Martha Lagos Chaparro

Expediente 949/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
949/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Martha Lagos Chaparro

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y del contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que Martha Lagos Chaparro, en su calidad de albacea a bienes de José Juan Ramírez Cano, haya recurrido el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintidós, por medio del cual se desechó la demanda de amparo promovida por éste último; por lo que se declara que dicho proveído ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Hágase lo anterior del conocimiento de las partes, para los efectos legales procedentes. ENRIQUE CAMACHO FLORES 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.02.52.95 30/07/23 18:30:39 2 JUZGADO OCTAVO EXP. 949/2022 Integración del expediente, anotaciones y archivo. Realícense las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y una vez que se encuentren agregadas la totalidad de las constancias, archívese este expediente como total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Destrucción y depuración. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible al haberse desechado la demanda de amparo, por lo que se ubica en la hipótesis prevista en el capítulo octavo, artículo 21, inciso d), del Acuerdo General citado. Notifíquese.

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintidós. Recepción de la demanda. Vista la demanda de amparo presentada por Martha Lagos Chaparro, en su calidad de albacea a bienes de José Juan Ramírez Cano, contra actos del Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec, Estado de México y otra autoridad. Registro. Fórmese expediente y regístrese en el libro de control de este juzgado con el consecutivo 949/2022, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Promociones duplicadas y acuses. Para efecto de hacer efectiva la justicia pronta, rápida y expedita, se ordena únicamente certificar y agregar a los autos los trámites siguientes: a) promociones ya acordadas en autos; b) duplicación de informes; y c) acuses de recibo. Estudio de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la ampliación demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 2 "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. Resulta aplicable por los motivos que la informan, la Jurisprudencia VI.2o. J/290, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Número 80, Agosto de 1994, Octava Época, visible a página 64, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. ALCANCE DE LA EXPRESION "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA". El artículo 145 de la Ley de Amparo, autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de garantías, cuando exista un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; siendo lo manifiesto cuando se da un motivo que se advierta en forma clara, patente, evidente de la lectura de la demanda de garantías, de los escritos aclaratorios y de los documentos que se acompañen, y lo indudable, resulta que se tenga certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate sea operante en el caso concreto, es decir, inobjetable, de tal suerte que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse un criterio diverso, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes; de ahí que, si invocan razones que pueden ser materia de debate, ya no se está en presencia del caso previsto por el referido precepto y no puede desecharse por improcedente la demanda de amparo." Causales de improcedencia advertidas. En ese contexto, de la demanda de amparo, se advierte en primer término que la parte quejosa señala como acto destacado: Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 3 ??A???????????? El proveído de fecha once de agosto de dos mil veintidós, pronunciado por el H. Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, en el juicio ordinario mercantil, expediente número 12759/2022, tramitado por Santander Vivienda S.A. de C.V., SOFOME T, Grupo Financiero Santander México, después Carlos Iván de la Rosa Arroyo, ahora cesionaria Juan Isaac Mejía Garnica en contra de Martha Lagos Chaparro, mismo que a la letra dice: "AUTO.