Martha Luz Castañeda Ruiz

Expediente 638/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 8 actuaciones registradas, la última del 24 de febrero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
638/2021
Año
2021
Actuaciones
8
Última actuación
24/02/2022

Partes del expediente

  • Martha Luz Castañeda Ruiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinticuatro de febrero de dos mil veintidós. Visto; el oficio signado criptográficamente por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Vigésimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual, entre otras cosas, (a) informa la admisión de la demanda de amparo directo promovida por Martha Luz Castañeda Ruiz, registrada bajo el número 118/2022, de su índice. Asimismo, (b) solicita se informe a esa superioridad lo relativo al cumplimiento de la ejecutoria de amparo dictada en el presente sumario. Finalmente (c) requiere a este órgano jurisdiccional la remisión en copia certificada de lo siguiente: (1) proveído en que se ordenó dar vista a las partes en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo, y constancias de notificación correspondientes, (2) auto por el que se decidió sobre el cumplimiento dado al fallo protector dictado en el presente asunto y, (3) diverso por el que se declaró firme dicha determinación. Al efecto, se acuerda: Con apoyo en el artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2, glósese a los autos la comunicación de cuenta. En atención a su contenido, particularmente a lo precisado en el inciso (a) que antecede, este órgano jurisdiccional toma conocimiento del estado procesal del juicio de amparo directo 118/2022, de la estadística de ese órgano colegiado. Por otro lado, atendiendo a lo peticionado por la Superioridad descrito en el diverso inciso (b) de prelación, infórmese lo siguiente: El diez de noviembre de dos mil veintiuno, causó ejecutoria la sentencia definitiva dictada en el presente asunto, en donde se concedió la protección constitucional a la quejosa Martha Luz Castañeda Ruíz. El veintitrés siguiente, se dio vista a las partes con el cumplimiento de la misma por parte de la autoridad responsable. La notificación de la vista otorgada, se efectúo a la parte quejosa, el veinticinco del referido mes y año. El veintidós de diciembre de la citada anualidad, se tuvo por cumplida la protección constitucional otorgada. Se declaró consentido dicho cumplimiento, el veintiuno de enero del año en curso. En tal virtud, atento a lo solicitado por ese Tribunal Colegiado, preciado en el inciso (c) de cuenta, remítase a la superioridad en copia certificada las documentales precisadas con los numerales (1) a (3) de referencia. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno. Visto; el oficio JEB/2ª/1ªS/1648/2021, signado por el Primer Secretario de Acuerdos del Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática, con residencia en esta ciudad, mediante el cual informa que en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del laudo de dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno dictado en el expediente laboral 701/2020 (antes 564/F/2016), de su estadística. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, glósese a los autos la comunicación de cuenta. En atención a su contenido, con apoyo en el artículo 196, de la Ley de Amparo, con el contenido del mismo y anexos, córrase traslado y dése vista a la parte quejosa, a las terceras interesadas Sindicato Nacional de Trabajadores de Educación Sección 40 y Secretaría de Educación y a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, apercibidos que de no desahogar la misma, este juzgado resolverá sobre el cumplimiento de la ejecutoria, con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por la autoridad responsable. MEDIDAS DE PROTECCIÓN QUE DEBERÁN IMPLEMENTAR LOS ACTUARIOS JUDICIALES Se encomienda y exhorta a los actuarios adscritos la adopción de las medidas estrictas emitidas por el Consejo de la Judicatura Federal para la realización de la notificación aquí ordenada, debiendo utilizar en todo momento cubre bocas plisado, guantes de nitrilo nuevos en cada notificación, realizar el proceso de higiene de manos constantemente, permanecer tan lejos como sea posible de otras personas, como referencia mínimo un metro de distancia, limpiar bolsa, folder, carpeta o cualquier otro que utilice al transportar las constancias de notificación, no intercambiar objetos, de ser así desecharlos de inmediato, evitar tocarse ojos, boca y nariz, así como utilizar el traje protector y su careta. NOTIFÍQUESE POR LISTA, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA Y A LA AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITA, Y POR OFICIO A LAS TERCERAS INTERESADAS. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  3. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diez de noviembre de dos mil veintiuno. Vistos; la certificación que antecede y el estado de autos; de los cuales se desprende que transcurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia dictada el catorce de octubre de la presente anualidad. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo respectivo para las autoridades responsables toda vez que, de conformidad con el artículo 87, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, carecen de legitimación para recurrir la sentencia de amparo indirecto. REQUERIMIENTO DE CUMPLIMIENTO Con fundamento en el artículo 192, de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a la autoridad responsable Juez Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con sede en esta ciudad, para que, dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir de que sea notificada del presente proveído, se sirva dar cumplimiento a la ejecutoria emitida por este órgano jurisdiccional. APERCIBIMIENTO Con el apercibimiento que de no hacerlo dentro del término señalado, o de no manifestar el impedimento legal que tengan para ello, con fundamento en el artículo 258, de la Ley de Amparo, se le impondrá una multa de cien a mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización contemplada en los párrafos sexto y séptimo, del Apartado B, del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA. Así lo acordó y firma Félix Montejo Maldonado, Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, ante María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria del Juzgado, quien autoriza y da fe.

