Martha Leticia Valdéz Luna

Expediente 1183/2023 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Michoacán. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1183/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
27/09/2023

Partes del expediente

  • Martha Leticia Valdéz Luna

Actuaciones

  1. Principal

    En cumplimiento a lo establecido en el artículo 27, fracción I, inciso c) respectivamente, de la Ley de Amparo, publicada el dos de abril de dos mil trece en el Diario Oficial de la Federación, se notifica por medio lista de acuerdos que se publica en este Juzgado Federal; a la parte quejosa, el acuerdo de veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente señala: Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/3456/2023, signado por la Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copias cotejadas de algunas constancias del expediente laboral ********************, de su índice, entre las que se encuentra el auto de trece del mes y año en curso, así como la notificación del mismo, documentales que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dad su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado presidente a su oficio de cuenta, se advierte que el trece de septiembre de dos mil veintitrés, el Tribunal responsable dio respuesta al escrito presentado el trece de junio del año en curso por la quejosa ********************, dentro del juicio ********************, de su índice. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, turnado al día siguiente a este Juzgado federal, ********************, promovió juicio de amparo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: ". IV.- EL ACTO RECLAMADO.- Se hace consistir en la DILACIÓN PROCESAL en la que hasta la fecha ha incurrido la Autoridad aquí señalada como Responsable, por no realizar las gestiones necesarias e inmediatas, tendientes y relativas a la Emisión del Acuerdo respectivo que conforme a Derecho Proceda; así como las subsecuentes Etapas procesales correspondientes, hasta poner en fin al Procedimiento laboral de referencia, retardando con ello la prosecución del procedimiento de manera normal y pronta, como quedaran patentado en la presente Solicitud de Amparo. ANTECEDENTES: . SEGUNDO.- Una vez seguido el Procedimiento Laboral en sus Etapas Procesales correspondientes, y habiéndose desahogado las Pruebas ofrecidas por las partes, ya con la lejanísima fecha del 13 trece de junio, del año 2023 dos mil veintitrés, presente una promoción para que se hiciera efectivo el aparecimiento a la parte codemandada realizado en autos, sin que el Tribunal responsable emitiera el Acuerdo que conforme a Derecho proceda." Luego, por auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal. Ahora bien, de cumulo de constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que el quejoso reclama en escencia: - La omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de dar contestación al escrito presentado por la quejosa el trece de junio del año en curso y como consecuencia de eso la dilación procesal en el juicio laboral ********************. Ahora, de las constancias que la autoridad responsable acompaña en copias certificadas relativas al acuerdo emitido el trece de septiembre del año en curso dictado dentro del juicio laboral ********************, del que se advierte que la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado el trece de junio del año en curso por la aquí quejosa ********************, documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De ahí que se advierta que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de dar contestación al escrito presentado por la quejosa el trece de junio del año en curso dentro del juicio laboral ********************, que instó la quejosa; también lo es que el trece de septiembre de dos mil veintitrés, el Tribunal responsable dio contestación al referido escrito de trece de junio de dos mil veintitrés, según se advierte de las constancias respectivas, con lo que se da el impulso procesal que solicitó la inconforme. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, veintisiete de septiembre de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio TCA/PRES/AMP/3456/2023, signado por la Presidente del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, con fundamento en el artículo 117 y 119 de la Ley de Amparo, se tiene rendido el informe justificado que le fue solicitado, al que adjunta copias cotejadas de algunas constancias del expediente laboral ********************, de su índice, entre las que se encuentra el auto de trece del mes y año en curso, así como la notificación del mismo, documentales que se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas, dad su propia y especial naturaleza. Ahora bien, de las constancias remitidas por el citado presidente a su oficio de cuenta, se advierte que el trece de septiembre de dos mil veintitrés, el Tribunal responsable dio respuesta al escrito presentado el trece de junio del año en curso por la quejosa ********************, dentro del juicio ********************, de su índice. Atento a lo anterior, en la especie, se actualiza la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo del texto literal que dice lo siguiente: ".ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado;." Ello es así, en razón a que para que la referida causa de improcedencia se actualice, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, no deje ahí alguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal, según lo previene la jurisprudencia 198, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." De los presentes autos se advierte que mediante escrito presentado el cuatro de septiembre de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, turnado al día siguiente a este Juzgado federal, ********************, promovió juicio de amparo contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, por los actos reclamados consistentes en: ". IV.