Martha Inés Abundez Robles
Expediente 2021/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 27 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 2021/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 27/12/2017
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Martha Inés Abundez Robles
Actuaciones
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintisiete de diciembre de dos mil diecisiete. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de garantías promovida por MARTHA INÉS ABUNDEZ ROBLES, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el licenciado Jadilson Alonso Navarro, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, encargado del despacho por vacaciones del Titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del oficio CCJ/ST/6345/2017 de fecha cinco de diciembre de dos mil diecisiete, ante el Secretario Manuel Alexander Vázquez Falcón, quien autoriza. Doy fe.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, catorce de diciembre de dos mil diecisiete. RADICACIÓN DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por MARTHA INÉS ABUNDEZ ROBLES, por su propio derecho, contra actos de la TESORERA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE JOJUTLA, MORELOS, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 2021/2017-III. Ahora bien, de acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Al respecto, el numeral en comento dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda y los anexos que se acompañen; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta: Esta lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Atento a lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, toda vez que de su estudio integral, se advierten motivos manifiestos e indudables de improcedencia, atendiendo a las siguientes consideraciones: En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 1º, último párrafo y 5º, fracción II, primer párrafo, todos de la Ley de Amparo, por las razones jurídicas que se expondrán en este acuerdo. En principio, el suscrito considera relevante puntualizar una situación jurídica surgida en razón de la nueva Ley de Amparo y, para ello, conviene trascribir en lo que interesa, el texto de las invocadas disposiciones legales: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: [.] El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Ahora, de la lectura integral de los anteriores artículos y de su interpretación, se colige que si bien la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, prevé la procedencia del juicio de garantías contra actos no solamente de los poderes públicos, sino, en algunos casos, de particulares, la propia ley acota cuáles son esos casos. Así, se tiene que, en el juicio de amparo, la autoridad responsable es aquélla que con independencia de su naturaleza formal, dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omite un acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Lo anterior incluso se sostuvo en ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis jurisprudencia P. XXVII/97, en la que determinó que autoridad para efectos del juicio de amparo, es la que con fundamento en una norma legal puede emitir actos unilaterales a través de los cuales crea, modifica o extingue por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado, esto es, ejercen facultades decisorias que les están atribuidas en la ley y que, por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable que se traducen en verdaderos actos de autoridad al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Luego, en términos del artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo, en el juicio de amparo, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, es decir, cuando: a) Dicten, ordenen, ejecuten o traten de ejecutar un acto que cree, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, o bien, omitan un acto que de realizarse, crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, y b) Que sus funciones estén determinadas por una norma general. Por tanto, en cada caso se tiene que analizar si el acto que haya realizado una persona física o moral, particular o pública, modifique o extinga situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria para el quejoso y que dicho acto sea en funciones que estén determinadas por una norma general. De lo anterior expuesto, se concluye que no es posible admitir la demanda de garantías, cuando los actos reclamados no provienen de una autoridad para efectos del juicio de amparo, porque como se estableció anteriormente, tienen el carácter de autoridades aquellas que con independencia de su naturaleza formal, dictan, ordenan, ejecutan o tratan de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omitan el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas que afecten la esfera legal de los gobernados, sin la necesidad de acudir a los órganos judiciales ni del consenso de la voluntad del afectado. Asimismo, es importante hacer énfasis