  4. Principal

    En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las diez horas con treinta y cinco minutos del catorce de octubre de dos mil veintiuno, hora y día programados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 638/2021-VII, promovido por Martha Luz Castañeda Ruiz, en contra del acto que atribuye a la autoridad responsable (1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; se levanta la presente acta, al estar en audiencia pública Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes. El Secretario en Funciones de Juez declara abierta la audiencia y se le da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda 2 Auto admisorio 3 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado 4 Emplazamiento a la autoridad responsable 5 Constancia de emplazamiento a los terceros interesados Asimismo, se hace constar y certifica que la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: No. Autoridad responsable Sentido Auto 1 Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. No es cierto 08/09/2021 El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: No. Parte Pruebas Auto 1 Parte quejosa: Martha Luz Castañeda Ruiz (a) Instrumental de actuaciones; (b) Presuncional en su doble aspecto; y, (c) Constancias que integran el expediente 701/2020 (antes 564/F/2016), del índice de la autoridad responsable. 30/07/2021 (incisos a y b) Y 08/09/2021 (inciso c) 2 Autoridad Responsable: Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. (a) Copia certificada de las constancias que integran el expediente 701/2020 (antes 564/F/2016), de su índice. 08/09/2021 El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, las cuales se desahogan dada su especial naturaleza. Sin más pruebas que desahogar, se declara cerrado este período. Abierto el período de alegatos, la Secretaria del juzgado hace constar ninguna de las partes los formuló; por lo que se cierra esta fase. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, la Secretaria certifica que no existe diligencia pendiente de desahogar; por lo que, se procede a dictar la siguiente sentencia. Vistos, para resolver el juicio de amparo número 638/2021-VII, y, R E S U L T A N D O: I. De la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, ante la Oficialía de Partes Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales, con residencia en esta ciudad y Juzgados de Procesos Penales Federales y Juicios de Amparo en Materia Penal, con residencia en Cintalapa de Figueroa, Chiapas, Martha Luz Castañeda Ruiz, demandó el amparo y protección de la justifica federal en contra de la autoridad y el acto que se precisarán en la parte considerativa de esta sentencia. II. Admisión y trámite. Por auto de treinta de julio de dos mil veintiuno, se ordenó registrar la demanda de amparo bajo el número 638/2021-VII; se dio trámite a la demanda de amparo; se requirió a la autoridad responsable su informe justificado, y se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para conocer del presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones III y VII, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016; relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa del acto reclamado y de las autoridades responsables. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto la autoridad señalada como responsable y el acto reclamado, advertido de la demanda de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte promovente reclama de la (1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; lo siguiente: (a) La omisión de dictar el laudo dentro del expediente 701/2020 (antes 564/F/2016), de su índice. TERCERO: Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado precisado en el inciso (a) que precede, atribuido a la (1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; no obstante haberlo negado al rendir su informe respectivo; sin embargo, hace manifestaciones encaminadas a exponer razones de las que se desprende su existencia, ya que únicamente adujo que mediante acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte, dictado dentro del expediente 701/2020 (antes 564/F/2016), de su índice, ordenó turnar aquellos a efecto de la elaboración del laudo correspondiente. Certeza que además se corrobora con las constancias que obran en autos, consistentes en las copias certificadas del expediente J701/2020 (antes 564/F/2016), del índice de la responsable indicada con el numeral (1) en el considerando segundo que antecede, remitidas por ésta en apoyo a su informe justificado; medios probatorios a los que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º, dado que se trata de actuaciones emitidas por una autoridad en ejercicio de su encargo. Circunstancias anteriores, permiten establecer la certeza del acto reclamado y tenerse así para los efectos legales procedentes. CUARTO. Causas de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente; sin embargo, al no advertir alguna se actualice, se procede al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado ya precisado. QUINTO. Análisis de fondo del asunto. Resulta esencialmente fundado el concepto de violación expuesto por la quejosa Martha Luz Castañeda Ruiz, en términos de lo dispuesto por el artículo 79, fracción V, de la Ley de Amparo, dado que se trata de la parte trabajadora. