Martha Isela Sánchez Coria y Otros.
Expediente 977/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 37 actuaciones registradas, la última del 5 de abril de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 977/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 37
- Última actuación
- 05/04/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Ciudad de México
- Martha Isela Sánchez Coria
- Martha Sophía Domínguez Sánchez
- Martha Isela Sánchez Coria y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 37.
- Principal
Morelia, Michoacán, cinco de abril de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Causa ejecutoria sobreseimiento fuera de audiencia. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no impugnaron dentro del plazo legal el proveído de catorce de febrero de dos mil veintidós, en el que se decretó el sobreseimiento en el juicio fuera de audiencia; con fundamento en el artículo 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que ha causado ejecutoria. Destacando que las autoridades responsables carecen de legitimación para interponer el recurso de revisión, ello de conformidad con lo establecido por el artículo 87 de la Ley de Amparo. Archivo. Háganse las anotaciones respectivas tanto en los libros de gobierno como el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Valoración. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio, se determina que el presente sumario es susceptible de DESTRUCCIÓN. Destino del expediente (destrucción, principal). Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la destrucción de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado. Valoración del incidente de suspensión. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; toda vez que, se concedió la medida cautelar, se determina que los autos originales del incidente de suspensión son susceptibles de DEPURACIÓN. Destino del original del incidente y transferencia. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa, acorde a lo establecido en el capítulo séptimo del Acuerdo General arriba citado; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante; en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Destino del duplicado del incidente. Ahora, por lo que ve al duplicado del presente cuadernillo, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción, acorde a lo establecido en el capítulo octavo del Acuerdo General arriba citado, ello, siempre y cuando exista el expediente original. Documentos originales. Hágase saber a las partes que para el caso de que hayan exhibido documentos originales que obren en el expediente, contarán con el plazo de noventa días contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación mediante lista que se publique del presente proveído, para recuperarlos, apercibidos de que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Piezas postales devueltas. Por otro lado, vistas las piezas postales devueltas que contienen los oficios: 3750/2022 dirigido al Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, con residencia en la Ciudad de México. 3751/2022 dirigido al Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México. 3753/2022 dirigido al Presidente del Consejo de Salubridad General, con residencia en la Ciudad de México. De la leyenda inserta en los sobre de referencia, se advierte: "Destinatario desconocido en el domicilio" y "Desconocido". Se ordena enviar vía correspondencia acelerada. En merito a lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales, mediante oficios que al efecto se libren del presente proveído, se ordena el reenvío de las referidas piezas postales al domicilio correcto, vía correo electrónico, y sólo en caso de no poder confirmarse, se remitan vía correspondencia acelerada (ESTAFETA), a fin de que las autoridades responsables mencionadas, queden debidamente notificadas del sobreseimiento dictado fuera de audiencia el catorce de febrero del año en curso. Ahora bien, a efecto de tener certeza de su envío, se ordena al actuario judicial adscrito, dejar constancia de la guía de mensajería en el juicio en que se actúa; asimismo, rastrear el seguimiento a efecto de corroborar su recepción en el lugar de destino. Notifíquese; mediante lista que se publique en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Acto seguido, la secretaria hace relación de las constancias existentes en autos en las que destaca por su importancia las siguientes: 1. Escrito inicial de demanda y anexos, promovida por Martha Isela Sánchez Coria, en representación de su menor hija de iniciales M.S.D.S.; 2. Auto de diecinueve de octubre de dos mil veintiuno, en que se concedió la suspensión provisional; 3. Resolución interlocutoria