en que existen diversos tipos de relaciones jurídicas que derivan de la actuación del Estado y de sus gobernados, a saber: I. Las relaciones de coordinación, que son los vínculos que se entablan por una diversidad de causas entre dos o más personas físicas o morales, en su calidad de particulares, en la cual éstos actúan en un mismo plano, o sea, de igualdad; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral, y se requiere de la intervención de un tribunal ordinario, expresa y legalmente facultado para dirimir las controversias que se susciten entre las partes contendientes. II. Las relaciones de supra a subordinación, que son aquellas que surgen entre los órganos de la autoridad, por una parte y por la otra, el gobernado; en dichas relaciones la autoridad desempeña frente al particular los actos de autoridad propiamente dichos, que tienen como características: la unilateralidad, la imperatividad y la coercitividad. Se dice que tales actos son unilaterales porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; son imperativos en virtud de que se imponen aun en contra de la voluntad del gobernado, y son coercitivos dado que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo mediante el uso de la fuerza pública. Sin que obste que se trate de subsidios que otorga el Estado bajo una partida presupuestal determinada y para el cumplimiento de puntos específicos del Plan Nacional de Desarrollo, pues ello atiende a la finalidad del gasto que, al tratarse de recursos públicos, deben cumplir con un fin específico; mas no con la fuente del derecho que se estima violado -a saber- el incumplimiento específico de una cláusula contractual en la que la autoridad que señaló la parte quejosa no derivan de una relación de subordinación sino de supraordinación para cumplir sus fines, porque la atribución de cuyo incumplimiento del que se duele la parte quejosa no deriva de una facultad que tengan las autoridades responsables con motivo de una ley, sino que deriva de un convenio que firmó la promovente del amparo con diversas autoridades cuyo incumplimiento no puede reclamarse vía amparo indirecto sino ante la instancia ordinaria correspondiente, tal como se advierte de la copia certificada que la promovente de amparo acompaño al escrito de cuenta, relativo al nombramiento de trece de junio de la presente anualidad, expedido con fundamento en los artículos 85, 86 y 87 y demás aplicables al Reglamento del Gobierno Municipal de Jojutla, Morelos, que a continuación se citan: Artículo 85.- Para los asuntos relacionados con la perspectiva de género, el Ayuntamiento, tendrá la Instancia Municipal de la Mujer, y su titular será nombrada en sesión de Cabildo, formará parte de la estructura de la Administración Pública Municipal, con nombramiento formal, debiendo ser independientes del Sistema DIF Municipal y de cualquier Regiduría del Ayuntamiento. La Titular de la Instancia de la Mujer, deberá contar con grado académico mínimo de licenciatura y formación de género. Artículo 86.- Para su cumplimiento la Titular de la Instancia Municipal de la Mujer tendrá las siguientes facultades: Proponer programas, proyectos y acciones dirigidos al desarrollo integral de las mujeres, en coordinación y concertación de los sectores públicos, privados y sociales; Promover el desarrollo de metodologías y estrategias para la capacitación y el adiestramiento en y para el trabajo dirigido a mujeres; Impulsar la creación de fuentes de empleo y el financiamiento de créditos productivos, sociales y de servicios; Impulsar la profesionalización del personal femenino dentro de la Administración Pública Municipal; Ejecutar en todo el territorio municipal los programas y acciones implementados por el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos; Promover el acceso a programas sociales, culturales y demás que le ayuden a su desenvolvimiento dentro del desarrollo del Municipio; Promover acciones de combate a la pobreza, marginación, migración y exclusión de las mujeres, especialmente en comunidades rurales. Promover ante las instancias competentes y coadyuvar en la realización de acciones tendientes a prevenir, atender, sancionar y erradicar cualquier tipo de violencia contra las mujeres; Coordinarse con las instancias federales, estatales y municipales, para el desarrollo de programas y proyectos encaminados a promover el desarrollo y la participación de las mujeres en el ámbito social, económico y político del Municipio; Implementar programas de capacitación para promover la igualdad entre mujeres y hombres en el Municipio; Implementar las acciones necesarias para promover la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia; Fungir como enlace ante el Instituto de la Mujer del Estado de Morelos, así como ante el Instituto Nacional de las Mujeres; y Elaborar el Programa Municipal de Atención y Participación de las Mujeres, el cual estará orientado a impulsar el desarrollo de las mujeres, para lograr e incrementar la integración y participación plena de estas en la vida económica laboral, política, cultural y científica y social del Municipio, así como aspectos del ejercicio de sus derechos. Artículo 87.