Martha Judith Pérez Frutis

Expediente 1240/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 7 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1240/2022
Año
2022
Actuaciones
7
Última actuación
25/01/2023

Partes del expediente

  • Martha Judith Pérez Frutis

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    Morelia, Michoacán, veinticinco de enero de dos mil veintitrés. 1. Efectos del fallo protector. De autos se desprende que mediante sentencia dictada el trece de diciembre de dos mil veintidós, se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa; así, una vez que la misma causó ejecutoria en auto de treinta de diciembre de dos mil veintidós, se requirió su cumplimiento a la autoridad responsable, para el efecto de que realizara lo siguiente: "Dictar el laudo correspondiente en el juicio ordinario laboral 891/2017." 2. Actos llevados a cabo en cumplimiento al fallo protector. En proveído de dieciséis de enero de dos mil veintitrés, se tuvo a la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, remitiendo copia certificada del laudo dictado el cinco de enero de dos mil veintitrés, dentro del juicio laboral 891/2017. 3. Conclusión. En tales circunstancias, por todo lo anteriormente señalado, queda evidenciado que la autoridad responsable restituyó a la solicitante del amparo en el pleno goce del derecho fundamental violado; ya que el cinco de enero de la presente anualidad, dictó el laudo correspondiente en el juicio ordinario laboral 891/2017. En consecuencia, se declara cumplida la sentencia de amparo sin exceso o defecto, en términos del artículo 196 de la Ley de Amparo. 4. Archivo. Se ordena el archivo definitivo, para lo cual, previo a su remisión física al área habilitada para esos efectos, se instruye a la secretaria encargada del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en medios electrónicos. 5. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN. 6. Transferencia. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. 7. Incidente de suspensión. Sin que se haga pronunciamiento al respecto, toda vez que no se dio apertura al mismo. 8. Documentos originales. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. 9. Constancia. Como lo establece el capítulo décimo tercero, del citado acuerdo, hágase constar lo anterior en la carátula relativa a este expediente. 10. Se recibe oficio, sin mayor pronunciamiento. Finalmente, agréguese el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad; a través del cual, remite nuevamente copia cotejada del laudo definitivo dictado el cinco de enero de dos mil veintitrés, en los autos del juicio laboral de origen; en atención a su contenido, no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que dichas constancias ya habían sido recibidas en este órgano jurisdiccional, aunado a que en esta misma fecha se declaró cumplida la sentencia de amparo, como se advierte de los párrafos que anteceden. Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.

  2. Principal

    Morelia, Michoacán, dieciséis de enero de dos mil veintitrés.****************************************1. Se recibe oficio. Visto lo de cuenta, agréguese el oficio signado por la Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Michoacán, con sede en esta ciudad, mediante el cual, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, remite copia certificada del laudo dictado dentro del juicio laboral ********************.****************************************2. Vista con cumplimiento de ejecutoria. Por tanto, con ello dese vista a las partes, para que dentro del término de tres días manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que este juzgado con desahogo de la vista o sin ella se pronunciará en relación con el cumplimiento del fallo protector.****************************************Notifíquese personalmente y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación.****************************************Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe el secretario Víctor Hugo Alonso Cendejas.

  3. Principal

    En treinta de diciembre de dos mil veintidós, la secretaria da cuenta al Juez, con la certificación secretarial que antecede y con el estado de los presentes autos. Conste.Morelia, Michoacán, treinta de diciembre de dos mil veintidós. 1. Causa ejecutoria. De la certificación de cuenta, se desprende que, a la fecha, transcurrió el término legal de que disponían las partes, a fin de recurrir la sentencia definitiva dictada en el presente juicio en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo hubieren hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2° de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que pase por alto que no se haya realizado el cómputo a la autoridad responsable para recurrir la resolución de mérito, pues en términos del párrafo segundo del artículo 87 de la Ley de Amparo, ésta carece de legitimación para impugnar la sentencia constitucional. 1.1. Requerimiento. Con fundamento en los artículos 192 y 258 de Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad, para que, dentro del plazo de tres días, computado legalmente, cumpla con la sentencia de amparo, cuyos efectos se constriñen a lo siguiente: Dictar el laudo correspondiente en el juicio ordinario laboral 891/2017. 1.2. Apercibimiento. Apercibida que, en caso de realizar acciones evasivas, tales como actuaciones inconducentes o gestiones irrelevantes para el cumplimiento de la sentencia, le será impuesta una multa de cien unidades de medida y actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), en términos de los artículos 237, fracción I y 259 de la Ley de Amparo; asimismo, se dará inicio al procedimiento de inejecución establecido en el numeral 193 de la ley de la materia, el cual puede culminar con la separación de su cargo y su consignación ante la autoridad competente. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