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 39/95, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 333, tomo II, Septiembre de 1995, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, registro 200727, de contenido: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA LABORAL A FAVOR DEL TRABAJADOR. OPERA AUN ANTE LA AUSENCIA TOTAL DE CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS" Sin que sea necesario para su estudio transcribir el concepto de violación esgrimido aquella, pues no existe precepto legal que obligue al juzgador a ello; además, tal circunstancia no deja en estado de indefensión al quejoso, al no privarle de la oportunidad para recurrir esta sentencia y alegar lo que estimare pertinente para demostrar, en su caso, su ilegalidad; determinación que encuentra sustento en el criterio 2a./J. 58/2010, con número de registro 164618, establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, cuyo rubro y texto se transcriben: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." El acto reclamado se impone analizarlo a la luz de lo dispuesto en el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues en él se reconoce el derecho fundamental del acceso a la impartición de justicia. En ese tenor, entre los diversos derechos contenidos en el precepto constitucional en cita, está el derecho público subjetivo de acceso a la impartición de justicia, el cual reconoce en favor de los gobernados, entre otros, los siguientes principios: a) Justicia completa. Consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos los aspectos debatidos, cuyo estudio sea necesario; y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, aplicando la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le reconocen la tutela jurisdiccional que ha solicitado. b) Justicia imparcial. Este principio estriba en que el juzgador debe emitir una resolución sin existir parcialidad ni arbitrariedad. c) Justicia gratuita. Se hace consistir en que todos los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. De esta manera, los derechos fundamentales señalados, están encaminados a asegurar que las autoridades encargadas de aplicar la ley, lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial; por lo tanto, están obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que lo integran, incluyendo la pronta administración de justicia traducida, en su obligación de resolver las controversias ante ellas planteadas, en los términos y en plazos que para tal efecto establece la ley aplicable al caso. Sustenta lo anterior, el criterio 2a./J. 192/2007 emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVI, Octubre de 2007, página 209, que dispone. "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En el caso particular, no debe dejar de observarse lo dispuesto en la legislación secundaria que rige el acto; en ese sentido, es menester allegarnos del contenido del artículo 154 de la Ley del Servicio Civil del Estado y los Municipios de Chiapas, el cual dispone: "Artículo 154.- Antes de pronunciarse el laudo, los magistrados representantes pondrán solicitar mayor información para mejor proveer en cuyo caso el tribunal acordará la práctica de las diligencias necesarias. El tribunal deberá emitir el laudo o resolución en un plazo que no podrá exceder de 60 días hábiles contados a partir del desahogo de la última prueba." El precepto dispone que antes de pronunciarse el laudo, los magistrados representantes podrán solicitar mayor información para mejor proveer, en cuyo caso acordarán la práctica de las diligencias necesarias, debiendo emitirse el laudo o resolución en un plazo que no podrá exceder de sesenta días contados a partir del desahogo de la última prueba. Lo anterior significa que el Juzgado Especializado responsable tiene la obligación legal de no excederse de los sesenta días posteriores al desahogo de la última prueba y estar en aptitud de cumplir con el término establecido en la ley de la materia dictando el laudo respectivo y con ello acatar el principio de concentración que rige en el procedimiento laboral. Es importante resaltar que para que se actualice la violación de garantías a que alude la parte quejosa, es menester que a la fecha de la presentación de la demanda haya transcurrido el plazo señalado, pues sólo de esta forma se podría sostener que la conducta por omisión de la responsable es violatoria de garantías. Esto es, se requiere verificar que para la fecha de presentación de la demanda de amparo, el Juzgado Especializado responsable hubiere excedido el término de sesenta días contado a partir del desahogo de la última prueba, sin haber dictado el laudo correspondiente, contraviniendo así la garantía de expeditez en la administración de justicia tutelado en el precepto 17 de la Constitución General de la República. Cobra aplicación la jurisprudencia 2a./J. 3/94, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 79, Julio de 1994, página 15, que dispone: "ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. La