de doce de noviembre de dos mil veintiuno en el que por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva respecto de las autoridades por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, por lo que ve a las autoridades responsables Secretaría de Bienestar en el Estado de Michoacán, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, todos con sede en esta ciudad, así como por lo que ve al Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud y Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, y se difirió por lo que hace a las autoridades responsables Secretaría de Salud en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud y Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General, todos con residencia en la Ciudad de México; 4. Resolución de doce de noviembre de dos mil veintiuno y de veinticuatro de enero de dos mil veintidós, por medio de los cuales se tuvo por inexistente a las autoridades responsables Subdirector General de Servicios de Salud de los Servicios de Salud en Michoacán , Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y Coordinador Estatal de Michoacán de la Subsecretaría de Previsión y Promoción de la Salud , todos con residencia en esta ciudad y al Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México ; y 5. Acuse de recibo del oficio 25703 2021, dirigido a la Secretaría de Salud en representación del Presidente de la República, con residencia en la Ciudad de México. La secretaria CERTIFICA Y HACE CONSTAR: Que consulta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), herramienta que permite cumplir con el esquema estricto de distanciamiento social y trabajo a distancia como elementos centrales , se desprende que los autos del juicio de amparo 977 2021, del que deriva el presente incidente de suspensión, se advierte que el catorce de febrero de dos mil veintidós, se sobreseyó fuera de audiencia. Dato que constituyen un hecho notorio, para este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su numeral 2º. Asimismo, se advierte que el oficio 25703 2021, dirigido a la Secretaría de Salud en representación del Presidente de la República, con residencia en la Ciudad de México, fue enviado por vía de mensajería denominada Estafeta, por lo que al consultar la guía de rastreo 2150135341, a través del portal https: www.estafeta.com Herramientas Rastreo, se advierte que el término para que transcurrió el término para que la autoridad responsable rindiera su informe, lo que se corrobora conforme a la siguiente tabla: AUTORIDAD RESPONSABLE NOTIFICACIÓN TRASCURSO DE PLAZO Secretaría de Salud en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. 16 de febrero de 2022, a las 11:18horas. Del 16 de febrero de 2022 a las 11:18 horas, al 18 de febrero de 2022 a las 11:18 horas. Finalmente, se hace constar que no obra el acuse del oficio 33983 2021, dirigido al Presidente Consejero de Salubridad General, con residencia en la Ciudad de México, en su denominación correcta, ni el informe previo solicitado a través del mismo. A lo anterior, la Juez acuerda: se tiene por hecha la relación de constancias de conformidad con el artículo 140 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y con fundamento en los artículos 138, fracción III, y 140 de la Ley de Amparo vigente, por omisa a la autoridad responsable en rendir su informe previo rendido. En relación a la información recabada como hecho notorio del juicio de amparo de donde deriva el presente incidente, tómese en consideración al momento de dictar la resolución interlocutoria. Por otra parte, en relación con la omisión de la Secretaría de Salud en representación del Presidente de la República, con residencia en la Ciudad de México, en rendir su correspondiente informe previo, provéase lo conducente en el considerando respectivo. Asimismo, respecto de la falta de acuse del oficio 33983 2021, dirigido al Presidente Consejero de Salubridad General, con residencia en la Ciudad de México, en su denominación correcta, resulta innecesario para resolver el presente incidente, virtud a la determinación a que se arriba en líneas que preceden. Abierto el periodo probatorio: La secretaria da cuenta con las documentales que la parte quejosa anexó a su escrito inicial de demanda. Acto seguido, la Juez acuerda: Con sustento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, téngase por desahogas y admitidas las pruebas ofertadas, y por omisas en ofrecerlas a las demás partes. Se cierra el periodo probatorio. Abierto el periodo de alegatos: La secretaria hace constar que las partes fueron omisas en formular alegatos. Al efecto, la Juez, acuerda: Téngase a las partes por perdido el derecho de las demás partes de formular alegatos. Acto continuo, la Juez declara cerrada la fase precedente, da por concluida la presente acta y provee el dictado de la siguiente: RESOLUCIÓN INTERLOCUTORIA V I S T O S, los autos que integran el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo indirecto 977 2021; y, PRIMERO. Martha Isela Sánchez Coria, en representación de su menor hija de iniciales M.S.D.S., promovió juicio de amparo indirecto contra las autoridades y por los actos que a continuación se precisan: AUTORIDADES RESPONSABLES: ORDEN AUTORIDAD RESPONSABLE SENTIDO DEL INFORME 1 SECRETARÍA DE LA SALUD EN REPRESENTACIÓN DEL PRESIDENTE DE LA REPUBLICA, CIUDAD DE MÉXICO. Omisa. 