- Corresponde a la Titular de la Instancia de la Mujer en colaboración directa con el presidente Municipal y de acuerdo al artículo 50, de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, las Leyes Locales en la materia y acorde con la perspectiva de género, las siguientes atribuciones: Instrumentar y articular, en concordancia con la política nacional y estatal, la política municipal, orientada a erradicar la violencia contra las mujeres; Coadyuvar con la Federación y las Entidades Federativas, en la adopción y consolidación del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres; Promover, en coordinación con las Entidades Federativas, cursos de capacitación a las personas que atienden a víctimas de violencia; Ejecutar las acciones necesarias para el cumplimiento del Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres; Apoyar la creación de Programas de reeducación integral para los agresores; Promover programas educativos sobre la igualdad y la equidad entre los géneros, para eliminar la violencia contra las mujeres; Apoyar la creación de refugios seguros para las víctimas; Participar y coadyuvar en la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres; Llevar a cabo, de acuerdo con el Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, programas de información a la Población, respecto de la violencia contra las mujeres; Celebrar Convenios de Cooperación, Coordinación y Concertación en la materia; La atención de los demás asuntos que en materia de violencia contra las mujeres que les conceda esta Ley u otros ordenamientos legales; y Las demás que le encomienden el Ayuntamiento, el Presidente Municipal, este Reglamento y otras disposiciones legales aplicables. En ese orden de ideas, cabe decir que el juicio de amparo procede únicamente contra actos que nacen en el seno de una relación de supra a subordinación entre autoridades y particulares, pues son dichos actos los que revisten las características de unilateralidad, imperatividad y coercitividad. Resulta aplicable a lo anterior la tesis aislada 2a. XXXVI/99, emitida por la propia Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, impresa en la página trescientos siete, Tomo IX, correspondiente al mes de marzo de mil novecientos noventa y nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto siguientes: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. TIENE ESE CARÁCTER UN ÓRGANO DEL ESTADO QUE AFECTA LA ESFERA JURÍDICA DEL GOBERNADO EN RELACIONES JURÍDICAS QUE NO SE ENTABLAN ENTRE PARTICULARES. La teoría general del derecho distingue entre relaciones jurídicas de coordinación, entabladas entre particulares en materias de derecho civil, mercantil o laboral, requiriendo de la intervención de un tribunal ordinario con dichas competencias para dirimir las controversias que se susciten entre las partes; de subordinación, entabladas entre gobernantes y gobernados en materias de derecho público, donde la voluntad del gobernante se impone directamente y de manera unilateral sin necesidad de la actuación de un tribunal, existiendo como límite a su actuación las garantías individuales consagradas en la Constitución y las de supraordinación que se entablan entre órganos del Estado. Los parámetros señalados resultan útiles para distinguir a una autoridad para efectos del amparo ya que, en primer lugar, no debe tratarse de un particular, sino de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado." Ahora bien, en este juicio la parte quejosa reclama lo siguiente: De lo anterior se desprende que la parte impetrante de garantías solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra la retención del importe relatico al aguinaldo que refiere; en relatada circunstancia, es de precisarse que los recursos económicos para el pago a que tiene derecho la quejosa, son destinados para cubrir los servicios personales (sueldos y diversas prestaciones) y el gasto de operación de la institución en la que labora; mismos que son reclamables vía juicio en materia de trabajo. En lo relativo a la naturaleza jurídica de los subsidios, se invoca la siguiente jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación: Tesis: P./J. 112/2005 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 177140 1 de 1 Pleno Tomo XXII, Septiembre de 2005 Pag. 1160 Jurisprudencia(Constitucional) SUBSIDIOS FEDERALES PARA EL DESARROLLO SOCIAL. SON DE NATURALEZA DISTINTA A LAS APORTACIONES Y PARTICIPACIONES FEDERALES. Los subsidios federales para el desarrollo social tienen su origen en el artículo 26 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y están regulados en los artículos 33 y 34, fracciones II y V, de la Ley de Planeación, en los cuales se faculta al titular del Ejecutivo Federal para celebrar convenios de coordinación de acciones con los