Martha Laura Bernal Sánchez

Expediente 1876/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1876/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
29/11/2023

Partes del expediente

  • Martha Laura Bernal Sánchez

Actuaciones

  1. Incidental

    Toluca, Estado de México; veintinueve de noviembre de dos mil veintitrés. DIFERIMIENTO. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y tomando en consideración la certificación secretarial de cuenta, advirtiéndose que no obran en autos los informes previos de las autoridades responsables, ni los acuses de recibo de los oficios que acrediten se les haya hecho del conocimiento tal obligación; por lo que, a fin de respetar las reglas procedimentales del juicio de amparo, la audiencia incidental señalada para el día de hoy, se difiere y se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA Y CINCO MINUTOS DEL SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su celebración. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  2. Principal

    Toluca, Estado de México; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. RADICACIÓN Y REGISTRO. Por recibida la demanda de amparo promovida por ************ por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; fórmese el expediente respectivo y regístrese como juicio de amparo 1876/2023-VI. ADMISIÓN. En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1°, fracción I, 33, 35, 107, 108, 110, 112, 115, 116, 117 y demás relativos de la Ley de Amparo; se admite la demanda. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se obtiene que se reclama: La orden de aprehensión y/o presentación librada en contra de la quejosa, y su ejecución. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual, también es requisito que la autoridad sepa desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la parte quejosa. INTERVENCIÓN DEL AGENTE DEL MINISTERIO PÚBLICO FEDERAL ADSCRITO. Acorde con el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo, al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, dése la intervención correspondiente. Motivo por el cual, notifíquese por medio de lista al Agente del Ministerio Público adscrito la radicación del presente juicio, dejando a su disposición en este juzgado de Distrito, copia simple de la demanda y auto admisorio. APERTURA INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Con fundamento en lo establecido por los numerales 125 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, de trece de octubre del año dos mil veintidós, fórmese por separado y tramítese el incidente de suspensión en original y electrónicamente. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Se fijan las DOCE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL CATORCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la celebración de la audiencia constitucional. SOLICITUD DEL INFORME JUSTIFICADO. Con fundamento en los artículos 117 y 75, de la ley de la materia, requiérase a las responsables su informe justificado, que deberán de rendir dentro de quince días, expresando con precisión si es o no cierto el acto que se les reclama; además, deberán señalar las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio en términos del artículo 61 de la referida ley, así como la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado; y requiéraseles para que remita copia certificada de las constancias que integran el expediente de donde deriva el acto reclamado; haciendo la aclaración que dichas copias deben ser legibles, completas, y de forma cronológica, pues resulta indispensable que este órgano jurisdiccional cuente con los elementos necesarios para analizar el fondo de la cuestión planteada, por lo cual se estima que la ilegibilidad de las constancias equivale a su no envío, que ocasionaría un retraso inexcusable en la administración de justicia, debiendo manifestar en su caso, el impedimento legal que tengan para hacerlo. En el entendido que de no existir inconveniente legal alguno, rindan el informe solicitado, vía mensajería acelerada, telegrama o al correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. APERCIBIMIENTO. Con el apercibimiento que de no rendir su informe ni remitir las constancias señaladas que lo justifiquen, en los términos indicados, se les impondrá multa de cien a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. CLASIFICACIÓN DE INFORMACIÓN CONFIDENCIAL. Se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en caso de que dentro de la información que remita como apoyo al informe justificado o sea requerida posteriormente, se envíe alguna que se encuentre clasificada como reservada, deberá enviar copia certificada del acta de clasificación a que se refiere el artículo 137 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a efecto de este órgano jurisdiccional pueda constatar que el órgano competente emitió la declaratoria correspondiente. Se apercibe a las responsables que de no remitir el acta de clasificación precisada en el párrafo anterior, la información enviada será considerada como de