2 TITULAR DE LA SECRETARÍA DE SALUD DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, CIUDAD DE MÉXICO. Ya sé resolvió respecto de esa autoridad. 3 TITULAR DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CIUDAD DE MÉXICO. Ya sé resolvió respecto de esa autoridad. 4 TITULAR DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGIA DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CIUDAD DE MÉXICO. Ya sé resolvió respecto de esa autoridad. 5 TITULAR DEL COMITÉ NACIONAL PARA LA VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA DE LA SECRETARÍA DE SALUD, CIUDAD DE MÉXICO. Inexistente. 6 PRESIDENTE CONSEJERO DE SALUBRIDAD GENERAL, CIUDAD DE MÉXICO. No ha sido notificada. 7 GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CIUDAD. Ya sé resolvió respecto de esa autoridad. 8 SECRETARIO DE SERVICIOS DE SALUD DEL ESTADO DE MICHOACÁN, CIUDAD. Ya sé resolvió respecto de esa autoridad. 9 DIRECTOR GENERAL DEL ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO DENOMINADO SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, CIUDAD. . Ya sé resolvió respecto de esa autoridad. 10 SUBDIRECTOR GENERAL DE SERVICIOS DE SALUD DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE MICHOACÁN, CIUDAD. Inexistente. 11 SUBSECRETARIO DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, CIUDAD. Inexistente. 12 COORDINADOR ESTATAL DE MICHOACÁN DE LA SUBSECRETARÍA DE PREVISIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD, CIUDAD. Inexistente. 13 DELEGADO DE LA SECRETARÍA DE BIENESTAR SOCIAL DEL ESTADO.DE MICHOACÁN, CIUDAD. Ya sé resolvió respecto de esa autoridad. ACTOS RECLAMADOS: La omisión de aplicar de manera congruente con el mandato presidencial de acudir a clases presenciales llueve, truene o relampaguee , a partir del 30 de agosto de este año, la Política Nacional de Vacunación contra el virus SARS CoV 2 para la prevención de la COVID 19 en México, y dejar de precisar fecha para la inoculación respecto de los niños de 12 a 18 años, con salud frágil, se aplique la vacuna BioNTech, Pfizer a mi hija ahora quejosa, con sus dos dosis; en particular ante el decreto del gobernador de Michoacán para volver a las aulas de manera presencial para la continuación del ciclo escolar 2021 2022, que inició el 30 de agosto de 2021, y bajo el interés superior de la niñez, para tutelar, proteger y garantizar los derechos a la salud, a la vida, a la educación, a la prevención y su concreción, en gran porcentaje, en condiciones de mínimo contagio o que no tenga complicaciones graves que mermen su salud e incluso que le provoquen su muerte, por la variante DELTA que aqueja a nuestro Estado o cualquiera otra, que como derechos humanos reconocidos a nivel nacional e internacional no admiten excepciones discriminatorias. La omisión de llamar, informar y o notificar a la menor, de manera urgente e inmediata, el lugar, horario y fecha en que se le aplicarán las dosis de la vacuna autorizadas, ante su obligada presencia en la escuela para las clases presenciales a partir del inicio del ciclo escolar y ante la instrucción del Gobernador del Estado de Michoacán. La discriminación sin sustento ante el derecho a vida, a un desarrollo integral en la medida de lo posible y salud con violación del interés superior de la niñez, objetivamente transgredido, independientemente o no de que haya clases presenciales. Todos los efectos y consecuencias de las omisiones reclamadas que se traducen materialmente en el hecho de que la menor quejosa no haya recibido aún la vacuna contra la enfermedad COVID 19 y su variante delta, por lo tanto, peligre y esté en riesgo inminente su salud y su vida, cada día es un día más de riesgo, ante las omisiones que se señalan, además de que como ciudadanos de la República, tienen derecho a la preservación de su vida y de su salud, sin discriminación por motivo de no ser personal integrante del sector salud y o médico de México y o de un grupo etario determinado y o dentro de un esquema de vacunación y o porque no tengan una enfermedad que los