existencia del acto reclamado debe analizarse, por regla general, atendiendo a la fecha en que se presentó la demanda de amparo, pues de otra manera la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos a los que dieron origen a la queja." Por lo anterior, para concluir que el acto omisivo consistente en no dictar laudo es violatorio de garantías, es necesario que se acrediten los siguientes requisitos: 1) La existencia de un juicio laboral en el que sea parte el quejoso; 2) Que dicha controversia se encuentre en estado de resolución; y, 3) Que haya transcurrido el término que la ley de la materia establece para efectos del dictado de la resolución de que se trate. Así, por lo que hace al primero de los requisitos en mención, este se encuentra plenamente acreditado, de las constancias que obran en autos, a saber, (1) del informe rendido por la autoridad responsable, Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, mediante el cual reconoce la existencia del juicio laboral 701/2020 (antes 564/F/2016); (2) así como de la copia certificada del acuerdo de quince de diciembre de dos mil dieciséis, dictado por la entonces Segunda Sala del Tribunal del Trabajo Burocrático del Poder Judicial del Estado, dentro del expediente 564/F/2016 (actualmente 701/2020), mediante el cual se admitió a trámite la demanda presentada por Martha Luz Castañeda Ruiz, con el carácter de actor, en contra de la Secretaría de Educación; el cual obra agregado a las constancias remitidas por la responsable, como apoyo al referido informe. Por lo que hace al segundo de los requisitos precisados, éste se encuentra satisfecho, tal como se desprende de (1) la copia certificada del acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte, dictado por el Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, dentro del expediente 701/2020 (antes 564/F/2016), mediante el cual, tomando en consideración que no existía cuestión pendiente por desahogar, ordenó turnar el citado asunto al para efectos de emitir el laudo correspondiente, y que obra agregado a las constancias referidas con antelación, allegadas al presente asunto por la responsable. Y, finalmente, por lo que hace al último de los requisitos en alusión, este se ve plenamente actualizado, a la luz de lo establecido en el artículo 154 de la Ley de la materia; toda vez que entre la última actuación emitida dentro del expediente 701/2020 (antes 564/F/2016), correspondiente a la indicada en el párrafo inmediato anterior, esto es, el acuerdo de trece de marzo de dos mil veinte, y la fecha de la presentación de la demanda de amparo, a saber, el veintiocho de julio de dos mil veintiuno, transcurrió más del plazo establecido por la ley para emitir el laudo correspondiente, situación que hace notorio que el término de sesenta días estipulado en la norma de basamento, transcurrió en exceso. En esas condiciones, resulta evidente que la omisión de dictar el laudo dentro de los sesenta días a que refiere la norma en comento, en que incurrió la autoridad responsable (1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad, se traduce en como una irregularidad en la administración de justicia, sin que se justifique dicha dilación. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia número P./J. 113/2001, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 5, Tomo XIX, Septiembre del 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro electrónico 188804, que dice: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da." Por lo expuesto lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal a Martha Luz Castañeda Ruiz, contra el acto reclamado al (1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad. SEXTO. Efectos de la concesión del amparo. Así las cosas, como se apuntó, al concluir la inconstitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en los artículos 74, fracción V y 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder a Martha Luz Castañeda Ruiz, el amparo y protección de la Justicia Federal para que el Juzgado responsable, haga lo siguiente: ÚNICO. Emita el laudo que corresponda dentro del expediente laboral 701/2020 (antes 564/F/2016), lo cual deberá realizar dentro del término de TRES DÍAS contados a partir que sea notificada que la presente resolución causó ejecutoria, dada la dilación que presenta el expediente de origen y notificarse como corresponda a las partes del procedimiento. SÉPTIMO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia de la Unión Ampara y Protege a Martha Luz Castañeda Ruiz, contra el acto precisado en el considerando segundo, reclamado al (1) Juzgado Segundo Especializado en Materia Burocrática del Poder Judicial del Estado de Chiapas, con residencia en esta ciudad; por las razones expuestas en el considerando quinto, y para los efectos precisados en el diverso sexto, de la presente sentencia. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LA RELACIONADA EN LA MINUTA. Así lo resolvió y firma Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, ante María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria de Juzgado, quien autoriza y da fe.

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