acceso público y con ese carácter se anexará al presente expediente. CAUSAL DE IMPROCEDENCIA Y APERCIBIMIENTO DE MULTA. Asimismo, con apoyo en el artículo 64, del ordenamiento legal invocado, requiérase a las responsables, para que en el supuesto de que hubiere alguna causa de improcedencia en el presente juicio, sea por haber cesado los efectos del acto reclamado o por haber ocurrido causas notorias de sobreseimiento, lo hagan saber así a este juzgado, apercibidas que en caso de ser omisa se les impondrá una multa hasta por la cantidad de cincuenta veces la unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de Desindexación del salario mínimo, de conformidad con lo establecido en los preceptos en cita, en relación con los diversos 238 y 259 de la Ley de Amparo. TERCERO INTERESADO. Ahora bien, resérvese acordar lo conducente al emplazamiento del tercero interesado, hasta en tanto obre en autos los informes justificados rendidos por la autoridades responsables y las constancias de las cuales emana el acto reclamado. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Edwin Escobar Sánchez, pue cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos del citado numeral, a los restantes autorizados, por no contar con el registro correspondiente. CONSULTA ELECTRÓNICA. En atención a la certificación de cuenta, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a los usuarios "EESCOBARS" por lo que se comisiona al oficial judicial "A", para que habilite los campos necesarios para ello. CORREO ELECTRÓNICO. Por lo que hace al correo electrónico señalado, no ha lugar a tenerlo como domicilio para oír y recibir notificaciones, pues no se encuentra previstos en la Ley de Amparo. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente juicio, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que la autoridad responsable se negare a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Asimismo, se hace del conocimiento del Actuario de la adscripción para que en el momento de la diligencia respectiva y de ser necesario, realice las aclaraciones correspondientes con relación a la denominación actual y correcta de la autoridad o autoridades que estén ejecutando el acto reclamado, a quienes deberá apercibir que en el supuesto de no recibir las notificaciones en comento, con fundamento en los artículos 237, fracción I, 238 y 239 de la Ley de Amparo, se hará acreedora de una multa de cincuenta a mil veces la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con los numerales Segundo y Tercero Transitorios del Decreto por el que se declaran reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese.

  3. Incidental

    Toluca, Estado de México; veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. APERTURA DEL INCIDENTE DE SUSPENSIÓN. Como está ordenado en auto de esta fecha dictado en el cuaderno principal relativo al juicio de amparo 1876/2023-VI, promovido por Martha Laura Bernal Sánchez, por propio derecho, contra actos del Juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Almoloya de Juárez, Estado de México y otras autoridades; con fundamento en lo establecido por los numerales 125 y 128, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, de trece de octubre del año dos mil veintidós, tramítese el incidente de suspensión en original y electrónicamente. SOLICITUD DE INFORME PREVIO. Con apoyo en los artículos 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades responsables su informe previo, que deberán rendir dentro del término de cuarenta y ocho horas, enviándoles al efecto una copia simple de la demanda de amparo; en él se concretarán a expresar si son ciertos los hechos que les atribuye la parte quejosa y que determinan la existencia del acto reclamado, pudiendo agregar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. En el entendido que, de no existir inconveniente legal alguno, remitan el informe solicitado al correo electrónico institucional 6jdo2ctoajf@correo.cjf.gob.mx, sin perjuicio de que lo hagan por la vía ordinaria. APERCIBIMIENTO. Se apercibe a las responsables que de ser omisas en rendir su informe previo, se presumirá cierto el acto reclamado para el sólo efecto de la suspensión. Además, de conformidad con los preceptos legales 238 y 260, fracción I, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se harán acreedoras a una multa equivalente a cien veces la Unidad de Medida y Actualización. AUDIENCIA INCIDENTAL. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS, para la audiencia incidental. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura integral de la demanda se obtiene que se reclama: La orden de aprehensión y/o presentación librada en contra de la quejosa, y su ejecución. Lo anterior, pues conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado correctamente para que la sentencia que en su caso se emita resulte congruente, por lo cual, también es requisito que la autoridad sepa desde el auto admisorio qué es lo que en realidad pretende controvertir la parte quejosa. MARCO JURÍDICO DE LA MEDIDA CAUTELAR. En principio, es de puntualizarse que el marco jurídico que condiciona la procedencia de la suspensión del acto reclamado dentro del juicio de amparo, se prevé en los artículos 107, fracción X, de la Constitución General de la República, 128 y 129 de la Ley de Amparo, de los cuales se desprende que para el otorgamiento de tal medida suspensiva el juzgador de amparo debe realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, además, debe atender a la naturaleza de la violación alegada. En ese contexto legal, destaca que el estudio que debe realizarse atendiendo a la naturaleza de la violación alegada, no se limita a considerar la aparente inconstitucionalidad o constitucionalidad del acto de autoridad controvertido, sino que conlleva, inclusive, a valorar si con la solicitud de la suspensión se pretende preservar una prerrogativa del quejoso, o más bien incorporar o constituir, a través de esa medida cautelar, un derecho cuyo ejercicio no se le había conferido legalmente. Ante tal exigencia constitucional, a fin de pronunciarse respecto a la procedencia de la suspensión del acto reclamado y previo al análisis de si el otorgamiento de la suspensión causaría perjuicio al interés social o contravendría disposiciones de orden público, debe verificarse la existencia del derecho cuya preservación se pretende obtener a través de la suspensión del acto reclamado, ya que siendo el objeto de esa medida cautelar conservar derechos y no constituir prerrogativas a favor de los gobernados, el presupuesto lógico del que debe partir el estudio de procedencia de la suspensión debe ser, precisamente, el fehaciente acreditamiento de que el derecho afectado por el acto de autoridad que se reclama, se ubica dentro de la esfera jurídica del peticionario de garantías, pues de lo contrario, de no constatar tal circunstancia, la medida cautelar tendría por efecto constituir el derecho cuya tutela se pretende. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO A LA ORDEN DE APREHENSIÓN Y/O DETENCIÓN RECLAMADA AL JUEZ RESPONSABLE Se concede la suspensión provisional de los actos reclamados para los efectos siguientes: I) Para el caso de que el delito por el que se giró la orden de captura reclamada amerite prisión preventiva, conforme a lo dispuesto en la legislación procesal penal aplicable, se concede la medida cautelar, para el único efecto de que una vez que sea capturado la quejosa, quede a disposición de este Juzgado de Distrito en el lugar en que sea recluido, en cuanto a su libertad personal se refiere, quedando a disposición del Juez de la causa, para la continuación del procedimiento; hasta que se resuelva sobre la suspensión definitiva. II) A su vez, en el supuesto de que si el delito por el que se libró la orden de captura reclamada no amerite prisión preventiva, los efectos de la concesión son: para que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y la quejosa no sea privada de su libertad personal, hasta en tanto, se resuelva lo que proceda en la suspensión definitiva. Es aplicable por identidad de razón la jurisprudencia 1a./J. 53/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 99, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de noviembre de dos mil tres, Novena Época, con número de registro 182754, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL. EFECTOS CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE REAPREHENSIÓN RESPECTO DE DELITO GRAVE. Cuando el acto reclamado afecta la libertad del quejoso, quien se encuentra en libertad provisional bajo caución, el artículo 136 de la Ley de Amparo, establece que los efectos de la suspensión consisten en que éste quede a disposición de la autoridad de amparo en cuanto a su libertad personal y a disposición del juzgador del conocimiento del procedimiento penal para la continuación del mismo, por ser éste de orden público y, por tanto, no suspendible; por ello, cuando el acto controvertido mediante la acción constitucional es una orden de reaprehensión que está vinculada con ilícitos que conforme a la ley no permiten la libertad provisional bajo caución (por calificarlos de graves), la suspensión únicamente produce el efecto de que el amparista, en su momento, sea puesto a disposición del tribunal de amparo, en lo que corresponde a su libertad personal en el lugar en que sea recluido y a disposición del Juez de la causa para la continuación del proceso; en virtud de que tanto genéricamente, como por analogía, es una figura que por sus efectos se encuentra contenida en el artículo 136 de la Ley de Amparo.". La medida cautelar se concede toda vez que en el caso se actualiza lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, en razón de que el quejoso solicitó expresamente la suspensión provisional, además de que con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL RESPECTO DE LA ORDEN DE APREHENSIÓN RECLAMADA AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS. Ahora, toda vez que la quejosa reclama una orden de aprehensión atribuida a autoridades administrativas y tomando en consideración