Martha Elizabeth Guerra Mendoza

Expediente 519/2021 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de junio de 2021.

Datos del expediente

Expediente
519/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/06/2021

Partes del expediente

  • Martha Elizabeth Guerra Mendoza

Actuaciones

  1. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, veintinueve de junio de dos mil veintiuno. Causa estado. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos y visto el contenido de la certificación de cuenta, se advierte que ha transcurrido el término de cinco días que concede el artículo 98, con relación al 97, fracción I, inciso a), ambos de la Ley de Amparo, sin que haya sido recurrido el auto de nueve de junio de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo promovida por Martha Elizabeth Guerra Mendoza, se declara que dicho proveído HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales correspondientes, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2. Integración del expediente, anotaciones y archivo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido. Transferencia. Ahora bien, de conformidad con el capítulo segundo, artículo 5, en relación con el capítulo tercero, artículo 9, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, una vez que transcurra el término de tres años de archivo del presente expediente, transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación; lo anterior, por no ubicarse en ninguno de los supuestos que establece el artículo 18, capítulo séptimo del citado acuerdo. Clasificación documental. Por otra parte, en cumplimiento a lo que establece el artículo 35, del capítulo décimo tercero, del Acuerdo General, señalado en el párrafo precedente, este expediente a criterio de este juzgador no es de relevancia documental, por lo cual así deberá asentarse en la carátula del presente juicio. Depuración o destrucción del expediente. Para los efectos legales correspondientes, se hace constar que el presente expediente es destruible toda vez que se desechó la demanda de amparo; por ende, se ubica en la hipótesis prevista en el artículo 21 inciso b), del Acuerdo General citado. Notifíquese...MESA 9