pueda agravar para el caso de contagiarse con este virus. SEGUNDO. En resolución interlocutoria de doce de noviembre de dos mil veintiuno, por una parte se negó y por otra se concedió la suspensión definitiva de los actos reclamados, por lo que ve a las autoridades responsables Secretaría de Bienestar en el Estado de Michoacán, Gobernador Constitucional del Estado de Michoacán, Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, todos con sede en esta ciudad, así como por lo que ve al Titular de la Secretaría de Salud de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de la Subsecretaría de Prevención y Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud y Titular de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, con residencia en la Ciudad de México, y se difirió por lo que hace a las autoridades responsables Secretaría de Salud en representación del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, Titular de Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud declarado inexistente y Presidente Consejero del Consejo de Salubridad General, todos con residencia en la Ciudad de México, la que tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Verificación de certeza de los actos reclamados. La autoridad responsable Secretaría de Salud en Representación del Presidente de la República, fue omisa en rendir su informe previo, no obstante de haber sido notificada el dieciséis de febrero de dos mil veintidós a las once horas con dieciocho minutos; por lo cual, se presume la existencia del acto reclamado, en términos del artículo 142 de la Ley de amparo. SEGUNDO. Sin materia suspensión. No obstante la presunción de certeza del acto reclamado a la Secretaría de Salud en Representación del Presidente de la República, y la falta del informe que se solicitó al Presidente Consejero de Salubridad General, con residencia en la Ciudad de México, en el particular no existe materia sobre la cual realizar pronunciamiento en relación a la suspensión definitiva de los actos reclamados a dichas autoridades. Ello, tomando en consideración, como hecho notorio, que en los autos del juicio de amparo del que deriva el presente incidente de suspensión, específicamente en auto de catorce de febrero de dos mil veintidós, se sobreseyó en el juicio fuera de audiencia, al actualizarse la causal de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo. La información y documentales que obran en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo constituye un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al cual la suscrita puede tomar en cuenta, hechos que aun cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, sean lo bastante notorios e importantes para resolver una cuestión judicial determinada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Penal y de Trabajo Del Décimo Noveno Circuito, de voz y contenido siguientes: HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a. J. 27 97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA. , resulta inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen. En ese tenor, al haberse sobreseído en el juicio de amparo promovido por Martha Isela Sánchez Coria, en representación de su menor hija de iniciales M.S.D.S., no existe materia en este incidente para resolver la suspensión de los actos reclamados a dichas autoridades responsables. Por lo expuesto y con apoyo, además, en los artículos 122 a 144 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve: ÚNICO. Se declara sin materia el presente incidente de suspensión, por las razones dadas en el considerando segundo de esta interlocutoria. Notifíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Principal
Morelia, Michoacán, catorce de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Parte quejosa no desahogó vista. De la certificación secretarial que antecede, se desprende que la parte quejosa, no cumplió con el requerimiento decretado en proveído de tres de enero de la presente anualidad, mediante el cual, se le requirió a fin de que precisara la denominación de la autoridad responsable "Titular del Comité Nacional para la Vigilancia Epidemiológica de la Secretaría de Salud en la Ciudad de México"; sin que a la fecha obre comparecencia o manifestación alguna de la que se advierta su desahogo; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído, y se tiene por inexistente a la autoridad responsable. En consecuencia, se comisiona al Analista Jurídico del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes a fin de que haga la anotación correspondiente respecto de la autoridad responsable declarada como inexistente. No exhibió comprobante de vacunación. Por lo que ve al requerimiento que le fue formulado a la parte quejosa, en auto de veinte de diciembre de dos mil veintiuno, dictado en el presente juicio a fin de que informe si ya le fue aplicada a la menor quejosa M.S.D.S. la primera y segunda dosis de la vacuna solicitada, se desprende que ha sido omisa en exhibir copia certificada de los comprobantes de vacunación de la menor M.S.D.S.; o bien su original, respecto de las dosis de la vacuna Pfizer-BionTech contra el virus SARS-CoV2, Covid-19. Sobreseimiento fuera de audiencia. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo, esta juzgadora considera que respecto al acto reclamado consiste en la exclusión de la menor quejosa respecto de la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), del biológico Pfizer-BioNTec, en el caso que nos ocupa se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, al haber cesado los efectos del acto reclamado. El precepto legal indicado, en la parte que interesa, señala: "Artículo 61. El Juicio de Amparo, es improcedente: .XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". De lo transcrito, se infiere que el legislador estableció como causa de improcedencia del juicio, la cesación de efectos del acto reclamado; es decir, la improcedencia opera cuando ocurre un acto de autoridad a través del cual los efectos del citado acto se destruyen en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo. Es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, con la cesación de sus efectos no dejan ninguna huella. Del análisis de la disposición legal transcrita, se obtiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado. Tiene aplicación a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 59/99 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dispone: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Ahora bien, se procede a explicar de qué forma se actualiza en el caso la causal de improcedencia en comento. El acto reclamado consiste en la exclusión de la menor quejosa respecto de la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), del biológico Pfizer-BioNTec, el cual ha sido autorizado por la Comisión Federal para la Protección de Riesgos Sanitarios. La menor quejosa M.S.D.S., en la fecha de presentación de la demanda contaba con catorce años de edad; al día de hoy, tiene quince años, como se advierte de la certificación de cuenta y se corrobora de la copia del acta de nacimiento exhibida, al haber nacido el treinta de noviembre de dos mil seis. Por otro lado, se advierte que el dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, las autoridades sanitarias anunciaron el registro para los adolescentes de quince a diecisiete años, sin comorbilidades para que puedan acceder ser inoculados contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), del biológico Pfizer-BioNTec, lo anterior, fue anunciado en diversos medios de comunicación como lo es en la información que como hecho notorio se invoca: Asimismo, es de hacer notar como hecho notorio que, del perfil oficial de Twitter de la Secretaría de Salud, se advierte que el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, y del Subsecretario de Salud Hugo López Gatell, el dieciséis de noviembre del año en curso, informaron que el 19 de noviembre se abriría el pre registro para adolescentes de 15 a 17 años SIN COMORBILIDADES a fin de que reciban la vacuna contra el Covid 19. Además, se informa que gracias a la actualización que se llevó a cabo a la plataforma digital [mi vacuna] consultable en la página oficial http//:vacunacovid.gob.mx/wordpress/documentos-de consulta/ se advierte que los menores de edad de entre 15 a 17 años, sin comorbilidades ya pueden realizar su registro de vacunación para ser inoculados con la vacuna contra el virus que causa la enfermedad Covid-19; asimismo pueden acceder a ella y registrarse el grupo etario de 12 a 17 años, que vivan con alguna comoborbilidad de las señaladas en la propia política, como lo son: Condiciones cardíacas crónicas Enfermedad pulmonar crónica Afecciones crónicas del riñón, hígado o sistema digestivo Enfermedad neurológica crónica Enfermedades endócrinas Inmunosupresión moderada a grave Asplenia o disfunción del bazo y enfermedades hematológicas Anomalías genéticas graves que afectan a varios sistemas Embarazo adolescente." Información que constituye un hecho notorio para esta Juzgadora en términos del numeral 88 de Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, pues la vacunación a los adolescentes que cuentan entre quince y diecisiete años, es una realidad dado que en múltiples plataformas informativas se ha dado la difusión de tal acontecimiento, permitiendo a dicho grupo etario el acceso a la citada