que las mismas no están facultadas para librar órdenes de aprehensión; por tanto, con fundamento en los artículos 128, 129, 166 y 168 de la Ley de Amparo, es procedente decretar en su favor la suspensión provisional, para el efecto de que no sea privada de su libertad con motivo de la orden de aprehensión aquí reclamada, puesto que se trata de un acto que en sí mismo es violatorio de las garantías individuales que consagra la Constitución Federal, porque no se trata de algún acto administrativo que la autoridades administrativas señaladas como responsables realizan ordinariamente mediante el cumplimiento de los requisitos señalados en el artículo 16 constitucional y en ejercicio de las atribuciones que legalmente les son conferidas para realizar. Lo anterior, porque la diferencia entre una orden de aprehensión y una de presentación es manifiesta. la primera, fue reservada por la Constitución para que sea la autoridad judicial competente quien la emita y bajo ciertas circunstancias, mientras la segunda sí es potestad de los Agentes del Ministerio Público y cuya finalidad es lograr el desahogo de una diligencia, que le es indispensable a éste para lograr el cumplimiento de sus funciones, siendo la molestia que causa moderada y momentánea, pues en cuanto es cumplida la diligencia el inculpado puede retirarse y no queda privado de su libertad indefinidamente. Sirve de apoyo a la anterior consideración, el criterio sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, consultable en la página 47, del Tomo 37, Sexta Parte, Séptima Época al Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y contenido rezan: "ORDEN DE APREHENSIÓN Y ORDEN DE PRESENTACIÓN, DISTINCIÓN ENTRE". En el entendido de que esta suspensión, no surte efectos contra órdenes dictadas por autoridad distinta a las señaladas como responsables. CONCESIÓN DE LA SUSPENSIÓN RESPECTO DEL ACTO CONSISTENTES EN LA ORDEN DE PRESENTANCIÓN. Por otra parte, respecto de la ejecución de la orden de presentación reclamado lo procedente es conceder la suspensión provisional, acorde con lo previsto en los artículos 128 y 129 de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para el efecto de que la quejosa no sea privada de su libertad, respetando sus derechos humanos. Lo anterior, hasta en tanto se resuelva con los datos que se obtengan en estos cuadernos incidentales, si es procedente o no conceder la suspensión definitiva. Apoya lo anterior la Jurisprudencia número 1a/J.54/2004, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Materia Penal, publicada en la página 232, tomo XX, agosto de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, cuyos rubro y texto son: "ORDEN DE BÚSQUEDA, LOCALIZACIÓN Y PRESENTACIÓN DEL INDICIADO PARA DECLARAR DENTRO DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA. NO ES RESTRICTIVA DE LA LIBERTAD, POR LO QUE NO SE TRADUCE EN UNA ORDEN DE DETENCIÓN. La finalidad de la orden de detención es privar de la libertad a una persona, a diferencia de la orden de localización, búsqueda y presentación del indiciado para que declare dentro de la averiguación previa, cuyo objeto no es restringir su libertad, sino lograr su comparecencia dentro de esta fase procesal para que declare si así lo estima conveniente, ya que incluso puede abstenerse de hacerlo, además de que una vez terminada la diligencia para la que fue citado, puede reincorporarse a sus actividades cotidianas, por lo que no puede considerarse que se le priva de su libertad." Asimismo, por analogía la Jurisprudencia número I.15o.A. J/3, emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1626, tomo XXV, Abril de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de la Novena Época, que a la letra dice: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. EL EXAMEN DE LOS REQUISITOS PREVISTOS EN EL ARTÍCULO 124 DE LA LEY RELATIVA, ES PREVIO AL ESTUDIO DE LA PROCEDENCIA DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO Y EL PELIGRO EN LA DEMORA. La suspensión de los actos reclamados es una providencia cautelar en el juicio de amparo, de carácter instrumental, para preservar la materia del propio juicio a efecto de evitar que se consume de manera irreparable la violación de garantías alegada. De acuerdo con esa finalidad de la suspensión, el examen de su procedencia debe partir del análisis de la naturaleza del acto o actos reclamados, para arribar a la conclusión de si pueden ser o no paralizados, en razón de que bien puede suceder que carezcan de ejecución, por ser simplemente declarativos, o que habiendo revestido ejecución, ésta se haya consumado; hipótesis en las que la medida cautelar carecería de sentido, particularmente en esta última, en la que, ordinariamente, sólo el otorgamiento de la protección constitucional sería el que podría restituir la situación jurídica al estado en que se encontraba antes de la violación de garantías relativa y, eventualmente, la actualización de la figura de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora que, en conceptos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la