- EL ACTO RECLAMADO.- Se hace consistir en la DILACIÓN PROCESAL en la que hasta la fecha ha incurrido la Autoridad aquí señalada como Responsable, por no realizar las gestiones necesarias e inmediatas, tendientes y relativas a la Emisión del Acuerdo respectivo que conforme a Derecho Proceda; así como las subsecuentes Etapas procesales correspondientes, hasta poner en fin al Procedimiento laboral de referencia, retardando con ello la prosecución del procedimiento de manera normal y pronta, como quedaran patentado en la presente Solicitud de Amparo. ANTECEDENTES: . SEGUNDO.- Una vez seguido el Procedimiento Laboral en sus Etapas Procesales correspondientes, y habiéndose desahogado las Pruebas ofrecidas por las partes, ya con la lejanísima fecha del 13 trece de junio, del año 2023 dos mil veintitrés, presente una promoción para que se hiciera efectivo el aparecimiento a la parte codemandada realizado en autos, sin que el Tribunal responsable emitiera el Acuerdo que conforme a Derecho proceda." Luego, por auto de seis de septiembre de dos mil veintitrés, este órgano jurisdiccional, admitió a trámite la demanda de amparo, solicitó el informe justificado a la autoridad responsable y dio intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado federal. Ahora bien, de cumulo de constancias que integran el juicio de amparo, se advierte que el quejoso reclama en escencia: - La omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de dar contestación al escrito presentado por la quejosa el trece de junio del año en curso y como consecuencia de eso la dilación procesal en el juicio laboral ********************. Ahora, de las constancias que la autoridad responsable acompaña en copias certificadas relativas al acuerdo emitido el trece de septiembre del año en curso dictado dentro del juicio laboral ********************, del que se advierte que la autoridad responsable dio contestación al escrito presentado el trece de junio del año en curso por la aquí quejosa ********************, documentales que merecen pleno valor probatorio, en términos de lo establecido en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al artículo 2°. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 226, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra dice: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena". De ahí que se advierta que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, en razón a que, dentro del juicio laboral del que emanan los actos reclamados en este asunto, han dejado de surtir sus efectos, por haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó la que dio motivo al amparo promovido. Ello es así, dado que si bien es cierto dentro del presente juicio, el quejoso señaló como acto reclamado la omisión por parte del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, de dar contestación al escrito presentado por la quejosa el trece de junio del año en curso dentro del juicio laboral ********************, que instó la quejosa; también lo es que el trece de septiembre de dos mil veintitrés, el Tribunal responsable dio contestación al referido escrito de trece de junio de dos mil veintitrés, según se advierte de las constancias respectivas, con lo que se da el impulso procesal que solicitó la inconforme. Por lo que, al haber surgido una situación jurídica que definitivamente destruyó a la que motivó el amparo, es indudable que, como ya se dijo, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo en vigor, motivo por el cual procede sobreseer en el presente juicio de garantías fuera de audiencia, en términos del artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia 415, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatos, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Así como, por identidad de razón, la jurisprudencia número 10/2003, consultable a fojas 386 y 387, del tomo XVII, correspondiente al mes de marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que textualmente dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". En ese contexto, se deja sin efectos la fecha de la audiencia constitucional, programada para las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL SEIS DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Morelia, Michoacán, seis de septiembre de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos de los que se advierte que mediante proveído de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, se quedó firme el acuerdo que tuvo por cumplida la ejecutoria de amparo y por tanto se ordenó el archivo del presente expediente como asunto totalmente concluido. Sin embargo, no se devolvió el tomo de pruebas formado por la copia certificada de algunas constancias del juicio ordinario laboral ********************, del índice de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad. En tales condiciones, con fundamento en el artículo 58 del Código Federal de Procedimiento Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, según su numeral 2°, se regulariza el presente sumario constitucional a efecto de devolver a su lugar de origen el citado tomo de pruebas; en consecuencia, por no ser necesarias las constancias de referencia remítanse las mismas a la Junta responsable, solicitando el acuse de recibo correspondiente. Notifíquese.

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