vacuna, en su primera y segunda dosis. De tal suerte, que al momento de la presentación de la demanda de amparo el catorce de octubre de dos mil veintiuno, existía el impedimento para que la menor quejosa pudiera ser vacunado, dicho obstáculo ha sido nulificado por las propias autoridades, dando la apertura al registro para tal fin, y posteriormente a la aplicación del biológico solicitado. Luego entonces, para acceder a dicha vacuna, la parte quejosa debe efectuar los trámites solicitados, ello a efecto de preservar el orden y control en la aplicación de citado biológico, dado que el juicio de amparo no puede constituir un medio por el que se permita la excepción a los trámites previstos por las autoridades, siempre y cuando estos resulten ajustados a derecho. En ese orden de ideas, es inconcuso que en el particular, han cesado los efectos del acto que en esta vía se reclaman, pues la omisión legal para aplicar las dosis de la vacuna contra el virus SARS-CoV2, quedaron sin efectos, al haber sido aperturado el registro para la aplicación de la primera y segunda dosis de la citada vacuna a dicho sector poblacional, con lo que dejó de existir la afectación inicialmente reclamada. Por tanto, el actuar de la autoridad restableció a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos humanos, de tal suerte que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirán, pues a partir del momento en que las autoridades sanitarias del país incluyeron a los menores entre quince y diecisiete años , sin comorbilidades en el programa de vacunación contra Covid-19, cesó la omisión reclamada. Atento a lo antes expuesto, es que se actualiza la causal de improcedencia que contempla el artículo 61, fracción XXI, respecto del acto reclamado consistente en la exclusión de la menor quejosa respecto de la Política Nacional de Vacunación contra el virus Sars-Cov2 (Covid-19), del biológico Pfizer-BioNTec. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de las autoridades responsables de aplicar la vacuna contra el virus SARS-CoV2, Covid-19, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIII, de la Ley de Amparo que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XIII. Contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento;." En el caso se actualiza la causal de inejercitabilidad ya señalada, pues al parte quejosa ha consentido expresamente el acto reclamado; situación que responde a un principio de seguridad jurídica orientado a evitar que la parte quejosa haga uso del juicio de amparo para desconocer los efectos de la conducta que ella misma haya exteriorizado de manera libre y espontánea con arreglo al acto o ley de que se trate. El consentimiento, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, debe entenderse como la manifestación de voluntad del quejoso que opta por someterse a los efectos de la ley o acto reclamados, pues sólo en ese supuesto puede afirmarse que la promoción del juicio resultaría ilegítima, ya que con ella se pretendería sustraer a su propia conducta. Es decir, se produce la causal en estudio cuando, respecto del acto reclamado el interesado expresa un allanamiento, anuencia o conformidad respecto del acto reclamado. En relación con los requisitos que deben satisfacerse para reputar consentido un acto de autoridad, es conveniente tener presente la tesis que sostiene el Pleno del más Alto Tribunal que dice: "ACTO CONSENTIDO. CONDICIONES PARA QUE SE LE TENGA POR TAL. La H. Segunda Sala de este Alto Tribunal ha sustentado el criterio que este Pleno hace suyo, en el sentido de que para que se consienta un acto de autoridad, expresa o tácitamente, se requiere que ese acto exista, que agravie al quejoso y que éste haya tenido conocimiento de él sin haber deducido dentro del término legal la acción constitucional, o que se haya conformado con el mismo, o lo haya admitido por manifestaciones de voluntad." El criterio referido señala que un acto se considera consentido expresamente, para efectos de la improcedencia del juicio de amparo, cuando se cumplan tres requisitos, a saber: a) Que el acto reclamado exista, pues no podría expresarse el consentimiento de un acto que no se conoce y que, por lo mismo, no se hayan ponderado los beneficios o perjuicios que puedan derivar de eso, así como los fundamentos y motivos expresados en el acto de autoridad. b) Que el acto cause un agravio al quejoso, pues si no fuera así, aunque el quejoso estuviera conforme con aquél, ninguna relevancia tendría para la promoción del amparo que, desde luego, no sería intentado. c) Que el quejoso se haya conformado con el acto reclamado o haya realizado manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento. En