primera se basa en un conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que, según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que en la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, sustentado en la posible frustración de los derechos del solicitante de la medida, que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. En esos términos, el estudio de la actualización de la apariencia del buen derecho y del peligro en la demora, precisan del análisis y satisfacción previa de los requisitos establecidos en el artículo 124 de la Ley de Amparo, pues ésta no puede concederse, aun ante la actualización de esa apariencia y peligro, cuando no se encuentran satisfechos tales requisitos legales, es decir, ante el evento de que no la solicitara el agraviado (fracción I), se contravinieran disposiciones de orden público o se afectara el interés social (fracción II), o no se causaran al agraviado daños de difícil reparación (fracción III); esto es, sería un contrasentido jurídico que se otorgara la medida cautelar, aun ante la apariencia del buen derecho y peligro en la demora, a quien no fuera el agraviado, cuando se actualizara una contravención a disposiciones de orden público o se afectara a la sociedad, o cuando el daño que pudiera causarse al quejoso no fuera de difícil reparación, pues en cualquiera de estos casos el otorgamiento de la medida cautelar no encontraría justificación y pondría en peligro los intereses de la sociedad o de otros sujetos de derecho, desnaturalizándose de esta manera la institución de la suspensión, toda vez que la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora sólo puede justificar el otorgamiento de la medida cautelar en presencia de actos consumados, cuando se hayan satisfecho antes de un aparente buen derecho y peligro en la demora, los requisitos mínimos establecidos en el citado artículo 124." Los efectos de la presente determinación tienen vigencia hasta en tanto se notifique la resolución sobre la suspensión definitiva, según lo establece el artículo 130 de la Ley de Amparo. En el entendido que la medida cautelar decretada no tiene el efecto de paralizar la continuación del procedimiento de donde deriva el acto reclamado, tal como lo establece el artículo 150 de la Ley de la Materia. La medida cautelar se concede toda vez que en el caso se actualiza lo dispuesto en el artículo 128 de la Ley de Amparo, esto es, en razón de que la parte quejosa solicitó expresamente la suspensión provisional, además de que con su concesión no se sigue perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 136, 166 y 167 de la Ley de Amparo, dicha medida suspensional surtirá efectos desde luego, pero dejarán de tenerlo si la parte quejosa no cumple los siguientes requisitos: a) Dentro del plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este auto, exhiba una garantía de $******************** (******************** moneda nacional), mediante billete de depósito, expedido a su nombre por el Banco del Bienestar, Sociedad Nacional de Crédito, Institución de Banca de Desarrollo; o en cualquiera de las formas que establece la ley; monto que se fija en forma discrecional y tomando en consideración el número de autoridades jurisdiccionales y administrativas que señala como responsables, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 132 y 168 de la Ley de Amparo, pues hasta este momento no se cuentan con mayores elementos como pudiera ser la naturaleza, modalidades y características del delito imputado al quejoso, así como tampoco se advierten las características personales y situación económica del impetrante de amparo, ni que el citado tenga la intención de sustraerse de la acción de la justicia; cantidad que podrá ser modificada una vez que se conozcan los antecedentes del caso, mediante el informe previo que rindan las autoridades responsables. Es aplicable la tesis número 39, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 1,231, del Tomo XVIII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, julio de dos mil tres, Novena Época, con número de registro 183671, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTEN LA LIBERTAD PERSONAL, APLICABILIDAD DEL ARTÍCULO 124 BIS DE LA LEY DE AMPARO. Para la procedencia de la suspensión contra actos derivados de un procedimiento penal que afecte la libertad personal, de conformidad con el artículo 124 bis de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe exigir del quejoso que exhiba una garantía, cuyo monto se fija tomando en cuenta la naturaleza, modalidades y características del delito que se le impute, la situación económica del mismo y la posibilidad de que el impetrante se sustraiga a la acción de la justicia. Sin embargo, tratándose de la suspensión definitiva, en la mayoría de los casos el juzgador carece de los elementos suficientes que le permitan constatar esas circunstancias; no obstante, en este caso, ante el inminente peligro de que se ejecute el acto reclamado con notorios perjuicios para el quejoso, al otorgar la suspensión definitiva