDEN EMPLEAR CÁMARAS FOTOGRÁFICAS U OTROS MEDIOS ELECTRÓNICOS, SIN QUE DEBAN LIMITARSE A LOS PROVEÍDOS DEL ÓRGANO JURISDICCIONAL (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Durante la vigencia de la anterior Ley de Amparo, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la Circular 12/2009, comunicó a los Juzgados de Distrito y Tribunales de Circuito que no existe inconveniente para permitir a las partes el empleo de medios digitales con la finalidad de imponerse "de los acuerdos" dictados en los expedientes de su interés, sin hacer referencia a la totalidad de los documentos que obren en autos. No obstante, la actual ley reglamentaria del juicio constitucional prevé el expediente electrónico como medio para la conservación de las constancias de los asuntos que se rigen bajo ese ordenamiento, como se desprende de su artículo 3o. Con motivo de esto último, las partes podrán consultar los expedientes mediante su firma electrónica y el sistema que se implemente para ello. En ese tenor, considerando que los quejosos, autoridades y terceros interesados tienen expedita la posibilidad de consultar los autos e, incluso, de solicitar copia de las constancias que obren en el expediente físico, no existe un motivo que justifique negarles su reproducción, a través de dispositivos electrónicos o sólo permitirlo tratándose de los proveídos del tribunal. En consecuencia, si se toma en cuenta que, por regla general, sólo pueden consultar el expediente las partes y el juzgador que conozca de un asunto que se encuentra subjúdice, además de los autorizados a quienes confían la defensa de sus intereses litigiosos, la reproducción a través de cámara fotográfica, escáner u otros dispositivos semejantes no sólo es permisible para dichas personas, sino que favorecería el ejercicio de sus derechos con mayor celeridad y sencillez, al no tener que esperar a que se provea favorablemente sobre la expedición de las copias que requieran". Hágase del conocimiento de las partes en este asunto, que todas las resoluciones emitidas en este expediente, así como los datos que en las mismas se asienten, de conformidad con el considerando décimo quinto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil cuatro, son públicos y para su difusión no se requiere del consentimiento de ellas; sin embargo, en caso de existir oposición expresa por alguna de las partes, y de ser procedente la publicación se suprimirán los datos personales, salvo su nombre, y en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por este órgano jurisdiccional. Notifíquese Personalmente.
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