Martha Lucia Pineda Espinoza y Otros.
Expediente 358/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 16 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 358/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 16
- Última actuación
- 20/06/2022
Partes del expediente
- Martha Lucia Pineda Espinoza y Otros.
- (22/04/2022 denominación correcta) Subdirector de la Estación Migratoria del INM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 16.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veinte de junio de dos mil veintidós. Vista; la certificación que antecede y el estado que guardan los presentes autos, se advierte que trascurrió el término que establece el artículo 86, de la Ley de Amparo, y que ninguna de las partes se inconformó contra la sentencia de veinte de mayo de dos mil veintidós. Al efecto, se acuerda: Con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, se declara que la misma ha causado ejecutoria para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe destacar que se procede de esta manera, sin realizar el cómputo correspondiente a las autoridades responsables (1) Representante Local del Instituto Nacional de Migración en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; y, (2) Subdirector de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, para los efectos del recurso de revisión condigno, dado que el sentido de la sentencia no les causa ningún perjuicio. A. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. B. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE Atento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte; con fundamento en su ordinal 12, este expediente es depurable al actualizarse la hipótesis contenida en el artículo 18, en relación con el precepto 35, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se concedió la suspensión de plano; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha tal como lo disponen los numerales 21, 22 y 23 del acuerdo normativo. C. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Debido a que en el presente juicio no se formó el incidente de suspensión, se deja de proveer lo conducente. D. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo dispone el artículo 18, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio; y, una vez que transcurra el plazo de tres años, procédase a la depuración del mismo, debiendo remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. E. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten documentos originales para devolver a las partes, se deja de proveer lo relativo. NOTIFÍQUESE POR LISTA, Y POR OFICIO A LOS RELACIONADOS EN LA MINUTA.
- Principal
En la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del veinte de mayo de dos mil veintidós, hora y día programados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 358/2022-VII, promovido por Eliseo López González, en representación de Martha Lucia Pineda Espinoza, Kristel Anahí Zhagñay Cabrera y el menor de iniciales J.J.Z.C.; se levanta la presente acta, al estar en audiencia pública Félix Montejo Maldonado, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, en Funciones de Juez de Distrito, atento al oficio CCJ/ST/3450/2020, de siete de diciembre de dos mil veinte, suscrito por el Maestro Vicente Adrián Rojas Álvarez, Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido de María de Lourdes Méndez Sánchez, Secretaria que autoriza y da fe, sin la comparecencia de las partes. El Secretario en Funciones de Juez declara abierta la audiencia y se le da cuenta con las constancias que obran en autos, entre las que destacan: No. Constancias 1 Escrito de demanda 2 Auto admisorio 3 Emplazamiento al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este juzgado 4 Emplazamiento a las autoridades responsables Asimismo, se hace constar la siguiente relación coincide con la autoridad responsable y el sentido de su informe: # Autoridad responsable Sentido Auto 1 Representante Local del INM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Denominación correcta) No es cierto 22/04/2022 2 Subdirector de la Estación Migratoria del INM; en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (Denominación correcta) No es cierto 22/04/2022 El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: En consecuencia, con fundamento en los artículos 119 y 124 de la Ley de Amparo, se tiene por hecha la relación de las constancias que integran el juicio de amparo. Período probatorio. Abierto el período de pruebas, se hace constar que las partes ofrecieron los siguientes medios de convicción: Parte Pruebas Auto Autoridad Responsable: Representante Local del INM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (a) Copias certificadas de los expedientes 2156/2022, 722/2022 y 721/2022, de su estadística. 22/04/2022 Autoridad Responsable: Subdirector de la Estación Migratoria del INM; en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (a) Copias certificadas de los expedientes 2156/2022; 722/2022 y 721/2022, de su estadística. 