- ECATEPEC DE MORELOS, ESTADO DE MÉXICO, A ONCE DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTIDÓS. Se tiene por recibido el escrito que presenta JUAN ISAAC MEJÍA GARNICA, visto su contenido atento a la razón asentada por el ejecutor adscrito de la que se advierte la oposición de la demandada, y la exhibición de la garantía, en esas condiciones con fundamento en lo dispuesto por el artículo 2.178 del código procesal civil se autoriza el uso de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras si necesario fuere, por lo que túrnense los autos a la vista del ejecutor para que proceda a dar cumplimiento en sus términos a lo ordenado por el juez exhortante. Asimismo, gírese oficio al Comisario de Seguridad Pública y Seguridad Vial de la entidad, para que en auxilio de las labores de este juzgado y con el carácter de auxiliar de la Administración de Justicia, proporcione los elementos necesarios y suficientes de su corporación auxilien al servidor público durante el desarrollo de la diligencia encomendada." Atento a lo anterior, el suscrito advierte la actualización de la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción IV, que al respecto establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior." De los preceptos legales citados, se desprende que el juicio de amparo, únicamente es procedente contra actos dictados en el Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 4 período de ejecución de sentencia, cuando se trate de la última resolución dictada en éste. En esa medida, la última resolución pronunciada en ejecución de una sentencia, es aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para su cumplimiento. Cabe señalar, que la parte quejosa reclama en este asunto la diligencia de lanzamiento forzoso con auxilio de la fuerza pública y rompimiento de cerraduras del inmueble ubicado en Calle Manzana 18, Lote 21, Casa 27, Fraccionamiento Las Américas, Ecatepec, Estado de México, emitida en el expediente de origen. Bajo ese contexto, resulta evidente que el acto reclamado, fue dictado en ejecución de la sentención emitida en el juicio ordinario mercantil del que emana el acto destacado, lo que no constituye la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquella que declare cumplido la resolución que tenga la calidad de cosa juzgada, como culminación de un juicio con las formalidades esenciales del procedimiento; o en su caso, que establezca la imposibilidad para cumplirla, siendo que en la especie, los actos que ahora reclama la promovente de amparo, no es otra cosa más, que una determinación que tiene como finalidad obtener el cumplimiento de la condena decretada en la resolución del juicio en cuestión. Así, resulta evidente que dado que Martha Lagos Chaparro, fue la parte demandada en dicho procedimiento, la admisión de la demanda de amparo obstaculizaría injustificadamente la ejecución de la sentencia, puesto que si la parte quejosa estima violado alguno de sus derechos fundamentales, estará en posibilidad de solicitar la protección de la justicia de la unión hasta que se dicte la última resolución con relación a la ejecución de ésta, puesto que será hasta este momento que podrá válidamente analizarse si existió algún acto dentro del proceso de ejecución que violentó sus derechos fundamentales. En ese tenor, la regla específica de procedencia del juicio de amparo indirecto, fue instrumentada por el legislador para evitar los abusos del juicio de amparo, es decir, impedir que éste se utilizara Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 5 ??A???????????? para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva que constituye la verdad legal, que la sociedad está interesada en su ejecución, sin que la interposición de innumerables juicios de amparo obstaculizaran su ejecución, esto es, al constituir la sentencia definitiva una verdad legal, la sociedad tiene interés en que se ejecuten éstos y por ese motivo el legislador limitó la procedencia del juicio de amparo indirecto en contra de actos dictados en ejecución de sentencia, hasta que se dictara la resolución definitiva que pusiera fin a ese procedimiento de ejecución, pudiéndose reclamar en la demanda las demás violaciones procesales cometidas durante el procedimiento de ejecución que hubieren dejado sin defensa a la parte quejosa, es decir, se debe entender por última resolución, aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Tiene aplicación al caso, la tesis jurisprudencial número P.J. 32/2001 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia la Nación, visible en la página 31, del Tomo XIII, Abril de 2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la 'última resolución' que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Asimismo es aplicable al presente caso, la tesis de jurisprudencia número 2°. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en las páginas 230 y 231, del Tomo VII, Febrero 1998, de la Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice lo siguiente: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS.- De conformidad con lo dispuesto por el artículo 114, fracción III, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: a) Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 6 precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Por tanto, las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, debe evitarse la obstaculización de su cumplimiento. Por tanto, no procederá el juicio de amparo en contra del incidente de oposición a la ejecución del convenio homologado, en términos de los artículos 73, fracción XVIII y 114, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, aunque pretendan reclamar la inconstitucionalidad de una ley, sino hasta que se dicte la resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución". Lo expuesto, tiene sustento jurídico en la tesis jurisprudencial 1a./J. 29/2003, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 11 del Tomo XVII, Junio de 2003, materia Común, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. REGLAS PARA SU PROCEDENCIA, RESPECTO DE ACTOS DICTADOS DENTRO DEL JUICIO, DESPUÉS DE CONCLUIDO Y EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. De lo dispuesto en los artículos 107, fracciones III, inciso b) y VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, se desprenden dos reglas genéricas y una específica de procedencia del juicio de amparo indirecto: la primera regla genérica consiste en que éste procede contra actos en el juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, los cuales han sido definidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación como aquéllos que por sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del gobernado, tutelados por la propia Constitución Federal, por medio de las garantías individuales, pues esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien los sufra obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones, a saber, la personalidad de las partes, el embargo o la negativa a denunciar el juicio a terceros, entre otros; la segunda regla genérica consiste en que el juicio de amparo biinstancial procede en contra de actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, después de concluido el juicio, siempre que no se dicten en ejecución de sentencia, los cuales, de acuerdo con el criterio emitido por el Máximo Tribunal del país, gozan de autonomía y no tienen como finalidad directa e inmediata ejecutar la sentencia dictada en el juicio natural, como son el arresto dictado como medida de apremio para vencer la contumacia de alguna de las partes o la interlocutoria que fije en cantidad líquida la condena de que fue objeto el perdidoso; y la regla específica introducida por el legislador con el propósito de impedir que el juicio de garantías sea utilizado para retardar o entorpecer la ejecución de una sentencia definitiva con el carácter de cosa juzgada, consistente en que el juicio de amparo en la vía indirecta podrá promoverse contra actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo en ejecución de sentencia, sólo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y, tratándose de remates, contra la resolución definitiva en que se aprueben o desaprueben; en el entendido de que conforme al criterio sustentado por el más Alto Tribunal de la República, la última resolución es aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. En estas condiciones, y en atención a que las citadas reglas tienen aplicación en diversas etapas del juicio natural, según la naturaleza y finalidad de cada uno de los actos dictados durante su prosecución, es claro que cada una de ellas es aplicable a hipótesis diferentes, por lo que no pueden adminicularse entre sí con el grave riesgo de desnaturalizar el juicio de garantías; por tanto, a los actos dictados en juicio que causen una ejecución de imposible reparación sobre las personas o las cosas, no se les pueden aplicar las reglas que rigen para los actos dictados después de concluido el juicio y en ejecución de sentencia, porque si así Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 7 ??A???????????? se hiciera, el juicio de amparo indirecto sería procedente en contra de todos los actos dictados dentro de un procedimiento, aun cuando no causen una ejecución de imposible reparación; de igual manera, a los actos dictados después de concluido el juicio o en ejecución de sentencia, no puede aplicárseles la regla de procedencia del juicio de amparo indirecto que rige para actos dictados dentro del juicio, porque bastaría que se alegara que tales actos causan una ejecución de imposible reparación para que el juicio de amparo fuera procedente, pasando por alto que uno de los motivos por los cuales el legislador instrumentó esas reglas, fue evitar el abuso del juicio de garantías." De lo reseñado, queda establecido que el acto reclamado en esta vía, no constituye la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia en el juicio de origen, pues no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, pues aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, no se lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada, ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 de la Ley de Amparo, ya que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, pues sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán de consumarse en forma insoslayable. Sustenta lo anterior la tesis aislada 1.12º.C22K(10ª), emitida por el Décimo Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible en la página 2163, Libro 60, Noviembre de 2018, Tomo III, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "AMPARO