  2. Principal

    Naucalpan de Juárez, Estado de México, nueve de junio de dos mil veintiuno. Recepción de demanda. Vista la demanda de amparo promovida Martha Elizabeth Guerra Mendoza, contra actos que reclama del Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán, Estado de México y otra autoridad. Registro de demanda. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado con el consecutivo 519/2021, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva a cabo este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 184 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. Consideraciones previas, relativas al estudio integral de la demanda. Previo a acordar lo que en derecho corresponda, conviene precisar que en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se establece la obligación que tiene este juzgador de examinar en su integridad la demanda de amparo, y si encontrare un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano. Los artículos precisados son del tenor literal siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato." "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En relación con lo expuesto por diversos tribunales de la Federación, éstos se han pronunciado en el sentido de que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda; en tanto que, lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto; de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin ningún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por ningún medio de prueba durante el juicio. De ahí, que deban analizarse de manera preferente las causas de improcedencia por ser éstas una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 814, publicada en la página 553, del tomo VI, materia común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación correspondiente a los años de 1917-1995, que lleva por rubro y texto los siguientes: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Debe precisarse que el suscrito toma en consideración las constancias del expediente 234/2021, de este Juzgado al constituir un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Lo anterior, atento al principio de que un hecho notorio lo constituyen los diversos asuntos que se tramitan ante este juzgado federal, de acuerdo a la jurisprudencia VI.1o.P. J/25, número de registro 187526, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, consultable en la página 1199, Tomo XV, Marzo de 2002, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento." Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo relativa al juicio de amparo en que se actúa y de las constancias que obran en el diverso 234/2021 del índice de este Juzgado Federal, se advierte que en el caso se actualiza de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en la fracción X del artículo 61, de la Ley de Amparo, por las siguientes circunstancias. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . X. Contra normas generales o actos que sean materia de otro juicio de amparo pendiente de resolución promovido por el mismo quejoso, contra las mismas autoridades y por el propio acto reclamado, aunque las violaciones constitucionales sean diversas, salvo que se trate de normas generales impugnadas con motivo de actos de aplicación distintos. En este último caso, solamente se actualizará esta causal cuando se dicte sentencia firme en alguno de los juicios en la que se analice la constitucionalidad de las normas generales; si se declara la constitucionalidad de la norma general, esta causal no se actualiza respecto de los actos de aplicación, si fueron impugnados por vicios propios.." Así, los requisitos para que se actualice la causa de improcedencia en estudio, son los siguientes: 1. Que existan por lo menos dos juicios de amparo. 2. Que el otro amparo se encuentre en trámite. 3. Que en ambos amparos exista identidad de sujetos que figuraron como partes, es decir, que hayan sido promovidos por la misma persona física o moral como parte quejosa y en contra de iguales autoridades responsables. 4. Que los actos de autoridad que se reclamen en ambos juicios de amparo sean idénticos. En ese tenor, del escrito de demanda que da origen al presente, se advierte que la quejosa Martha Elizabeth Guerra Mendoza reclama: "IV. ACTOS RECLAMADOS. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS: Reclamo la ilegal y arbitraria Orden de Aprehensión, y/o Orden de Reaprehensión y/o Orden de Restricción de mi libertad, y/o Orden de Presentación en su caso, dictada en mi contra y fuera de todo procedimiento legal. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO LAS EJECUTORAS: Reclamo el cumplimiento y ejecución que le pretenden dar a dicha ORDEN DE APREHENSION, y/o Orden de Reaprehensión y/o Orden de Restricción de mi libertad, y/o Orden de Presentación en su caso, dictada en mi contra y fuera de todo Procedimiento Legal por parte de la Autoridad Señalada como Ordenadoras." Asimismo, señaló como autoridad responsable a las siguientes: Autoridad responsable ordenadora: 1. Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán Estado de México; y Autoridad responsable ejecutora: 2. Jefe Regional de la Policía de Investigación de Cuautitlán Izcalli, Estado de México. Por otro lado, en el diverso juicio de amparo 234/2021 del índice de este órgano jurisdiccional, la también aquí quejosa Martha Elizabeth Guerra Mendoza, señaló como actos reclamados: "IV. ACTOS RECLAMADOS. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO ORDENADORAS: Reclamo la ilegal y arbitraria Orden de Aprehensión, y/o Orden de Reaprehensión y/o Orden de Restricción de mi libertad, y/o Orden de Presentación en su caso, dictada en mi contra y fuera de todo procedimiento legal. DE LAS AUTORIDADES SEÑALADAS COMO LAS EJECUTORAS: Reclamo el cumplimiento y ejecución que le pretenden dar a dicha ORDEN DE APREHENSION, y/o Orden de Reaprehensión y/o Orden de Restricción de mi libertad, y/o Orden de Presentación en su caso, dictada en mi contra y fuera de todo Procedimiento Legal por parte de la Autoridad Señalada como Ordenadoras." De nueva cuenta, el accionante del amparo, señaló como autoridades responsables a las siguientes Autoridades responsables ordenadoras: 1. Juez Penal de Primera Instancia del Distrito Judicial de Cuautitlán Estado de México, 2. Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, Cuautitlán Izcalli, Estado de México, 3. Omar Marín Hernández, Agente del Ministerio Público adscrito al Centro de Justicia para las Mujeres, Cuautitlán Izcalli, Estado de México Autoridades responsables ejecutoras: 1. Coordinador Regional de Cuautitlán de la Policía Investigadora Ministerial del Estado de México y; 2. Coordinador General de la Policía de Investigación de la Fiscalía del Estado de México El juicio 234/2021, del índice de este juzgado, promovido por Martha Elizabeth Guerra Mendoza, fue admitido a trámite mediante auto de seis de abril de dos mil veintiuno. Por ello, es claro que tanto en la demanda de amparo que da origen al presente juicio, con el sumario constitucional 234/2021, la quejosa reclama la orden de aprehensión, reaprehensión, restricción y/o presentación dictada y librada en su contra, por las autoridades responsables, así como su ejecución. En ese orden, al ser idénticos los actos reclamados en dos juicios de amparo del índice de este juzgado; es inconcuso que se actualiza la causa de improcedencia invocada, precisamente por el hecho de haberse reclamado en dos juicios los mismos actos, por el mismo quejoso; aunado a que en el juicio 234/2021, el veintisiete de mayo de dos mil veintiuno, se dictó sentencia, sin que a la fecha haya quedado firme. Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia P./J. 24/2014, número de registro 2006145, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Segundo Circuito, Décima Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS. La causal de improcedencia por litispendencia prevista en el precepto citado, encuentra explicación lógica en la ociosidad que supone tramitar un segundo juicio de amparo cuando el quejoso ya tuvo la oportunidad de ser escuchado en defensa de sus intereses en uno previo y, por añadidura, en evitar la posibilidad de que se emitan sentencias contradictorias. Consecuentemente, si una de las finalidades de la causal de improcedencia referida es impedir que los Jueces de Distrito se pronuncien en dos ocasiones sobre el mismo problema jurídico, para que se actualice dicha causal es necesario que se hayan admitido las demandas respectivas; de ahí que esos juzgadores deben asegurarse de que, de actualizarse aquélla, el quejoso conserve la oportunidad de defenderse del acto de autoridad a través de alguna de las dos demandas de contenido coincidente, de manera que no se le deje en estado de indefensión por la aplicación recíproca del mismo motivo de improcedencia en uno y otro juicios. Para este fin, la Ley de Amparo vigente hasta el 2 de abril de 2013 disponía, en su artículo 51, un procedimiento conforme al cual un solo Juez de Distrito debe conocer de los asuntos en cuestión, analizar y valorar con precisión en cuál de los dos expedientes idénticos deba sobreseerse por litispendencia, y a cuál le corresponde superar esta causal para pronunciarse sobre el fondo del asunto e incluso, llegado el caso, también sobreseerlo, pero por motivo legal distinto, así como decidir sobre la imposición de las sanciones que procedan a los responsables de la promoción injustificada de dos juicios, en los casos que así lo ameriten." Así, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción X, de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Martha Elizabeth Guerra Mendoza, por derecho propio, en términos de lo establecido en el artículo 113 del ordenamiento legal invocado. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, no ha lugar a tener como domicilio para oír y recibir notificaciones del quejoso el que señala en su escrito de demanda, lo anterior, en atención a que se encuentra fuera de la residencia de este juzgado federal, en esa tesitura, requiérasele para que dentro del término de tres días contado a partir de la notificación del presente proveído, señale un domicilio dentro de la misma, apercibido que de no hacerlo así, las notificaciones que se le deban hacer, incluso las de carácter personal, se realizarán por medio de las listas que se publiquen en este juzgado, de acuerdo a lo previsto en los artículos 27 y 29 de la Ley de Amparo, sin ulterior acuerdo. Atento a lo anterior, se comisiona al actuario adscrito a este juzgado, a fin de que se constituya en el domicilio ubicado en Calle Mira cañada, Número veintinueve, Colonia Cumbria, Cuautitlán Izcalli, Estado de México y notifique el contenido del presente proveído a la parte quejosa, lo anterior con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción I, inciso c) de la Ley de Amparo. Ahora bien, no ha lugar a tener como forma de notificación el correo electrónico ni los números de contacto que señala, pues no son considerados como una forma de notificar a las partes, ya que no son propiamente un domicilio para que aquel lo señale como domicilio procesal. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). Autorizados. Por cuanto hace a los profesionistas que hace referencia en su demanda así como las demás personas a las que menciona, ténganse por autorizadas para el único efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a los profesionistas que refiere en su ocurso, hasta en tanto, acrediten haber registrado su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, de conformidad con el artículo 12, párrafo segundo de la Ley de Amparo, en la inteligencia de que si ya lo hicieron, podrán válidamente promover en términos amplios del dispositivo legal invocado. Exhortación a las partes para continuar la tramitación del juicio mediante del uso de su Firel o E.firma (antes Fiel). Ahora, de conformidad con el artículo 1, fracción I, párrafo tercero del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este juzgador exhorta a la parte quejosa, para que, de ser posible, continúe la tramitación del presente juicio de amparo a través del sistema de "juicio en línea", es decir, mediante el uso de los medios electrónicos disponibles desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. A efecto de que los justiciables tengan mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante juicio en línea, el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del propio Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Para ello, conforme a ese Acuerdo General, las partes o sus representantes, a través de una promoción electrónica desde el Portal de Servicios en Línea, deberán: 1. Solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones; y 2. Proporcionar el nombre de usuario respectivo. En el entendido de que la actuación por este medio requiere de la utilización de una Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o la Firma Electrónica del Servicio de Administración Tributaria (FIEL o e.firma), a fin de que a través del mismo puedan notificarse de las resoluciones jurisdiccionales emitidas por este Juzgado de Distrito, así como enviar digitalmente promociones al mismo. Por lo tanto, en caso de no contar con usuario en dicho portal, es posible generar una mediante el uso de alguna de las firmas mencionadas, para lo cual se hace de su conocimiento el manual actualizado de uso en la liga electrónica ya precisada. Y, de no ser posible lo anterior, por no contar con alguna firma electrónica, en términos del artículo 2º, fracción XIX del invocado Acuerdo General, proporcionen algún correo electrónico al que se le puedan hacer llegar subsecuentes comunicaciones, así como el nombre y teléfono de la persona responsable del mismo, a fin de estar en posibilidad de confirmar la recepción de cualquier comunicación que les sea enviada por este medio. Con la precisión de que, lo anterior no implica que esa información (correo electrónico y número telefónico), sustituya los requisitos precisados con anterioridad, para la tramitación del juicio en línea, sino que facilitará el contacto con las partes. En ese orden de ideas, en atención a las medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19, a efecto de resguardar la integridad de los servidores públicos que realicen las notificaciones derivadas del presente acuerdo, se les autoriza para que prioritariamente éstas se hagan a través de medios electrónicos, con la razón actuarial correspondiente. Integración del expediente físico. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Devolución de documentos. En caso de que al concluirse este juicio existan documentos originales, en términos del capítulo octavo, artículo 20, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por órganos Jurisdiccionales, de veinticinco de marzo de dos mil veinte, se requiere a la parte oferente del mismo para que presente a recogerlos dentro de los siguientes noventa días naturales a que cause estado la resolución que ponga fin al presente juicio. Con apercibimiento que de no hacerlo se destruirán en términos del penúltimo párrafo, del artículo mencionado. Para ello se instruye al secretario del Juzgado para que certifique junto con la orden de archivo la existencia de tales documentos. Sin que se consideren como documentos originales la carta poder manuscrita, por no ser insustituible por otro que haya sido ofrecido por las partes con excepción de la demanda; ni aquellos documentos de los que pueda obtenerse una copia certificada por alguna dependencia gubernamental, notaría o correduría públicas, sin que sea necesaria la autorización de las partes que hayan intervenido en el acto jurídico. Transparencia y acceso a la información pública. Infórmese a las partes que al elaborarse la versión pública de la resolución que se dicte en el presente asunto, se suprimirá la información confidencial proporcionada por ellas, salvo que exista consentimiento de su parte para permitir el acceso a la misma, de conformidad con los artículos 6° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, fracciones I, II y III, 68 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, comuníqueseles también que no se requiere de su consentimiento para ese efecto ante la actualización de alguna de las hipótesis enunciadas en el artículo 117 del ordenamiento antes citado. Notifíquese..MESA 9

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