22/04/2022 El Secretario en Funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en los artículos 119 y 123, de la Ley de Amparo, se admiten las pruebas de referencia, mismas que se desahogan atento a su propia y especial naturaleza jurídica; por lo que se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la Secretaria del juzgado hace constar que ninguna de las partes los formuló; en consecuencia, se cierra esta etapa. Finalmente, con fundamento en el artículo 124, de la Ley de Amparo, la Secretaria certifica que no existe diligencia pendiente de desahogar; por lo que, se procede a dictar la siguiente sentencia. Doy fe. Vistos; para resolver el juicio de amparo número 358/2022-VII; y, R E S U L T A N D O: I. De la demanda. Eliseo López González, en representación de Martha Lucia Pineda Espinoza, Kristel Anahí Zhagñay Cabrera y el menor de iniciales J.J.Z.C., mediante escrito presentado el veintidós de marzo de dos mil veintidós, ante la guardia del Secretario del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, demandó el amparo y protección de la justicia federal contra las autoridades y los actos que se precisarán en la parte considerativa de esta sentencia. II. Suspensión de plano, admisión y trámite. Por auto de veintidós de marzo de dos mil veintidós, se ordenó registrar la demanda de amparo bajo el número 358/2022-VII, y se decretó la suspensión de plano de los actos reclamados; asimismo, previa ratificación del escrito de demanda, mediante diverso de veintitrés siguiente, se admitió a trámite a la demanda de amparo; se requirió a las autoridades responsables su informe justificado, y se dio la intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; finalmente, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. III. Desistimiento, ratificación y sobreseimiento fuera de audiencia. Mediante proveído de dieciocho de abril se tuvo por recibo el ocurso presentado por Eliseo López González, en representación de Kristel Anahí Zhagñay Cabrera y el menor de iniciales J.J.Z.C., por el que informó el desistimiento del juicio en que se actúa de sus representados, mismo que fue ratificado en forma personal por los directos quejosos en mención el diecinueve siguiente; por lo que en diversa actuación de veintiuno de ese mes y año, se dictó auto de sobreseimiento fuera de audiencia por lo que hace a los impetrantes de garantías en comento, manteniéndose incólume la secuela procesal del asunto en que se actúa, únicamente respecto de la quejosa Martha Lucia Pineda Espinoza; finalmente, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, es competente para conocer del presente juicio de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción IV, de la Constitución General de la República; 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; en relación con el 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; así como de los Acuerdos Generales 03/2013 y 16/2016; relativos a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito, y de los Juzgados de Distrito. SEGUNDO. Fijación clara y precisa de los actos reclamados y de la autoridad responsable. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y, en cumplimiento a lo dispuesto en la tesis jurisprudencial P./J. 40/2000, del Pleno de nuestro Máximo Tribunal de Justicia, se acota tanto las autoridades señaladas como responsables y los actos reclamados, advertidos de la demanda de amparo. Así, del análisis integral de la demanda de amparo, se advierte que Martha Lucia Pineda Espinoza reclama del (1) Representante Local del INM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y (2) Subdirector de la Estación Migratoria del INM; en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; lo siguiente: (a) Privación ilegal de la libertad; (b) Incomunicación; y, (c) Deportación. TERCERO: Inexistencia de los actos reclamados consistente. No son ciertos, los actos reclamados precisados en los incisos (b) y (c) atribuidos a las autoridades responsables (1) Representante Local del INM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y (2) Subdirector de la Estación Migratoria del INM; en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; del considerando segundo, por así haberlo manifestado expresamente al rendir su informe justificado. Lo que se corrobora con las constancias remitidas por las autoridades en cita, en apoyo a su informe justificado, consistentes en las copias certificadas de los expedientes 2156/2022, 722/2022 y 721/2022, documentales a las que se les concede valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2, porque se trata de actuaciones emitidas por autoridad en el ejercicio de su encargo. Es así, toda vez que, del análisis a las constancias que obran en este sumario, se observa que la representación jurídica de las responsables en comento, al rendir su respectivo informe, negó en forma expresa la existencia de los actos reclamados precisados con los incisos (b) y (c) de trato. En ese contexto, ante la inexistencia del acto reclamado, lo procedente es sobreseer el juicio respecto de dichas autoridades, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado consistente en la privación ilegal de la libertad. Es cierto, el acto precisado en el inciso (a) en el considerando segundo, reclamado a las autoridades responsables (1) Representante Local del INM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y (2) Subdirector de la Estación Migratoria del INM; en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; no obstante haberlo negado al rendir su informe respectivo; sin embargo, de autos se desprende que fue hasta el nueve de abril del año que transcurre, que se decretó la libertad de la quejosa Martha Lucia Pineda Espinoza, alojada con motivo del inicio del procedimiento administrativo migratorio 2156/2022, de su índice. Circunstancias las anteriores que permiten establecer la certeza del acto reclamado