Gobiernos Estatales, a fin de que, entre otros objetivos, ambos órdenes de gobierno coadyuven a la consecución de los fines de la planeación nacional; se organicen de manera conjunta las acciones a realizar por la Federación y los Estados; se propicie la planeación del desarrollo integral de cada entidad federativa y de los Municipios y su congruencia con la planeación nacional, consecuentemente, se favorezca el desarrollo integral de las propias entidades federativas, para lo cual, en lo que atañe a los Municipios, se considerará su participación. Asimismo, los mencionados recursos son de naturaleza federal; se contemplan en la partida presupuestal federal en el "Ramo Administrativo 20 Desarrollo Social", y conforme al artículo 65 del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2002, se destinan exclusivamente a la población en pobreza extrema, aunado a que la totalidad de su ejercicio deberá acordarse en los Convenios de Desarrollo Social que el Ejecutivo Federal celebre con los Gobiernos de los Estados, quienes serán responsables de la correcta aplicación de los recursos que se les asignen para ejecutar los programas, y cuando se detecten desviaciones o incumplimiento de lo convenido, después de escuchar la opinión del Gobierno Estatal, podrán suspenderse y, en su caso, solicitar su reintegro. De lo anterior se concluye que estos fondos son de naturaleza distinta a la de las participaciones federales, porque, conforme a lo establecido en los capítulos I y IV de la Ley de Coordinación Fiscal que las regulan, consisten en que tanto la Federación como los Estados pueden gravar la misma fuente, pero para evitar una doble tributación, convienen en que los montos que se obtengan sean entregados a la Federación y ésta a su vez los redistribuya con participación de ellos; también es distinta a la de las aportaciones federales, porque, conforme al capítulo V de dicha ley, consisten en fondos de naturaleza federal que corresponden a una partida de la Federación destinada a coadyuvar al fortalecimiento de los Estados y Municipios en apoyo de actividades específicas, diferentes a las que corresponden al objeto de los subsidios federales. Es de precisarse que de las constancias allegadas a este Juzgado, se desprende que la relación que entablaron el Ayuntamiento Constitucional de Jojutla, Morelos y la parte quejosa fue entablado bajo la voluntad de cada una de las partes y, no así de un órgano del Estado que unilateralmente impone su voluntad en relaciones de supra o subordinación, regidas por el derecho público, afectando la esfera jurídica del gobernado. Es por ello que se estima que la relación entre la parte quejosa y la señalada como autoridad responsable, no corresponde a la de autoridad y gobernado, sino a una relación de coordinación, quienes se relacionan en un plano de igualdad, en virtud de que éstas actúan conforme a las cláusulas establecidas en convenios y, por ello, no es autoridad para efectos del juicio constitucional, ni realiza actos equiparables a los de autoridad. En lo relativo a dirimir las controversias de los convenios mencionados se invoca la jurisprudencia emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyos datos de localización se trascriben a continuación: Tesis: 1a./J. 107/2008 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 167952 1 de 1 Primera Sala Tomo XXIX, Febrero de 2009 Pag. 95 Jurisprudencia(Civil) CONTRATOS DE CONCERTACIÓN REGULADOS POR LA LEY DE PLANEACIÓN. SU RESCISIÓN, CUMPLIMIENTO O CUALQUIER ACTO JURÍDICO DERIVADO DE ELLOS DEBE HACERSE VALER EN LA VÍA CIVIL. La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 76/96, de la que derivó la jurisprudencia 1a./J. 63/98, de rubro: "VÍA MERCANTIL, IMPROCEDENCIA DE LA, TRATÁNDOSE DE ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES.", estableció los lineamientos para determinar si un acto jurídico es comercial y en qué casos debe dirimirse una controversia en la vía mercantil. En congruencia con dicha resolución y en virtud de que la mencionada vía sólo procede respecto de las acciones derivadas de los actos de comercio, se concluye que la rescisión, cumplimiento o cualquier acto jurídico derivado de los contratos de concertación regulados por la Ley de Planeación debe hacerse valer, por exclusión, en la vía civil -ante los tribunales federales, conforme al artículo 39 de la Ley citada-, en tanto que tales contratos no constituyen actos comerciales. Lo anterior es así, porque el artículo 75 del Código de Comercio no señala a los contratos de concertación como actos de comercio, por lo que independientemente de que las partes contratantes sean o no comerciantes, debe atenderse a la circunstancia de que el acto celebrado no se reputa como de comercio en la ley de la materia; además, la naturaleza civil de los aludidos contratos se advierte de su objeto inmediato, consistente en el financiamiento brindado por la administración pública federal a particulares que desarrollan actividades