Martha Judith Flores Telles
Expediente 1565/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 18 de octubre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1565/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 18/10/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Martha Judith Flores Telles
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, dieciocho de octubre de dos mil dieciocho. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de dos de octubre de dos mil dieciocho, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendentes o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Paulo Yair García Meza, quien autoriza y da fe.
- Principal
PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte quejosa, el auto de dos de octubre del dos mil dieciocho, que en lo conducente establece: Cuernavaca, Morelos, dos de octubre de dos mil dieciocho Vista la demanda de garantías que promueve MARTHA JUDITH FLORES TELLES, por su propio derecho, contra actos del JUEZ SEGUNDO CIVIL DE PRIMERA INSTANCIA DEL PRIMER DISTRITO JUDICIAL EN EL ESTADO DE MORELOS; fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado de Distrito bajo el número 1565/2018-III que por orden le corresponde. Sin prejuzgar en relación a que en el capítulo de hechos la promovente de amparo haya manifestado no haber sido legalmente emplazada al juicio de origen 304/2014-3 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, pues como hecho notorio se invoca el amparo 1526/2018-II del índice de este Juzgado Federal por medio del cual se desecho de plano la demanda de garantías, de conformidad con el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, al combatirse en esta vía el ilegal emplazamiento, al ser un acto consentido tácitamente. Lo anterior, con base en la tesis de la Novena Época, registro 172215, Instancia Segunda Sala, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXV, Junio de 2007, Materia(s): Común, Tesis: 2a./J. 103/2007, página 285, del rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE." Desechamiento. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo desechará de plano. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.": Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. En el caso este Juzgado Federal advierte motivos manifiestos e indudables de improcedencia, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXIII, de la ley reglamentaria del juicio de garantías, en relación con el diverso 107, fracción IV, aplicado a contrario sensu, de la propia Ley, que en su parte conducente establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley...." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: . IV. Contra actos de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo realizados fuera de juicio o después de concluido. Si se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. En los procedimientos de remate la última resolución es aquélla que en forma definitiva ordena el otorgamiento de la escritura de adjudicación y la entrega de los bienes rematados, en cuyo caso se harán valer las violaciones cometidas durante ese procedimiento en los términos del párrafo anterior; " Acto reclamado. Lo anterior es así, en razón de que la quejosa reclama la ejecución de embargo ordenado dentro del juicio número 304/2014-3 del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos y, del contenido integral de la demanda se advierte que dicha ejecución deriva del la sentencia emitida en el juicio que a la presente data ya se desahogó. En relatadas circunstancias y, acorde a la regla de procedencia contenida en el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de Amparo, procede el juicio de garantías contra los siguientes actos: Ejecutados fuera de juicio, como son actos preparatorios de juicio, interdictos, providencias precautorias, diligencias de jurisdicción voluntaria y otros similares; b) Ejecutados después de concluido el juicio, que son todos aquellos que se realizan con posterioridad a la sentencia ejecutoria pero que no están encaminados de manera directa a ejecutarla, sino a hacer posible o a preparar la ejecución, los cuales gozan de autonomía propia; y c) De ejecución de sentencia propiamente dichos, los que necesariamente deben estar encaminados a cumplir con el fallo respectivo. En esta clasificación se encuentran también los procedimientos de remate. Igualmente, en los términos literales del artículo 107, fracción IV, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, el amparo en el procedimiento de ejecución de sentencia, procede contra la última resolución en dicho procedimiento. Se precisa que por última resolución se entiende, aquélla en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la resolución definitiva, o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de conformidad con la jurisprudencia P./J. 32/2001 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN "ÚLTIMA RESOLUCIÓN", A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA." También, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el Amparo en revisión 1211/97, sostuvo el criterio de que las resoluciones intermedias dictadas dentro del periodo de ejecución