y tenerse así para los efectos legales procesales. QUINTO. Estudio oficioso de las causales de improcedencia. Con fundamento en el artículo 62, de la Ley de Amparo, se deben analizar las causas de improcedencia, lo aleguen o no las partes, al ser su examen una cuestión oficiosa, de orden público y estudio preferente. Análisis del acto reclamado, relativo a la privación ilegal de la libertad. En ese tenor, el suscrito juzgador, estima que respecto del acto reclamado en estudio, advierte que se actualiza la causa de improcedencia contenida en el referido numeral 61, en su fracción XXI, de la Ley de Amparo, por las razones que a continuación se citan. Se arriba a la convicción de que cesaron los efectos del acto reclamado, cuando se actualiza la restitución a la parte agraviada en el pleno goce del derecho de que se trate, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación; es así, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, para actualizarse la causal de improcedencia consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se requiere de lo siguiente: 1) De un acto positivo de autoridad lesivo de los derechos fundamentales, o bien, de uno negativo u omisivo que haya dejado de realizar la autoridad y motive la promoción de la demanda de amparo en su contra; 2) Un acto de autoridad que sobrevenga, dentro del procedimiento constitucional, dejando insubsistente, en forma permanente, el que es materia del juicio de amparo; y, 3) De una situación de hecho o derecho que destruya, en forma definitiva, el acto reclamado, restituyendo al quejoso en el goce de su derecho fundamental vulnerado; o bien, una situación de hecho sobreviniente durante la tramitación del juicio y haga imposible el cumplimiento de la sentencia protectora que, en su caso, llegare a pronunciarse. Consideraciones las anteriores que se ven respaldadas a partir del criterio P. CL/97, con número de registro 197367, emitido por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Noviembre de 1997, página 71, que se inserta al efecto: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Ahora bien, en el caso particular, a la accionante de los derechos fundamentales, el acto que le irrogaba perjuicio era la privación ilegal de su libertad por parte de las autoridades responsables; sin embargo, del análisis a las constancias que obran en autos del juicio en que se actúa, se observa que mediante oficio 1367/2022, de nueve de abril de esta anualidad, emitido por la Encargada de la Estancia Provisional de Tuxtla Gutiérrez, se hizo constar la salida de Martha Lucia Pineda Espinoza, con motivo de la determinación emitida dentro del procedimiento migratorio 2156/2022 instaurado por las autoridades migratorias. En ese sentido, de la documental que le fue proporcionada a la actuaria judicial, misma que tuvo a la vista, e hizo constar a través de razón fechada al veintidós de abril de la presente anualidad; se advierte que en efecto el nueve de abril del actual, las responsables pusieron en libertad a la impetrante de garantías; de ahí, resulta inconcuso que el acto reclamado ha sido subsanado. Por ello, resulta evidente que dicho acto reclamado en esta vía por la parte quejosa, cesó en sus efectos, en la medida en que la situación jurídica que dio origen a este amparo, dejó de producirlos, restituyéndose a dicho inconforme en el goce de sus derechos fundamentales vulnerados, como si se hubiera otorgado el amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, y con ello quedaron satisfechos los derechos tutelados por las normas constitucionales que consideró violadas. En esas condiciones, se surte la causa de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, de la Ley de Amparo; por tanto, con fundamento en la fracción V, de su numeral 63, procede sobreseer en este juicio de amparo respecto del acto reclamado precisado en el inciso (a), atribuido a las autoridades responsables identificadas con los numerales (1) y (2), del considerando segundo de este fallo. SEXTO. Transparencia y acceso a la información pública. De conformidad con los artículos 1, 5, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y con los diversos 41 y 42 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, publicado el seis de septiembre de dos mil diecinueve, y su reforma de veintiséis de marzo de dos mil veinte, se ordena al secretario que elabore en versión pública la presente resolución y la integre al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, respetando los lineamientos de versión públicas aplicables para salvaguardar los datos personales de las personas involucradas en este juicio, debiendo glosar al presente juicio la constancia de captura de la misma. Por lo expuesto, y con apoyo además en los artículos 73, 74 y 75, y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Martha Lucia Pineda Espinoza, contra los actos precisados en los incisos (a), (b) y (c) del considerando segundo, reclamados a las autoridades responsables (1) Representante Local del INM en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas y (2) Subdirector de la Estación Migratoria del INN; en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; por las razones expuestas en los considerandos tercero, cuarto y quinto de este fallo. SEGUNDO. La presente resolución será publicable en términos de lo establecido en el considerando último de este instrumento. NOTIFÍQUESE POR LISTA Y POR OFICIO A LAS RELACIONADAS EN LA MINUTA.