INDIRECTO. SI LA RESOLUCIÓN IMPUGNADA NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS AJENOS A LA COSA JUZGADA (ACTOS INOFENSIVOS) NI SE AJUSTA A NINGUNA HIPÓTESIS DEL ARTÍCULO 107 DE LA LEY DE LA MATERIA, EL JUICIO ES IMPROCEDENTE, AUNQUE SURJAN EN LA ETAPA DE JUICIO CONCLUIDO. En términos del artículo 107, fracciones IV y V, de la Ley de Amparo el juicio constitucional se tramitará ante el Juez de Distrito cuando se impugnen actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, lo cual significa que antes y después del dictado de la sentencia definitiva que resuelva el asunto en lo principal, las partes tienen a su alcance la posibilidad de impugnar cualquier acto que tenga esas características. De manera que si el juicio de amparo indirecto procede en esas hipótesis, esta disposición debe estimarse que da pauta a la interpretación, de modo que aun tratándose de actos dictados en juicio concluido existe la posibilidad de impugnarlos por las partes cuando: a) el acto infrinja directamente derechos sustantivos, y b) los derechos sustantivos que se vean afectados sean ajenos a la cosa juzgada, es decir, los distintos que se puedan afectar por la propia ejecución de la sentencia. Con la condición lógica de que no se pretenda impedir directamente el cumplimiento de lo que ya fue discutido y resuelto en forma definitiva, pues en el momento en que lo sentenciado adquirió la naturaleza de cosa juzgada, sus efectos materiales sobre las cosas y las personas inevitablemente deberán consumarse en forma insoslayable. En este contexto, si la resolución reclamada fue dictada en etapa de ejecución de sentencia, pues de los antecedentes se advierte que existe sentencia definitiva, la decisión de rechazar un recurso no puede estudiarse aisladamente al acto pretendidamente recurrido, es decir, la resolución que declara infundado el incidente de nulidad de actuaciones que el quejoso inició para impugnar la notificación que se realizó en cuanto a la devolución al archivo judicial del expediente natural y como consecuencia la resolución que niega la admisión del recurso correspondiente no satisface los requisitos para la procedencia del amparo Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 8 indirecto, pues no se trata de la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución y como el quejoso compareció al juicio natural y éste se encuentra en la etapa de ejecución, no se afectan de manera directa derechos sustantivos ajenos a la cosa juzgada en el juicio de origen. Consecuentemente, aun cuando surjan actos en la etapa de juicio concluido, muchos de ellos son inocuos (inofensivos) para los intereses del quejoso, como sucede en el caso, en tanto que su contenido no lesiona algún derecho ajeno a la cosa juzgada ni se ajusta a alguna de las hipótesis de procedencia reguladas en el artículo 107 citado; de ahí que el juicio de amparo sea improcedente." Lo anterior, en virtud de que las violaciones cometidas en un procedimiento de ejecución de sentencia, cuyo trámite se efectúa en forma de incidente, es reclamable en el amparo que se promueva contra la resolución final que se dicte en éste; por lo que la misma razón debe regir para aquellos amparos en que se reclame el acuerdo de desechamiento de pruebas emitido en la tramitación de un incidente seguido después de concluido el juicio, como es el caso, pues se trata de un acto de naturaleza eminentemente procesal y de efectos transitorios mas no de imposible reparación, tomando en cuenta además, que existe la posibilidad de que estos últimos desaparezcan si el agraviado obtiene sentencia favorable a sus intereses en dicho incidente; y, en caso contrario, que goza de los medios de defensa que la ley establece para controvertir ésta y las posibles violaciones cometidas en el procedimiento que lo hayan dejado sin defensa. Por tanto, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con la fracción V, del diverso 107, interpretada a contrario sensu, de la Ley de Amparo, lo que procede es desechar de plano la demanda en estudio por lo que hace al acto reclamado consistente en el auto de once de agosto de dos mil veintidós, tendente a ejecutar el lanzamiento forzoso con auxilio de la fuerza pública del inmueble ubicado en Calle Manzana 18, Lote 21, Casa 27, Fraccionamiento Las Américas, Ecatepec, Estado de México. No se inadvierte que la quejosa Martha Lagos Chaparro, en su calidad de albacea a bienes de José Juan Ramírez Cano, refiere reclamar la ejecución antes analizada, con motivo de la omisión que enseguida se precisa: "La OMISIÓN DE CITAR Y EMPLAZAR A JUICIO A JOSÉ JUAN RAMÍREZ CANO, toda vez que la suscrita en calidad de albacea del quejoso, manifiesto bajo protesta de decir verdad que las autoridades ordenadora y ejecutora, no realizaron el emplazamiento a juicio al quejoso, ni fue llamado a juicio, dejándolo en estado de indefensión, desconociendo el juicio ventilado ante el Juzgado Primero Civil y de Extinción de