  4. Principal

    Morelia, Michoacán, trece de diciembre de dos mil veintidós. SENTENCIA VISTOS, para resolver, los autos del juicio de amparo indirecto 1240/2022, promovido por Martha Judith Pérez Frutis, por conducto de su apoderado jurídico, por alegada violación de los artículos 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Tribunal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, con sede en esta ciudad; este órgano jurisdiccional ha decidido: CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN. Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda, se advierte que la quejosa reclama: La omisión de emitir el laudo dentro del expediente ordinario laboral 891/2017. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, virtud a que se reclaman actos de naturaleza omisiva cuya demanda de amparo se presentó en Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito con residencia en esta ciudad, en donde este órgano ejerce jurisdicción. TERCERO. Existencia de la omisión reclamada. La Presidenta del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado aceptó la existencia de la omisión que se le atribuye. Lo anterior se corrobora con las copias certificadas de las principales constancias que la autoridad responsable remitió como apoyo a su informe justificado, de las que se observa que en efecto en el juicio laboral de origen se encuentra pendiente la emisión del laudo, las cuales adquieren valor probatorio pleno conforme los dispositivos 129, 130, 197 y 202 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles. CUARTO. Causal de improcedencia. De conformidad con el estudio oficioso que exige realizar el artículo 62 de la Ley de Amparo, no se advierte actualizada alguna causal de improcedencia; tampoco fueron hechas valer por las partes. QUINTO. Examen constitucional del acto reclamado. La parte quejosa sustancialmente reclama la vulneración a su derecho de que se le administre justicia pronta y expedita, dado que con fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve la autoridad responsable declaró cerrado el periodo de instrucción y ordenó poner los autos a la vista de la autoridad colegiada para emitir el laudo correspondiente. El motivo de discrepancia es fundado. En efecto, el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, los cuales emitirán sus resoluciones de manera pronta, completa, imparcial y gratuita. La característica de prontitud comprende tanto el desarrollo del trámite o procedimiento como el pronunciamiento de la resolución respectiva a través de la cual se dirima la controversia. En sentido inverso, esta garantía constitucional impone la prohibición de tramitar y resolver controversias fuera de los términos y plazos establecidos en las leyes, es decir, no debe transcurrir demasiado tiempo para que los derechos y las obligaciones de las partes sometidos al litigio queden definidos, pues la justicia tardía es una forma de injusticia. Ahora, del contenido de los artículos 99, 103 y 104 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios, se obtiene que una vez que se reciba la contestación de la demanda o una vez transcurrido el plazo para contestarla, el tribunal laboral ordenará la práctica de las diligencias que fueren necesarias y citará a las partes y, en su caso, a los testigos y peritos, para la audiencia de pruebas, alegatos y resolución. En el entendido de que será en esa sola audiencia en la que se recibirán las pruebas y alegatos de las partes, y se pronunciará resolución, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso se ordenará que se lleven a cabo. Luego, una vez recibidas las pruebas y alegatos de las partes, en general, la resolución que corresponda se pronunciará de inmediato, salvo cuando a juicio del Tribunal se requiera la práctica de otras diligencias, en cuyo caso, el plazo dependerá del tiempo que conlleve el desahogo de las diligencias ordenadas; por tanto, el plazo para la emisión del laudo dependerá de que aquellas diligencias se lleven a cabo. En esas condiciones, de las constancias remitidas por la responsable se obtiene que la ahora quejosa presentó demanda laboral, correspondiendo conocer de dicha demanda al Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, quien le dio el trámite correspondiente, asignándosele el número de expediente 891/2017. Seguido por sus etapas correspondientes, con fecha veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, se ordenó cerrar el periodo de instrucción y poner los autos a la vista de la autoridad colegiada a fin de que se dictara el laudo. De ahí que, concatenando el concepto de violación del quejoso, con lo antes relacionado, es evidente que el Tribunal responsable desde el veintiocho de febrero de dos mil diecinueve, declaró el cierre de instrucción y ordenó turnar los autos para emitir el laudo correspondiente, sin que a la fecha haya sido dictado. En ese sentido, se concluye que ha