Martha Marcela Prieto Trovamala
Expediente 685/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 17 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 685/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 17/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Martha Marcela Prieto Trovamala
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo concedido a las partes en proveído de nueve de junio del año en curso, a fin de que manifestaran lo que a su interés legal conviniera respecto al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por parte de la autoridad responsable. En tales condiciones, este órgano jurisdiccional analizará si de acuerdo con las constancias que obran en autos, el fallo protector está cumplido. Asimismo, debe verificarse que en el cumplimiento de la ejecutoria no haya exceso o defecto, para lo cual deberá tenerse presente que hay exceso, cuando la responsable se extralimita en el cumplimiento por ir más allá de lo ordenado en la ejecutoria y que, por el contrario, habrá defecto, cuando la autoridad cumple parcialmente con lo ordenado, o lo hace deficientemente. El once de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, la cual fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, en ejecutoria de diecinueve de mayo de dos mil veintidós, dictada en el amparo en revisión civil 110/2021, por lo que el uno de junio siguiente se requirió a la Juez Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, realizara lo siguiente: 1.- Dejara insubsistente la notificación por lista de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, por la cual notificó el auto del día siete del mismo mes y año, únicamente por lo que respecta a la quejosa, así como todo lo actuado a partir de tal notificación, inclusive el procedimiento de remate. El ocho de junio del año en curso se recibió el oficio 1750/2022, suscrito por la Juez de Partido Primero de Salamanca, Guanajuato, con el cual remitió copia certificada del proveído de siete de abril del año en curso, dictado en los autos del juicio ordinario mercantil M132/2017, en el que dejó insubsistente la notificación por lista de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, por la cual se notificó a la demandada Martha Marcela Prieto Trovamala -aquí quejosa-, el diverso de siete de noviembre de dos mil diecisiete; asimismo, dejó sin efectos todo lo actuado a partir de dicha notificación, incluido el procedimiento de remate deducido de dicho sumario. En tales condiciones, se considera que el fallo protector está cumplido conforme a lo dispuesto en los artículos 77 y 192, primera parte, primer párrafo, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que la Juez Primero Civil de Partido de Salamanca, Guanajuato, dictó un acuerdo en el cual dejó insubsistente la notificación por lista de ocho de noviembre de dos mil diecisiete, por la cual se notificó a Martha Marcela Prieto Trovamala el diverso de siete de noviembre de dos mil diecisiete, y dejó sin efectos todo lo actuado a partir de dicha notificación, incluido el procedimiento de remate derivado del juicio ordinario mercantil M132/2017. En mérito de lo anterior, con apoyo en el artículo 196, penúltimo párrafo, de la ley de la materia, archívese el presente asunto como totalmente concluido y háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo. En términos de lo que dispone el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo del dos mil veinte en el Diario Oficial de la Federación, se establece: a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el plazo de tres años, contado a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. b) Terminado el proceso de depuración deberá transferir a la Dirección General de Archivo y Documentación. Tomando en consideración que en el presente expediente obran documentos aportados por la tercera interesada, désele vista para que, si a su interés conviene, dentro del plazo de noventa días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, comparezca a recoger dichas constancias, apercibida de que de no hacerlo, seguirán la suerte del presente expediente y se procederá a su destrucción conforme a lo establecido en el precitado acuerdo. En el entendido de que para la devolución de dichos documentos, deberá generar previa cita y obtener código QR para tal efecto, de conformidad con el artículo 3 del Acuerdo General 21/2020 de veintiocho de julio de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal relativo a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid19.
- Incidental
Visto el estado de autos, y toda vez que se ordenó el archivo definitivo del juicio de amparo del que deriva el presente incidente, aunado a que en proveído de veintiuno de octubre de dos mil veinte se concedió la suspensión provisional y en interlocutoria de cinco de noviembre de ese mismo año se concedió la suspensión definitiva, respectivamente; por tanto, con fundamento en el artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee: a) Con fundamento en el artículo 18, fracción I, inciso a), el original del incidente de suspensión es susceptible de depuración, el cual deberá conservarse en este órgano jurisdiccional por el término de tres años, contados a partir del presente acuerdo. Una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, deberá depurarse. Terminado el proceso de depuración se deberá transferir a la Dirección General de Archivo y Documentación. b) Con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), el duplicado del incidente de suspensión, es susceptible de destrucción, que deberá verificarse transcurrido un término de seis meses, contado a partir de la emisión del presente acuerdo, previa acta correspondiente.
- Principal
Juez de Partido Primero de Salamanca, Guanajuato, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento de uno de junio del año en curso, remite copia certificada del proveído de siete de abril del año en curso, dictado en los autos del juicio ejecutivo mercantil M132/2017. En consecuencia, previo a pronunciarse sobre el cumplimiento del fallo protector, dese vista a las partes para que dentro del término de tres días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto, manifiesten lo que a su interés convenga. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del lapso que se les concede, o de no informar la imposibilidad legal o material que tengan para ello; este órgano de control constitucional proveerá lo conducente de conformidad con lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 196 de la ley de la materia.
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio suscrito por el Secretario de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Decimosexto Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de veintinueve de junio del año en curso, dictado en los autos del amparo en revisión civil 110/2021 de su índice, en el que admitió dicho medio de impugnación interpuesto por la tercera interesada Banco Mercantil del Norte, Sociedad Anónima Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Banorte por conducto de su apoderada Paola Berenice Reyes Ruiz, en contra de la sentencia de once de mayo de dos mil veintiuno, de lo que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes.
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