Dominio Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 9 ??A???????????? del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, juicio ordinario mercantil 12759/2022." Sin embargo, de los antecedes que bajo protesta de decir verdad realizó, indicó que de la demanda instaurada por ING HIPOTECARIA, S.A. DE C.V., SOCIEDAD FINANCIERA DE OBJETO MÚLTIPLE, ENTIDAD NO REGULADA interpuso juicio ordinario mercantil en contra de Martha Lagos Chaparro, demandado el vencimiento anticipado del plazo para el pago del crédito hipotecario respecto del inmueble ubicado en calle manzana 18, lote 21, casa 27, fraccionamiento Las Américas, Ecatepec, Estado de México, misma que se radicó ante el Juzgado Tercero Civil de Primera Instancia de Ecatepec, Estado de México, bajo el expediente número 842/2013, juzgado que desapareció y por ello se remitió al que señala como responsable en este asunto, quien lo registró como juicio ordinario mercantil 12759/2022. Asimismo, como se advierte de las documentales que exhibió, el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, el Juzgado Segundo Familiar del Distrito Judicial de Ecatepec de Morelos, Estado de México, dentro del expediente 109/2021, emitió auto declarativo de herederos y albacea, en el que se nombró como albacea a Martha Lagos Chaparro, quien promueve la demanda de amparo de cuenta en su calidad de albacea a bienes de José Juan Ramírez Cano. Bajo esas consideraciones, se evidencia que en la especie cobra vigencia la causal de improcedencia, prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los artículos 17, primer párrafo y 18 de de la Ley de Amparo, numerales que en lo conducente señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: [.]. Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 10 De los anteriores preceptos se dispone que el término para presentar la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará de acuerdo con dos supuestos distintos: a) A partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame. b) Aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo 17 de la Ley de la materia (cuando se reclame una norma general autoaplicativa) en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor. En el supuesto en análisis, se está en presencia del inciso b) ya que desde el veintiuno de abril de dos mil veintiuno, en que Martha Lagos Chaparro, fue declarara albacea de la sucesión a bienes de José Juan Ramírez Cano, tuvo conocimiento por cuanto hace a éste último del juicio de origen 842/2013 (ahora 12759/2022); pues obstante que en la demanda de amparo precise que fue el doce de agosto actual la fecha de conocimiento, lo cierto, es que al ser la parte demandada en el juicio de origen, es inconcuso, que al ser nombrada como albacea de la sucesión que representa, ésta última desde esa data tuvo conocimiento de las actuaciones que integran el referido juicio ordinario. Sirve de apoyo a la anterior determinación, por las razones de la informan, la jurisprudencia 1a./J. 67/2013 (10a.), con registro electrónico 2004274, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 1, página 729, cuyo rubro y texto son los siguientes: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO POR EQUIPARACIÓN. NO TIENE ESA CALIDAD EL QUEJOSO QUE CONOCE DE MANERA COMPLETA Y EXACTA LA EXISTENCIA DEL JUICIO AL QUE PRETENDE SER LLAMADO, AUNQUE NO HAYA COMPARECIDO A AQUÉL (ALCANCE DE LA JURISPRUDENCIA 3a./J. 18/92). Acorde con la jurisprudencia P./J. 39/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 93, con el rubro: "PERSONA EXTRAÑA A JUICIO. CARECE DE TAL CARÁCTER QUIEN COMPARECIÓ AL PROCEDIMIENTO NATURAL, POR LO QUE DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO AL ACTUALIZARSE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN XVIII, DE LA LEY DE AMPARO, EN RELACIÓN CON EL DIVERSO 114, FRACCIÓN V, APLICADA EN SENTIDO CONTRARIO, DEL PROPIO ORDENAMIENTO, AUN CUANDO HAYA SIDO PROMOVIDO DENTRO DEL TÉRMINO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 21 DE LA PROPIA LEY.", la persona extraña a juicio por equiparación pierde ese carácter cuando, en su calidad de parte formal en el juicio del que reclama la omisión o ilegalidad del emplazamiento, comparece a dicho proceso judicial. Ahora bien, lo anterior no amplía el criterio sustentado por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 11 ??A???????????? jurisprudencia número 3a./J. 18/92, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Número 58, octubre de 1992, página 16, de rubro: "EMPLAZAMIENTO, FALTA O ILEGALIDAD DEL, EN MATERIA CIVIL. DEBE RECLAMARSE A TRAVÉS DEL AMPARO DIRECTO SI SE TIENE CONOCIMIENTO DE ÉL ANTES DE QUE SE DECLARE EJECUTORIADA LA SENTENCIA.", en la que se afirmó que basta el conocimiento de la existencia del juicio natural, aún no resuelto mediante sentencia definitiva, para que el quejoso que se ostenta como persona extraña por equiparación carezca de tal carácter. Ello es así, porque en la ejecutoria