este sentido, puede decirse que se consiente expresamente un acto o una ley cuando el particular realiza una conducta de manera espontánea que se apoye en dicho acto o ley, es decir, cuando se produce una conducta concreta con la que se está cumpliendo una orden de autoridad o se está sometiendo a los supuestos normativos de un ordenamiento. En el caso que se analiza, se advierte que la parte quejosa consintió el acto reclamado con base en la siguiente consideración: En acuerdos dictados el veintiséis de octubre y dieciocho de noviembre de dos mil veintiuno, dentro del incidente de suspensión derivados del presente juicio de amparo, se tuvo al apoderado jurídicos de la Secretaría de Salud del Estado de Michoacán, informando que se señalaron las diez horas del veintisiete de octubre y diez horas del veinticuatro de noviembre de ese año, para que la menor quejosa M.S.D.S. acudiera a las instalaciones de la Jurisdicción Sanitaria Número Uno, con residencia en esta ciudad, con la finalidad de que se le aplicara la primera y segunda dosis de la vacuna anti COVID-19, previo consentimiento informado que firmaran los padres y/o representantes legales de ésta, con lo cual se ordenó dar vista a la parte quejosa para que expresara lo que a su interés conviniera. La información y documentales que obran en el incidente de suspensión derivado del presente juicio de amparo constituye un hecho notorio, en términos de lo dispuesto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, conforme al cual la suscrita puede tomar en cuenta, hechos que aun cuando no hubieren sido alegados ni probados por las partes, sean lo bastante notorios e importantes para resolver una cuestión judicial determinada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado En Materias Penal y de Trabajo Del Décimo Noveno Circuito, de voz y contenido siguientes: "HECHOS NOTORIOS. LOS MAGISTRADOS INTEGRANTES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO PUEDEN INVOCAR CON ESE CARÁCTER LAS EJECUTORIAS QUE EMITIERON Y LOS DIFERENTES DATOS E INFORMACIÓN CONTENIDOS EN DICHAS RESOLUCIONES Y EN LOS ASUNTOS QUE SE SIGAN ANTE LOS PROPIOS ÓRGANOS. Los hechos notorios se encuentran previstos en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y pueden ser traídos a juicio oficiosamente por la autoridad jurisdiccional, aun sin su invocación por las partes. Por otro lado, considerando el contenido y los alcances de la jurisprudencia 2a./J. 27/97 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 117, de rubro: "HECHO NOTORIO. LOS MINISTROS PUEDEN INVOCAR COMO TAL, LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR EL TRIBUNAL PLENO O POR LAS SALAS DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA.", resulta inconcuso que, en aplicación de este criterio, los Magistrados integrantes de los Tribunales Colegiados de Circuito pueden invocar como notorios en los términos descritos, tanto las ejecutorias que emitieron como los diferentes datos e información contenidos en dichas resoluciones y en los asuntos que se sigan ante los propios órganos y, en esa virtud, se trata de aspectos que pueden valorarse de forma oficiosa e incluso sin su invocación por las partes, con independencia de los beneficios procesales o los sustantivos que su valoración pudiera reportar en el acto en que se invoquen." Ante ello, este órgano jurisdiccional en proveídos de ocho de noviembre y veinte de diciembre de dos mil veintiuno, por lo que se requirió a la quejosa por última ocasión a la parte quejosa, para que en el plazo de tres días hábiles, contado a partir de que se le notificara dicho proveído, informara ante este juzgado si ya le había sido aplicada a la menor quejosa la primera y segunda dosis de la vacuna solicitada; en cuyo caso, debería exhibir copias certificadas de los comprobantes de vacunación relativos, o bien, sus originales, los que previo su cotejo le sería devueltos. Sin que a la fecha haya cumplido con los requerimientos formulados por este Juzgado de Distrito. En dicha tesitura, y ante la omisión de la parte quejosa de cumplir con lo requerido, debe presumirse cierto lo informado por la autoridad responsable, ello, partiendo del principio de buena fe del que gozan todas las autoridades, aunado a que no existe evidencia dentro del presente asunto que conduzca a dudar de lo aseverado por parte de la autoridad responsable y por el contrario se demuestra un desinterés de la parte quejosa. Es decir, la parte quejosa fue omisa en manifestar que la afirmación de la responsable no resultaba cierta, sino que ante diversos requerimientos el resultado es una conducta pasiva, ante lo cual no queda sino contrastar los elementos con los que cuenta esta