Martha Maribel Arriaga Ramírez

Expediente 904/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 2 actuaciones registradas, la última del 11 de noviembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
904/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
11/11/2021

Partes del expediente

  • Martha Maribel Arriaga Ramírez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el término de cinco días para interponer recurso de queja contra el auto en el que se desechó la demanda de amparo promovida, se declara que la resolución en cuestión ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y archívese como asunto concluido. este expediente es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de tres años, contado a partir de la emisión de este proveído.-

  2. Principal

    Vista la demanda de amparo suscrita por Martha Maribel Arriaga Ramírez contra actos de la Dirección General de Desarrollo Urbano y otra autoridad; fórmese el cuaderno respectivo y regístrese con el número 904/2021-I.- Del análisis integral de la demanda y sus anexos, se obtiene que la parte quejosa reclama la ejecución de la orden de visita de inspección y clausura temporal parcial con número de folio DGDU/DVU/O-511/2021 respecto de una construcción de ampliación en el área de una cochera que refiere la promovente es de su propiedad y, en vía de consecuencia, su posible demolición. El principio de definitividad del juicio de amparo que contiene la fracción transcrita, consiste en la obligación del quejoso de observar previamente al ejercicio de la acción constitucional, los recursos o medios de defensa ordinarios que la ley establezca y que puedan conducir a la revocación, modificación o anulación del acto reclamado. Este principio encuentra justificación en el hecho de que el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección constitucional. La previsión normativa contiene la causa de improcedencia del juicio de amparo indirecto contra aquellas resoluciones dictadas por autoridades distintas a los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban revisarse de oficio o contra las que proceda algún recurso, juicio o medio de defensa, con el cual puedan modificarse, revocarse o anularse. El principio de definitividad admite excepciones: La primera de ellas, exime al solicitante de amparo de agotarlo cuando, con la interposición del recurso, juicio o medio de defensa ordinario, no pueda obtenerse, con la misma facilidad que le brinda la Ley de Amparo, la suspensión de los actos reclamados. La segunda se actualiza cuando el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Los actos reclamados pueden impugnarse conforme con los artículos 1, 132, 135, 136, 226 y 227 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato.- Los citados preceptos establecen la procedencia del recurso de inconformidad o la impugnación de los actos administrativos ante la autoridad jurisdiccional. Por tanto, en contra de los actos que reclama la quejosa procede el juicio de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Guanajuato. Es así, porque los artículos 268 al 278 del Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato prevén la suspensión de los efectos del acto reclamado (sin prejuzgar sobre su procedencia), sin mayores requisitos que los previstos en el artículo 128 de la Ley de Amparo.- De ahí que no sean mayores los requisitos establecidos en el Código de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato para la procedencia de la suspensión del acto impugnado, que los prescritos en la Ley de Amparo, por lo cual no se actualiza la primera excepción al principio de definitividad. Tampoco se actualiza en el caso, la segunda de las excepciones al principio de definitividad, pues el acto reclamado está sustentada en diversos artículos del Código de Procedimientos y Justicia Administrativa para el Estado y los Municipios de Guanajuato, que la autoridad responsable considero aplicables al caso concreto; de ahí que no carezca de fundamentación, sin prejuzgar su validez. Y la quejosa no solo reclama violaciones directas a la Constitución, pues también aduce violaciones a las formalidades del procedimiento para efectuar el acto reclamado. En esas condiciones, al actualizarse la causa de improcedencia analizada, se desecha de plano la demanda de amparo de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Lo anterior, con independencia de la actualización de una diversa causa de improcedencia (extemporaneidad). Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y, en el momento procesal oportuno, archívese este asunto como concluido. Otórguense los permisos necesarios en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) para que el usuario pueda consultar el expediente electrónico y se practiquen las notificaciones en forma electrónica como lo solicitan. Asimismo, téngase como su autorizado, en términos amplios del artículo 12 de la ley de Amparo; asimismo, sus autorizados en términos restringidos a las diversas personas que mencionan, por no contar con el registro de cédula profesional en el sistema antes mencionado. Se exhorta a las partes que de ser posible continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Se hace constar que en la publicación del presente auto, no se darán a conocer los datos personales de personas físicas identificadas o identificables, por no existir consentimiento de los particulares titulares de la información.

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