que dio origen al criterio primeramente citado, el Tribunal en Pleno examinó el caso específico en que el quejoso -demandado en el juicio de origen- alegó omisión o ilegalidad del emplazamiento y, no obstante ello, compareció al juicio, y la conclusión alcanzada fue que tal comparecencia impide otorgar al peticionario la calidad de extraño a juicio. De ahí que tal determinación no es extensiva a todos los casos, por lo que no es válido afirmar que el carácter de extraño a juicio alegado por la parte formal en el juicio de origen se pierda solamente si concurren ambos requisitos, esto es, el conocimiento del juicio y la comparecencia a él, pues como la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha reiterado en asuntos similares, basta que antes de que se dicte sentencia el promovente del amparo tenga conocimiento completo y exacto de la existencia del juicio seguido en su contra para que pierda el carácter de extraño al juicio; o bien, que durante el juicio se hubiere practicado directamente con él una notificación personal que permita arrojar con certeza la existencia del mismo, para que pierda ese carácter, en cuyo caso está en aptitud de integrarse a la relación procesal para hacer valer los recursos y medios de defensa ordinarios previstos en la ley para ejercer su garantía de audiencia." En tales circunstancias, es indiscutible la extemporaneidad de la presentación de la demanda de amparo dentro del término señalado en el artículo 17, primer párrafo de la Ley de Amparo, pues la agraviada estaba obligada a promoverla dentro de los quince días siguientes a aquél en que con su carácter de albacea de la sucesión quejosa tuvo conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, por tanto, si la demanda de amparo se presentó hasta el quince de agosto de la presente anualidad, se encuentra fuera del plazo establecido. Sirve de apoyo la Jurisprudencia sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, 1a./J. 30/2007, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXV, Mayo de 2007, visible a fojas 286, cuyo rubro y texto, son: "DEMANDA DE AMPARO. CÓMPUTO DEL TÉRMINO PARA PROMOVERLA EN LAS DISTINTAS HIPÓTESIS QUE ESTABLECE EL ARTÍCULO 21 DE LA LEY DE AMPARO, RESPECTO DEL CONOCIMIENTO DEL ACTO RECLAMADO. El citado artículo dispone que el término para la interposición de la demanda de amparo será de quince días, el cual se computará desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo reclamado; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución o al en que se hubiese ostentado sabedor de los mismos. Así, el indicado artículo hace tres distinciones para el cómputo aludido, y los supuestos que menciona son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación; por tanto, es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de garantías fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Sin embargo, no debe soslayarse la idoneidad de cada supuesto y la posición del quejoso respecto del acto reclamado, toda vez que para que éste se haga sabedor de dicho acto puede actualizarse la notificación, el Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 12 conocimiento o la confesión, que al ser medios distintos que sirven de punto de partida para el cómputo respectivo, obviamente deben ser idóneos para cada caso determinado, porque no es lo mismo la notificación de un acto que tener conocimiento de él, en virtud de que aquélla es una actuación procesal que requiere formalidades y produce el conocimiento del acto, mientras que tal conocimiento no siempre proviene de una notificación. Esto es, tratándose de la notificación, la Ley se refiere a los procedimientos en que existe ese medio legal de dar a conocer determinada resolución, así como a las personas que siendo partes en tales procedimientos pueden ser notificadas; en cambio, el conocimiento de la resolución se refiere a los diversos procedimientos en donde no se establece la notificación, así como a las personas que no hayan sido partes en un procedimiento contencioso, porque aun cuando lo previera la Ley, por la sola circunstancia de no haber sido partes, no podrían ser notificadas. En cambio, cuando en una misma fecha se notifique el acto reclamado por Boletín Judicial y se obtengan las copias que lo contienen, el término para el cómputo de la presentación de la demanda de garantías debe iniciarse desde el día siguiente al en que haya surtido efectos la notificación, conforme a la ley del acto." En tales condiciones, al ser manifiesta e indudable la improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto por el artículo 113 de la Ley de Amparo se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo por lo que hace al acto ya precisado en supra líneas. Apercibimiento. Ya que en el caso se evidencia que la quejosa ha manifestado bajo protesta de decir verdad diversas fechas en que tuvo conocimiento del acto reclamado a efecto de darle temporalidad oportuna a sus escritos (235/2021, 534/2021 y este), se le hace de su conocimiento que de continuar con la presentación de demandas en el mismo sentido, señalando diversas fechas a efecto de tener una posible ventaja procesal indebida, se dará vista a la Fiscal de la Federación adscrita a efecto de que investigue los hechos para el caso de configurar algún delito, de conformidad con lo previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo, que en su contenido es el siguiente: Artículo 261. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión y multa de treinta a trescientos días: I. Al quejoso, a su abogado autorizado o a ambos, si con el propósito de obtener una ventaja procesal indebida, en la demanda afirme hechos falsos u omita los que le consten en relación con el acto reclamado, siempre que no se reclamen actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; y II. Al quejoso o tercero interesado, a su abogado o a ambos, si en el juicio de amparo presenten testigos o documentos falsos. Domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa. Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 13 ??A???????????? Ahora bien, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, por lo que se le requiere para que dentro del término de tres días contados a partir del día siguiente al en que surta sus efectos la legal notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en el lugar de residencia de este órgano jurisdiccional, apercibida que en caso de no hacerlo así, se le harán las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, por medio de lista que se fije en los estrados de este juzgado federal sin ulterior acuerdo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo. Por lo anterior, se comisiona al actuario adscrito para que por única ocasión notifique el contenido de este auto en el domicilio ubicado en Calle Mariano Abasolo sin número, Condominio Santa Clara, Manzana 18, Lote 21, Casa 27, Fraccionamiento Ecatepec de Morelos, Estado de México. Sin que haya lugar a realizar pronunciamiento respecto al correo electrónico y número telefónico que precisa para los mismos efectos, dado lo ya acordado, máxime que los mismos no se encuentran previstos por la Ley de Amparo como medios de notificación. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Téngase por autorizadas a las personas que indica para los efectos precisados, hasta en tanto acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). De conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 14 Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, páralo cual, podrán consultar el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/A yuda Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes, por lo que se autoriza a los Actuarios para que prioritariamente realicen las notificaciones a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que se incorporen al expediente la totalidad de las constancias que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, en el entendido de que la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Se ordena al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico en caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas. Devolución de documentos. Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 15 ??A???????????? Se hace del conocimiento de la parte oferente de documentos originales, que al concluirse el presente juicio deberá recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio, en términos de los capítulos séptimo y octavo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, en el entendido que de no hacerlo, se destruirán en términos de los artículos 18 y 20, del citado Acuerdo General. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Se precisa que no se consideran como documento original la carta poder manuscrita, ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Finalmente, se ordena al Actuario Judicial adscrito que vincule de inmediato la totalidad de las constancias de notificación que integran el sumario constitucional en que se actúa.1 1 Sustenta dicha orden lo establecido en el Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, en la parte relativa a la Descripción del Puesto de Actuario Judicial, apartado II.2 relativo a las funciones, el cual en el punto 5., señala: Registrar en el Sistema Integral de Seguimientos de Expedientes (SISE), la práctica y constancia de notificaciones. Joel Amado Ocampo Muñoz 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.17.4e 29/08/23 07:04:58 Juzgado Octavo Expediente 949/2022 16 Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

  3. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA Y REQUIERE POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN CUMPLIMIENTO AL ACUERDO DE DIECIOCHO DE AGOSTO ACTUAL, DICTADO EN EL JUICIO DE AMPARO 949/2022 DEL ÍNDICE DE ESTE JUZGADO Y EN VIRTUD DEL AVISO DE VEINTICINCO DELOS CORRIENTES

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