del acto reclamado, lo procedente es cuantificar la garantía con los datos asentados en la demanda interpuesta, ya que con base en los informes previos podrá modificarse su monto para que surta efectos la suspensión definitiva, pues es hasta ese momento que se cuenta con los elementos suficientes para tal efecto, y tiene de facto plena aplicación el precepto 124 bis.". b) Asimismo, se hace del conocimiento de la parte agraviada que para que siga surtiendo efectos la medida cautelar decretada, además de la garantía antes señalada, en términos de lo dispuesto en el artículo 166 de la Ley de Amparo, tiene la obligación de comparecer ante la autoridad responsable que acepte haber librado el mandato de captura que reclama dentro del plazo de tres días, para las diligencias que se decreten en el procedimiento que se le siga, lo cual deberá acreditar dentro de los tres días siguientes, con la prevención que de incumplir con lo ordenado en el término mencionado, dejará de surtir efectos la suspensión concedida; en la inteligencia que, la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia de los actos reclamados, y en su caso, de la autoridad que la emitió, lo cual ocurre cuando las autoridades responsables rinden su informe previo dentro del término de cuarenta y ocho horas, y en él manifiesten si es o no cierto el acto que se les atribuye. Es aplicable la Jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 371, Tomo XXVII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, enero de dos mil ocho, Novena Época, con número de registro 170432, que establece: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL CONTRA ACTOS QUE AFECTAN LA LIBERTAD PERSONAL. LA OBLIGACIÓN DEL QUEJOSO DE COMPARECER ANTE EL JUEZ DE LA CAUSA O EL MINISTERIO PÚBLICO ES EXIGIBLE HASTA QUE SE TIENE CERTEZA RESPECTO DE LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD QUE LO EMITIÓ. El artículo 138, segundo párrafo, de la Ley de Amparo debe interpretarse en el sentido de que cuando la suspensión se haya concedido contra actos derivados de un procedimiento penal que afectan la libertad personal, la obligación del quejoso de comparecer dentro del plazo de tres días ante el juez de la causa o el Ministerio Público, apercibido que de no hacerlo la suspensión concedida dejará de surtir efectos, se actualiza hasta que se tiene certeza respecto de la existencia del acto reclamado (orden de aprehensión o de presentación) y de la autoridad que lo emitió. Ello es así, porque ante la eventualidad de que en la demanda de garantías se señalara una multiplicidad de posibles autoridades responsables, resultaría innecesario y desproporcional que se constriñera al quejoso a presentarse ante cada una de ellas; de ahí que en tal supuesto el juez de amparo que conceda la suspensión definitiva debe hacerlo en términos de los artículos 124 Bis, 136 y 138 de la Ley de Amparo, pero en el entendido de que la mencionada medida de aseguramiento será exigible hasta que se tenga certeza respecto de la existencia del acto reclamado y, en su caso, de la autoridad que lo emitió, lo cual ocurre, en el juicio de amparo indirecto, cuando las autoridades señaladas como responsables rinden informe previo dentro del término de veinticuatro horas y en él manifiestan, entre otras cosas, si es o no cierto el acto que se les atribuye, cuestión que deberá notificarse personalmente al quejoso.". Se requiere a la parte solicitante de amparo que de exhibir la garantía antes fijada en billete de depósito, o en cualquiera de las formas previstas en la ley, a efecto de que este Juzgado la tenga por otorgada, deberá contener en el apartado relativo a concepto la manifestación expresa de que se exhibe para garantizar la suspensión decretada en el presente juicio de amparo. Asimismo, para el caso de que exhiba billete de depósito en éste deberá incluirse la autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia dependiente del Consejo de la Judicatura Federal, para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos, en atención a lo establecido en el artículo 883 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en materia de actividad administrativa del propio Consejo, que establece: "Artículo 883. Las personas que constituyan los depósitos ante los órganos jurisdiccionales, en el mismo instrumento de depósito otorgarán autorización expresa al secretario del Fondo de Apoyo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos. En el certificado de depósito se deberá incluir una leyenda que comprenda la autorización a que se refiere el párrafo anterior.". Por otro lado, se hace del conocimiento de las partes, que con fundamento en los artículos 136 y 166 último párrafo, y 167 de la Ley de Amparo, la orden combatida, podrá ejecutarse si este Juzgado le comunica a las responsables mediante oficio que, en el plazo referido, no se ha depositado la garantía exigida; como también podrá ser detenido el quejoso, si la orden de captura se emitió por delito que merece prisión preventiva, o bien, si es sorprendido en la comisión