Martha Leticia Benhumea Juárez
Expediente 816/2022 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 816/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/09/2022
Partes del expediente
- Martha Leticia Benhumea Juárez
Actuaciones
- Principal
Toluca, Estado de México; veintiséis de septiembre de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso contenido en el precepto legal 2º de la Ley de Amparo, agréguese al expediente electrónico y físico para los efectos legales procedentes, el oficio firmado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por el que remite copia certificada del testimonio de la ejecutoria dictada el dos de septiembre de dos mil veintidós, en el recurso de queja 162/2022, cuyo punto resolutivo es: "ÚNICO. Se declara infundado el recurso de queja interpuesto por Martha Leticia Benhumea Juárez, por los motivos expuestos en el considerando último de la presente resolución." Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y acúsese recibo. En virtud de lo anterior, toda vez que no existe nada más por cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitir el presente asunto al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de destrucción, pues se desechó el presente asunto (artículo 21, inciso b, del acuerdo en cita). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Se hace la precisión que una vez que obre la constancia de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
Toluca, Estado de México; treinta y uno de mayo de dos mil veintidós. CONSENTIDA. Vista la certificación de cuenta de la cual se advierte que las partes dentro del plazo de quince días previsto en el artículo 202 de la Ley de Amparo, no se inconformaron contra el proveído de veinticinco de abril de dos mil veintidós, en el cual se tuvo por cumplida la sentencia de amparo; en tal virtud, se tiene por consentida para los efectos legales procedentes; por tanto, realícense en el Libro de Gobierno las anotaciones respectivas, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. ARCHIVO Y ANOTACIONES. Por otra parte, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que no existe más por cumplimentar; en consecuencia, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito; por tanto, las anotaciones respectivas háganse en el Libro de Gobierno. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que establece las disposiciones de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados en los órganos jurisdiccionales, se hace la indicación que: 1. El presente asunto es susceptible de depuración, pues por una parte se sobreseyó en el juicio y por otra se concedió el amparo y protección de la justicia federal; por tanto, se deberá conservar la demanda y la sentencia respectiva (artículo 18, fracción I, inciso b) del acuerdo en cita). 2. Asimismo, es menester referir que en el presente juicio no existen documentos originales exhibidos por las partes (de los referidos en el segundo párrafo del artículo 21, del Acuerdo de referencia), y a consideración de este Juzgado de Distrito, el presente sumario carece de relevancia documental; además, no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el artículo 15 de dicho Acuerdo. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 21 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años contados a partir de la presente orden de archivo, ya que después de este lapso, éste órgano de control constitucional procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. Por otra parte, se hace la precisión que una vez que obren las constancias de notificación del presente proveído, se enviará físicamente al archivo el expediente en que se actúa. Asimismo, una vez que ocurra lo anterior, comisiónese a la Secretaria encargada de la mesa, para que revise y certifique si las constancias de autos coinciden con las del expediente electrónico, en términos del artículo 35 del referido acuerdo. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.
- Principal
MESA I. CITATORIO PARTE QUEJOSA SE HACE EFECTIVO EL APERCIBIMIENTO Y SE NOTIFICA POR LISTA EL PROVEÍDO DE VEINTICUATRO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS, EN EL QUE: Toluca, Estado de México; veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por Martha Leticia Benhumea Juárez, en contra de actos de los integrantes del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito. REGISTRO. Fórmese expediente físico y electrónico, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y regístrese bajo el número 816/2022-I. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Del escrito de demanda se obtiene que la parte quejosa reclama: La dilación del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, de dar cumplimiento al recurso de inconformidad 2/2021, dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Tal precisión se realiza, con fundamento en el artículo 74 de la Ley de Amparo, en atención a la obligación del Juez de Distrito de analizar en su integridad la demanda de amparo, buscando qué realmente pretende impugnar el quejoso y no solamente lo que en apariencia indicó. A lo expuesto resulta aplicable, en lo conducente, la jurisprudencia publicada con el 19, en la página 17, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, cuyos rubro y texto son: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS. Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo." DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Previo a pronunciarse sobre su admisión, es menester verificar si existe algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, que dispone: "Artículo 113.- El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En el caso a estudio, se estima que se actualizan las causas de improcedencia establecidas en el artículo 61, fracciones VI y IX, de la Ley de Amparo, por las siguientes consideraciones: Las fracciones mencionadas establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) VI. Contra resoluciones de los tribunales colegiados de circuito; (.) IX. Contra resoluciones dictadas en los juicios de amparo o en ejecución de las mismas;" Ahora bien, según se aprecia del ocurso inicial de demanda, la parte quejosa propiamente reclama un acto negativo del Tribunal responsable y la fracción del dispositivo en comento establece que el juicio de amparo es improcedente contra resoluciones de los Tribunales Colegiados, es decir actos positivos; empero se estima que el indicado precepto debe ser interpretado en el sentido de que tantos los actos positivos o negativos emitidos por Tribunales Colegiados, no son objeto de análisis por un juzgado de distrito; máxime porque en todo caso, existen los recursos que establece la propia Ley de Amparo para impugnarlos Por ende, si la solicitud de la parte agraviada está encaminada a que el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, dé cumplimiento al recurso de inconformidad 2/2021, dictada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es factible