Juzgadora, de lo que se obtiene que debe prevalecer lo afirmado por la responsable, y por ende a que la quejosa ha consentido el acto de autoridad reclamado, lo que actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En mérito de lo anterior, al actualizarse las causales de improcedencia contenidas en el artículo 61, fracciones XIII y XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer fuera de audiencia, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, del citado ordenamiento legal. Como sustento de lo anterior se cita la jurisprudencia, de rubro y texto siguientes: "CONSENTIMIENTO EXPRESO COMO CAUSAL DE IMPROCEDENCIA DEL AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EL QUEJOSO SE ACOGE A UN BENEFICIO ESTABLECIDO A SU FAVOR, CUYO NACIMIENTO ESTÁ CONDICIONADO, POR LA OBLIGACIÓN O PERJUICIO QUE LE OCASIONA EL ACTO RECLAMADO. El artículo 73, fracción XI, de la Ley de Amparo establece que el juicio de garantías es improcedente contra actos consentidos expresamente o por manifestaciones de voluntad que entrañen ese consentimiento, lo cual debe entenderse como el acatamiento consciente a una ley o acto que cause un agravio o perjuicio presente y actual al quejoso. En esas condiciones, si el acto o la ley reclamada en el amparo establece diversas prescripciones, entre las que se encuentra un beneficio en favor del particular afectado, cuyo nacimiento está condicionado necesariamente a la aceptación de un perjuicio, una vez que el quejoso se haya acogido a aquél, dicha conducta supone también la aceptación de este último, por lo que el juicio de amparo resulta improcedente en los términos del precepto citado". En tal virtud, se deja sin efectos la audiencia constitucional en el presente juicio señalada para las DIEZ HORAS CON DIEZ MINUTOS DEL QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS; pues en el caso, la causa de improcedencia que se analizó es manifiesta e indudable, de manera que no puede desvirtuarse a través de ningún medio de convicción, lo que permite decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia 10/2003, por contradicción de tesis número 26/2002- PL, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito, Publicada en la Página 386, del Tomo XVII- Marzo 2003, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UN CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones que manera pronta, completa e imparcial". Hágase saber tal circunstancia a las partes, para los efectos legales a que haya lugar, asimismo, realícense las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa, con estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
- Incidental
Morelia, Michoacán, diez de febrero de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta se provee. Se ordena reenvío de oficios. De la certificación que antecede y del estado de autos, se desprende que los oficios 25703/2021 y 33983/2021, dirigidos a la Secretaría de Salud en representación del Presidente de la República, con residencia en la Ciudad de México y al Presidente Consejero de Salubridad General, con residencia en la Ciudad de México, en su denominación correcta, fueron remitidos por la vía postal, como se advierte de la factura de correspondencia de treinta y uno de enero de dos mil veintidós. Se comisiona a la actuaria judicial. No obstante lo anterior, en obvio de mayores dilaciones procesales, se comisiona a la actuaria de la adscripción, para que realice su envío nuevamente, a través del servicio de mensajería acelerada denominado "Estafeta" verificando que se asiente su denominación y domicilio completo y correcto, para lo cual y a efecto de tener certeza de su envío, se ordena dejar constancia de las guías de mensajería en el juicio en que se actúa; asimismo, rastrear el seguimiento a efecto de corroborar la recepción de los citados oficios en el lugar de destino. Diferimiento de audiencia incidental. Por tanto, para dar margen a lo anterior, la audiencia incidental señalada para el día de hoy, se difiere; y en su lugar se fijan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL VEINTICUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para que tenga verificativo. Fecha que se fija en atención a las cargas de trabajo y a la organización interna del presente órgano jurisdiccional, de conformidad a lo dispuesto en el artículo 2° del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19. Notifíquese a las partes mediante lista que se publique en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma la Juez Primero de Distrito en el Estado, Katia Orozco Alfaro, quien actúa con Maira Flor López Valencia, secretaria que autoriza y da fe.
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