de flagrante delito o falta administrativa que amerite sanción corporal, y tratándose de caso urgente a que alude el quinto párrafo de lo dispuesto en el artículo 16 de la Constitución General de la República, o bien, si el acto reclamado fue dictado y es ejecutado por diversas autoridades a las señaladas en el escrito inicial. TERCERO INTERESADO. Ahora bien, resérvese acordar lo conducente a la notificación del presente auto al tercero interesado hasta que sea designado tal carácter en el juicio de amparo del que deriva la presente incidencia, y sea emplazado a juicio. DOMICILIO. Con fundamento en el artículo 26, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el señalado en el proemio de la demanda de cuenta. AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. En diverso aspecto, se tiene por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************, pue cuenta con el registro de su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y, en términos restringidos del citado numeral, a los restantes autorizados, por no contar con el registro correspondiente. CONSULTA ELECTRÓNICA. En atención a la certificación de cuenta, se autoriza la consulta del expediente electrónico a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), a los usuarios ******************** por lo que se comisiona al oficial judicial "A", para que habilite los campos necesarios para ello. CORREO ELECTRÓNICO. Por lo que hace al correo electrónico señalado, no ha lugar a tenerlo como domicilio para oír y recibir notificaciones, pues no se encuentra previstos en la Ley de Amparo. COPIAS. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, expídase a costa del promovente las copias que solicita; previa comparecencia que por su recibo se deje para constancia legal debida, en términos de lo previsto en el último párrafo del artículo 280 de la codificación citada en primer término, e identificación oficial vigente y copia de la misma que presente al momento de recogerlas. HABILITAN DÍAS Y HORAS INHÁBILES. De conformidad con lo señalado en el párrafo tercero del artículo 21 de la ley de la materia, en uso de las facultades conferidas a los tribunales federales para dictar las medidas que se estimen pertinentes a fin de lograr las notificaciones personales que puedan ordenarse en el presente incidente, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles. TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES. Con fundamento en los artículos 3º, 68 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, y conforme a la circular número CTAIPPDT1/2011 emitida por el Presidente de la Comisión para Transparencia, Acceso a la Información Pública Gubernamental y Protección de Datos Personales del Consejo de la Judicatura Federal, relativa a lo acordado por dicha comisión en sesión celebrada el once de abril de dos mil once, se ordena suprimir en la versión pública, los datos personales de las partes en el presente incidente, así como la información reservada. NOTIFICACIÓN A LAS AUTORIDADES. En términos de la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 176/2012 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de Nuestro Máximo Tribunal, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 2, visible a página 1253, cuyo rubro se cita: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS", se hace del conocimiento de las responsables que en el presente incidente únicamente le serán notificadas por medio de oficio en su residencia oficial, las determinaciones que por su importancia deban notificarse con las reglas de aquellas que deban ser personales (recursos, requerimientos y determinaciones que por su trascendencia se deban hacer de su conocimiento por medio de oficio dirigido a su residencia oficial), y las restantes se le notificarán por medio de lista que se fija en los estrados de este Juzgado de Distrito. Se comisiona al Actuario Judicial adscrito a este Órgano Jurisdiccional, para que en el caso de que las autoridades responsables se negaren a recibir los oficios derivados del presente asunto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, haga del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha la notificación en ese momento, además de que si a consideración del suscrito se estima que el despliegue de su conducta es con notoria mala fe o negligencia inexcusable se hará acreedora a las sanciones establecidas en el artículo 262 de la ley de la materia. Finalmente, se instruye al Secretario encargado de la mesa, para que verifique que la presente determinación sea coincidente con el contenido del expediente electrónico correspondiente al cuaderno en que se actúa, de igual forma, al Actuario Judicial de la adscripción para que integre las notificaciones físicas y electrónicas derivadas de este juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma Enrique Vázquez Pérez, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa asistido de Amilkar Cerda García, Secretario que autoriza, firma y da fe. Doy fe.

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