su análisis a través del juicio de amparo biinstancial, y por ende, se actualiza la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción VI de la Ley de Amparo. Y se insiste, para atacar actos u omisiones de un Tribunal Colegiado, existen los medios de impugnación establecidos en la ley, a través de los cuales los gobernados pueden impugnar actos positivos o negativos de esos órganos del Poder Judicial de la Federación. Pero además, el acto omisivo que por esta vía se pretende controvertir deriva o se da en función a la ejecución de una sentencia que concedió el amparo y protección de la justicia federal; de ahí que quien ahora resuelve aprecia que el juicio biinstancial es improcedente también en términos de la fracción IX, del mencionado artículo 61 de la ley de la materia. No es impedimento a la consideración anterior, el hecho de que la promovente reclame que se ha violentado en su perjuicio diversa garantía individual contenida en el artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esto es, porque al ser el Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Circuito Judicial un órgano encargado de control constitucional no puede cometer violaciones a los derechos subjetivos públicos de los gobernados. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J. 12/96, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo III, Marzo de 1996, página 507, que dispone: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON LOS CONSISTENTES EN QUE LOS JUZGADORES DE AMPARO VIOLAN GARANTIAS INDIVIDUALES, SOLAMENTE EN ESE ASPECTO. De conformidad con los artículos 103 y 107 constitucionales, interpretados en forma sistemática, el único medio de defensa para reclamar contravenciones a las garantías individuales ante los tribunales del Poder Judicial de la Federación, en los términos del artículo 94 constitucional, lo es el juicio de amparo. Por tanto, si el quejoso interpone el recurso de revisión en contra de la sentencia emitida en el juicio de garantías de que se trata y hace valer como agravios la contravención a sus derechos públicos subjetivos por parte del a quo, el tribunal de alzada no puede examinar tales agravios, ya que si así lo hiciere, con ese proceder desnaturalizaría la vía correcta establecida para elevar las reclamaciones de inconstitucionalidad de actos, misma que es sólo la del juicio de amparo. De otra suerte, se ejercitaría un control constitucional sobre otro control de constitucionalidad, lo que sería un contrasentido. Por otra parte, el recurso de revisión es un instrumento técnico a través del cual el legislador tiende a asegurar un óptimo ejercicio de la función judicial. No es un medio autónomo de control de la constitucionalidad de los actos de autoridad mediante el cual se busque la restitución del goce de las garantías individuales violadas (como en el juicio de garantías), sino sólo es un procedimiento de segunda instancia cuya finalidad únicamente lo es la de controlar la legalidad de las resoluciones emitidas por los Jueces de Distrito en esos juicios de amparo; es decir, con el recurso de revisión no se persigue la declaración de nulidad de la resolución materia del mismo, como sí sucede en la primera instancia, sino que por medio del recurso de revisión el fallo impugnado se confirma, revoca o modifica, mas no desaparece en forma alguna, y para tales requisitos el tribunal ad quem sólo debe examinar si el Juez de Distrito hizo o no un adecuado análisis de la constitucionalidad de los actos reclamados, a la luz únicamente vía de agravios de la litis que se forma con los planteamientos de las partes (conceptos de violación, informes justificados), en relación con las pruebas ofrecidas por las mismas y en esas condiciones resulta intrascendente que el tribunal de alzada asuma en la revisión, el estudio de las violaciones constitucionales que hubiere podido cometer el juzgador al dictar su resolución, en virtud de que este estudio, de ser fundadas las multicitadas violaciones no conducirían al ad quem a modificar o revocar dicha resolución, porque son ajenas a la litis del juicio de amparo." Por tanto, dado que en el caso, se actualizan las causas de improcedencia previstas en las fracciones VI y IX, del artículo 61 de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda de amparo que nos ocupa intentada por Martha Leticia Benhumea Juárez, por derecho propio, en contra de actos del Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, por notoriamente improcedente. DOMICILIO. Por otra parte, en términos del artículo 26, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, téngase por señalado para oír y recibir notificaciones el lugar de reclusión del quejoso. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. EXHORTACIÓN A LAS PARTES. De conformidad con el Artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Reanudación de Plazos y al Regreso Escalonado en los Órganos Jurisdiccionales ante la contingencia por el virus SARS COV- 2, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Toluca, Estado de México; veinticuatro de mayo de dos mil veintidós. Vista la cuenta que antecede y con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por imperativo expreso del numeral 2° de la Ley de Amparo; agréguese al expediente electrónico y físicamente a los autos, el oficio signado por el Representante Legal de las autoridades responsables del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios, por medio del cual aduce haber dado cumplimiento al fallo protector y remite copia certificada del dictamen de pensión CP/77128/2022, emitido el veintinueve de abril del año en curso, por el Presidente del Comité de Pensiones de dicho Instituto; asimismo, remite la notificación del mismo que le fuera hecha al directo quejoso el trece de los cursantes. De lo que se toma conocimiento, y con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dése vista y córrase traslado a la parte quejosa con copia de los insertos, a fin de que dentro del plazo de tres días, contados a partir de la legal notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga, en relación con la forma en que la responsable da cumplimiento al fallo protector; en el entendido de que desahogado o no dicha vista, este juzgado se pronunciará sobre el cumplimiento de la sentencia con base en las constancias que obran en el sumario constitucional. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1114, Marzo de 2015, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con registro en el IUS 2008716, la cual no ha sido superada, la cual es del tenor siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO. PARA PRONUNCIARSE SOBRE SU CUMPLIMIENTO, EL ÓRGANO QUE EMITIÓ LA MISMA DEBERÁ ANALIZAR LA SECUELA PROCESAL, ASÍ COMO LAS SENTENCIAS DE AMPARO DICTADAS PREVIAMENTE DURANTE LA MISMA." Finalmente, se instruye a la Secretaria encargada de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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