de sentencias, no pueden ser combatidas a través del juicio constitucional, habida cuenta de que al existir una sentencia ejecutoria o determinación con efectos equivalentes, sólo procederá el juicio de amparo hasta que se dicte una resolución terminal con la que culmine el procedimiento de ejecución. Luego, el acto que se reclama a través de la demanda que nos ocupa, debe considerarse que se encuentra comprendido como "acto en ejecución de sentencia", pues está encaminado a la adecuada ejecución de la sentencia respectiva. Si el juicio de amparo indirecto procede contra la última resolución dictada en ese procedimiento, con la posibilidad de reclamar en la misma demanda tanto las violaciones atribuidas a dicha determinación final como las imputadas a los actos intermedios del procedimiento de ejecución respectivo. Bajo esa óptica, se concluye que los actos dictados por tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, encaminados a lograr la ejecución de lo sentenciado, y que sean emitidos de manera intermedia dentro de un procedimiento, sólo pueden ser reclamados cuando el amparo se promueva contra la resolución definitiva que ponga fin a aquél, pudiendo invocarse como violaciones a ese procedimiento en la demanda que se proponga en caso de no obtener fallo favorable. Apoya lo anterior, la tesis VI.2o.C.278 K, sustentada por Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Sexto Circuito consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, Mayo de 2008, de la Novena Época, página 989, que a continuación se transcribe: "ACTOS INTERMEDIOS DICTADOS DENTRO DE UN PROCEDIMIENTO SUSTANCIADO DESPUÉS DE CONCLUIDO EL JUICIO, DIVERSO AL DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Y AL DE REMATE. DEBEN IMPUGNARSE EN EL AMPARO QUE SE PROMUEVA CONTRA LA RESOLUCIÓN DEFINITIVA QUE PONGA FIN A AQUÉL. Como se advierte del contenido integral de la demanda, la quejosa es parte demandada en el juicio de origen 304/2014, del que emana el acto reclamado, el cual se encuentra en etapa de ejecución, por tanto el acto que reclama fue emitido en la etapa de ejecución, con la finalidad de lograr el cumplimiento de la sentencia. Luego, el acto que se reclama a través de la demanda que nos ocupa, debe considerarse que se encuentra comprendido dentro del procedimiento de ejecución, pero que no es el definitivo; ya que no constituye la última resolución dictada en tal procedimiento. Por tanto, ya que de la interpretación de la citada fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo, acerca de que el juicio de amparo contra actos dictados en el procedimiento de ejecución de una sentencia o laudo, sólo procede contra la última resolución en ese procedimiento, ya que, la intención del legislador ha sido de que no se entorpezcan, mediante la promoción del juicio constitucional, los procedimientos de ejecución fundados en resoluciones o sentencias definitivas que deriven de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, por lo que tratándose del mencionado procedimiento de ejecución, el juicio de amparo puede promoverse hasta que se dicte la última resolución que en aquél se pronuncie. Por tanto, ello trae como consecuencia que el acto aquí reclamado, no pueda ser analizado en la vía de amparo indirecto, ya que se afectaría la etapa ejecutiva de la sentencia al no constituir la última resolución que en ella se dicte. Es aplicable al caso por analogía, la tesis 2a. VIII/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Tomo VII, Febrero de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 230, del rubro: "RESOLUCIONES INTERMEDIAS DICTADAS EN EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL JUICIO DE AMPARO ES IMPROCEDENTE CONTRA ELLAS" Asimismo, es aplicable al caso, la Tesis I.8º.C.22 K (10ª), de Tribunales Colegiados de Circuito, consultable el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, publicada Libro 50, enero de 2018, tomo IV, Materia: Común, número de registro 2015962, del rubro:"EJECUCIÓN DE SENTENCIA. PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA LAS RESOLUCIONES QUE TIENDEN A OBSTACULIZARLA." Dicho criterio se contiene en la jurisprudencia P./J.108/2010, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se lee en el Tomo XXIII, Enero 2011, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, página 6, con número de registro 163152 de rubro "EJECUCIÓN DE SENTENCIA. EL AMPARO INDIRECTO PROCEDE EXCEPCIONALMENTE CONTRA ACTOS DICTADOS EN EL PROCEDIMIENTO RELATIVO, CUANDO AFECTEN DE MANERA DIRECTA DERECHOS SUSTANTIVOS DEL PROMOVENTE. " Por lo expuesto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, con relación al 107 fracción IV a contrario sensu de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, promovida por MARTHA JUDITH FLORES TELLES. Domicilio procesal y personas autorizadas. Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de demanda, asimismo, se tienen por autorizados en los términos precisados en la demanda de amparo, a las personas y profesionistas propuestos. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Paulo Yair García Meza, que autoriza y da fe.YARIGH*
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