- Principal
**** Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintisiete de abril de dos mil veintidós. Vista; la razón actuarial signada por la Actuaria Judicial adscrita, por la que hace constar la imposibilidad que tuvo para llevar a cabo la notificación del contenido del auto de veintiuno del actual, a los quejosos Kristel Anahí Zhagñay Cabrera y al menor de identidad reservada J.J.Z.C., ya que al respecto manifestó que al constituirse en las instalaciones que ocupa el Centro de Asistencia Social para Niños, Niñas y Adolescentes y Familias Migrantes, adscrito al Sistema Integral de la Familia (DIF), en Berriozábal, Chiapas, fue informada por la Encargada de esas instalaciones, que los accionantes de los derechos fundamentales, fueron puestos en libertad mediante oficio número 2712/2022, de veintidós de abril del año en curso, signado por la Subdirectora del Área en el Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad. Al efecto, se acuerda: En atención a su contenido, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo informado por la fedataria judicial. Ahora bien, tomando en consideración las razones expresadas por la fedataria judicial, se ordena llevar a cabo la notificación del auto de referencia -de veintiuno de abril del año en curso-, en forma electrónica mediante el usuario proporcionado por el autorizado de los quejosos. NOTIFÍQUESE POR LISTA, Y ELECTRÓNICAMENTE KRISTEL ANAHÍ ZHAGÑAY CABRERA Y AL MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA J.J.Z.C.. ASIMISMO,EN CUMPLIMIENTO A LA DETERMINACIÓN DEL PROVEÍDO CITADO CON ANTELACIÓN,SE NOTIFICA ELECTRONICAMENTE A KRISTEL ANAHÍ ZHAGÑAY CABRERA Y AL MENOR DE IDENTIDAD RESERVADA J.J.Z.C., EL AUTO DE VEINTIUNO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS, QUE A LA LETRA DICE: "Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiuno de abril de dos mil veintidós. Visto; el estado de autos de los que se desprende que mediante diligencia de diecinueve de abril del año en curso, efectuada en las instalaciones que ocupa el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes adscrito al DIF, con residencia en esta ciudad, la Actuaria Judicial adscrita, hizo constar la ratificación del ocurso de desistimiento de la demanda de amparo por parte de los directos quejosos Kristel Anahí ZHAGÑAY Cabrera por sí y en representación del menor de identidad reservada J.J.Z.C. Al efecto, se acuerda: Se tiene a los quejosos Kristel Anahí ZHAGÑAY Cabrera y al menor de identidad reservada J.J.Z.C., desistidos del presente juicio de amparo. En ese orden de ideas, este juzgador oficiosamente advierte que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción I, primer párrafo, de la Ley de Amparo. El citado artículo dispone el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando exista desistimiento de la demanda de amparo, previamente ratificado por la parte quejosa. Así las cosas, cabe recordar que el desistimiento de la acción en amparo consiste en la declaración de voluntad del quejoso en el sentido de no proseguir o no continuar con el juicio de amparo que promovió, el cual debidamente ratificado origina una resolución con la que finaliza el juicio, sin que el órgano jurisdiccional entre a resolver sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado. En el caso particular, los quejosos Kristel Anahí ZHAGÑAY Cabrera por sí y en representación del menor de identidad reservada J.J.Z.C., a través de su representante Eliseo López González, mediante escrito presentado el once del actual, expresaron su deseo de desistirse de la demanda de amparo, circunstancia que les es permitida, ya que puede manifestarse en cualquiera de las etapas del juicio, hasta en tanto no se dicte sentencia ejecutoria. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que reza lo siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia." Expresión de la voluntad que fue debidamente ratificada, como se advierte de la diligencia de diecinueve del mes y año que transcurre, efectuada en las instalaciones que ocupa el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños, Adolescentes y Familias Migrantes adscrito al DIF, con residencia en esta ciudad, de cuya lectura se advierte que Kristel Anahí ZHAGÑAY Cabrera por sí y en representación del menor de identidad reservada J.J.Z.C., manifestó su consentimiento con el contenido del ocurso de desistimiento de referencia. Resulta aplicable la jurisprudencia cuyo epígrafe y texto rezan lo siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio. De manera que, al haberse desistido los quejosos Kristel Anahí ZHAGÑAY Cabrera por sí y en representación del menor de identidad reservada J.J.Z.C., es obvio que las posibles violaciones que motivaron este juicio de amparo, no son susceptibles ya de examinarse, por actualizarse su manifestación expresa; en consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción I, párrafo primero de la Ley de Amparo, única y exclusivamente por lo que hace a los quejosos en cita. Atento a las consideraciones establecidas, infórmese a las partes que se mantiene incólume la hora y fecha fija para la celebración de audiencia constitucional para las DIEZ HORAS CON VEINTICINCO MINUTOS DEL VEINTICINCO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTIDÓS. Por otro lado, atento al estado procesal que guardan los autos del juicio en que se actúa, REQUIÉRASE a la diversa quejosa Martha Lucia Pineda Espinoza, para que manifieste si es su deseo continuar con el procedimiento del juicio de amparo en que se actúa; lo anterior atendiendo al estado que actualmente se encuentra a disposición de la Agencia del Ministerio Púbico de la Célula I-6 en esta ciudad, bajo la carpeta de investigación 1656/2022; lo anterior, podrá hacerlo al momento de la notificación del presente proveído o dentro del tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído; de no hacer manifestación alguna dentro de los plazos establecidos, se continuará con el procedimiento en el presente asunto. Ahora bien, tomando en consideración que de autos se desprende que Martha Lucia Pineda Espinoza, se encuentra alojada en la Estancia Provisional del Instituto Nacional de Migración denominada "El CUPAPE"; en tal virtud, se comisiona a la Actuaria de la adscripción para que se constituya en el lugar previamente indicado, para llevar a cabo la diligencia encomendada." (.) ******
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintiséis de abril de dos mil veintidós. Vista; la razón actuarial signada por la Actuaria Judicial adscrita, por la que hace constar que la imposibilidad de notificar el contenido del auto de veintiuno de abril del actual, a la quejosa Martha Lucia Pineda Espinoza, fue con motivo que al constituirse en las instalaciones que ocupa la estancia provisional del Instituto Nacional de Migración, denominada "El Cupapé", la Agente Federal de Migración "B" adscrita, le informó que la accionante de los derechos fundamentales, fue puesta en libertad mediante oficio número 1367/2022, de nueve de abril del año en curso, signado por la Encargada de la Estancia Provisional en Tuxtla Gutiérrez de ese Instituto, en cumplimiento a la resolución emitida dentro de su procedimiento administrativo. Al efecto, se acuerda: En atención a su contenido, este órgano jurisdiccional toma conocimiento de lo informado por la fedataria judicial y tomando en consideración el estado actual que guarda la situación jurídica de la quejosa, continúese el trámite del procedimiento en el presente asunto. NOTIFÍQUESE POR LISTA.
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