productivas, no en la obtención de un lucro -que en todo caso sería un fin secundario-, pues aunque su objeto mediato pueda ser la especulación que resulte de esas actividades, ello es ajeno y posterior al contrato. Consecuentemente, como el acto reclamado por la parte quejosa no se funda en un acto de autoridad, no procede el juicio de amparo, pues no se está en presencia de un acto de autoridad para efectos del amparo, pues la relación que existe entre el Ayuntamiento responsable, es de coordinación, entablada como si se tratara de particulares, en las que actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que en esta hipótesis, el juicio de amparo será improcedente. Sin que el suscrito desconozca la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", habida cuenta que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ante la solicitud de sustitución de jurisprudencia determinó que ".tampoco es verdad que su redacción, impida que los Jueces de Distrito, determinen desde el auto que recae a la presentación de la demanda, si el acto reclamado proviene de una autoridad para efectos del juicio de amparo, sin importar el supuesto que se ponga a su consideración, lo cual sujeta a las partes y al órgano jurisdiccional a tramitar un procedimiento notoria e indudablemente improcedente; pues se insiste, la premisa de la que partió dicho criterio jurisprudencial, fue que si un motivo de improcedencia, manifiesto e indudable es aquel que no requiere mayor demostración, toda vez que se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, de los escritos aclaratorios o de los documentos que se anexan a esas promociones y se tiene la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia es operante, de tal modo que aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no será posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes." amén que, para dar brindar mayor certeza jurídica a los gobernados, así como a los propios órganos jurisdiccionales y a fin de que el rubro de la tesis de jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.) refleje con toda concisión, congruencia y claridad la esencia de dicho criterio y facilitar con ello su localización; la Segunda Sala del máximo tribunal de justicia aclaró dicho rubro para quedar como sigue: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO, CUANDO SE IMPUGNA EL ACUERDO DE FIJACIÓN DE TARIFAS PARA SUMINISTRO Y VENTA DE ENERGÍA ELÉCTRICA." Por lo anterior, al actualizarse en modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia, prevista por la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y fracción I del numeral 1º, de la propia ley de la materia, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por MARTHA INÉS ABUNDEZ ROBLES. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES Y AUTORIZADOS. Como lo solicita la parte quejosa, se ordena practicarle las notificaciones por medio de lista, incluso las que sean de carácter personal, lo anterior con apoyo en lo establecido en el artículo 27, fracción III de la Ley de Amparo, Apoya lo anterior, por analogía, la tesis XXII.1o.22 K, de la materia Común, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: VIII, Diciembre de 1998, Página 1067, que es de la literalidad siguiente: "NOTIFICACIÓN PERSONAL AL QUEJOSO. DEBE HACERSE POR LISTA CUANDO ÉSTE SEÑALA LOS ESTRADOS DEL TRIBUNAL. Del contenido de los artículos 28, fracción III, 29, fracción III y 30, fracciones I y II, de la Ley de Amparo, se colige que por domicilio o casa para oír y recibir notificaciones, en el lugar de residencia del Juez o tribunal que conozca del asunto, debe entenderse el señalamiento que haga el quejoso de un lugar diverso a los estrados, hipótesis en la cual, si la autoridad judicial ordena una notificación personal, el actuario debe apegarse a las formalidades a que alude la fracción I del artículo 30 de dicha ley; empero, si señala como tal los estrados del tribunal, por analogía, se estará a lo que prevé la primera parte de la fracción II del propio dispositivo legal, en el sentido de que cuando no conste en autos el domicilio del quejoso, ni la designación de casa o despacho para oír notificaciones, la notificación se hará por lista; puesto que la forma de notificar por estrados, acorde con lo que preceptúa el numeral 28, fracción III, de la ley de la materia, es a través de una lista que se coloca en las oficinas del tribunal o juzgado, en un lugar visible al público." Asimismo se tiene como autorizados con las facultades que confiere el numeral 12 de la Ley de Amparo a los profesionistas propuestos. Por último, se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 de la carta magna, todos los servicios que presta este Juzgado de Distrito son gratuitos; además, se les indica que las promociones que dirijan a este asunto deberán contener el número de expediente y mesa de trámite. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA...
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