transcurrido el término legal para que el Tribunal responsable dicte el laudo en el juicio ordinario laboral 891/2017, de conformidad con el artículo 99 de la Ley de los Trabajadores al Servicio del Estado de Michoacán de Ocampo y de sus Municipios. Esto es así, ya que tomando en consideración la fecha en que ordenó el cierre de instrucción para turnar los autos para el dictado del laudo correspondiente, a la fecha en que se emite esta sentencia, ha transcurrido un plazo excesivo para dictar el laudo correspondiente, mismo que la propia ley prevé en su numeral 99 que debe dictarse en la audiencia, lo que evidencia la celeridad con la que debe emitirse esa resolución. En ese contexto, es evidente que el Tribunal responsable inobservó lo establecido en el artículo 17 Constitucional, en cuanto refiere que la impartición de justicia debe ser pronta. Sirve de apoyo a lo anterior la Jurisprudencia: "ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA. EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS ESTABLECE DIVERSOS PRINCIPIOS QUE INTEGRAN LA GARANTÍA INDIVIDUAL RELATIVA, A CUYA OBSERVANCIA ESTÁN OBLIGADAS LAS AUTORIDADES QUE REALIZAN ACTOS MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. La garantía individual de acceso a la impartición de justicia consagra a favor de los gobernados los siguientes principios: 1. De justicia pronta, que se traduce en la obligación de las autoridades encargadas de su impartición de resolver las controversias ante ellas planteadas, dentro de los términos y plazos que para tal efecto establezcan las leyes; 2. De justicia completa, consistente en que la autoridad que conoce del asunto emita pronunciamiento respecto de todos y cada uno de los aspectos debatidos cuyo estudio sea necesario, y garantice al gobernado la obtención de una resolución en la que, mediante la aplicación de la ley al caso concreto, se resuelva si le asiste o no la razón sobre los derechos que le garanticen la tutela jurisdiccional que ha solicitado; 3. De justicia imparcial, que significa que el juzgador emita una resolución apegada a derecho, y sin favoritismo respecto de alguna de las partes o arbitrariedad en su sentido; y, 4. De justicia gratuita, que estriba en que los órganos del Estado encargados de su impartición, así como los servidores públicos a quienes se les encomienda dicha función, no cobrarán a las partes en conflicto emolumento alguno por la prestación de ese servicio público. Ahora bien, si la citada garantía constitucional está encaminada a asegurar que las autoridades encargadas de aplicarla lo hagan de manera pronta, completa, gratuita e imparcial, es claro que las autoridades que se encuentran obligadas a la observancia de la totalidad de los derechos que la integran son todas aquellas que realizan actos materialmente jurisdiccionales, es decir, las que en su ámbito de competencia tienen la atribución necesaria para dirimir un conflicto suscitado entre diversos sujetos de derecho, independientemente de que se trate de órganos judiciales, o bien, sólo materialmente jurisdiccionales." En consecuencia, lo procedente es otorgar a la parte quejosa Martha Judith Pérez Frutis, la protección constitucional solicitada, para los efectos que se precisarán en el siguiente considerando. SEXTO. Efectos del amparo. Una vez que cause ejecutoria esta sentencia, el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, con sede en esta ciudad, deberá: Dictar el laudo correspondiente en el juicio ordinario laboral 891/2017. Lo anterior, a fin de restituir al quejoso el goce de su derecho fundamental vulnerado, de conformidad con el numeral 77, fracción II de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado, se resuelve: ÚNICO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Martha Judith Pérez Frutis, contra la omisión reclamada y la autoridad responsable, que quedó precisada en el considerando primero; por los motivos y fundamentos precisados en los considerandos quinto y para los efectos indicados en el diverso sexto de esta resolución. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió Citlali Linda Fraga Salcedo, secretaria encargada del Despacho del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, por vacaciones del titular, autorizada por acuerdo de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, comunicado mediante oficio CCJ/ST/6521/2022, suscrito por la secretaria técnica de la Comisión Permanente, con autorización para actuar en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, quien firma electrónicamente de conformidad con lo dispuesto en el artículo 3, fracción XI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como en los dispositivos 252 y 263, fracción I, del diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; dando fe, bajo la misma forma de suscripción la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.

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